Los casos de abuso de la prisión preventiva siguen sumando en el sistema de justicia, la abogada Eva de Witte denunció que uno de sus clientes se encuentra privado de su libertad desde mayo pasado por decisión del juez Víctor Hugo Ronzewski.

Gabriel Ferreira Paez se encuentra privado de su libertad desde el mes de mayo pasado, según denunció su abogada Eva de Witte. El hombre soporta proceso por abigeato por caer con 25 kilos de carne.

La defensa y la familia ofrecieron caución real y personal, e incluso la reparación del daño causado pero el fiscal Enrique Díaz y el magistrado de Víctor Hugo Ronzewski, se niegan a conceder una medida menos gravosa al imputado por que según le manifestaron a la defensa temen que los de la Rural le llamen al ministro César Garay y pierdan sus cargos.

“Es una vergüenza que esté preso desde mayo por 25 kilos de carne. Le cuesta más al Estado que esté preso. Se ofreció un inmueble como caución, su hermana es directora de una Escuela y ofreció la reparación del daño, pero nada”, señaló la abogada defensora Eva de Witte.

La defensa una vez más solicitó la revisión de la prisión preventiva para que la misma sea sustituida por una medida menos gravosa y el magistrado citó a las partes para mañana a las 10:00 para la audiencia de revisión de medidas.

La abogada estima que una vez más la justicia no le permitirá a su cliente enfrentar su proceso en libertad o en arresto domiciliario, por lo que realizó la denuncia pública sobre la actuación de los operadores del sistema de justicia quienes alegan que por temor a perder sus cargos no conceden una medida diferente a la prisión a su cliente.

La ministra Carolina Llanes habló con nuestro medio sobre el debate en el seno de la Corte Suprema de Justicia sobre si es apelable del auto de apertura a juicio oral, fue clara al señalar que los jueces de garantía deben estudiar las incidencias de los abogados para evitar estas apelaciones.

Mencionó que más allá del criterio de que el acto en sí sea o no recurrible, considera que lo que realmente existe es la errónea o distorsionada aplicación del CPP por parte de los magistrados de garantías.

Agregó que, si bien considera que auto de apertura a juicio es inapelable, los magistrados de garantías penales no pueden dejar de estudiar las incidencias planteadas por los profesionales abogados, quienes deben fundar sus presentaciones en la audiencia preliminar y el magistrado debe atender dichos pedidos.

Señaló que el no estudiar estas presentaciones hace que el proceso se dilate indebidamente con los recursos presentados por los abogados que no tuvieron respuesta a sus reclamos.

“Surgió un debate muy interesante que hace a la impugnación del auto de apertura a juicio, la mitad de la Corte dice una cosa y la otra mitad otra, son criterios jurídicos perfectamente válidos, pero, que surgen de una realidad. Mas que poner en tela de juicio los criterios quiero hablar de lo que es la realidad que es la aplicación incorrecta o distorsionada del Código Procesal Penal, entonces eso genera una situación que impulsa a las partes a presentar impugnaciones porque no son atendidos plenamente en los derechos que reclaman en la audiencia preliminar”, señaló la ministra Carolina Llanes integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que el CPP claramente establece que el auto de apertura no es apelable, ya que el sistema está organizado para que en cada etapa alguien pueda revisar las etapas de actuaciones anteriores, no es que no exista un derecho a la doble instancia y que el sistema de impugnación es uno solo.

Dijo que las partes siempre pueden impugnar las resoluciones jurisdiccionales y que siempre hay un tribunal competente que tiene la potestad de revisar y corregir por lo que no está desamparado el derecho de la defensa o de las partes a impugnar.

El magistrado Amado Yuruhan quien ejerce su propia defensa en el marco del proceso que se le abrió por acoso sexual, presentó un incidente de excepción de falta de acción, alega que su caso se inició por la denuncia del ministro Garay y no de la víctima por ende es nula.

Menciona, que el Ministerio Público actuó no a instancia de parte como le obliga la ley, es decir no a pedido de la víctima quien debió ser quien denuncia el hecho a la fiscalía para iniciar la investigación penal, situación que según el recurrente nunca ocurrió.

Alega que todo el proceso penal, el sumario administrativo y el enjuiciamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició por instigación del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Boquerón César Garay.

“La fiscalía debe iniciar la investigación a instancia de parte, este extremo nunca ocurrió, pues el que instigó el inició de la investigación fue el señor superintendente de César Garay Zuccolillo, quien ya fue denunciado ante el Congreso por persecución en mi contra”, menciona el escrito del juez.

Agrega que al ser el ministro César Garay quien denunció el caso ante el Ministerio Público y no la víctima, el caso mal engendrado y debe ser anulada todas las actuaciones y debe ser decretada su sobreseimiento definitivo.

