La doctora Carolina Llanes, fue categórica al concluir que una de las situaciones que hace saturar la etapa de juicios es que los jueces de garantías no cumplen con sus potestades en la etapa preparatoria y envían a juicio oral la mayoría de los procesos penales.

Dijo que, solo algunos casos deben ser debatidos en juicio oral, por su complejidad o por la trascendencia, por su fuerza probatoria o interés público en la persecución de un hecho punible, no todos los casos de hurto que pueden concluir con soluciones compositivas sin llegar a juicio oral.

Comentó que, los jueces están facultados a valorar los medios de prueba, si estas son o no conducentes al objeto del proceso. Mencionó que existen niveles de valoración que desde el momento de platearse la imputación el magistrado ya hace para saber si lo admite o no.

“En la etapa intermedia la tarea valorativa propiamente dicha es aquella que se dirige directamente valorar si los medios de prueba ofrecidos, no las pruebas propiamente, sino los medios de pruebas si son pertinentes al objeto de la prueba y eso yo no lo estoy inventando yo, eso está dentro de la teoría de la prueba y está dentro del régimen probatorio que está legislado dentro del Código Procesal Penal. Esa es la tarea que los jueces de garantías tienen que hacer en la audiencia preliminar y no se hace. No puedo entender que no lo hagan por desconocimiento porque los jueces todos, pasan exámenes, de distintos niveles para llegar a ser jueces, yo digo que es directamente el no hacer lo que dice la ley, es una especie de delegación de sus potestades”, afirmó la ministra Carolina Llanes integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Reiteró que los jueces de garantías no usan la ley y esto hace que exista la saturación en la siguiente etapa del proceso penal, reiteró que, que a juicio oral solo deberían ir los casos que han pasado todos los filtros anteriores.

La ministra propone nuevamente que se divida las competencias de los jueces de garantías. Que, el 50% quede para la etapa preparatoria y el otro 50% para la realización de audiencias preliminares.
Subrayó que esta salida podría ser efectiva para que se deje de hacer mal las cosas perjudicando gravemente el sistema penal al no aplicarse la ley correctamente.

El tribunal de apelación de Central integrado por los camaristas: María Lourdes Cardozo, María Teresa González de Daniel y Fabriciano Villalba, confirmó la condena de cuatro años de prisión para Edgar Andrés Insfrán Domínguez por estafa y apropiación.

Para el tribunal de alzada, el fallo apelado cumple con todos los requisitos legales y se encuentra fundado, por lo tanto, corresponde confirmar la condena aplicada por el tribunal inferior.

Insfrán Domínguez, era un vendedor externo de la firma Pix Productos Industriales S.A.C.I.S dedicado al rubro de resinas termoplásticas, el 24 de febrero del 2021 realizó una operación comercial con un cliente asiduo de la empresa, llamado Dionisio Ferreira ofertándole mercaderías por un valor distinto al establecido por la firma, el hoy condenado no solo vendió el producto por un monto indebido, sino que recibió dinero en efectivo, operación no permitida por la empresa.

Solo el dueño, el ciudadano, Mohamad Chamseddine Fakih era quien podía autorizar el cambio de los precios de las mercaderías, la operación que realizó Edgar Infrán, el 24 de febrero del 2021 ocasionó un perjuicio patrimonial a la firma, ya que recibió G 374.000.000. pero rindió a la firma solo G 100.000.000, ocasionando un perjuicio de G 274.000.000.

“De la lectura del acta de juicio que contiene la narración medular de lo acontecido, colegimos que todas las pruebas ofrecidas en este juicio fueron admitidas en legal y debida forma. La sentencia recurrida se halla correctamente fundada por lo que no se encontró vicio alguno como menciona la defensa técnica y que sanción impuesta por el tribunal es una condena justa”, señaló a preopinante la camarista María Lourdes Cardozo, por lo que corresponde confirmar le fallo apelado. Sus colegas de adhirieron a su voto.

El Ministerio Público estuvo representado en este caso por la agente fiscal Genovena Figueredo y la querella adhesiva por los abogados, Aldo Bacchetta Matteucci y Adriana Cabrera Velázquez.

La cámara de apelaciones volvió a confirmar al juez especializado Rodrigo Estigarribia para realizar la audiencia preliminar para el exgobernador de Central Hugo Javier González acusado por un perjuicio patrimonial millonario.

Fausto Portillo, abogado defensor del exgobernador de Central Hugo Javier González, recusó al juez Rodrigo Estigarribia, lo que resultó en la suspensión de la audiencia preliminar para el acusado conocido como el «Número 2». El extitular de la Gobernación enfrenta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

La acusación sostiene que, entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de diciembre de 2020, la Gobernación de Central realizó desembolsos indebidos por un total de G. 24.424.032.733 a favor de entidades privadas sin fines de lucro. Estos fondos se destinaron supuestamente a solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante el organismo.
Sin embargo, estos desembolsos generaron un perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005 carente de respaldo documental, y el destino exacto de los fondos sigue siendo desconocido.

