La catedrática y jueza de sentencia especializada de delitos económicos y anticorrupción Elsa María García, fue tajante al señalar que ser un juez en este fuero implica una actualización permanente por el tipo de juicios que deben analizar.

Agregó que, los casos de delitos económicos son procesos sumamente complejos, técnicos, con un volumen documental importante que requiere de jueces en permanente formación.

Comentó que, los integrantes de los dos tribunales especializados se encuentran en constante actualización a nivel local e internacional, para estar a la altura de las exigencias de estos procesos y así impartir justicia con solvencia en los distintos casos que llegan a sus tribunales.

Agregó que, si bien particularmente el tribunal de sentencia que integra no se encuentra saturada de expedientes, si son casos de suma complejidad que requieren de conocimientos técnicos y de la debida atención para analizar dichos procesos por parte de los magistrados.

“Estos casos requieren un estudio profundo del juez, una atención personalizada al momento de la producción de medios de prueba para obtener la información que va a ser relevante a los efectos y de la resolución del caso y a los efectos de la subsunción penal. Es un trabajo arduo, es un trabajo técnico, trabajo que requiere un estudio permanente de parte de los tribunales. Nosotros en esencia tenemos causas complejas, la labor de un juez de delitos económicos es bastante complicada y difícil, somos eternos aprendices de lo que nos viene a estudio, analizamos teorías del caso muy complicadas”, acotó la jueza Elsa García quien lleva 20 años como jueza de sentencia.

Agregó que, las cuestiones incidentales al inicio del juicio oral ya tienen sus complejidades ya que de las resultas de estos incidentes depende la continuidad de la diligencia.

Dijo que, un solo caso puede llegar a tener 115 tomos, con pericias informáticas y pericias contables que necesita de toda la atención del magistrado que lleva adelante el juicio.

Remarcó que, es muy importante que el magistrado dedique tiempo de calidad para robustecer su formación intelectual porque debe a su vez estudiar y analizar causas de alta complejidad que también requieren de un estudio profundo.

La jueza Alicia Pedrozo ordenó la libertad ambulatoria del empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, procesado por supuestamente haber compartido en plataformas imágenes íntimas sin el consentimiento de los afectados.

Montanaro, se encontraba cumpliendo arresto domiciliario y este viernes fue levantada la medida que pesaba en su contra. La fiscalía sostiene que el imputado.

Según la investigación, Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

El Ministerio Público encabezó un operativo conjunto con la policía en la que allanó un edificio en Asunción y detuvo a Montanaro Bedoya, en su momento y permaneció varios días privado de su libertad en el marco de esta investigación por acceso indebido a sistemas informáticos.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso que ya fueron sometidos a pericia, entre ellos el teléfono celular del imputado que ofreció para la búsqueda de elementos que corroboren la sospecha que pesa sobre el empresario que sostiene su inocencia.

Un hombre fue sentenciado a cumplir 19 años de encierro por el abuso sexual de hija, cuando la niña tenía solo ocho años cuando empezaron los abusos que duraron cuatro largos años.

Los antecedentes del caso señalan que, desde el 2018 la víctima fue vulnerada por su padre biológico. Estos episodios ocurrieron por un lapso de cuatro años, en horas de la noche. El hombre creía que la víctima dormía al igual que su hermanita, ocasión en que cometía los abusos.

Para el tribunal de sentencia fueron determinantes las pruebas colectadas por el Ministerio Público a lo largo del periodo investigativo por lo que aplicaron la condena de 19 años por abuso sexual en niños. El presentante del Ministerio Público pudo demostrar la responsabilidad del sentenciado, a través de los elementos probatorios expuestos ante el órgano juzgador.

El agente fiscal Diego Raúl Duarte Vázquez, representó al Ministerio Público en este juicio que derivó en la condena de un hombre a 19 años de pena privativa de libertad.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la jueza Cynthia Vega e integrado por sus pares Cynthia Mareco y Patricia Maidana.

Tribunal especializado en delitos económicos presidido por la magistrada Elsa García, aplicó la primera condena por estafa a través de sistemas informáticos conocido como, “fraude bypass”. Fue condenado por este hecho, Carlos Antonio López Portillo a cuatro años de cárcel por estafa.

La agente fiscal Ruth Benítez representó al Ministerio Público en este caso y acercó al tribunal todos los elementos probatorios que incriminan al condenado.

Según datos del caso, el hoy condenado operó desde su vivienda y desde su local comercial denominado «Box Pluss S.A», ubicado dentro del Shopping La Rural. El condenado, instaló numerosos dispositivos conocidos como SIMBOX, cuyos aparatos en forma individual contenían innumerables tarjetas de sim cards de diferentes compañías telefónicas (Telecel S.A., Núcleo S.A, Claro) conectados a routers con varias antenas, ayudaban a transmitir más datos y a mayor velocidad. Esto facilitaba el enrutamiento de llamadas internacionales a través de la modalidad técnica de desvíos de protocolo VoIP, que utiliza red de protocolos de internet para transmitir y recibir comunicaciones de voz.

