El juez Rodrigo Estigarribia decretó el arresto domiciliario de Catalina Bogado, Gloria Noguera y Analía Beatriz Sambuchetti. Mientras que para los procesados Carlos Noguera y Daniel Noguera mantuvo la prisión preventiva en dependencias policiales.

Los imputados formarían parte del esquema delictivo liderado por el prófugo Guillermo Ameri de nacionalidad argentina. Todos están imputados por los delitos de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave, lavado de dinero, asociación criminal y como coautores por producción de documentos no auténticos. 

El método de estafa fue importado desde otros países por el prófugo en la causa, Guillermo Saul Ameri, un argentino que ya había cumplido condena por estafa y posee antecedentes en Paraguay, estafando a unas 300 personas en total, desde el año 2019.

El sistema consistía en ventas de supuestas cesiones de derecho de herencias de terratenientes extranjeros, cuyo expediente se encontraba estancado.

El pasado martes fueron detenidas cuatro integrantes de la red de engaño. Toda una familia involucrada cuyos miembros supuestamente ofertaban carpetas de herencia de una empresa ficticia ligada a derechos sucesorios de un supuesto terrateniente brasileño que falleció en el 1800.

Las víctimas para ingresar a los falsos beneficios debían abonar entre 1000 a 6.000 dólares y allí iniciar los trámites para el usufruto del terreno. No existían papeles de por medio, pero si pagos en efectivo que incluso llegaron a 200 millones de guaraníes por parte de uno de los afectados.

La fiscalía habla de una recaudación de cerca de 120.000 dólares por mes en estafa. El miércoles fue detenido Félix César Ramos quien sería la persona que inventaba documentos de un supuesto banco y bonos falsos para las víctimas. Este viernes fue detenida en Capiatá la escribana Gladys Zunilda Mendoza como otra de las sospechosas de integrar la red.

El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, pidió permiso para viajar a Colombia al tribunal de sentencia que juzgará su caso por supuesto cohecho pasivo agravado, pero, el tribunal de sentencia presidido por la jueza Adriana Planas le rechazó el pedido.

El acusado exministro del Interior pidió que se levante la medida cautelar que pesa en su contra de prohibición de salida del país. Giuzzio, tenía la intención de participar de asistir a un curso taller, pero, ante la la negativa de la justicia no podrá hacerlo.

El juicio oral y público para Arnaldo Giuzzio se encuentra en puertas y en la primera convocatoria ya fue suspendida. El tribunal entiende que estas circunstancias son suficientes para ratificar la medida de prohibición de salida del país.

Según la fiscalía Giuzzio, tiene vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país, quien pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional por ello le prestó a Giuzzio una camioneta para vacacionar.

La fiscalía asegura tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior, señala que el acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022.

“Teniendo en cuenta todo el material probatorio recopilado, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

Sin embargo, la defensa viene sosteniendo desde el inicio del proceso que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, ya que el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

Si bien la familia en su comunicado señala que le concede su voto de confianza al Ministerio Público que indaga a los autores intelectuales del crimen del agente fiscal Marcelo, la familia hizo un duro cuestionamiento a un Ministerio Público indolente, cruel y negligente.

Hace unos días la familia designó como abogado a Enrique Kronawetter para tomar intervención en el proceso investigativo, pero hasta el momento el Ministerio Público les niega acceso a la carpeta fiscal bajo la premisa de reserva de actuaciones.

La familia Pecci Albertini, reitera que solo desean colaborar, tener justicia y paz. Que la intención no es entorpecer en ningún caso la investigación, muy por el contrario, desean prestar ayuda a las autoridades que hasta ahora les niega el acceso.

“Desde aquel fatídico 10 de mayo de 2022, sabemos que la crueldad no conoce de límites. Sin embargo, ésta es siempre propia de villanos, capos y criminales. Cuando la crueldad es la negligencia, la desidia – o esperemos que así no sea, la indolencia por parte de las autoridades del Ministerio Público nacional el estrujamiento del alma no conoce de dolor similar. Un dolor que no queremos que ninguna familia paraguaya lo vuelva a soportar. Con forzadas explicaciones de argumentos procesales que caen en una nube de interpretaciones, con el silencio muchas veces desabrido y hasta impertinente de parte de quien otrora fueran compañeros del asesinado fiscal, nuestra familia hasta hoy no encuentra ni una respuesta procesal ni un trato mínimamente humano que pueda otorgar explicaciones sobre lo que se hizo o quizás sobre lo que no se hizo”, reza parte del comunicado de la familia Pecci Albertini.

La familia reitera que no entienden la posición del Ministerio Público que, a 27 meses del atentado contra Marcelo Pecci, habla de una investigación protegida por el secreto. Cuando ya debían de haber presentado conclusiones de lo realizado o al menos un plan inteligente tendiente a dar con los responsables del crimen del agente fiscal.

