La cámara de apelaciones anuló la decisión de la jueza Cynthia Lovera, quien sobreseyó definitivamente al procesado Marcello Fretes Laterra acusado en su momento por la golpiza que sufrió Benjamín Zapag en la discoteca Morgan.

Para el tribunal de apelación penal, el sobreseimiento definitivo de Fretes Laterra no corresponde en esta etapa ya que es necesario el juzgamiento público por no existir rigurosidad en la actuación del Ministerio Público que en un primer momento acusó y luego en la audiencia preliminar retiró la acusación alegando que el joven no agredió a Benjamín Zapag.

Con lo que, según los integrantes de alzada, no se puede saber cuál es la tesis correcta al no existir un juzgamiento de los hechos por lo que corresponde la nulidad de la decisión recurrida por el abogado querellante en este caso Ricardo Preda.

Los camaristas Arnulfo Arias, Belén Agüero y Digno Fleitas, alegan que la decisión de la jueza Cynthia Lovera, carece de fundamentación y se limitó solo a considerar una cuestión formal admitiendo una decisión fiscal con la que sustituyó la función jurisdiccional y se atribuyó la facultad de estimar sobre dichas circunstancias, de competencia única de quienes están facultados a juzgar una causa. Los camaristas recordaron a las fiscalas y a la jueza el rol que desempeñan en la sociedad y el sistema de justicia y les hizo saber de las obligaciones que tienen y que no pueden ser delegadas en ningún caso.

“El vicio se sostiene en este caso, en la ausencia de un razonamiento del Juez sobre los motivos que justifiquen que el indicado no ha participado en el ilícito, que ha quedados sustentado únicamente en la apreciación que ha tenido la Fiscal Carla Rojas y la adjunta Lourdes Samaniego, al respecto, que es inaceptable, al no haberse pronunciado el magistrado dando su opinión sobre la participación o no del acusado del hecho”, sostiene parte del fallo de alzada.

Este grave error por parte de los operadores del sistema, por un lado, el Ministerio Público al tener una postura ambigua entre la acusación y luego la retira y, por el otro lado, la jueza que no ha fundado debidamente su decisión hace que hoy el tribunal anule la decisión de la jueza de garantías y que el caso vaya nuevamente a una audiencia preliminar.

El joven Benjamín Zapag, sufrió una golpiza el 6 de diciembre del 2022 en el interior de la discoteca Morgan, en principio fueron dos los acusados por lesión grave; Héctor Grau y Marcello Fretes Laterra, pero, respecto a este último el Ministerio Público retiró la acusación y pidió la desvinculación definitiva del caso que hoy está anulado.

La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto contra Miguel Insfrán alias Tío, acusado de liderar en Paraguay junto con Sebastián Marset un esquema de tráfico internacional de droga.

Tras la audiencia preliminar para el acusado, la magistrada elevó a la siguiente etapa de juicio oral el proceso respecto a Insfrán acusado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

Igualmente, la magistrada ordenó el cambio de reclusión del acusado quien será trasladado al penal de máxima seguridad de Minga Guasú, donde el recluso estará bajo un régimen especial de encierro. Insfrán, cumplía prisión desde que fue extraditado al país en el penal militar de Viñas Cue de donde será trasladado.

Según la acusación fiscal, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal” relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

Según un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el negocio de Insfrán experimentó un crecimiento significativo a partir de 2020. Estableció alianzas con diversas organizaciones criminales, entre ellas, la liderada por el uruguayo Sebastián Marset, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en su país.

Según la fiscalía, Tío Rico utilizó empresas controladas por testaferros y miembros de su familia, así como negocios destinados al lavado de activos. El Centro Cristiano Mundial de Avivamiento fue utilizado para tal fin, colocando a su hermano, el Pastor evangélico José Alberto Insfrán, como figura de fachada. Además, la cooperativa San Cristóbal se convirtió en otra herramienta para realizar préstamos y descuentos de cheques a nombre de los miembros de su clan familiar.

La ruta del narcotráfico dirigida por Insfrán estaba cuidadosamente establecida. La cocaína provenía de Bolivia y era transportada en avionetas hasta la región de Alto Paraguay, en el Chaco. Posteriormente, la droga se movilizaba en camiones especialmente acondicionados hasta el Departamento de Presidente Hayes, para luego ser mezclada con cargas legales y finalmente sea enviada en contenedores a través de puertos con destino a Europa.

El abogado Claudio Lovera defensor de Óscar Rubén González Chaves, presentó una apelación especial contra sentencia que condena a su cliente a cumplir cinco años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La defensa alega que, el tribunal realizó una errónea aplicación de preceptos legales y no fundó el fallo lo que conlleva a la nulidad absoluta del caso y debe ordenare el reenvío de la causa para un nuevo juicio oral y público.

Para la defensa el tribunal de sentencia no realizó una clara y nítida explicación en la sentencia de los hechos punibles probados, como el lavado de dinero proveniente del enriquecimiento ilícito ya que dio por probado el “uso de fondos de fuentes desconocidas” sin explicar claramente cómo se perpetraron ambos hechos punibles.

«Existe una errónea aplicación de la ley penal material. Le sentencia en mayoría, estableció una pena privativa de libertad de cinco años y seis meses, cuando la gravedad de la pena no podrá exceder los límites de la gravedad del reproche penal. Además de haber el tribunal considerado tres circunstancias a favor del acusado, lo deja de lado arbitrariamente, manteniendo la condena de cinco años y seis meses. El enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero son hechos punibles se peligro y en ese caso la sentencia en mayoría no ofrece una argumentación en concreto respecto a este punto. Lo que señala es un razonamiento abstracto que se sigue para justificar la sanción legislativa de los tipos penales, pero no responde a la ejecución en concreto de los hechos y sus resultados específicos, que es lo exigido por la norma», alega la apelación de la defensa.

