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La Universidad de Pilar realiza una evaluación Umbral a futuros abogados

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El ministro Víctor Ríos decano de la Universidad de Pilar, comentó a Judiciales Net las iniciativas que llevan adelante en dicha casa de estudios con el fin de mejorar la calidad de los profesionales del derecho que deben tener conocimientos básicos según dijo.

Señaló que realizan una evaluación lingüística del estudiante, para saber si por lo menos manejan el verbo, predicado, las palabras esdrújulas porque si eso no saben por lo menos eso, no pueden ser abogados.

Reiteró que la situación educativa en nuestro país es bastante grave y que esta misma evaluación se debería hacer en todas las universidades del país para medir el conocimiento básico de sus alumnos.

“Hacemos esto por el bien de la ciudadanía, porque no es cierto lo que dicen muchos colegas algunos de algunos de altísimo prestigio, que es el ciudadano el responsable por contratar un abogado sin formación, pero si él no entiende nada, es un mecánico, mi papá es agricultor cómo va a saber quién es el apto, es el Estado es que debe darle la garantía de una mínima formación del abogado a la ciudadanía. Nosotros estamos culminando en la Universidad de Pilar una evaluación lingüística de los estudiantes que ingresan al primer año. Oikuaapa mbaépa la verbo, la predicado, palabras graves o esdrújulas, la pea voi ndoikuaairo mba´eicha iokota chugui la buen abogado”, señaló el ministro Ríos.

Recalcó que la falta de formación repercute directamente en perjuicio de la ciudadanía y que eso es lo que la Corte Suprema de Justicia busca cambiar con las iniciativas que impulsan.

Aplican ejemplar condena en un caso de feminicidio

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El tribunal de sentencia presidido por la jueza Nancy Adorno e integrado por las magistradas Isabel Meza y Magdalena Dos Santos, condenó a 29 años de cárcel más 5 años de medida de seguridad a Lizandro Andrés Sánchez Barrios quien asesinó a su expareja embarazada.

La agente fiscal Laura Guillén, es quien defendió la acusación en representación del Ministerio Público en el juicio donde Sánchez Barrios, resultó condenado a un total de 34 años de encierro.

El hecho ocurrió el 20 de setiembre del año 2019, cuando el hombre ingresó al interior del motel donde trabajaba la víctima, haciéndose pasar como cliente. Estando dentro de la habitación, llamó a la recepción, donde le atendió la mujer, quien se encontraba sola en el lugar.

El hoy condenado pidió que le acercara a la habitación dos cervezas y los controles de la televisión, por lo que la misma acudió desconociendo la identidad de la persona que se encontraba adentro. Allí, Sánchez la estaba esperando con un arma blanca en mano, y una vez que la mujer tocó la puerta para hacer la entrega del pedido, fue tomada por el hombre quien le propino varias heridas cortantes.

La víctima logró escapar del atacante y pudo correr del lugar a fin de solicitar ayuda, llegando a cruzar la avenida para luego caer al pavimento, a unos metros del motel, donde recibió ayuda de vecinos, siendo trasladada hasta el Hospital Distrital de Ñemby, donde se produjo su deceso.

El autor de las heridas se dio a la fuga y permaneció prófugo hasta el 2021, cuando fue localizado durante un allanamiento encabezado por Guillén, en la localidad de Escobar, departamento de Paraguarí.

En el juicio oral y público quedó probado que la víctima fatal estaba embarazada y el hoy condenado tenía conocimiento de esto. El tribunal de sentencia de Luque estuvo presidido por la jueza Nancy Adorno y fueron como miembros las magistradas Isabel Meza y Magdalena Dos Santos, quienes aplicaros la ejemplar condena al hombre.

El Ministerio Público registra 46 casos de feminicidio y de tentativa de feminicidio en el 2024

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La fiscalía informó que hasta la fecha lleva abierta 16 causas por el tipo penal de feminicidio de un total de 17 víctimas y otras 29 por tentativa de feminicidio en lo que va del año.

Dentro del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia extrema contra la Mujer, hasta la fecha se registran 17 víctimas de feminicidio en Paraguay y un total de 16 causas abiertas. Así también, en una de las causas se investiga el caso de una joven que murió al intentar defender a su madre.

En otra de las causas, además, se investiga un hecho de tentativa de feminicidio, atendiendo a que el supuesto autor quiso matar a su expareja y disparó contra la madre, quién falleció. En un caso a determinar, caratulado Homicidio/Feminicidio.

En el mes de enero se reportaron 5 casos, en el mes de febrero 1, en marzo 4 casos, abril 2, mayo 1, junio 2, julio 1.