El Ministerio Público busca llevar a juicio oral a Hugo Javier por su presunta participación en una asociación criminal con ONGs. Bajo la fachada de obras, estas Organizaciones No Gubernamentales recibieron fondos, a pesar de no estar relacionadas con el rubro de infraestructura.

Esta no es la primera causa abierta contra el exgobernador. Se le imputan hechos punibles como lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos en la Gobernación. Mientras que otras personas ya han enfrentado juicio oral por este caso, y algunas de ellas han optado por salidas alternativas.

La ministra Carolina Llanes, explica que si los bienes que posee un ciudadano tienen un origen ilícito el Estado está facultado a través de los organismos de justicia a incautar sus bienes. Solo debe demostrar el origen ilícito para incautar, aclaró.

Comentó que, el Estado a través de las distintas institucionales encargadas a enfrentar la criminalidad organizada tiene todo un mecanismo para no solo perseguir la punibilidad del ilícito sino la de despojar al esquema de su patrimonio para dejar de funcionar.

Señaló que, por un lado, está el proceso penal que busca castigar la conducta punible y por el otro está el proceso de comiso de bienes que tiene como finalidad cortar el financiamiento de la estructura criminal.

“Paraguay se ha sometido totalmente a toda la estandarización de todo el sistema preventivo contra el lavado de activos y también el sistema penal para combatirlo. El lavado de activos con todas las modalidades de hechos precedentes como el narcotráfico, trata, crimen organizado, corrupción pública, a raíz de esa decisión de política criminal internacional entonces se instala en el país el fuero especializado. En el juicio sobre la responsabilidad personal, el Estado debe demostrar la culpabilidad para sancionar a las personas físicas. Mientras que, en el juicio sobre la cosa, basta que no se pueda justificar su origen lícito, para que el Estado realice el comiso”, señaló la ministra Carolina Llanes integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Subrayó que, el Estado está habilitado como víctima a recuperar todos los bienes que fueron adquiridos de manera ilícita ya que es la víctima de este tipo de esquemas criminales que se dedican a lavar activos.

Que, todos los países integrantes del Gafilat, tienen un mecanismo de prevención del lavado de activos y de recuperación de bienes y que nuestro país también está cumpliendo con todas las exigencias internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.
Por último, dijo que el Estado busca con todos los mecanismos de prevención y persecución proteger su sistema financiero que se ve gravemente afectado por la operación de grupos criminales que inyectan dinero ilícito.

La exsenadora Kattya González acudió este jueves al tribunal para presentar una carta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que señala que existe una desidia de la justicia al no tratar su inconstitucionalidad.

Menciona que ya pasaron 200 días sin que a la fecha la máxima instancia haya resuelto la acción de inconstitucionalidad que promovió contra su destitución del senado. Agregó que sin justicia no hay democracia y que es el único camino para detener a los autoritarios que la destituyeron de su banca.

“Los ciudadanos ingresamos a este sepulcro blanqueado, esperando justicia y reparación de nuestros derechos fundamentales que tiene que ver con nuestra vida, nuestros bienes nuestra familia. Si los atropellos avanzan y los atropellos siguen las cosas irán mal en nuestro país. Hoy vengo a entregar una carta a los ministros de la Corte donde señaló las graves consecuencias de su desidia y falta de coraje, esto ya no es un llamado de alerta es claramente la confirmación de que en el Paraguay, como lo venimos denunciando durante toda nuestra lucha, la justicia, salvo honrosas excepciones es cómplice”, señaló Kattya González.

Agregó que esta situación hace que los ciudadanos vayan poco a poco perdiendo la confianza en la justicia, y señaló que seguirá manifestándose y pide que la ciudadanía la acompañe en la lucha por recuperar su banca que le fue arrebatada por senadores cartistas y sus aliados consumando un golpe a la voluntad cívica de las perdonas que la votaron.

El 14 de febrero pasado la senadora Kattya González fue arrebatada de su investidura de parlamentaria por supuestas irregularidades, hechos que fueron desestimados por el Ministerio Público que señala que no existió hecho punible alguno perpetrado por la entonces legisladora.

El Ministerio Público ya dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora ya que se violaron preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.
La fiscal adjunta Artemisa Marchuk, fue quien emitió el dictamen en representación de la fiscalía general del Estado en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la resolución 431 del 14 de febrero de este año por la cual se resolvió la pérdida de su investidura.

