El tribunal de sentencia que juzga el caso sigue desarrollando la diligencia que se encuentra en la etapa de declaración de testigos, la audiencia continuó hoy con la declaración de María Campuzano de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA.

Soportan juicio oral y público al solo efecto de la pena, la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, por el hecho punible de homicidio culposo por el fallecimiento por intoxicación con Flúor de la joven Sol Chávez.

La acusación señala que la odontóloga Lilia Espinoza es responsable por el fallecimiento de la víctima quien ingirió un medicamento que le fuera recetado en el consultorio de la profesional. La odontóloga confirmó el gramaje y la forma de consumo a la paciente.

Por otra parte, Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, señala el Ministerio Público.

La víctima era paciente de Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00Hs de ese mismo día.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por los jueces: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

La agente fiscal Belinda Bobadilla, acusó y pidió juicio oral y público para Roberto Alejandro Garcete Cano, expresidente del Club Resistencia, por los hechos punibles de usura y lavado de dinero como coautor. Mientras que su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano fue acusado por usura en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautor.

Según el relato del Ministerio Público los acusados entregaron un préstamo usurario de G 200 millones al señor Miguel Eladio Britos en junio del 2013, pero consignaron en la operación por escritura pública G 300 millones sin que se les haya entregado la copia de la operación simulada como venta de inmueble las víctimas se retiraron de la escribanía de María de Lourdes Duarte Franco, quien refrendó la fraudulenta operación.

La víctima dejó en garantía su casa cuyo valor supera los G 1.100 millones, y pese a haber devuelto no solo el préstamo de G 200 millones, más G 200 millones como “intereses”, fueron citados a la oficina de Ramón González Daher quien en presencia del señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda (refiriéndose al inmueble ubicado en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G 200.000.000.

“La familia Britos era consciente de con quién estaban tratando y sabía del poder económico y político que el señor Ramón González Daher tenía para conseguir lo que se propusiera. En ese momento, su hermano era senador nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y era bien conocida su influencia en el sistema de justicia de nuestro país. Esta exigencia realizada por el señor Ramón González Daher fue cuestionada por la María Laura de Britos quien le refirió a González Daher que esa casa tenía un valor de Gs. 1.100.000.000 aproximadamente; pero el mismo les exigió que entregaran las llaves, circunstancia que se dio en fecha 20 de diciembre de 2014 cuando la familia Britos Báez, ante el temor de lo que pudiera suceder si se enfrentaba a una de las familias más poderosas del país (los González Daher) decidió retirarse de la vivienda familiar y entregó las llaves de la misma al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, quedando en su poder desde ese momento hasta la fecha”, reza parte de la acusación de la agente fiscal Belinda Bobadilla.

Además, la fiscalía acusó, a la escribana María de Lourdes Duarte Franco, por los hechos punibles de producción inmediata, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autora y lavado de dinero en calidad de cómplice.

Por haber realizado un acto simulado de compraventa de inmueble cuando en realidad era un préstamo que dejaba como garantía un inmueble y todo este acto fue a instancia del acusado, Roberto Alejandro Garcete Cano. Que incluso consignó un monto superior de la operación de G 300 millones cuando en realidad la familia Britos solo recibió G 200 millones. Conducta por demás grave al consignar no solo un acto irregular sino por falsear su contenido afectando, dice la acusación.

El Ministerio Público, con todo lo colectado durante el periodo investigativo, documentales y testificales, así como otros medios de prueba afirma que tiene los elementos para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público.

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Tras el pedido del fiscal Osmar Segovia el juez Osmar Legal, decretó la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre los inmuebles que están a nombre de la empresa Itapopo ubicada en Pedro Juan Caballero.

El agente fiscal Osmar Segovia explicó a Judiciales Net, que no se pudo requerir antes la medida cautelar sobre estos inmuebles porque la sociedad tiene otros varios inmuebles que no forman parte de la investigación de la causa Pavo Real.

Agregó que estos bienes ya figuran en la acusación del Ministerio Público, pero que se debió realizar la individualización correcta para evitar afectar derechos y patrimonio de terceros no involucrados en la causa. Con esta decisión los inmuebles quedan asegurados para un eventual comiso luego de la sentencia que recaiga en el caso.

El Ministerio Público investiga el esquema montado por Jarvis Chimenes Pavão en nuestro país para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del grupo criminal, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público recientemente e irán a juicio oral.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

Entre los 24 acusados están: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte.

Además de; Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Amilcar Battaglin, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira y Olga Reichardt De Souza.

El abogado Claudio Lovera expuso este martes sus alegatos finales ante el tribunal de sentencia que juzga a su cliente Óscar Rubén González Chaves por lavado de dinero y declaración jurada falsa. El abogado señala que el Ministerio Publico al no realizar una pericia contable no tuvo en cuenta los gastos contables de la firma Príncipe di Savoia que sería de G 645 millones.

Lovera señaló que el 100% del patrimonio en dólares de González Cháves es lícito y que ello se puede observar en la sentencia anterior donde se ordena en el comiso de bienes donde no existe ninguna cuenta en dólares dentro de ese comiso y que los inmuebles que adquirió en Príncipe di Savoia fueron en dólares.

“Si nos someten a estos análisis sin pericia, analicemos los saldos contables eso es fácil. Cómo uno va a disimular estando en el directorio y funcionando la sociedad en la casa y otra vez ser accionista yo no entiendo cómo se disimula eso. Si quiero disimular por qué voy a asentar mi nombre en el acta y en la constitución de la empresa, no es una sociedad para disimular nada al ser miembro del directorio y los inmuebles son fueron todos adquiridos fuera del periodo de investigación en los 80, 90, no forman parte de la condena, bajo estas circunstancias solicito la absolución del señor Óscar Rubén González Cháves”, señaló Claudio Lovera al tribunal de sentencia.

Por otro lado, el defensor dijo que no existe el concurso de la pena por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que el Ministerio Público pretende alegar en este caso, y que solo corresponde aplicar a su cliente la condena por enriquecimiento ilícito y no por lavado, de lo contrario se le estaría condenando por el mismo hecho dos veces.

Finalmente, la defensa alegó sobre la declaración jurada falsa y dijo que, los cinco inmuebles citados por el Ministerio Público como no declarados si están declarados ante la Contraloría General de la República.

Recordemos que el Ministerio Público, pidió ocho años de prisión para Óscar Rubén González Cháves por lavado de dinero y declaración jurada falsa por haber lavado G 2.000 millones a través de la firma Príncipe di Savoia y por no haber declarado supuestamente cinco inmuebles.

El fiscal Francisco Cabrera señaló que el acusado llegó a simular sus ingresos ilícitos introduciéndolo en el sistema financiero como un dinero lícito proveniente de venta de inmuebles sin embargo fue producto del enriquecimiento ilícito que ya fue probado en un juicio anterior donde también soporta una condena de ocho años de cárcel.

El Ministerio Público también requirió el comiso de sus bienes por más de G 29.200 millones por ser de origen ilícito y que forma parte del comiso ya resuelto en el juicio anterior.

Los miembros del tribunal de sentencia que juzgan esta causa son los jueces Matías Garcete, Karina Cáceres y Adriana Planas.