Estas llamadas internacionales eran transmitidas por la red de internet a las tarjetas sim cards locales, logrando mediante este procedimiento que López Portillo, omitiendo el circuito legal establecido por ley, abarate los costos de las llamadas internaciones al costo de llamadas nacionales para ser utilizadas desde su local comercial. Con ello, logró la disminución del 70% de tráfico en detrimento para la empresa COPACO S.A., mediante el puenteo a la infraestructura de esta, y con ello beneficiándose a través de las ganancias ilícitas, conocida como FRAUDE BYPASS. Además, ocasionó un perjuicio patrimonial para dicha compañía.

Las tarjetas sim cards de varias telefonías, instaladas en las cajas SIMBOX, eran cambiadas de forma periódica y constante, tratando de evitar con ello el rastreo de los números telefónicos.

Tras el cúmulo probatorio desarrollado en el juicio oral, el Ministerio Público demostró la autoría del acusado, quedando probado que el condenado no solo logró obtener la conversión de las llamadas internacionales como tráfico local (llamadas nacionales), sino también abaratar el costo de las entrantes. El valor de una llamada internacional en promedio es de 6.047 guaraníes, mientras que el valor de una llamada local en promedio es de 470 guaraníes. De esa manera, obtuvo para sí todo el beneficio patrimonial, producto del fraude bypass.

El Tribunal de sentencias especializado en delitos económicos y anticorrupción estuvo presidido por la jueza Elsa María García, e integrado por los miembros Adriana Planás y Ubaldo Matías Garcete, quienes aplicaron la primera sentencia por este tipo de estafa.

La jueza Sandra Kirchhofer envió de vuelta a prisión por 48 horas a Diego José Cubas Jordán, quien cumple la totalidad de su condena mañana viernes 27 de septiembre.

La jueza quiso imponerle reglas de conducta hasta el 2026, situación que no fue aceptada por el condenado ni por la defensa, por lo que la jueza lo volvió a enviar a prisión para cumplir los dos días que le faltan para purgar la totalidad de su condena.

Miguel Tadeo Fernández abogado defensor del Cubas Jordán, lamentó que la magistrada tome una decisión tan arbitraria contra su cliente ya que bien podía allanarse el camino para su reinserción a la sociedad, sin embargo, le negaron esto hasta el último momento con el agregado que ahora tuvo que volver a prisión para cumplir los dos días que le falta para cumplir la totalidad de la pena.

Comentó que su cliente le pidió que ya no recurra la decisión que consideran arbitraria ya que lo que único que desea es recuperar su libertad y su vida.

Cubas Jordán, fue condenado a dos años y seis meses de cárcel en la causa A Ultranza por su participación en los hechos investigados por el Ministerio Público y cumple con su condena mañana.

En su momento, la cámara de apelaciones revocó la decisión de la jueza Sandra Kirchhofer que, había negado la libertad condicional al condenado y lo dejó a las resultas de un estudio psicológico de tres meses que según la misma cámara resulta inapropiado a los fines de la medida por lo que resolvieron por unanimidad revocar la decisión de la jueza quien quiso imponer reglas de conducta hasta septiembre del 2026 a una persona que le faltaba solo 48 horas para cumplir la totalidad de su pena, situación que no fue aceptada por el procesado y por ello la jueza lo vuelve a enviarlo a prisión para cumplir lo que le falta de condena.

La causa A Ultranza, es una de las mayores intervenciones del Estado contra la criminalidad organizada y tuvo como resultado la incautación de bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo entre otros activos producto del lavado de dinero del narcotráfico.

Este caso tuvo el acompañamiento de la DEA, la Europol, la policía de Uruguay y la Senad con lo que el Ministerio Público pudo cerrar el caso.

Víctor Javier Sosa Da Costa cumple 10 días en huelga de hambre en el penal de Emboscada. La medida fue adoptada ante la falta de resolución de la Sala Penal del recurso de revisión que planteó contra su condena por supuesta violencia psicológico contra su expareja.

Sosa Da Costa es un abogado reconocido en el ámbito del derecho corporativo y soporta una condena injusta por violencia psicológica, según señaló.

Comentó que, en el año 2015 fue víctima de violencia física por parte de su expareja quien le propinó golpe de puño y posteriores patadas en el rostro le había producido fractura de mandíbula. Sin embargo, luego de este episodio, la mujer concurrió apresuradamente antes de Javier a la comisaria, a fin de realizar una denuncia en contra de él y mostró como prueba unos moretones en el brazo que se produjeron como mecanismo de defensa de Javier al ser brutalmente agredido por la mujer, comentó.

