Luis Augusto Montanaro Bedoya imputado por el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, emitió un comunicado desde su arresto domiciliario anunciando que la verdad pronto saldrá a la luz.

El procesado empresario señaló que está atravesando un momento injusto, desde su prisión preventiva por un hecho punible considerado delito, así como su arresto domiciliario que lo cumple y lo respeta según dijo por venir la orden de un juez.

Agregó que obra en poder los abogados las irrefutables evidencias de su inocencia que se encuentra en su aparato celular que debe ser peritado por el Ministerio Público.

“La verdad pronto saldrá a la luz y se demostrará mi inocencia, aunque el Ministerio Público ha retrasado innecesariamente la revisión de mi teléfono, donde está la clara prueba de mi inocencia. Todo esto ya fue denunciado a la Justicia y al fiscal general del Estado. Además, tras 16 días de injusta privación de libertad, ahora en arresto domiciliario, una medida que considero injusta, redundante e innecesaria, pero que respeto y obedezco al tratarse de una orden de un juez, he regresado a mi vivienda tras el avasallamiento del que fui víctima, encabezado por la fiscal a cargo de la investigación”, señala en su comunicado Montanaro Bedoya.

Acotó, que, durante el procedimiento investigativo llevado en su contra, se violaron varios de sus derechos y además constató la desaparición de sus pertenencias, dinero y documentos, así como daños materiales de alto valor económico, situación que será denunciada ante las autoridades.

Por otra parte, dijo que sus abogados tienen las pruebas irrefutables de que su teléfono fue manipulado indebidamente por la fiscalía durante y posterior al allanamiento. “Ellos ya vieron el teléfono y no les conviene revelar su contenido”, agrega.

El procesado señaló que ha contratado a un perito informático para demostrar irregularidades en el manejo del caso por parte de la fiscal y su equipo técnico, especializados en ciberdelitos.

Por último, el imputado manifiesta que durante el procedimiento no le permitieron llamar a su abogado a quien vio recién en la sede del Ministerio Público.

Con relación al contrato filtrado por la fiscalía a la prensa, según él, dijo que solo formaba parte de una fantasía, que no estaba firmada por lo tanto es nulo y que no viralizó ningún contenido en ningún grupo y que solo hizo lo acordado con las partes.

Quedó firme la decisión del juez Raul Florentín quien concedió al Ministerio Público presentar su dictamen conclusivo en el caso del senador Hernán Rivas el pasado 19 de julio.

El Ministerio Público a cargo de la investigación Patricia Sánchez, había solicitado el sobreseimiento provisional para al senador Hernán Rivas a fin de tener otros doce meses para seguir indagando el caso, ya que, en esta primera etapa de investigación, no se pudo colectar todos los elementos de prueba que confirmen que el título del legislador es falso.

La imputación fiscal en este primer periodo sufrió dos reenvíos y a su vez dos ratificaciones por parte de la fiscalía adjunta. Para la cámara de apelaciones la imputación contra Rivas no debió ser admitida por carecer de argumentos que describan la conducta del procesado, sin embargo, para la fiscalía si existe un relato del hecho.

Con esta decisión de alzada, el juez de la causa Miguel Palacio, deberá fijar fecha de audiencia preliminar para resolver lo solicitado por el Ministerio Público y la defensa del procesado que peleará por desvinculación definitiva.

Esta causa pasó por numerosas dilaciones, es por ello que recién el mes pasado la justicia, le pudo imponer medidas al imputado como: la comparecencia bimensual dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el juzgado, comunicar la salida del país 48 horas antes y 48 horas después de su retorno. Tiene además la prohibición de cambiar de domicilio y una fianza personal de G 500 millones que deberá ser sustituida por una caución real dentro de 30 días. En su momento el legislador sostuvo que aclarará en el momento oportuno que su título de abogado no es falso.

El 18 de enero de este año, la agente fiscal Patricia Sánchez había formulado imputación contra Hernán Rivas por haber usado su matrícula para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de la Magistrados en dos oportunidades, matrícula que obtuvo de manera irregular según sospecha el Ministerio Público.

A partir de la imputación la causa tuvo numerosos contratiempos desde la devolución al Ministerio Público por errores en la imputación en dos oportunidades, según los camaritas que intervinieron en la causa.

Todo está manos del juez Miguel Palacios quien debe resolver si otorga el sobreseimiento provisional a Hernán Rivas salida que evitará que el caso quede impune.

La Corte Suprema de Justicia puso a disposición de todos los jueces penales del país la acordada que regula el manejo correcto de evidencias digitales.

El documento establece los mecanismos de entrega de las copias a las partes de un proceso, así como el almacenamiento de las pruebas, la forma de entrega y los dispositivos en los que se cargará la información requerida. La solicitud del requirente indefectiblemente debe ser por escrito y el manejo se hará con toda la cautela para mantener lacrada la prueba entregada a las partes.

En la acordada también queda establecida la responsabilidad del Ministerio Público para la conservación y seguridad de las evidencias digitales que deben ser óptimas.