En dicho lapso y de acuerdo con los datos registrados por departamento a nivel país, Central reporta 8 casos, Amambay 1 caso, Alto Paraguay 1, Asunción 1, Caaguazú 1 caso, Guairá 1 caso, Canindeyú 1, y Paraguarí 1, San Pedro 1, Alto Paraná 1.

Otro dato destacable, es la cantidad de hijos que quedaron huérfanos. En tal sentido, 34 hijos quedaron huérfanos. Del total de víctimas 14 eran madres.

En lo que respecta al parentesco del agresor, principalmente fueron parejas, es decir 11 parejas, asimismo, 3 exparejas, 1 exyerno, 1 padre y 1 caso a determinar.

Aumento salarial a magistrados judiciales depende exclusivamente del presidente Santiago Peña, afirman

El juez de sentencia Carlos Hermosilla e integrante de la Coordinadora Salarial de Magistrados, dijo que los jueces están conscientes que el logro y el éxito de un aumento salarial para los magistrados depende exclusivamente de la voluntad política del presidente.

Agregó, que pese a la tarea fundamental que desempeñan en la sociedad los magistrados judiciales al encargarse de la resolución de conflictos de distinta naturaleza están mal remunerados.

Señaló, que días pasados mantuvieron una reunión con la Corte Suprema de Justicia donde se expuso de manera clara y vehemente la situación crítica que atraviesa la familia judicial que pasa por numerosos vaivenes, uno de ellos y de suma importancia es la que guarda relación con la reivindicación salarial que vienen luchando de forma incansable hace bastante tiempo sin que hasta el momento hayan podido lograr su cometido.

Manifestó, que la máxima instancia ha entendido el clamor del sector y ha plasmado en el presupuesto del Poder Judicial periodo 2024 un aumento salarial para los magistrados, pero no se consiguió. No obstante, actualmente se encuentra en pleno proceso un pedido de ampliación presupuestaria que ya la clase política había prometido el año pasado al sector justicia y se volvió a incluir un aumento salarial para la magistratura nacional y esta ampliación, nuevamente está pasando por algunos inconvenientes para su aprobación.

“El gremio de magistrados está consciente que el logro de la reivindicación salarial depende exclusivamente del presidente de la República, depende de su voluntad política, depende de un gesto patriótico del señor presidente para con el Poder Judicial y pasa por concienciarle al presidente de la República de la tarea fundamental que los magistrados cumplimos en un estado de derecho para la vigencia plena de la democracia y del mismo estado social de derecho, es innegable la tarea que la Constitución Nacional le otorga al magistrado en la resolución de conflictos de diversas índoles que día a día son puestas a nuestra consideración, por ello, la reivindicación salarial largamente peleada es bien merecida, el magistrado es un funcionario público altamente técnico, con estándar y un perfil técnico de avanzada, se nos exige nivel NASA y se nos tolera cero margen de error, sin embargo, somos sumamente mal retribuidos por esa tan sublime tarea que desempeñamos”, subrayó Carlos Hermosilla magistrado de larga trayectoria en el Poder Judicial.

Que, el reclamo de una reivindicación salarial tiene argumentos sólidos que van desde la autarquía presupuestaria que en la era democrática nunca se le otorgó al Poder Judicial y que el presidente Peña tiene la brillante oportunidad de ser el primer mandatario en respetar la autarquía presupuestaria y reivindicar a la familia judicial.

Por último, recordó que hace 12 años tienen congelados sus salarios, situación que atenta contra todos los derechos humanos, contra toda lógica y contra todo sentido común ya que el salario mínimo ha sido modificado en positivo en diez oportunidades con el disparo exponencial de los precios de la canasta básica.

Cae una estructura criminal dedicada a la estafa a gran escala

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Una comitiva fiscal policial realizó este viernes varios allanamientos. La Policía y el Ministerio Público realizó un operativo conjunto que se denominó «Scam Network» que desbarató una red de falsificadores de documentos y estafadores.

Los detenidos pertenecen a una red de estafadores donde existen varias víctimas, entre ellas, particulares y entidades financieras. Se calcula un perjuicio de 81 mil millones de guaraníes.

Según los antecedentes del caso, esta estructura criminal opera desde el 2019. Lidera la organización un hombre identificado como José Espínola de 34 años. Serian seis los demás cómplices quienes tendrían cada uno una función específica dentro del esquema.

El modus operandi, según los investigadores, era primero reclutar a personas en situación de pobreza. Le ofrecían dinero y creaban perfiles financieros falsos mediante falsificación de documentos y otros métodos.

Una vez que estos figuraban en el sistema financiero con un historial aceptable de las operaciones, realizaban prestamos, negocios, constitución de empresas, venta de inmuebles, vehículos y hasta ganado. Todo a través de documentaciones fraudulentas.