Que, el llamado el Ministerio Público a una indagatoria a la víctima, no legaliza que la actuación fiscal haya iniciado por la denuncia de un ministro y no por la denuncia radicada por la víctima.

Recientemente, el Ministerio Público acusó al juez de sentencia de Boquerón Amado Arsenio Yuruhan Diaz por acoso sexual, asegura que con los elementos colectados se probó que el juez acoso a la funcionaria del juzgado, abrazándola y besándola sin su consentimiento.

Que, cuentan con suficiente material probatorio desde el video de circuito cerrado, informes, la denuncia formulada por el ministro César Garay entre otros elementos que solicita al juzgado sean admitidas para un eventual juicio oral.

El abogado Óscar Tuma defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, recusó al juez Osmar Legal por parcialidad manifiesta por haber firmado los allanamientos sin justificación en la casa de sus mandantes.

Tuma busca apartar del caso al juez Osmar Legal al no tener la objetividad para manejar el caso. El defensor agrega que los mandamientos de allanamientos firmados por el juez Legal no tienen justificación.

Que, en las órdenes no se plasma la identidad de las personas a ser detenidas, tampoco tiene la duración del mandamiento, así como el haber admitido la imputación contra una persona ya fallecida, entre otros aspectos.

“Vengo a recusar al juez Osmar Legal por las graves irregularidades observadas en la tramitación de la causa y los procedimientos ordenados por dicho magistrado, que afectan derechos fundamentales de mis representados. La falta de justificación clara para el allanamiento nocturno que demuestre la necesidad imperiosa de dicha medida, además de la duración del mandamiento no especificada”, menciona el escrito de recusación que se funda en ocho páginas en las que se menciona la falta de objetividad del magistrado al tramitar los allanamientos en este caso.

Igualmente, la defensa presentó un pedido de nulidad de la imputación fiscal y apeló la prisión preventiva decretada por el magistrado recusado. Se recurrió además las órdenes de embargo decretadas por el juez contra los bienes de su representado.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, Oscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero y procedente del tráfico internacional de droga.

Tanto el diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre, estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real, existe una secuencia de correos entre amos y los hijos de Javis donde se plasma transacciones de compa venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por el finado diputado y su hijo.

Ambos, según la fiscalía utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Según el relato del Ministerio Público los imputados actuaban como testaferros de Jarvis Chimenes Pavão, luego de colectar varios elementos investigativos la fiscalía pudo cerrar el caso respecto a los citados y formuló imputación.

La fiscalía menciona que recibió colaboración de sus pares de Brasil ya que el esquema fue montado en ambos países lo que sirvió para que las autoridades colaboren entre sí y hayan podido cerrar el círculo.

El ministro Víctor Ríos especula que a propósito algunos camaristas no estudian la apelación presentada por los abogados en contra del auto de apertura a juicio oral.

Ríos, estima que los integrantes de alzada lo hacen para entorpecer el proceso penal ya que es sabido que la Corte ha dejado en claro que el auto de apertura es apelable cuando este viola principios constitucionales.

“Existiendo jurisprudencia firme de esta Sala que tiene que ver con la recurribilidad del auto de apertura a juicio oral es una decisión tomada y firme de la Sala Constitucional. Sin embargo, algunos tribunales declaran inadmisible el recurso y evidentemente es una alfombra roja para que el abogado plantee una acción ante la Corte a ver si el proceso no termina muriendo en el camino. Entonces, es importante decir a las cámaras de apelaciones que cuando la jurisprudenciaq de la Corte es clara hay que actuar en consecuencia, la Sala en muy clara, dice que cuando se les plantean la apelación de la apertura, usted estudia el caso, si usted estudió y dicen no encontramos ninguna violación, aunque se plantee la insconstitucionalidad después, lo que no pueden es evitar el estudio, esto viola el derecho a la doble instancia” aseguró el ministro Ríos.

Agregó, que muchas veces los casos afectan a casos considerados emblemáticos o de gran impacto por ende no se puede dejar de estudiar lo planteado por las defensas. Que los camaristas que no estudian los casos planteados pese a la decisión de la Corte lo hace especular que de manera adrede buscan dilatar los procesos.

Los integrantes de alzada deben estudiar la apelación y así evitar que se sigan sumando acciones meramente dilatorias ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se encuentra abarrotada de causas.

El ministro señaló que es importante hacer notar esta situación a los magistrados de segunda instancia para que actúen en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y así no seguir colaborando con la dilación indebida de los casos.

El pronunciamiento del ministro Víctor Ríos fue durante el pleno de la Corte Suprema de Justicia y lo hizo preocupado por la situación y como integrante de la Sala Constitucional.

El Ministerio Público imputó a un médico y cirujano que trabajó en el Ministerio Público hasta el 2020 y en la Corte hasta el año pasado, se trata de Juan Carlos Martínez Cañete, de ambas instituciones fue despedido.

