El Ministerio Público durante sus alegatos finales, pidió ocho años de prisión para Óscar Rubén González Cháves por lavado de dinero y declaración jurada falsa por haber lavado G 2.000 millones a través de la firma Príncipe di Savoia.

El fiscal Francisco Cabrera señaló que el acusado llegó a simular sus ingresos ilícitos introduciéndolo en el sistema financiero como un dinero lícito proveniente de venta de inmuebles sin embargo fue producto del enriquecimiento ilícito que ya fue probado en un juicio anterior donde también soporta una condena de ocho años de cárcel.

El Ministerio Público también requirió el comiso de sus bienes por más de G 29.200 millones por ser de origen no lícito y que forma parte del comiso ya resuelto en el juicio anterior.

El exconcejal de Luque Óscar Rubén González Chaves afronta por segunda vez juicio oral por declaración jurada falsa como autor y lavado de dinero como cómplice, el fiscal Francisco Cabrera sostuvo en sus alegatos finales que el acusado debe ser condenado por ambos hechos punibles.

Cabrera hizo un relato de cómo González Chaves mintió en su declaración jurada ante la Contraloría y ocultó sus inmuebles y omitió parte de sus cuentas en Bancos de plaza. Que omitió además declarar los siguientes certificados de ahorros, por 2 mil 800 millones de guaraníes en seis cuentas que posee en el Banco Atlas con su primo Fernando González Karjallo. También las tres cuentas en dólares en el mismo Banco y con la misma persona por más de 900 mil dólares. Entre otras cuentas que poseía con su primo también condenado por lavado de dinero a cinco años de cárcel.

Agregó que el lavado de dinero fue perpetrado a través de Príncipe di Savoia que según la fiscalía desde sus inicios pertenecía a la familia de González Chaves y Óscar González Daher (fallecido), quienes se desempeñaban como altos directivos de la firma utilizada para lavar dinero ilícito proveniente del enriquecimiento ilícito hecho punible comprobado y firme en este caso.

Marcelo Alejandro Shulz fue condenado por una estafa de más de G 500 millones a Édgar el Pájaro Benítez a quien prometió una vivienda familiar. El jugador llegó a transferir G 1.040 millones al condenado y el arquitecto le entregó una casa cuyo valor no superaría los G 300 millones según la justicia.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces: Víctor Hugo Segovia, Lilian Flores y Carmen Román, condenó a cuatro de encierro al arquitecto Marcelo Alejandro Shulz por el tipo penal de estafa por haber prometido y cobrado para construir la vivienda familiar del ídolo de selección paraguaya sin embargo les entregó una vivienda por un valor inferior a lo pactado y en pésimas condiciones.

Para el tribunal de sentencia quedó probado fehacientemente que el arquitecto buscó un lucro indebido al realizar la obra por valor inferior a lo acordado con lo que perpetró la estafa y perjudicó a Édgar el Pájaro Benítez por un valor superior a los G 500 millones.

La familia del Pájaro Benítez entregó más de 1.040 millones, pero se expidió factura por Ga 900 millones que es el monto que el tribunal determinó como las trasferidas al arquitecto desde el 13 agosto del 2018 hasta al 17 de diciembre del 2019.

“Para el tribunal resulta trascendental la declaración de los testigos, las documentales y principalmente los mensajes vía WhatsApp, entre el condenado Marcelo Alejandro Shulz y la esposa del Pájaro Benítez Patricia González, en la que se hace mención en forma espontánea a todas las situaciones relacionadas a la construcción en la vivienda en cuestión. El daño y peligro ocasionado es consideración atendiendo a que alcanza sumas millonarias”, señala parte del fallo íntegro del tribunal que aplicó cuatro años de cárcel para el acusado de haber estafado a esta familia.

El acusado cuenta con varios antecedentes penales por el tipo penal de estafa, de hecho, varios de ellos comparecieron ante tribunal de sentencia a declarar para referir que fueron perjudicados por el arquitecto en la construcción de sus viviendas, situaciones que fueron determinantes para que el tribunal condene al arquitecto a cuatro años de pena privativa de libertad. El condenado seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme según lo resuelto por el tribunal.