«Calculamos poco más de 150 víctimas que cayeron engañadas en este esquema, el dinero que llegaron a recaudar es de 81.000 millones de guaraníes», explicó el Comisario Hugo Rolón del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

Luego de varios allanamientos fue detenida la supuesta contadora del grupo quien formaría parte de la red. Sería la encargaba de falsificar los documentos utilizando además de sellos duplicados del poder judicial y de otras instituciones del Estado. Se han identificado a  otras 24 personas más que integrarían el esquema y ya cuentan con orden de detención, entre ellos, el líder de la organización.

Operación Duck Sex Games: Ratificada la prisión preventiva de Montanaro

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La jueza Alicia Pedrozo ratificó la prisión preventiva de Luis Augusto Montanaro Bedoya imputado por el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

La magistrada considera que no existen elementos para hacer variar la decisión asumida en su oportunidad por lo que ratificó su prisión preventiva.

Recordemos que hace siete días la jueza había resuelto la prisión de Montanaro Bedoya en una dependencia policial donde quedará por solo 20 días luego de este periodo, debe pasar a guardar prisión en la cárcel de Emboscada que es lo que el imputado intentó evitar con el pedido de revisión que fue rechazado.

Según los primeros datos, Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

El Ministerio Público encabezó un operativo conjunto con la policía en la que allanó un edificio en Asunción y detuvo a Montanaro Bedoya en el marco de una investigación por acceso indebido a sistemas informáticos.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso que serán sometidos a pericia.

Otorgan suspensión condicional del procedimiento a exjuez que realizó una amenaza de bomba

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A pedido del fiscal Federico Delfino el juez José Agustín Delmás, hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor del exjuez en lo civil y comercial Juan Vicente Talavera Insfrán, quien está obligado a cumplir reglas de conducta por un año y realizar una donación como reparación social del daño causado.

El magistrado estableció como obligación de resarcir el daño ocasionado consiste en el pago de la suma de G 833.333 mensuales durante 12 meses, del 1 al 10 de cada mes hasta cubrir el monto de G 10.000.000, al Arzobispado de Asunción Escuela las Mercedes ubicado en las calles Cap. Carpinelli y Choferes.

Igualmente, Talavera deberá por el periodo no cambiar de domicilio y comparecer ante el Juzgado de Ejecución Penal del 1 al 10 cada 3 meses a fin de firmar el libro de comparecencia, plazo luego del cual, si las condiciones han sido cumplidas sin inconvenientes, se declarará la extinción de la acción en este caso y se dictará el sobreseimiento definitivo del procesado.

Juan Vicente Talavera fue detenido en su momento luego de una amenaza de bomba decepcionada en el Palacio de Justicia de Asunción. Aparentemente el hombre tomó la determinación de realizar la amenaza a fin de suspender un juicio oral que afrontaba un familiar suyo.

El magistrado tomó la decisión de otorgar esta salida procesal en base a la intención del indiciado de reparar el daño causado y el requerimiento de Ministerio Público.

Habilitan un WhtasApp para facilitar la inscripción en el REDAM en Concepción

Ante la cantidad de casos relacionados al incumplimiento del deber legal alimentario en Concepción el hecho punible más cometido en esta circunscripción judicial, el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, Favio Cabañas Gossen habilitó un número de WhtasApp para facilitar a los usuarios la inscripción de los deudores en el REDAM.

Teniendo en cuenta los datos estadísticos de solo el primer semestre de año de 156 casos de incumplimiento del deber legal alimentario (número uno en hechos punibles cometidos), y la gran cantidad de juicios por prestación alimentaria, la Circunscripción Judicial de Concepción habilitó un número de teléfono celular (0985854866) para las denuncias del incumplimiento de la obligación dispuesta por los juzgados de todo el Departamento de Concepción.

El teléfono está a cargo de la Sección Informaciones Judiciales a cargo de la jefa Aida Cazal, dicha funcionaria se ofreció voluntariamente en recibir las denuncias y ubicar cada expediente pasando inmediatamente la información al juzgado competente, que en la misma forma recaba los datos y de corroborar que se ha incumplido por tres meses o más en la prestación alimentaria procede inmediatamente a la inscripción en el REDAM al moroso o morosa.

Esto se ha difundido por diversos medios, en especial por redes sociales,  y apenas a media hora de la difusión de un  video en guaraní, se ha empezado a recibir las denuncias, en esa media hora se recibió dos denuncias, que pasadas al juzgado al término de dos horas ya se procedió a la inscripción en el REDAM

La difusión empezó el pasado viernes 19 de julio, y al martes 23 ya se cuentan con 15 denuncias procesadas, correspondientes a las localidades de Yby Yaú, Horqueta y Concepción.