Igualmente, se establece que los funcionarios de informática como pueden tener contacto con los funcionarios del juzgado no así con las partes de un proceso.

La Corte Suprema de Justicia pone a conocimiento de los magistrados de los juzgados penales de Garantías, Sentencia y Ejecución de todo el país y de los justiciables, la Acordada N° 1750, que establece el “Protocolo para expedición de evidencias digitales a las partes litigantes.

El documento fue elaborado por la Oficina Técnica Penal (OTP), oficina que tiene como encargada a la ministra Carolina Llanes, y cuenta con la coordinación de la Dirección General de Tecnología de la Información y de Comunicaciones del Poder Judicial.

La herramienta procedimental permitirá a los jueces del fuero penal garantizar el correcto manejo de las evidencias digitales en el ámbito de competencia. En tal sentido, este protocolo es necesario para establecer un sistema que prevea la recepción, manipulación, transcripción y reproducción de las evidencias digitales, con el objeto de expedir copias para las partes de un proceso penal.

Su fin es garantizar el correcto funcionamiento de lo dispuesto por la Constitución de la República y los pactos internacionales ratificados por el Paraguay que garantizan el acceso a la justicia y el debido proceso a fin de que los litigantes tengan reglas claras del procedimiento a ser seguido para la obtención de copias digitales de evidencias dentro del proceso penal.

Para Enrique Kronawetter abogado de la familia Pecci Albertini, queda claro que con la negativa de la fiscalía general del Estado y de los fiscales que llevan adelante la investigación de entregar información, le niegan a la familia conocer el grado de avance de la investigación fiscal por el asesinado del fiscal Marcelo Pecci.

Remarcó, que la familia solo busca que acceder a información de lo actuado por el Ministerio Público de Paraguay respecto a los autores intelectuales del crimen del agente fiscal. Datos que hasta hoy son desconocidos para la familia del asesinado fiscal y la propia viuda, quien también fue víctima directa de este atentado.

Ante la negativa del Ministerio Público de entregar información a la familia, se han visto en la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional para que les permita tener información sobre el crimen de su familiar que hasta la fecha les fue negada, bajo la premisa de reserva de actuaciones.

“En realidad, lo que la familia está reclamando es el acceso a información que permita establecer el grado de avance de la investigación, en cuanto a la autoría moral o intelectual de quienes ordenaron el asesinato de Marcelo Pecci. La fiscalía general del Estado y los fiscales intervinientes al denegar el acceso a información nos impide saber cuál es el avance de la investigación abierta, cuáles son los cursos de acción que deben adoptar en procura de obtener información relevante con miras a la dilucidación, cuáles son los obstáculos si los hubiera y que medidas están adoptando para superar las dificultades que impiden avanzar en la investigación; en eso se concentra el pedido de participación en calidad de víctimas”, mencionó Kronawetter a Judiciales Net. 

Agregó, que precisamente por la falta de información es que se tejen distintas hipótesis y con el afán de tener precisión de la situación en la que se encuentra la causa.

Que, por ello han recurrido a la justicia para tener intervención como víctimas, ante la negativa del Ministerio Público. Situación que los obligó a tener que acudir al órgano jurisdiccional, en este caso, el juzgado penal de garantías, que a su vez envió la solicitud de la familia a Garantías Constitucionales para el análisis de la cuestión ya que consideraba el juez de garantías no era de su competencia lo planteado.

La familia espera que a través del Poder Judicial se les permita tener autorización para que la fiscalía les entregue la información que están pidiendo, “con estricta observancia a lo que dispone el artículo 68 del código procesal penal”, concluyó el abogado de la familia Pecci.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado durante su luna de miel en Barú Colombia el 10 de mayo del 2022 en presencia de su esposa Claudia Aguilera.

La familia sigue buscando respuesta de la justicia sobre los autores intelectuales del crimen o, los que dieron la orden de matar a Pecci ya que los autores materiales están casi en su totalidad condenados y en prisión en Colombia. Sin embargo, en nuestro país no se conoce de avance respecto a los mandantes del atentado contra Pecci.

Ante la jueza Rosarito Montanía se desarrolló la audiencia preliminar para el empresario Juan José Dubini acusado por los tipos penales de tráfico internacional, tenencia y comercialización de estupefacientes por la carga de cocaína incautada en nuestro país de 3.418 kilos.

Para el fiscal Osmar Segovia la prueba más importante para el Ministerio Público son las escuchas telefónicas, que según dijo comprometen seriamente a los acusados. Comentó que el grupo criminal pretendía hacer llegar a Europa la mercancía ilícita.

Esta causa fue abierta por tráfico internacional de droga, que estaría integrada por el empresario Juan José Dubini a quien se lo sindica de formar de manera activa una estructura dedicada al tráfico de droga en bolsas de azúcar, la carga récord de 3.418 kilos de cocaína fue incautada en Fernando de la Mora en el 2021.