El matrimonio tuvo que demoler la construcción según mencionó a nuestro medio el abogado Secundino Méndez quien representa los intereses del exjugador de la selección nacional quien dijo estar satisfecho con la condena aplicada.

El tribunal de sentencia en mayoría y con los votos de los jueces Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado, absolvió de culpa y pena a la médica pediatra Laura Sena quien afrontó juicio oral y público por homicidio culposo.

Para el tribunal de sentencia no se probaron los extremos acusados por el Ministerio Público ya que el pequeño Renato tenía 50% de probabilidad de sobrevivir en base a su estado clínico, por lo que absolvieron a la médica.

Laura Sena, señaló que se hizo justicia, que en el Ministerio Público nunca la escucharon y que nadie puede dimensionar todo lo que ha pasado en estos años y que nunca se respetó su estado de inocencia porque desde el inicio la vieron y trataron como culpable.

La fiscal Nathalia Silva es la agente fiscal que representó al Ministerio Púbico en esta causa y solicitó la aplicación de un año de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena, sin embargo, para el tribunal no se probó el hecho.

Renato falleció en el Sanatorio Migone en agosto del 2019, desde allí la familia buscó que los profesionales de blanco que asistieron al pequeño de dos años sean condenados, pero la justicia ha resuelto que no existe el hecho punible alegado de homicidio culposo ya que no existió omisión en el tratamiento.

El tribunal de sentencia presidido por el magistrado Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado con votos en mayoría decidieron absolver a la pediatra. Mientras que votó disidencia el juez Manuel Aguirre.

La Sala Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación plateado por la defensa del acusado exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y otros acusados por el fallido Metrobús.

El juez Humberto Otazú debe fijar la próxima fecha de audiencia preliminar para Ramón Jiménez Gaona exministro de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, acusado por lesión de confianza por el fallido proyecto Metrobús.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Una recusación al magistrado impidió el desarrolló la audiencia donde se debe discutir si la causa debe ser elevada para el debate oral. Hoy, al quedar firme la competencia del juez del caso, queda allano el camino para esta diligencia.

La agente fiscal María Estefanía González, menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

La Sala Penal en pleno salió a dar a conocer un comunicado tras la amenaza de Sebastián Marset a la jueza Rosarito Montanía. La máxima instancia aclaró que ya han tomado las medidas respectivas para asegurar la integridad de los jueces del fuero especializado y principalmente de la magistrada que recibió la abierta la amenaza.

“No están solos”, inició diciendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera a los jueces del fuero especializado y particularmente a la jueza que atiende el caso A Ultranza amenazada por el presunto narcotraficante Sebastián Marset.

Desde la clandestinidad, el narcotraficante más buscado Sebastián Marset amenazó a la jueza que lleva adelante el pedido de extradición de la su esposa Gianina García Troche, quien fue capturada la semana pasada y es requerida por Paraguay en la causa A Ultranza donde su esposo está acusado como uno de los líderes de la organización criminal.

“En coordinación con el Ministerio del Interior hemos reforzado la seguridad de los magistrados del fuero especializado para resguardar su seguridad y reducir los riesgos para cumplir sus labores. Estamos dedicados a otorgar un entorno seguro que permita a nuestros jueces trabajar sin temor a represalias. La Corte Suprema de Justicia, reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad, asegurando que ningún acto de intimidación obstaculice el desempeño de sus funciones”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera.

Igualmente, remarcó que las medidas iniciales ya fueron adoptadas con el fin de brindar un resguardo eficaz a la jueza Rosarito Montanía quien es la magistrada que tiene a su cargo el proceso respecto al narco prófugo Sebastián Marset y su esposa.