En mayo pasado el propio fiscal general del Estado Emiliano Rolón había señalado que no tenían elementos de convicción contra los posibles autores intelectuales del asesinato.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado durante su luna de miel en Barú Colombia el 10 de mayo del 2022 en presencia de su esposa Claudia Aguilera.

La familia sigue buscando respuesta de las justicia respecto a los autores, o los que dieron la orden de matar a Pecci ya que los autores materiales están casi en su totalidad condenados y en prisión en Colombia.

El policía Gustavo Florentín afronta desde hoy, audiencia preliminar por el homicidio doloso del joven liberal Rodrigo Quintana. La diligencia se desarrolla luego de varias chicanas procesales que frustraron la preliminar por años.

La jueza Diana Carvallo realiza la audiencia preliminar para el único acusado por la muerte del joven el efectivo policial Gustavo Florentín, cuya defensa tiene la oportunidad de presentar las pruebas de descargo que considere a favor de su representado.

Una vez concluida la audiencia se sabrá si el caso será elevado a juicio oral y público como requiere el Ministerio Público en base a los elementos de prueba colectados durante la investigación.

Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

Hasta el momento no se tiene una sentencia firme por este hecho y los padres siguen insistiendo en que la justicia les permita ser querellantes en el caso ya que solo la viuda tiene la legitimidad para adherirse como querellante en la causa.

Luego del primer día de audiencia, la magistrada declaró un cuarto intermedio hasta mañana donde la defensa tendrá la oportunidad de hacer sus alegaciones.

Representa al acusado el abogado Ricardo Estigarribia quien adelantó que su cliente no fue quien realizó el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

Félix Acuña presidente del Gremio de Abogados de Yby Ya´u, señaló que para los profesionales del derecho será muy satisfactorio tener una sede del Poder Judicial en Yby Ya´u. Agregó que hace siete años están procurando tener este espacio que no solo beneficiará a los abogados litigantes sino a toda la población en esa zona del país.

Comentó que recientemente mantuvieron una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera y el Superintendente de la circunscripción judicial de Concepción Eugenio Jiménez Rolón con el fin de avanzar en el proyecto que solo depende del Ministerio de Economía para hacerse realidad.

“Para los abogados va a ser muy satisfactorio tener una infraestructura como esa, así como lo tenemos en Concepción, Horqueta y Puerto Casado. Implica mucha comodidad litigar dentro una sede como la que está proyectada. Esto no solo va a beneficiar a los abogados, también a los ciudadanos, funcionarios, peritos, testigos y rematadores. Es un anhelo que tenemos hace más de siete años. La Corte ya hizo todos los pasos para iniciar las obras y asignó sumas de dinero para iniciar las obras y falta solo que se liberen esos fondos desde el Ministerio de Economía”, acotó el doctor Félix Acuña a Judiciales Net.

Agregó que este edificio va a dar mucha mano de obra a los ciudadanos y tendrá mucho impacto en la ciudad dando vida a la zona donde se pretende construir la nueva estructura del Poder Judicial.

De la reunión en la Corte participaron además del doctor Félix Acuña, el abogado Freddy Villasboa, Vidal Arguello Bazán y  Adalberto Canale, intendente Municipal y presidente de la Junta Municipal del distrito de Yby Ya´u.

La cámara de apelaciones confirmó la condena de 20 años de prisión para Cristian Turrini, por su activa participación en el envío de más de 2.900 kilos de cocaína al extranjero en bolsas de carbón. Alzada confirmó su condena que la está cumpliendo en la cárcel.

Turrini, fue condenado por tráfico internacional de droga y asociación criminal por su participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de droga.

Quedó demostrada su participación en el caso de la carga de 2.900 kilos de cocaína incautada en un Puerto de Villeta en octubre de 2020 en bolsas de carbón vegetal con destino a Europa.

Para el tribunal de sentencia integrado por Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk, se probó que Turrrini tuvo una activa participación en el esquema de tráfico de droga y que la pena justa que debía soportar era la de 20 años de prisión.

Para la justicia, Turrini era un colaborador principal de la asociación criminal y que de ello no existen dudas. Trabajaba en forma coordinada para contaminar la carga en carbón vegetal.

Si bien la Fiscalía representada por la agente Elva Cáceres pidió en su momento la pena de 15 años, el tribunal consideró sumar cinco años más al procesado por la gravedad del hecho.

La defensa buscó en alzada la nulidad de sentencia de 20 años ya que supuestamente fue condenado en base a pruebas inexistentes. Sin embargo, la cámara de apelaciones hoy confirma la condena aplicada por el tribunal inferior.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el pedido de Habeas Corpus Reparador pretendido por la procesada Marylin Michel Eberhart, quien buscó por esta vía sustituir su prisión preventiva y recuperar su libertad por compurgamiento de la pena mínima.