Agrega que el tribunal no solo aplicó erróneamente la ley en contra de su cliente, sino además dejó de lado la disminución de la pena, por lo que dicha condena carece de sustento legal.

Señala además que, en la primera parte de la sentencia en mayoría permite deducir que, el lavado de activos se relaciona con la ejecución del hecho punible de enriquecimiento ilícito, sin embargo, el hecho condenado fue la obtención de derechos de crédito sobre saldos disponibles en cuentas, es decir, no son hechos que se realizan valiéndose como medio, del sistema bancario.

Sin embargo, para el tribunal de sentencia con voto en mayoría, se probó en el juicio que el acusado se enriqueció ilegítimamente al tiempo de asumir el cargo de concejal en Luque que omitió declarar varias cuentas bancarias conjuntas e inmuebles con lo que quedó probado el tipo penal de declaración jurada falsa que queda absorbido por el enriquecimiento ilícito.

El presidente del tribunal Matías Garcete explicó que el tribunal realizó una valoración sobre los hechos probados sin alterar las circunstancias que estaban siendo juzgadas respetando la base fáctica de la acusación por lo que no genera un estado de indefensión en el acusado como lo sostuvo la defensa, voto al que se sumó la jueza Adriana Planas. Mientras, que el voto en disidencia fue la de la magistrada Jazmín Cáceres.

Los padres de la joven Sol Chávez quien falleció por intoxicación con Flúor, se encadenaron este martes frente al Palacio de Justicia de Asunción para pedir que la condena de dos años de cárcel para las responsables de la muerte de Sol sea anulada y se ordene un nuevo juicio para elevar la pena.

María Edith de Chávez madre de la víctima señaló que, el tribunal de sentencia realizó una medición injusta de la pena, “trabajaron a favor de la asesina de mi hija, los jueces le regalaron la pena”, dijo la indignada madre, quien a primera hora de este martes se encadenó pidiendo la nulidad del fallo de primera instancia.

En su momento, el tribunal de sentencia integrado por los jueces: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee condenó a dos años de pena privativa de libertad a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, por el hecho punible de homicidio culposo por el fallecimiento por intoxicación con Flúor de la joven Sol Chávez.

Una vez firme el fallo, ambas profesionales deben ir a prisión ya que la condena debe ser efectiva y no está sujeta a una suspensión. El Ministerio Público requirió la condena de cinco años de cárcel por lo que apeló la ínfima condena aplicada a las profesionales.

Igualmente, el tribunal resolvió la medida de prohibición de ejercer la profesión para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza por un periodo de dos años y seis meses, que deberá ser cumplida una vez compurgada la condena de dos años.

La odontóloga Lilia Espinoza fue hallada culpable por el fallecimiento de la víctima quien ingirió un medicamento que ella le recetó. La odontóloga confirmó el gramaje y la forma de consumo a la paciente.
Por otra parte, Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, señaló el Ministerio Público.

La víctima era paciente de Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.

Este lunes se inició el juicio oral y público para el Líder del clan Rotela, Javier Rotela y otros siete acusados por tráfico de droga. El Ministerio Público sostiene que Rotela desde su lugar de encierro lideraba un esquema con personas que estaban en libertad.

El fiscal Luis Said es quien representa al Ministerio Público en este juicio y sostiene que cuenta con numerosos elementos probatorios para probar los extremos acusados en la etapa preparatoria.

“En esta causa aplicamos técnicas especiales de investigación como la intercepción de comunicaciones, que sumado a otros medios probatorios como la flagrancia en el hallazgo de estupefaciente en poder de esta estructura criminal liderada por Armando Javier Rotela”, señaló el fiscal Luis Said.

Agregó, que, uno de los acusados es un agente penitenciario que formaba parte del esquema montado por Rotela desde la cárcel. La diligencia se inició hoy y por medidas de seguridad la diligencia se practica por medios telemáticos.

El juicio oral y público para Javier Rotela y otros siete acusados por tráfico y comercialización de drogas. Forma parte del operativo «Chacal» donde se descubrió una estructura narco liderada por Rotela desde el interior de Tacumbú donde un guardiacarcel está también implicado.

La jueza de Pedro Juan Caballero Sadi López, pospuso para semana entrante la realización de la reconstrucción de hechos de la intervención policial fiscal en la casa del finado diputado Eulalio Lalo Gomes.

La diligencia debía ser practicada en la fecha, pero, quedó pospuesta para el próximo martes 27 de agosto, para que la familia del afectado pueda tener un perito de su confianza para participar del anticipo.

El anticipo jurisdiccional de prueba fue requerido por los fiscales que integran el equipo fiscal conformado por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón; Celso Morales, Luis Said y Christian Ortiz.

El pasado lunes, una comitiva fiscal policial irrumpió en el domicilio del legislador por orden del juez Osmar Legal, quien habilitó el allanamiento en las propiedades del legislador y su hijo quienes según la investigación fiscal integrarían el esquema de lavado de activos montado en Paraguay por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

El Ministerio Público imputó al legislador y su hijo por el tipo penal de lavado de activos y asociación criminal por lavar dinero del narcotráfico a través de la ganadería.