El tribunal de sentencia integrado por los jueces: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee condenó a dos años de pena privativa de libertad a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, por el hecho punible de homicidio culposo por el fallecimiento por intoxicación con Flúor de la joven Sol Chávez.

Una vez firme el fallo, ambas profesionales irán a prisión ya que la condena debe ser efectiva y no está sujeta a una suspensión. El Ministerio Público requirió la condena de cinco años para ambas.

Igualmente, el tribunal resolvió la medida de prohibición de ejercer la profesión para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza por un periodo de dos años y seis meses, que deberá ser cumplida una vez compurgada la condena de dos años.

El abogado de la querella lamentó que el tribunal las haya condenado a una pena de dos de cárcel que considera irrisoria debido a que la joven Sol Chávez falleció por la grave negligencia de ambas profesionales.

La odontóloga Lilia Espinoza fue hallada culpable por el fallecimiento de la víctima quien ingirió un medicamento que ella le recetó. La odontóloga confirmó el gramaje y la forma de consumo a la paciente.

Por otra parte, Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, señaló el Ministerio Público.

La víctima era paciente de Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00Hs de ese mismo día.

Una docente parvularia fue procesada por abuso sexual en niños luego de ser imputada por el Ministerio Público. Se sospecha que la imputada habría manoseado a la pequeña víctima en una institución educativa de San Lorenzo.

La agente fiscal Mirtha Rivas, de la Fiscalía Zonal de San Lorenzo, formuló imputación en contra de una mujer que se desempeñaba como profesora parvularia, tras encontrar suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia del hecho punible de abuso sexual en niños.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, una niña de solo 4 años. Los hechos se dieron este mismo año antes de las vacaciones de invierno relata la imputación.

Los antecedentes del hecho refieren que, en el mes de julio de 2024, en horas de clases en el interior de un centro educativo ubicado en la mencionada ciudad, la profesora del nivel inicial habría manoseado a la niña. La víctima no quería volver a clases luego de las vacaciones de invierno, por la afectación que generó en ella lo ocurrido y contó a su madre lo que le habría ocurrido en el baño de la escuela.

La audiencia preliminar para Miguel Insfrán alias Tío Rico se encuentra en etapa de conclusión. El considerado líder de una organización criminal en Paraguay afronta audiencia donde se sabrá una vez que finalice si va a juicio oral y público.

La defensa del acusado a cargo de abogado Álvaro Arias, solicitó la inclusión de algunos elementos de prueba a favor de su cliente para un eventual juicio oral y público, así como la exclusión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.

Esta semana serán escuchadas las personas cuyos bienes tienen medida cautelar y están bajo la figura del comiso. Los mismos solicitan que sus bienes le sean devueltos.

Una vez que concluya esta etapa incidental el Ministerio Público a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, deberá responder a todos los incidentes planteados.

El Ministerio Público, acusó a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y de aquí enviarlo al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak lo acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público, situación que será dirimida en esta audiencia preliminar.

La acusación cuenta con más de 700 páginas en las que se plasma la conducta desplegada por el acusado de liderar en nuestro país el mayor esquema internacional de tráfico de droga y lavado de dinero. Igualmente, se ofrece numerosas pruebas periciales, realizadas a las líneas que pertenecen a Sebastián Marset y Miguel Insfrán Alias Tío Rico, donde coordinan los envíos de cocaína y se tratan de hermano (brother), documentales y 90 testigos que el Ministerio Público considera suficientes para sostener la acusación contra Tío Rico y llevar el caso a juicio oral y público.

El fiscal Deny Yoon Pak, alega en su escrito de acusación y ratificado en esta audiencia que, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

Agrega que, para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contó con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

Una vez concluida la audiencia preliminar la magistrada Rosarito Montanía, resolverá si envía la causa a la siguiente etapa de juicio oral.

Para el tribunal de sentencia con voto en mayoría, se probó en el juicio que el acusado se enriqueció ilegítimamente al tiempo de asumir el cargo de concejal en Luque que omitió declarar varias cuentas bancarias conjuntas e inmuebles con lo que quedó probado el tipo penal de declaración jurada falsa que queda absorbido por el enriquecimiento ilícito.

El presidente del tribunal Matías Garcete explicó que el tribunal realizó una valoración sobre los hechos probados sin alterar los hechos que estaban siendo juzgados respetando la base fáctica de la acusación por lo que no genera un estado de indefensión en el acusado como lo sostuvo la defensa.

Garcete, señaló que el tipo penal de declaración jurada falsa tiene conexión con el enriquecimiento ilícito no así con el tipo penal del lavado de dinero que en este caso tiene como fuente el enriquecimiento ilícito, que el lavado de dinero se perpetró a través de la firma Príncipe di Savoia constituida en el 2009 y que la misma carecía de solvencia económica.

El tribunal de sentencia tuvo en consideración la edad del acusado y su conducta procesal como elemento a su favor para aplicar la condena de cinco años y seis meses de cárcel para su posterior readaptación a la sociedad. La condena de González Chaves es inferior a la aplicada por un tribunal anterior que fue de ocho años de prisión.

Igualmente, el tribunal de sentencia ordenó el comiso de sus bienes por G 29 mil 237 millones que forman parte del enriquecimiento ilícito del exfuncionario público.