La defensa alega que la procesada por supuestamente haber mandado matar a su hermana, superó ampliamente la prisión preventiva de cinco años, tiempo máximo en el que una persona procesada por un hecho considerado crimen debe permanecer en prisión preventiva.

La procesada está en prisión preventiva desde el 16 de setiembre del 2011 y aguarda su tercer juicio oral y público luego que la Corte haya anulado el primer juicio y la cámara el segundo.

Sin embargo, la Sala Penal entiende que el Habeas Corpus no puede utilizarse como un mecanismo para revertir una decisión emanada de una juez competente.

En el 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de Marylin Michel Eberhardt, Guillermo Escobar Cortazar y Emigdio Ismael González. Para la Corte se dio una nulidad insalvable al incluirse en el juicio una prueba nula.

Para el preopinante Manuel Ramírez Candia, los integrantes del tribunal que juzgaron el caso violaron el artículo 90 del CPP, que dispone que la policía no podrá tomar declaración indagatoria al imputado. A su criterio, el tribunal no solo introdujo en juicio la declaración del acusado, sino lo hizo valer para la sentencia condenatoria en su momento.

El voto en mayoría de los ministros Manuel Ramírez Candia y Antonio Fretes refiere que los errores procesales generados por los integrantes del tribunal eran absolutamente innecesarios, puesto que el coacusado Cortázar declaró ante el Ministerio Público y por ende el tribunal no debió valorar la declaración de éste en sede policial.

La Corte al anular el proceso penal, ordena su reenvío para un nuevo juicio oral y público. Mientras que la ministra Carolina Llanes votó por la disminución de la pena para los condenados y no el reenvío.

En su momento integraron el tribunal juzgador los magistrados: Rolando Duarte, Javier Sapena y Leticia Frachi.

Luego, otro tribunal de sentencia presidido por la magistrada Lilian Flores, los volvió a condenar el año pasado y esta condena fue nuevamente anulada por alzada.

Está pendiente un tercer juicio oral y público en la causa donde se investiga un asesinato por encargo donde están procesados: Marylin Michel Eberhardt, Guillermo Escobar Cortázar y Emigdio González.

Según la acusación fiscal fue Emigdio Ismael González el que perpetró el asesinato de Evelyn Eberhardt por G 40 millones tras ser contratado por Guillermo Escobar Cortázar a pedido de Marylin Michel Eberhart.

En un solo día fueron fijadas 24 audiencias orales en los tribunales de sentencia de Capital. Uno de los tribunales tenía para desarrollar cinco juicios orales el día de ayer.

Es el caso del tribunal de sentencia integrado por los jueces; Celia Salinas, Víctor Alfieri y Olga Ruiz, llevaron adelante seis diligencias orales en un solo día. El resto de los tribunales desarrolla en promedio tres a cuatro juicios por día.

Hace años que la saturación de los procesos en esta etapa genera inconvenientes no solo pasa los tribunales colegiados sino para los abogados litigantes públicos o privados que deben participar de juicios en muchos casos por pequeños lapsos para acudir a otra diligencia y terminan siendo advertidos y hasta se ordena el abandono de la defensa en los casos de abogados privados que no pueden llegar de una torre a otra.

Los tribunales realizan jornadas entrecortadas por horas y en algunos casos una vez por semana para dar abasto en todos los casos que llegan a su juzgamiento, lo que hace preguntarnos cómo queda el principio de inmediatez y concentración.

Si bien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llevado adelante numerosas iniciativas para reducir la elevación a juicio de los casos que son considerados delitos y que estas tengan una salida al juicio oral, esto no ha hecho reducir la cantidad de casos que llegan a esta etapa. Sumado a la poca cantidad de tribunales colegiados que no dan abasto para responder a la inmensa cantidad de casos que se elevan a esta instancia.

Se debe seguir trabajando para dar una salida acorde por un lado para los magistrados que no pueden estar desarrollando en un solo día seis juicios orales porque implica no solo una sobrecarga emocional y agotadora para los jueces sino podría perjudicar al justiciables que merece tener a los jueces los más frescos y concentrados posible en sus casos.

Igualmente, se debe pensar en los profesionales abogados que deben adecuar sus agendas para cumplir con sus respectivos clientes que ya por algo los contrató para que, finalmente sus defensas sean declaradas en abandono por no poder abandonar una defensa para acudir a otra sala. Existen tribunales que respetan a cabalidad la profesión de los abogados, pero existen otros que no dudan en declarar abandono de la defensa por no esperar cinco a diez minutos a que el abogado llegue de su primera audiencia que es la continuidad de un juicio para otra que debe iniciar o proseguir.