La jueza Cynthia Lovera decretó la prisión preventiva de Aldo Styven Pereira Saucedo, imputado por coacción sexual y violación por presuntamente abusar de una mujer cuando esta fue a caminar.

El hecho se registró en el Parque Guasu Metropolitano el 18 de agosto. La mujer relató los peores 30 minutos de su vida cuando fue abordada por el imputado y conducida hacia el yuyal donde fue obligada a denudarse y ser víctima de actos sexuales por parte del hoy procesado.

El Ministerio Público requirió la aplicación de la prisión preventiva de Pereira Saucedo por tratarse de un hecho grave y por existir otros dos casos similares donde se lo sindica como autor.

El hombre fue identificado por los investigadores gracias a las cámaras de circuito cerrado de la zona del Parque Guasu donde ocurrió el hecho a partir de allí comenzó la búsqueda del procesado quien este viernes se presentó ante la justicia.

El imputado cumplirá su prisión preventiva en el penal de Tacumbú por orden de la magistrada que entiende en su caso. El hombre habría abusado también de otra joven en mayo pasado y tercer caso que habría ocurrido hace siete años atrás. Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta para la aplicación de la prisión preventiva del imputado.

El tribunal de sentencia pospuso para el 25 de septiembre el inicio del juicio oral y público para la exagente fiscal Ana Girala acusada por montar un esquema de coima en su propia unidad fiscal.

Según el Ministerio Público la acusada supuestamente lideraba un esquema para pedir dinero a cambio de salidas alternativas al juicio oral o bien formular imputaciones.

Su defensor el abogado Álvaro Arias solicitó que la diligencia sea pospuesta y el tribunal hizo lugar, quedando para el 25 de septiembre el inicio del juicio oral y público en esta causa.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según la fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp y, no se limitaron a un solo caso en la que negociaron salidas procesales. Señala la acusación.

El juez Miguel Palacios hizo lugar al requerimiento del Ministerio y concedió el sobreseimiento provisional al senador Hernán Rivas sospechado de poseer un título falso de abogado.

El Ministerio Público, solicitó la desvinculación provisoria de la causa para el legislador ya que no pudo colectar los elementos de prueba necesarios para formular una acusación.

Con esta decisión la agente fiscal Patricia Sánchez tiene un año para realizar las diligencias atinentes a confirmar la hipótesis de que Rivas cuenta con un título falso de abogado.

El 18 de enero de este año, la agente fiscal Patricia Sánchez había formulado imputación contra Hernán Rivas por haber usado su matrícula para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de la Magistrados en dos oportunidades, matrícula que obtuvo de manera irregular según sospecha el Ministerio Público.

A partir de la imputación la causa tuvo numerosos contratiempos desde la devolución al Ministerio Público por errores en la imputación en dos oportunidades según los camaritas que intervinieron en la causa.

El juez Osmar Legal rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva de Alexandre Rodrigues, presentada por la defensa del imputado. El magistrado decidió ratificar la medida dispuesta inicialmente por su juzgado.

Rodrigues, soporta cargos por lavado de dinero y asociación criminal por supuestamente lavar dinero del narcotráfico ligado a Jarvis Chimenes Pavão.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, Oscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero procedente del tráfico internacional de droga y asociación criminal.

Tanto el diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre, estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil a Paraguay, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real, existe una secuencia de correos entre amos y los hijos de Javis donde se plasma transacciones de compa venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por el finado diputado y su hijo.

Ambos, según la fiscalía utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Según el relato del Ministerio Público los imputados actuaban como testaferros de Jarvis Chimenes Pavão. Luego de colectar varios elementos investigativos la fiscalía pudo cerrar el caso respecto a los citados y formuló imputación.

La fiscalía menciona que recibió colaboración de sus pares de Brasil ya que el esquema fue montado en ambos países lo que sirvió para que las autoridades colaboren entre sí y hayan podido cerrar el círculo.

“Se identifico un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico internacional de droga”, señala parte del acta de imputación.

