La ministra Carolina Llanes, explica que si los bienes que posee un ciudadano tienen un origen ilícito el Estado está facultado a través de los organismos de justicia a incautar sus bienes. Solo debe demostrar el origen ilícito para incautar, aclaró.
Comentó que, el Estado a través de las distintas institucionales encargadas a enfrentar la criminalidad organizada tiene todo un mecanismo para no solo perseguir la punibilidad del ilícito sino la de despojar al esquema de su patrimonio para dejar de funcionar.
Señaló que, por un lado, está el proceso penal que busca castigar la conducta punible y por el otro está el proceso de comiso de bienes que tiene como finalidad cortar el financiamiento de la estructura criminal.
“Paraguay se ha sometido totalmente a toda la estandarización de todo el sistema preventivo contra el lavado de activos y también el sistema penal para combatirlo. El lavado de activos con todas las modalidades de hechos precedentes como el narcotráfico, trata, crimen organizado, corrupción pública, a raíz de esa decisión de política criminal internacional entonces se instala en el país el fuero especializado. En el juicio sobre la responsabilidad personal, el Estado debe demostrar la culpabilidad para sancionar a las personas físicas. Mientras que, en el juicio sobre la cosa, basta que no se pueda justificar su origen lícito, para que el Estado realice el comiso”, señaló la ministra Carolina Llanes integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Subrayó que, el Estado está habilitado como víctima a recuperar todos los bienes que fueron adquiridos de manera ilícita ya que es la víctima de este tipo de esquemas criminales que se dedican a lavar activos.
Que, todos los países integrantes del Gafilat, tienen un mecanismo de prevención del lavado de activos y de recuperación de bienes y que nuestro país también está cumpliendo con todas las exigencias internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.
Por último, dijo que el Estado busca con todos los mecanismos de prevención y persecución proteger su sistema financiero que se ve gravemente afectado por la operación de grupos criminales que inyectan dinero ilícito.