La situación deja de preocupar teniendo en cuenta lo sucedido con el agente fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado por el crimen organizado es por ello que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior, están obligados a brindar todas las medidas de seguridad para que la magistrada pueda desempeñar su tarea en el marco de este proceso penal de gran envergadura donde se encuentran procesados políticos, pastores, empresarios y los principales líderes de la organización Sebastián Marset y Miguel Insfrán alias Tío Rico.

La abierta amenaza del narcotraficante no debe ser tomada como una mera expresión de deseo, sino como un verdadero peligro a la integridad de una de las juezas que ejerce con mucho coraje, dedicación y tenacidad las causas que llegan a su juicio.

El juez Raul Florentín condenó en procedimiento abreviado, a dos años de cárcel con suspensión al exbanquero Jorge Peirano Basso, quien deberá donar G 150 millones como reparación social del daño causado.

Peirano Basso fue requerido por la justicia local por lesión de confianza, por su participación en la quiebra del Banco Alemán, hoy compareció ante el juez de su caso Raul Florentín para la audiencia preliminar donde se decidió la salida procesal de procedimiento abreviado.

Peirano Basso fue extraditado al Paraguay por el vaciamiento del Banco Alemán. Su hermano José Peirano Basso ya fue extraditado el año pasado a nuestro país y recibió la misma salida procesal.

Jorge Peirano soporta cargos por lesión de confianza, por su participación en la quiebra del Banco Alemán. Estuvo preso al igual que otros integrantes de su familia en Uruguay por hechos similares.

La quiebra del Banco Alemán en Paraguay se produjo en el 2002, dejó sin fondos a varios compatriotas que tenían allí depositados sus ahorros.

La Corte Suprema de Justicia Sala Penal confirmó la condena de 27 años de encierro para el pastor evangélico Inocencio Ramón Denis Torres, acusado de haber abusado de varias niñas de la comunidad indígena Aché.

La máxima instancia deja firme la condena ejemplar para el encausado quien pasará gran parte de su vida en la cárcel por el grave hecho que perpetró en perjuicio de niñas de esta comunidad.

Según se pudo comprobar que el condenado abusó de 10 niñas que quedaron con daños sicológicos severos e irreversibles y hasta sus familiares.

La causa presenta una condición de triple vulnerabilidad, al ser las víctimas niñas indígenas, el abusador se aprovechó de su rol de pastor y de autoridad religiosa para perpetrar el hecho en niñas de solo 8 y 12 años, según remarcó en su momento el tribunal que aplicó la ejemplar sanción.

La abogada Noelia Núñez quien representa a la querella en el marco del proceso por abuso sexual que afronta Inocencio Ramón Denis Torres condenado a 27 años de prisión el abuso que sufrieron varias niñas de la comunidad Aché, señaló que se hizo justicia con las niñas que fueron violentadas.

“Esta es una lucha que inició en el año 2019, fueron diez niñas las víctimas. Se llegó a juicio oral luego de muchas vicisitudes, la comunidad indígena llevó su propio traductor y tuvimos que apelar a varios traductores porque las víctimas solo hablan Aché. El hecho se pudo descubrir gracias a que una docente avistó al pastor en un lugar aislado cometiendo uno de los abusos, y al consultar a las niñas se dieron cuenta que esto era sistemático. Estoy conmovida, no se imaginan el impacto que  esto tiene para las víctimas y sus familias, el miércoles estaré por la comunidad indígena para explicarles y darles certeza de que no van a perder su salvación que es lo que más temían ya que es lo que les decía el abusador”, señaló a nuestro medio la abogada querellante Noelia Núñez.

La abogada destacó la elevada condena aplicada por la justicia de 27 años cárcel, en un caso tan emblemático y una de las primeras condenas más elevadas en casos de abuso sexual en niños donde también fue fundamental la representación de la querella adhesiva presentada por una comunidad indígena con los temores naturales de ingresar a un litigio fuera de su entorno.

Acotó que el fallo tuvo una repercusión internacional en la que medios de comunicación se hicieron eco del penoso hecho ocurrido en nuestro país, donde niñas tan pequeñas fueron vulneradas por la personas que debía cuidarlas y protegerlas.