La causa nace luego de la ostentosa vida que llevaban los familiares del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão sin que estos tengan un trabajo o ingreso justificado, con lo que se abrió una investigación y se confirmó que seguían recibiendo fondos del esquema montado en nuestro país para lavar dinero. Luego, se allanó la celda de Jarvis donde se pudo encontrar numerosos documentos que daban cuenta de inmuebles en Paraguay y Brasil que tenían a encargados cuyos datos estaban en código y nombres en clave.

Los familiares del asesinado agente fiscal Marcelo Pecci, lamentaron que el Ministerio Público a la fecha no les haya permitido participar de las diligencias o a tener acceso a la carpeta investigativa, sin embargo, la familia del diputado Eulalio Gómez si tiene intervención en la causa donde se indaga la muerte del legislador.

Cuestionan que el Ministerio Público tenga apertura con la familia de Lalo Gómez y no así con la familia del agente fiscal quien murió en un atentado. Se preguntan cuáles son los parámetros que utiliza la fiscalía para conceder o no una intervención a familiares de víctimas.

“Observamos con profundo asombro y desazón, como el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci, nos fue inexplicablemente negado, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso, fue otorgado de manera expedita y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gómez”. Por qué a la familia del diputado Eulalio Gómez si y a la familia de Marcelo Pecci no, ¿cuál es la fundamentación del rechazo a nuestro pedido, por qué a ellos sí y a nosotros?”, se pregunta la familia del agente fiscal Marcelo Pecci que una vez más se pronuncia indignada en un comunicado.

Agregan que la inexplicable actuación del Ministerio Público les genera además de indignación aumenta la sospecha sobre la fiscalía. Que, aparentemente se muestra indolente al asesinato de uno de sus integrantes.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado durante su luna de miel en Barú Colombia el 10 de mayo del 2022 en presencia de su esposa Claudia Aguilera.

La familia sigue buscando respuesta de la justicia sobre los autores intelectuales del crimen, o, los que dieron la orden de matar a Pecci ya que los autores materiales están casi en su totalidad condenados y en prisión en Colombia. Sin embargo, en nuestro país no se conoce de avance respecto a los mandantes del atentado contra Pecci.

Una mesa interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia, la Defensa Pública y el Ministerio Público, elaboró una estadística de 358 causas de personas privadas de su libertad que están en condiciones de abandonar la cárcel y siguen presas pendientes del llamado del juez de su caso para una revisión.

La lista de personas aptas para abandonar las distintas penitenciarías del país fue entregada por el defensor general a la Corte Suprema de Justicia para que ésta en su carácter de superintendente inste a los jueces a convocar a una audiencia de revisión de la prisión preventiva.

La ministra Carolina Llanes explicó que la lista de personas que están en condiciones de abandonar la cárcel, es el resultado de los tantos trabajos que viene desarrollando la Oficina Técnica Penal para descongestionar los establecimientos penitenciarios.

Comentó, que una de las principales preocupaciones del Ministerio de Justicia es el nivel de hacinamiento que existe en los distintos penales del país y que este tipo de iniciativas busca colaborar con que esta congestión disminuya.

Lo preocupante de esta situación es que una vez más desnuda la falta de iniciativa y de cumplimiento de sus atribuciones de los distintos juzgados que entienden en estos casos. De hecho, el juez, está facultado sin necesidad que la defensa solicite las revisiones convocar al procesado y observar si las condiciones iniciales para decretar la prisión preventiva siguen vigentes.

Desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encara varias acciones mitigar el abuso de la prisión preventiva en nuestro país que es utilizada como regla y no como una medida excepcional como dicta la ley y la Constitución Nacional.

El hacinamiento en las cárceles permite la creación y hasta la masificación de núcleos delictivos que captan a personas que terminan presas por un hecho bagatelario y terminan integrando esquemas criminales de gran impacto intramuros.

La deuda principal de la justicia es la mora judicial que permite a su vez que por años una persona quede privada de su libertad a la espera de su juicio oral en la a veces termina absuelta o sobreseída por errores formales en la investigación. Pero, ya estuvo por años purgando una pena que no se dio o soportando una prisión por hecho que no cometió.