El exconcejal de Luque Óscar Rubén González Cháves afrontó por segunda vez juicio oral por declaración jurada falsa como autor y lavado de dinero como cómplice, el fiscal Francisco Cabrera sostuvo en sus alegatos finales que el acusado debe ser condenado por ambos hechos punibles y solicitó la condena de ocho años de cárcel, pero el tribunal entiende que la pena justa es la de cinco años y seis meses cárcel.

El condenado seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme ya que había compurgado la pena mínima en prisión preventiva.

El presidente del tribunal de sentencia Matías Garcete realizó un claro y detallado relato de lo probado en juicio y de qué manera realizaron la valoración en mayoría de cada hecho punible acusado como el enriquecimiento ilícito que ya fue probado en un juicio anterior y el tipo penal de lavado de dinero que es un ilícito que tiene como delito precedente el enriquecimiento ilegítimo y de allí, construyeron un nuevo marco penal que va de uno a quince años y se aplicó la sanción final de cinco años y seis meses. Además de Garcete votó en mayoría la jueza Adriana Planas.

Mientras que votó en disidencia la magistrada Jazmín Cáceres quien también explicó con mucha solvencia y claridad por qué votaba en disidencia respecto al hecho punible de lavado de dinero que consideraba un doble juzgamiento para el condenado y votó porque sea sentenciado a cuatro años de cárcel.

Para el tribunal de sentencia que condenó por unanimidad a 31 años de encierro 25 años de cárcel más 6 años de medida de seguridad a la enfermera del grupo criminal EPP Laura Villalba, quedó plenamente demostrado en el juicio que la condenada integraba el grupo criminal y la misma no solo era la enfermera del EPP sino un integrante activo.

Para el colegiado la mujer formaba parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP hasta que, ocurrió un enfrentamiento donde murió Lucio Silva y donde resultaron abatidos tres de sus integrantes quienes estaban con ella y sus sobrinas. Allí se dispersan unas de otras; ella se desorienta, se queda dormida, cuando se despierta comienza la búsqueda de sus familiares y no las encuentra. Deambuló 27 días hasta que es encontrada en un camino vecinal por las Fuerzas de Tarea Conjunta FTC.

Laura Villalba, “se resistió a identificarse al comienzo, pero después entrega sus documentos y los de su sobrina y además cuenta donde dejo enterrada sus pertenencias: mochila de combate, enseres personales y su arma que había sido utilizada para cometer otro hecho punible. Ella estaba en el campamento, tenía sus pertenencias, personales, armas, uniforme, granada en compañía de sus sobrinas a quienes llevo hasta el campamento y finalmente terminaron una muerta y una desaparecida. Prestó servicio como enfermera”, señaló la presidenta del tribunal de sentencia la doctora María Luz Martínez al explicar el fallo.

Esta es una de las primeras sentencias que aplica una elevada condena por actos terroristas de las que participó Laura Villalba hermana de Carmen Villalba, líder del EPP.

Otra cuestión que para el tribunal de sentencia fue determinante es que, ninguna persona por más familiar que sea de los miembros de este grupo criminal puede estar en el campamento como ocurría con la hoy condenada, es decir, no estaba en el campamento como hermana de Carmen Villalba, ni para buscar a sus sobrinas sino como integrante.

Las evidencias expuestas en el juicio para el tribunal fueron contundentes por lo que por unanimidad aplicaron una condena ejemplar a la encausada.

La mujer fue condenada por terrorismo, asociación terrorista y producción de riesgos comunes ya que portaba armas y explosivos, conocía del daño que estos artefactos pueden causar.

Laura Villalba fue detenida en el 2020 un mes después del enfrentamiento del EPP con la FTC, con signos de severa desnutrición. La misma ya encuentra privada de su libertad desde ese momento donde continuará compurgando la pena impuesta por el tribunal.

El tribunal especializado contra el crimen organizado que juzgó el caso la integran la jueza María Luz Martínez (presidente), Dina Marchuk y Federico Rojas.

Este jueves el Ministerio Público expuso sus alegatos finales y solicitó 25 años de cárcel más 8 años de medida de seguridad para Laura Villalba, considerada la enfermera del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo EPP.

Para el Ministerio Público quedó demostrado en juicio mediante las pruebas producidas que Laura Villalba era la enfermera del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP.

El fiscal Lorenzo Lezcano ya había adelantado a nuestro medio que Villalba recibió instrucción militar por parte del EPP, situación que probada en el juicio, además, que ella se encargaba por sus conocimientos de enfermería de sanar a aquellos heridos del grupo.

Agregó que acusada se había escapado luego del enfrentamiento del grupo con la FTC donde murió Lucio Silva y que ya un mes después fue detenida y se encuentra actualmente afrontando la última etapa de juicio oral por varios hechos punibles.

La mujer fue acusada por el Ministerio Público por asociación terrorista, producción de riesgos comunes y otros. Laura Villalba está sindicada de integrar el grupo criminal EPP y de cumplir funciones de enfermera. Villalba, fue detenida en el 2020 y se la acusa de integrar el grupo criminal que ha perpetrado numerosos secuestros y atentados en el país.

El tribunal de sentencia que juzga la conducta de la acusada está integrado por los jueces: María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk.