El doctor Guillermo Duarte representante legal de la empresaria María Eugenia Acosta propietaria de Biotécnica S.R.L, denunció que el fiscal Aldo Cantero estando recusado desestimó una grave denuncia de falsificación de firma.

Comentó que, por la serie de recusaciones la causa fue a parar con el fiscal Aldo Cantero, a quien ellos recusaron y estando notificado de la recusación en su contra de igual forma procedió a desestimar la denuncia formulada por su cliente.

La señora María Eugenia Acosta, presentó la recusación contra el fiscal Aldo Cantero el 29 de julio pasado a las 9:03 minutos según el cargo y ese mismo día a las 9:15, Cantero fue informado que fue recusado y a las 9:19, 4 minutos después el agente fiscal Aldo Cantero presentó el requerimiento de desestimación de la denuncia.

El abogado Guillermo Duarte, sostiene que Aldo Cantero debió apartarse de entender en el caso, ya que tiene causales de enemistad con él, sin embargo, continuó con el caso y en tiempo récord desestima una denuncia que contiene pericias caligráficas que conforman la sospecha suficiente que la firma de su cliente fue falsificada con la finalidad de que la empresa de la que es propietaria explote marihuana medicinal, situación que nunca fue autorizada por la denunciante.

En base a todos estos argumentos el abogado Guillermo Duarte, presentó un recurso ante la jueza Clara Ruiz Díaz para que resuelva dar trámite de oposición a la pretensión fiscal para evitar que este caso de falsificación de firma quede impune y abra la puerta a que personas sin escrúpulos se adueñen de la potestad que posee como dueña de esta empresa.

El conflicto de falsificación de firma se inició cuando la señora María Eugenia denunció que fue víctima de la falsificación de su firma que permitió la producción de documentos y señaló como supuestos autores a su hija María Antonella Galli y a su yerno Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Aquí la secuencia de cargos:

El juez Rodrigo Estigarribia proceso al intendente de Asunción Óscar «Nenecho» Rodríguez por asociación criminal y lesión de confianza y lo convoca para el próximo 3 de octubre ante su juzgado para la audiencia de imposición de medidas.

El edil está imputado como líder de un esquema montado para defraudar al Estado con compras sobrefacturas para la Municipalidad de Asunción, según la imputación fiscal. Las compras fueron hechas durante la pandemia del Covid-19.
Rodríguez fue imputado junto con otros funcionarios y proveedores de la comuna capitalina como autores de un millonario fraude a las arcas del Municipio de G 1.830 millones.

Luego de tres años de haberse iniciado la investigación el Ministerio Público imputó al intendente por ocasionar un presunto perjuicio patrimonial al Municipio de Asunción a través de una de las firmas afectadas como; Bastian Comercial, representada por María Cano, se adjudicó de G. 339.943.950 en contratos para provisión de detergentes con un costo unitario de G. 393.800 en adjudicaciones de marzo a diciembre de 2020 con fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19 de la Comuna capitalina. Esta es una de las firmas que ganó la licitación para proveer a la Municipalidad.

Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostienen en su imputación que, “Nenecho Rodríguez y otras 21 personas ocasionaron un perjuicio patrimonial millonario a la comuna capitalina con la compra de insumos que fueron adquiridos por un precio muy superior al mercado.

La Municipalidad en pandemia adquirió además de detergente, saturómetros y toallitas desinfectantes por un valor superior al costo de mercado y se habla incluso de una simulación de compra en algunos casos.
Para la defensa a cargo del abogado Claudio Lovera, la imputación es muy superficial y carece de respaldo documental. Que, responderán por cada compra y su cliente no es un ordenador de gastos.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente de Cañas Paraguayas S.A José Ocampos, presentaron este martes una demanda civil por indemnización de daños y perjuicioso en detrimento del Estado.

La demanda va dirigida en contra el abogado Miguel Ángel Peña Torres de CAPASA, quien a aparentemente en connivencia contra contraparte hizo que el Estado sea perjudicado.

Ambas autoridades presentaron una demanda por indemnización de daños y perjuicios contra el abogado Miguel Ángel Peña Torres que dejó caducar una causa civil en perjuicio del Estado. La demanda es por G 5.000 millones más intereses.

Los recurrentes mencionaron que la demanda presentada es un mensaje para los abogados del Estado que dejan caducar un expediente o realizan algún tipo de impericia en el marco de su gestión, ya que, si lo hacen, esto tendrá sus consecuencias jurídicas.

Agregaron que la primera acción de la Procuraduría es la demanda en lo civil y comercial, pero, no se descarta tomar otras acciones en el ámbito penal contra las personas que actúan de mala fe para perjudicar al Estado.

La abogada Noelia Núñez denunció que su cliente, Jairo Antonio Webber, está siendo víctima de un intento de despojo de su propiedad en Minga Guazú. Según Núñez, el empresario incluso fue imputado por el Ministerio Público, a instancias de la persona que busca apropiarse de sus tierras.

Núñez señaló que la situación es grave, ya que su representado está siendo perjudicado por un individuo con antecedentes penales, y a pesar de los documentos presentados por la defensa del empresario, la fiscalía decidió imputarlo por presunta estafa. «Él es la verdadera víctima de una mafia que busca arrebatarle sus tierras», afirmó.