Por su parte la defensa a cargo del defensor público Carlos Arce, señaló que su cliente no fue indagado por una segunda imputación donde se le atribuye otra porción de hechos a su cliente. Situación que puso en manifiesto ante la jueza de la causa.

La jueza Rosarito Montanía resolverá si la causa será debatida en la siguiente etapa de juicio oral.

El juez Humberto Otazú, decretó medidas alternativas a la prisión respecto al intendente de Lambaré Armando Gómez imputado por una presunta lesión de confianza, el exedil compareció este viernes ante el juez Otazú para su imposición de medidas.

El exintendente de Lambaré Armando Gómez se presentó en Tribunales para su audiencia de imposición de medidas cautelares. Está procesado por hechos de corrupción pública durante su gestión en el año 2019, según el Ministerio Público.

Soporta los cargos de lesión de confianza, alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y exacción por el cobro irregular de impuestos.  Se calcula un perjuicio de 9.000 millones de guaraníes mediante un esquema de anulación de facturas de los contribuyentes lambareños para quedarse con el monto, dice la fiscalía.

En la causa también están investigados  Roberto Éver Paredes Ojeda, ex director de Administración y Finanzas; Rodrigo Javier Portillo Chirife, que se desempeñaba como jefe del Departamento de Tesorería; Walter Omar Belotto Achucarro, ex director de Auditoría Interna; Édgar Iván Villalba Torreblanca, que estaba al frente de la Dirección de Gestión Tecnológica; Ricardo Ronald Ricciardi, funcionario de esta dirección, y Sonia Raquel Notario Candia, qui3n entonces era la contadora de la comuna.

Este viernes el Ministerio Público contestó los incidentes plateados por el abogado Ricardo Estigarribia por la defensa del policía Gustavo Florentín. En la oportunidad el fiscal Hernán Galeano, pidió el rechazó de incidente de nulidad de la acusación fiscal y sobreseimiento definitivo del acusado, así como a la inclusión de 75 de los 85 testigo que la defensa pretende incluir para el juicio oral.

La audiencia proseguirá el próximo lunes por decisión de la jueza Diana Carvallo, quien lleva adelante la audiencia preliminar en el proceso abierto por el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

Una vez concluida la audiencia se sabrá si el caso será elevado a juicio oral y público como requiere el Ministerio Público en base a los elementos de prueba colectados durante la investigación.

Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

Hasta el momento no se tiene una sentencia firme por este hecho y los padres siguen insistiendo en que la justicia les permita ser querellantes en el caso ya que solo la viuda tiene la legitimidad para adherirse como querellante en la causa.

Luego del tercer día de audiencia, la magistrada declaró un cuarto intermedio hasta lunes para dar continuidad a esta diligencia previa al juicio oral.

Representa al acusado el abogado Ricardo Estigarribia quien adelantó que su cliente no fue quien realizó el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

El juez Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público la causa por soborno agravado respecto al militar Luis María Belloto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto para quienes el Ministerio Público pidió en su momento la aplicación de un procedimiento abreviado a lo que el juez se opuso.

Con la acusación de la fiscalía adjunta que revió la decisión del fiscal inferior y con ello, los acusados afrontarán juicio oral y público al igual que el abogado Miguel Mendieta cuya causa ya fue elevada a juicio oral por intentar meter un celular de forma clandestina para Tío Rico en su lugar de reclusión en Viñas Cue.

El magistrado, admitió la acusación de la fiscalía adjunta y rechazó los incidentes de la defensa que buscaba la extinción de la acción penal y sobreseimiento definitivo

El matrimonio compuesto por Luis María Belotto Quiñonez y Alba Lidia Ale de Belotto están acusados en calidad de autores del soborno agravado, fueron quienes realizaron el ofrecimiento de la entrega de una suma de dinero concreta, G. 10.000.000 al Mayor Guillermo Moral Centurión a cambio de que él introduzca un teléfono celular en forma clandestina y se lo entregue al recluso Miguel Insfrán Galeano alias Tío Rico.

Que, este argumento se sustenta en la interceptación de comunicaciones realizadas con autorización judicial, extracción de datos del teléfono celular, informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimoniales ofrecidas.

Francisco Cabrera fiscal de la causa pretendió que los mismos sean beneficiados con una salida antes del juicio oral considerando la expectativa de pena.

Pero la causa será debatida en juicio oral y público respecto a todos los acusados por decisión del juez Humberto Otazú, quien había advertido de la gravedad del hecho como para que este caso tenga una salida procesal diferente a la siguiente etapa donde se procederá al debate público.

El fiscal Francisco Cabrera señaló en su acusación que han reunido todos los elementos de prueba como para sostener la acusación en un eventual juicio oral y público contra los tres acusados que intentaron entregar un teléfono celular a Tío Rico en su lugar de encierro.

Menciona en la acusación que el mecanismo de seguridad establecido por la jueza Rosarito Montanía fue clave para detectar que se entregue el paquete de yerba con el IPhone dentro a Tío Rico, sea incautado.