Para la fiscalía general queda claro que se han vulnerado preceptos constitucionales, al no respetar la cámara su propio reglamento que claramente establece los siete días hábiles que se le debe conceder a la persona afectada en este caso Kattya González para presentar su defensa por escrito y tampoco la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio oral y público el proceso penal respecto a los acusados de ser cómplices de usura de Ramón González Daher; se trata del expresidente del Club Resistencia Roberto Garcete Rodríguez y su hijo.

Tras la audiencia preliminar el magistrado ordenó la apertura a juicio oral y público para ambos acusados de haber despojado a una familia de su vivienda pese a haber pagado el doble del préstamo usurario que Garcete Rodríguez les había hecho.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para Roberto Alejandro Garcete Cano, expresidente del Club Resistencia, por los hechos punibles de usura y lavado de dinero como coautor. Mientras que a su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano, fue acusado por usura en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautor.

Según el relato del Ministerio Público los acusados entregaron un préstamo usurario de G 200 millones al señor Miguel Eladio Britos en junio del 2013, pero consignaron en la operación por escritura pública G 300 millones sin que se les haya entregado la copia de la operación simulada como venta de inmueble las víctimas se retiraron de la escribanía de María de Lourdes Duarte Franco, quien refrendó la fraudulenta operación.

La víctima dejó en garantía su casa cuyo valor supera los G 1.100 millones, y pese a haber devuelto no solo el préstamo de G 200 millones, más G 200 millones como “intereses”, fueron citados a la oficina de Ramón González Daher quien en presencia del señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda (refiriéndose al inmueble ubicado en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G 200.000.000.

“La familia Britos era consciente de con quién estaban tratando y sabía del poder económico y político que el señor Ramón González Daher tenía para conseguir lo que se propusiera. En ese momento, su hermano era senador nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y era bien conocida su influencia en el sistema de justicia de nuestro país. Esta exigencia realizada por el señor Ramón González Daher fue cuestionada por la María Laura de Britos quien le refirió a González Daher que esa casa tenía un valor de Gs. 1.100.000.000 aproximadamente; pero el mismo les exigió que entregaran las llaves, circunstancia que se dio en fecha 20 de diciembre de 2014 cuando la familia Britos Báez, ante el temor de lo que pudiera suceder si se enfrentaba a una de las familias más poderosas del país (los González Daher) decidió retirarse de la vivienda familiar y entregó las llaves de la misma al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, quedando en su poder desde ese momento hasta la fecha”, reza parte de la acusación de la agente fiscal Belinda Bobadilla.

Además, la fiscalía acusó, a la escribana María de Lourdes Duarte Franco, por los hechos punibles de producción inmediata, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autora y lavado de dinero en calidad de cómplice.

Por haber realizado un acto simulado de compraventa de inmueble cuando en realidad era un préstamo que dejaba como garantía un inmueble y todo este acto fue a instancia del acusado, Roberto Alejandro Garcete Cano. Que incluso consignó un monto superior de la operación de G 300 millones cuando en realidad la familia Britos solo recibió G 200 millones. Conducta por demás grave al consignar no solo un acto irregular sino por falsear su contenido afectando, dice la acusación.

El magistrado admitió todos los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público como: documentales y testificales, así como otros medios de prueba que serán valoradas ya en la siguiente etapa.

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El juez de sentencia de Filadelfia fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero la suspensión fue aplicada sin goce de sueldo por la Corte.

El magistrado fue recientemente acusado por acoso sexual por el Ministerio Público y con requerimiento de juicio oral y público. El Jurado pidió la suspensión en el cargo de Yuruhan y la Corte hizo efectiva la suspensión sin goce de salario.

Cinco ministros votaron por la suspensión sin goce de salario del citado magistrado, quien alega que la causa que fue abierta en su contra es por que no ha sometido a las indicaciones del superintendente de la zona de Boquerón César Garay.

El magistrado Amado Yuruhan quien ejerce su propia defensa en el marco del proceso por acoso sexual, presentó un incidente de excepción de falta de acción, alega que su caso se inició por la denuncia del ministro Garay y no de la víctima por ende es nula.

Menciona, que el Ministerio Público actuó no a instancia de parte como le obliga la ley, es decir no a pedido de la víctima quien debió ser quien denuncia el hecho a la fiscalía para iniciar la investigación penal, situación que según el recurrente nunca ocurrió.

Alega que todo el proceso penal, el sumario administrativo y el enjuiciamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició por instigación del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Boquerón César Garay.

“La fiscalía debe iniciar la investigación a instancia de parte, este extremo nunca ocurrió, pues el que instigó el inició de la investigación fue el señor superintendente de César Garay Zuccolillo, quien ya fue denunciado ante el Congreso por persecución en mi contra”, menciona el escrito del juez.
Agrega que al ser el ministro César Garay quien denunció el caso ante el Ministerio Público y no la víctima, la causa, fue mal engendrada y debe ser anulada todas las actuaciones y decretado su sobreseimiento definitivo.