La abogada denunció que este hombre usa el sistema de justicia para perjudicar a personas honestas como su cliente, quien vino al país a invertir y no merece pasar por esta situación. Recalcó la necesidad de una justicia honesta e independiente que no se preste a esquemas delictivos.

Según Núñez, hace años denunciaron a Jorge Ricardo Arriola Asimo por estafa, sin embargo, el caso no ha avanzado. Por el contrario, la denuncia presentada por Arriola Asimo fue utilizada como base para imputar al empresario Webber. “Este megaestafador emplea diversos métodos de fraude y, sorprendentemente, siempre obtiene medidas alternativas a la prisión. Arriola Asimo se jacta de tener contactos en la justicia, incluso mencionando a un ministro de la Corte, a quien ya le he informado que usan su nombre”, denunció.

Núñez describió a su cliente como un empresario honesto y trabajador, impulsor de una fábrica ecológica de combustible, y no comprende cómo una persona con múltiples antecedentes puede influir en la justicia al punto de que su cliente esté imputado. Según la abogada, Arriola Asimo busca despojar a Webber de 20 hectáreas de tierra y tiene un historial de denuncias por estafa, lesión de confianza y apropiación indebida, además de haber sido varias veces encarcelado en Tacumbú.

“Este señor fabrica documentos falsos sin control y tiene vínculos con el clan González Daher. Su protección debe terminar, no actúa solo y tiene padrinos que lo respaldan”, afirmó Núñez.

La abogada detalló que, en junio de 2021, presentaron una denuncia contra Arriola Asimo, respaldada con pruebas de que es un estafador y ha negociado la compraventa de la propiedad de su cliente mediante documentos entregados a la fiscalía. Sin embargo, la investigación no ha avanzado.

Finalmente, Núñez subrayó que la denuncia formulada por el empresario contra Arriola Asimo incluso fue eliminada del expediente y solicitó al fiscal Óscar Delfino hacer justicia y revisar los antecedentes del acusado. “Es lamentable que la justicia permita a esta persona seguir estafando a ciudadanos trabajadores como mi cliente, quien ha sido perjudicado tanto en su patrimonio como en su imagen, siendo un hombre dedicado al agro”, concluyó la abogada.

El intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez fue imputado por lesión de confianza y asociación criminal por la compra irregular de insumos durante la pandemia Covid-19 que ocasionó un perjuicio patrimonial según la fiscalía a la Municipalidad.

Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, formularon imputación contra “Nenecho Rodríguez y otras 21 personas que según el Ministerio Público ocasionaron un perjuicio patrimonial a la comuna capitalina con la compra de insumos que fueron adquiridos por un precio muy superior al mercado.

Entre los imputados se encuentra: Ernesto Armoa, Víctor Frágueda, Jorge Ruiz, Elisa Brítez Carrera, David Fernández Estigarribia, Miguel Ángel Lisboa Pereira, Juan Rodríguez, Jorge Arguello, María Victoria Cano, Antonio Cano, Sebastián Cano, Darío Aquino y María Digna Méndez, César Daniel Ojeda Figueredo, Nidia Rosa López de González, Edgar Estigarribia Gavilán, Wilfrido Cáceres, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez.

Ya en el 2021, los fiscales asignados, en el marco de la causa y con posterioridad a la recepción del legajo documental correspondiente al proceso de contratación y de pago remitido por parte del municipio, se había solicitado informes a diferentes entidades públicas y privadas a fin de recabar información con relación a los hechos denunciados.

De igual modo, luego de realizar constituciones en los establecimientos de las firmas contratantes, se intimó a los mismos a remitir las documentaciones respaldatorias referentes a la adquisición de los productos que habrían sido proveídos.

Luego de tres años de haberse iniciado la investigación el Ministerio Público imputó al intendente por ocasionar un presunto perjuicio patrimonial al Municipio de Asunción a través de una de las firmas afectadas como; Bastian Comercial, representada por María Cano, se adjudicó de G. 339.943.950 en contratos para provisión de detergentes con un costo unitario de G. 393.800 en adjudicaciones de marzo a diciembre de 2020 con fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19 de la Comuna capitalina. Esta es una de las firmas que ganó la licitación para proveer a la Municipalidad.

Se estima un perjuicio patrimonial de G 1.830 millones en la compra de insumos como: detergente, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros.

Este es uno de los tantos procesos de investigación abiertos contra autoridades que presumiblemente desviaron los fondos de emergencia durante la pandemia.

La causa se encuentra con el juez Rodrigo Estigarribia.

El abogado defensor Raul Caballero señaló que, los incidentes planteados por la defensa en la causa Óscar Venancio Núñez, no fueron estudiados por el juez de garantías en su momento y las que estudió fueron resueltas fuera de la ley, por lo que corresponde retrotraer la causa a la etapa de audiencia preliminar.

Comentó que, las acciones plateadas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia buscan la nulidad de las resoluciones en las que no fueron estudiadas las incidencias de la defensa y que esperan que la Sala Constitucional analice y resuelva haciendo o no lugar a lo planteado por de la defensa del condenado exgobernador de Presidente Hayes.

Comentó que la defensa presentó dos acciones de inconstitucionalidad una de ellas contra la decisión del tribunal de Villa Hayes que declaró inadmisible el estudio de la apelación de la defensa que se agravia contra lo resuelto por el juez de garantías de no estudiar o hacerlo de manera deficiente.

La defensa presentó varios incidentes durante la audiencia que no fueron estudiadas, señaló Raul Caballero tales como; incidentes y excepciones, inclusiones y exclusiones probatorias.

Caballero señala que ambas resoluciones tanto la del juez de garantías como de la cámara de apelaciones son violatorias de la Constitución Nacional.

“Nosotros pretendemos la nulidad de las decisiones recurridas. Entendemos que la falta de respuesta por parte de la justicia es una resolución arbitraria, queremos una respuesta, que nos digan ustedes tienen razón y ésta es la consecuencia jurídica o, que nos digan ustedes no tienen razón. Lo que plateamos no es una cuestión nueva, se tiene jurisprudencias de la Corte, que, en caso de que un tribunal resuelve en la manera que resolvió este tribunal de no estudiar el fondo de la cuestión y declarar inadmisible el recurso viola principios constitucionales y el pacto de San José de Costa Rica. Lo que nosotros queremos que haga la Corte por una cuestión de coherencia es anular la resolución del tribunal de apelaciones y del juzgado de garantías y retrotraer el procedimiento hasta una nueva audiencia preliminar, lógicamente todos los actos posteriores quedan anulados”, acotó Raul Caballero uno de los defensores de Óscar Venancio Ñoño Núñez.

Este lunes la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró competente al tribunal de apelación de Villa Hayes para estudiar la apelación presentada contra la condena de 11 años de cárcel para Óscar Venancio Núñez, condenado por lesión de confianza.

Para el tribunal de sentencia quedó probado un perjuicio patrimonial perpetrado por G 42.000 millones a la Gobernación durante la gestión de Óscar Venancio Núñez, el desvío de fondos se realizó a través de cheques girados al portador. Parte de este dinero público, se usó para pagar carrera de caballo por G 100.000.000, deudas privadas y deudas de campaña, explicó el tribunal sentencia y que el exgobernador Núñez, seguía recibiendo sumas de dinero incluso cuando ya dejó el cargo, subrayó la presidenta del tribunal en su momento.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Adriana Planas, concedió un permiso de tres días para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio acusado de presunto cohecho pasivo agravado.

El permiso es otorgado desde mañana 3 al 6 de septiembre y el destino es Miami. Una vez que retorne el acusado deberá informar al tribunal de su retorno al primer día hábil del permiso otorgado.

Según la fiscalía Giuzzio, tiene vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país, quien pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional por ello le prestó a Giuzzio una camioneta para vacacionar.

La fiscalía asegura tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior. Señala que el acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022.

“Teniendo en cuenta todo el material probatorio recopilado, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

Sin embargo, la defensa viene sosteniendo desde el inicio del proceso que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, ya que el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

El agente fiscal José Silguero imputó a Antonio Fabián Sanabria Caballero y Fredy Orlando Ocampos González, por el presunto hurto de dos perros de alto valor económico, los cuales fueron sustraídos de la carrocería de una camioneta estacionada en el centro de Santa Rita.

El Ministerio Público señala que tras pesquisa ambos fueron identificados gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a los intervinientes llegar a la zona donde estaban los imputados y aún tenían en su poder los animales.

El fiscal pidió la prisión preventiva de ambos imputados pese a que el hecho punible imputado es un delito. Basa su pedido de prisión en la falta de arraigo lo que puede posibilitar la fuga de los imputados.
El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2024, alrededor de las 12:30 horas, frente a un restaurante ubicado en el Barrio Centro del referido municipio, ubicado al sur de Alto Paraná.

Según la investigación, los imputados habrían aprovechado la oportunidad para apoderarse de los canes, consistentes en una perra de la raza Lulú de Pomerania», de nombre Maia, color blanco, de aproximadamente 2 años de edad, y un perro de la raza «Shih Tzu», de color blanco y negro, de aproximadamente 12 años. Ambos animales, estaban en la carrocería de una camioneta estacionada al costado del camino.

Tras cometer el delito, los jóvenes huyeron a bordo de un vehículo. Las cámaras de circuito cerrado instaladas en los alrededores registraron la secuencia del hecho, lo que permitió a las autoridades identificar a los responsables.

Luego, el 29 de agosto de 2024, tras las diligencias realizadas por el Departamento de Investigación de Delitos, la Unidad Fiscal ordenó la búsqueda y localización del vehículo en cuestión y la detención de sus ocupantes.
Finalmente, este 30 de agosto de 2024, a las 10:00 horas, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, frente a la Universidad UNINTER, los miembros de la fuerza pública localizaron el automóvil y procedieron a la detención Sanabria Caballero y Ocampos González, quienes, en el momento de su captura, entregaron a las autoridades los dos perros hurtados.