Agregó que, también realizó su denuncia violencia ante el Ministerio Público, pero que no se investigó correctamente la causa para probar que efectivamente la víctima del malos tratos y agresión fue él.
En el marco de la denuncia formulada en contra de Javier, la mujer alegó haber sido víctima de violencia psicológica, presentando como prueba el testimonio de una amiga quien dijo haber escuchado en una oportunidad que Javier le había dicho a su pareja en ese entonces, que estaba “gorda”.

Estos hechos fueron determinantes para que el profesional abogado sea condenado a 3 años de cárcel, pese, incluso, a que las pruebas de violencia física alegadas por la mujer fueron desestimadas por violación a la cadena de custodia. La detención de Sosa Da Costa se produjo en el mes de noviembre de 2023 en el marco de un llamativo operativo, según los familiares, encabezado por la unidad antisecuestro, luego de ser detenido fue trasladado a la penitenciaria de Tacumbú, a la fecha se encuentra recluido en el Penal Padre de la Vega en Emboscada, donde realiza la medida de fuerza de huelga hambre.

Ante las alegadas injusticias y luego de varios recursos infructuosos finalmente planteó un recurso de revisión en agosto de 2023, el cual hasta la fecha sigue sin resolverse por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por dicho motivo, y debido a la mora judicial, el abogado inició una huelga de hambre desde el pasado lunes 16 de setiembre, actualmente y tras varios días de huelga, el encausado ha perdido casi 10 kilos, ha tenido 2 episodios de convulsión e hipoglicemia, y se encuentra cada vez más debilitado.

En entrevista con sus familiares, los mismos relatan haber padecido todo tipo de injusticias a lo largo del proceso, en el cual se le han negado las pruebas propuestas por él, sus testigos y los antecedentes de denuncias previas realizadas por Javier contra su expareja. Alegan que el verdadero interés en su caso se debe a que el mismo trabajaba como abogado de una importante firma, asesorando a la accionista mayoritaria de una empresa muy reconocida en Paraguay a quien aparentemente desean excluir de la empresa y Javier habría encendido las luces sobre acciones irregulares que afectaba a gente muy poderosa.

Esto motivó, según relato de los familiares, que Javier sea injustamente condenado.

Confirmaron además que han iniciado acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a múltiples derechos, entre ellos las garantías del debido proceso.

Los familiares urgen que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se expida con prontitud en el caso, debido a que, la salud y la vida de Javier Sosa Da Costa siguen deteriorándose en busca de la ansiada justicia.

La cámara revocó la decisión de la jueza Sandra Kirchhofer, quien rechazó el pedido de libertad transitoria solicitado por el abogado Enrique García defensor Liz Fabiola Taboada Gamarra, condenada por narcotráfico en la causa A Ultranza.

La jueza señaló que la encausada no podía ser beneficiada con la libertad transitoria por no haber estado primeramente bajo un periodo de prueba y que debía realizar un tratamiento psicológico, tratamiento que para el tribunal de apelación bien se puede hacer cuando la persona ya esté en libertad.

Según los informes la condenada no solo tiene cumplido el requisito de haber compurgado la mitad de la condena, también según el informe remitido por el Buen Pastor tiene muy buena conducta dentro de la cárcel y se ofreció como ayudante de cocina donde trabaja.

Taboada Gamarra, cumple la totalidad de su condena el 22 de agosto del año que viene y ahora deberá ser beneficiada con la libertad transitoria hasta cumplir la totalidad de su condena. La mujer fue condenada a 3 años y seis meses de encierro por su participación en el esquema de narcotráfico y lavado de dinero en la causa A Ultranza en un procedimiento abreviado.

Días pasados también la cámara revocó la decisión de la misma jueza y en la misma causa en la que Sandra Kirchhofer, le impuso reglas de conducta por dos años a Diego José Cubas Jordán, quien estaba a tres días de cumplir la totalidad de su condena.

“La salida transitoria (Art. 59 del CEP) es un beneficio, otorgado al interno, dentro de un período de prueba, con el cual se pretende reintegrar socialmente al reo, a través del control y la disciplina conforme a la responsabilidad, compromiso y confianza que el mismo demuestre hasta la obtención de su plena libertad. El tratamiento que pueda acompañar al mejoramiento de su estado emocional o psicológico, podría hacerlo estando bajo el régimen de las salidas transitorias”, señala parte de la decisión del tribunal de alzada que revoca el fallo.

Los camaristas del fuero especializado que entienden en este caso son: José Waldir Servín, Arnulfo Arias y Digno Arnaldo Fleitas.