La agente fiscal Fátima Girala, imputó al médico cirujano Juan Carlos Martínez Cañete y a su esposa, la abogada Lilian Rocío Villagra Villar, por el hecho punible de violación de las reglas de adopción. Durante un allanamiento fiscal y policial, se encontró al bebé 3 meses en poder del matrimonio, que estaba desaparecido e internado desde el 17 al 29 de mayo en el Hospital Barrio Obrero.

 La Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de los mismos, quienes cuentan con orden de detención. La fiscal Girala imputó por violación de las reglas de adopción, del deber de cuidado y educación a la madre del bebé y a la suegra de la misma. 

Según el acta de imputación, el 29 de mayo de 2024, la madre y la abuela del niño, al salir del hospital, entregaron al recién nacido a los hoy imputados, quienes estaban en el interior de un automóvil.

La entrega fue pactada con anterioridad y durante la etapa del embarazo. Es así, que los imputados se encargaron del cuidado y de los gastos del embarazo de la madre, llevándola inclusive en una ocasión a una Clínica en donde le hicieron una ecografía ginecológica, antes de dar a luz, a modo de corroborar el estado de la gestante y el bebé.  

En fecha 18 de agosto, se encontró al recién nacido en poder de Juan Carlos Martínez Cañete y su esposa Lilian Rocio Villagra Villar, quienes lo tenían en el edificio San Miguel Arcángel en la avenida Las Residentas camino Luque – Areguá. En el sitio, no se encontró documentación que acredite la identidad del bebé y ambos reconocieron que se trataba del hijo de la mujer anteriormente imputada.

El juez Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del finado diputado Eulalio Gomes. El juez le concedió el permiso para asistir al velorio de su padre abatido ayer en un enfrentamiento con la policía.

El magistrado también ordenó la prisión preventiva de otro de los coimputados, se trata de Óscar Daniel Cabreira también imputado pro pertenecer al esquema montado en Paraguay por Jarvis Chimenes Pavão.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, Oscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero  procedente del tráfico internacional de droga y asociación criminal.

Tanto el diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre, estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil a Paraguay, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real, existe una secuencia de correos entre amos y los hijos de Javis donde se plasma transacciones de compa venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por el finado diputado y su hijo.

Ambos, según la fiscalía utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Según el relato del Ministerio Público los imputados actuaban como testaferros de Jarvis Chimenes Pavão, luego de colectar varios elementos investigativos la fiscalía pudo cerrar el caso respecto a los citados y formuló imputación.

La fiscalía menciona que recibió colaboración de sus pares de Brasil ya que el esquema fue montado en ambos países lo que sirvió para que las autoridades colaboren entre sí y hayan podido cerrar el círculo.

“Se identifico un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico internacional de droga”, señala parte del acta de imputación.

La causa nace luego de la ostentosa vida que llevaban los familiares del narcotraficante Jarvis  Chimenes Pavão sin que estos tengan un trabajo o ingreso justificado, con lo que se abrió una investigación y se confirmó que seguían recibiendo fondos del esquema montado en nuestro país para lavar dinero. Luego, se allanó la celda de Jarvis donde se pudo encontrar numerosos documentos que daban cuenta de inmuebles en Paraguay y Brasil que tenían a encargados cuyos datos estaban en código y nombres en clave.

Este martes el fiscal general del Estado Emiliano Rolón emitió un comunicado para señalar que se encuentran en pleno análisis de las informaciones colectadas en los allanamientos en PJC.

 El pronunciamiento señala que la fiscalía general, no descartaba designar un nuevo equipo fiscal y abrir una nueva causa para aclarar la muerte del legislador una vez que tengan los resultados que arroje el análisis de lo colectado y lo ocurrido en el allanamiento en la casa del legislador donde este falleció.

“La investigación preliminar, implementado por el Ministerio Público, de hecho, se halla en etapa de procesamiento de las evidencias levantadas de los diferentes escenarios en PJC. Según el resultado del laboratorio forense, son los que señalarán el derrotero a seguir; formar un caso independiente, formar un nuevo equipo o tomar medidas correspondientes contra los responsables”, señala parte del comunicado de Emilia Rolón, quien no respalda a sus agentes fiscales, contrariamente a lo realizado por el ministro del Interior quien si defendió la actuación de los efectivos policiales quienes participaron del operativo Pavo Real II.

La misiva agrega que desde el Ministerio Público pondrán todo el esfuerzo para esclarecer la muerte del diputado Lalo Gomes, quien integraba el esquema de lavado de dinero montado por Javis Chimenes Pavão, según la imputación fiscal.

Por último, señala el comunicado que como representantes de la sociedad cumplirán su rol a cabalidad.