Urge que los jueces de garantía como lo afirmó la ministra Carolina Llanes, utilicen todas sus facultades legales para de por sí ayudar a agilizar los procesos penales.

La justicia, el Ministerio de la Niñez y el Centro de Adopciones hacen un llamado a la ciudadanía con la finalidad de encontrar una familia que ame como suyos a tres hermanitos de nueve, ocho y seis años que están en un hogar hace años.

Se requiere de una familia que se encargue de los hermanitos que están institucionalizados hace mucho tiempo y necesitan crecer en un ambiente familiar y no en una institución en la que se encuentran desde que el más pequeño tenía meses.

La jueza Pili Rodríguez tiene a su cargo la causa de estos tres niños y se encuentra en plena búsqueda para lograr encontrar una familia que los adopte y les brinde amor y todas las necesidades que requieren los pequeños.

Rodríguez, explicó que, están buscando familia para estos niños a través de todos los medios disponibles, incluyendo las redes sociales en base a la nueva ley de adopción que estable que el Centro de Adopciones al recibir una sentencia de declaración de estado de adopción tiene hasta 30 días para seleccionar a una familia postulante a adoptar con el mejor perfil para ellos, si en ese lapso no se encuentra, se iniciará un plan de acción individual de captación de personas aptas para esa adopción que durará de 60 a 70 días.

Agregó que, si tampoco se encuentra una familia después de ese plazo el Juzgado de la niñez y adolescencia a su cargo deberá iniciar como último recurso la adopción internacional de los niños.

El Centro de Adopciones debe rendir cuentas del progreso del plan de acción individual de búsqueda al juzgado y al Consejo Directivo del Centro de Adopciones cada 30 (treinta) días.

Transcurridos los plazos mencionados, sin que el Centro de Adopciones hubiere encontrado y remitido un postulante para la adopción del niño, niña o adolescente, el Juzgado, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes ordenará el inicio del procedimiento previsto en la presente Ley para la adopción internacional de los tres hermanitos.

La búsqueda masiva se inicia con la intención de evitar que los niños cumplan la mayoría de edad es una institución y que lo hagan dentro de una familia que les brinde el soporte adecuado para crecer en un ambiente sano que les permita en el futuro ser adultos útiles y felices en la sociedad.

Este caso tiene atención prioritaria para la adopción por lo que los trámites también serán simplificados.

Las familias interesadas pueden acudir directamente al Centro de Adopciones Ayolas 489 e/ Oliva o pueden llamar a la línea baja 021 228-777 interno 1055.

Se está llevando adelante el proceso de acción de reparación de daños, promovida por la CAJUBI, cuya representación la ejerce el doctor Juan Carlos Mendonca. El presente caso es derivado de la sentencia que hubiera recaído en la causa penal, en relación los condenados por el caso de la CAJUBIi. La causa se tramita ante la jueza Celia Salinas.

Las defensas al momento de contestar el reclamo de CAJUBI, han reclamado que la entidad jubilatoria ya agotó los valores que pretende les sea reparado.

El abogado Milner Nuñez defensor del extitular de la Cajubi Víctor Daniel Bogado Núñez ha objetado el monto reclamado por CAJUBI, haciendo notar, que de los propios balances y memorias de la accionante dan cuenta, que han recuperado, sumas de dinero muchas veces mayores a lo reclamado, por tanto el reclamo ya resulta inviable.

De una manera precisa, y detallada, se han ofrecido las pruebas, que únicamente en caso de ser desarrolladas, la magistrada podrá tomar conocimiento y resolver conforme a justicia, si los daños ya han sido reparados o no.
La representación de CAJUBI, ha solicitado el rechazo de la pretensión de las defensas, señalando, que no es viable, que se realicen pruebas, para demostrar la percepción o no de sumas de dinero, y que simplemente se debe llevar adelante la ejecución.

Resulta llamativa, la actuación de la CAJUBI, que incluso ante medios de prensa, han informado la recuperación de sumas de dinero, y ahora se opongan a que la información llegue a la Justicia.

La magistrada Celia Salinas, deberá rechazar la pretensión de la Cajubi debido a que no se ajusta a derecho.