También el eco que tuvo esta iniciativa generó la recepción de denuncias de otras Circunscripciones como Amambay, Central (san Lorenzo) e incluso de Capital, por lo que, a raíz de la receptividad de esta buena práctica, a instancias del ministro Eugenio Jiménez Rolón ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, será replicado en varias Circunscripciones Judiciales como Central, Ñeembucú, Cordillera y Guairá. Todo esto en pro del interés superior del niño.

La iniciativa definitivamente debe ser replicada ya que tiene un efecto inmediato el facilitar al usuario de justicia los mecanismos para el acceso efectivo a la justicia por el bien del niño o la niña que debe recibir la vital ayuda de sus padres.

Recordemos que las personas inscriptas en el REDAM no pueden gestionar sus registros de conducir y tampoco realizar pueden realizar trámites registrales, es decir, están impedidos de realizar escrituras públicas.

Piden la destitución del fiscal Luis Said y Jurado llama autos para sentencia

Celso Ayala quien ejerce de fiscal acusador durante sus alegatos finales pidió a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM, la destitución de Luis Said por haberse probado según dijo su mal desempeño de funciones por no haber imputado en un caso en 35 meses.

Ayala mencionó que una causa denunciada ante la unidad del agente fiscal permaneció inactiva por 35 meses y que la carpeta fiscal no refleja un impulso investigativo por parte del agente fiscal acusado.

Comentó que Luis Said más que responder por qué no imputó en la causa, trató de desviar la atención eludiendo su responsabilidad como representante del Ministerio Público en una causa donde existe un perjuicio patrimonial varias veces millonaria.

“La causa tuvo una inactividad probada de 35 meses, el fiscal nunca explicó por qué no hizo ciertas diligencias, por qué no imputó, la conducta del acusado fue voluntaria y consciente esta combinación de factores señores jurados nos lleva a una conclusión ineludible, la sanción adecuada al caso es la destitución. El acusado al ejercer su descargo solicita la extinción de su caso por el transcurso de los 180 días, en ese sentido, el plazo recién vence el 2 de agosto del 2024”, refirió Celso Ayala.

Con estos argumentos el acusador solicitó que el fiscal Luis Said reciba la sanción más grave y que sea separado del cargo.

Por su parte Luis Said pidió por escrito al JEM ser absuelto ya que según él no se comprobó el mal desempeño alegado para enjuiciarlo. A partir de hoy, el Jurado tiene 60 días para resolver la situación del agente Luis Said.

Según versiones el agente fiscal sería destituido por molestar a algunos políticos.

Recuerdan a jueces de la Niñez el procedimiento para la devolución de gastos de pruebas de paternidad

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La Corte Suprema de Justicia, recuerda a los magistrados la existencia de la guía que debe ser aplicada para la devolución de gastos en las que incurre la máxima instancia en las pericias de paternidad en los juicios de filiación.

Están sujetos a la devolución del costo de la prueba de ADN los padres que no estén asistidos por el Ministerio de la Defensa Pública, es decir, que no sean de escasos recursos.

La Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia OTANA, en su sesión del 18 de julio pasado, resolvió recordar a todos los magistrados del fuero sobre la vigencia y aplicación de la presente guía en relación con el reembolso de costos de pericias de HLA y ADN.

En este sentido, la Oficina comunica que, en caso de realizar el reembolso de forma voluntaria, el juzgado notificará automáticamente dicho pago al departamento de Tesorería de la Corte Suprema mediante correo electrónico (tesorería@pj.gov.py), o a través de un oficio electrónico o en formato papel.

Si no se dispone de los medios electrónicos necesarios y se realiza la notificación por escrito, esta deberá enviarse en un plazo de cinco días hábiles, adjuntando una copia autenticada digitalizada de la boleta o constancia de depósito, e identificando la carátula del expediente en el que se realizó el reembolso.

Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria del 28 de septiembre de 2022, mediante la Acordada N° 1668/2022, aprobó y autorizó la implementación de procedimientos para la solicitud, autorización, control y pago de los estudios de Histocompatibilidad (HLA) e Inmunogénica (ADN) realizados en el marco de juicios de filiación con beneficio para litigar sin gastos.

La acordada también establece una Guía para el procedimiento de reembolso de costos de pericias (HLA y ADN) abonados por la CSJ en los procesos de filiación.

La Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia de la Niñez y la Adolescencia fue creada mediante Resolución N° 834 de la CSJ, tiene como coordinador ejecutivo al magistrado Guillermo Trovato, presidente del Tribunal de Apelación de NNA y está integrada por las magistradas Gloria Benítez, Pili Rodríguez y Rosa Yambay y como ministra encargada a la doctora Carolina Llanes.

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