El juez especializado Rodrigo Estigarribia a pedido del Ministerio Público, decretó medidas alternativas a la prisión al intendente de Asunción Óscar Rodríguez imputado por hechos de corrupción en pandemia.

El magistrado resolvió algunas reglas de conducta para el imputado intendente como: la comparecencia trimestral ante el juzgado para firmar el libro, la obligación de comunicar la salida y retorno al país, más una fianza personal de G 500 millones el valor de un inmueble.

Su defensor Claudio Lovera informó que, pedirá una serie de diligencias tendientes a esclarecer los hechos imputados a su cliente que se encuentra investigado hace cuatro años y que fue formalizada con la imputación.
Por su parte el imputado dijo, “el que nada debe, nada tema” y que es el Ministerio Público el que está obligado a demostrar sus dichos y que sorprende los argumentos de la fiscalía que debe respaldar con pruebas lo que afirma.
El edil está imputado como presunto líder de un esquema montado para defraudar al Estado con compras sobrefacturas para la Municipalidad de Asunción, según la imputación fiscal. Las compras fueron hechas durante la pandemia del Covid-19.

Rodríguez, fue imputado junto con otros funcionarios y proveedores de la comuna capitalina como autores de un millonario fraude a las arcas del Municipio de G 1.830 millones.

Luego de tres años de haberse iniciado la investigación el Ministerio Público imputó al intendente por ocasionar un presunto perjuicio patrimonial al Municipio de Asunción a través de una de las firmas afectadas como; Bastian Comercial, representada por María Cano, se adjudicó de G. 339.943.950 en contratos para provisión de detergentes con un costo unitario de G. 393.800 en adjudicaciones de marzo a diciembre de 2020 con fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19 de la Comuna capitalina. Esta es una de las firmas que ganó la licitación para proveer a la Municipalidad.

Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostienen en su imputación que, “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas ocasionaron un perjuicio patrimonial millonario a la comuna capitalina con la compra de insumos que fueron adquiridos por un precio muy superior al mercado.

La Municipalidad en pandemia adquirió además de detergente, saturómetros y toallitas desinfectantes por un valor superior al costo de mercado y se habla incluso de una simulación de compra en algunos casos.

Los familiares de una niña de ocho años que fue víctima de abuso sexual, lamentan que la jueza Cynthia Lovera haya resuelto por tercera vez mantener por 15 días más en la Comisaría al imputado por este hecho.

Califican de grosero y abusivo el privilegio que le otorga la justicia a Wildo Machuca hermano de la jueza Gloria Machuca. El padre de la niña lamentó que la justicia tenga esta complacencia con el imputado y deje de lado a la víctima.

“No sé qué hacer, es lamentable grosero y abusivo tanto privilegio a una persona así. Acá hay algo de por medio, va a cumplir su condena en la Comisaría como rey. Lamentable es la justicia, se arregla a platazo limpio por eso se está alargando su traslado a la cárcel, a full se está facturando acá, falta nomas ya que se le dé la libertad ahora. No sabemos qué hacer, no tenemos pariente juez o jueza ni plata como él”, señaló el dolido padre quien busca hacer justicia por la vulneración que sufrió su pequeña hija.

La jueza Cynthia Lovera había resuelto que el procesado permanezca por 15 días en la Comisaría para luego de este lapso ser trasladado a un penal para cumplir su prisión preventiva, pero, este tiempo se prorrogó por otros 10 días y ahora nuevamente fue beneficiado con otros días más en la Comisaría, el hombre habría abusado de la niña aprovechándose de la relación de amistad con la familia.

Para los padres de la víctima, esto solo es posible gracias a la presión que ejerce en la causa la hermana del imputado para evitar que el indiciado sea trasladado a la cárcel para cumplir la medida decretada.

Reiteró que la familia no descansará hasta que se haga justicia, ya que no buscan venganza, sino que se haga la justicia. Dijo que confiaban en que la justicia estaría del lado de las personas que son víctimas, sin embargo, no solo no se sienten acompañados, sino fueron defraudados por el beneficio que conceden al imputado, beneficio que un común no tiene.

Este miércoles debía realizarse la audiencia preliminar para los exagentes fiscales acusados de recibir beneficios del narcotraficante “Minotauro”, se trata de Hugo Volpe y Armando Cantero. La fiscalía pidió reagendar la diligencia que queda para el próximo 22 de octubre.

Ambos exfiscales, fueron acusados por recibir un bolígrafo de G 5.000.000 que presuntamente les regaló el narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto alias Minotauro, quien fue beneficiado con el archivo de su causa según el Ministerio Público.

Los tipos penales imputados son: cohecho pasivo agravado, soborno agravado, frustración de la persecución y ejecución penal por haber aceptado el “regalo” a cambio de favorecer al narcotraficante Minotauro, archivando su caso.

El relato del Ministerio Público señala que fue el entonces fiscal Armando Cantero, quien intermedió con su colega Hugo Volpe en una de las causas de Minotauro y este en agradecimiento les regaló el bolígrafo de alto valor.

Cuando saltó el escándalo de los bolígrafos en el 2020, Hugo Volpe se desempeñaba como viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia y fue obligado a dimitir por esta situación.

Igualmente, fueron acusados el abogado de Minotauro Edison Francisco Sánchez, quien tomó la defensa de Minotauro para lograr el archivo de su causa con el fiscal Hugo Volpe según los fiscales, este procesado ya tuvo una salida alternativa al juicio oral.

La fiscalía basa su acusación en los elementos obtenidos en el marco de la investigación, entre ellos se encuentra la información que proporcionó del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, cuyo resultado permitió sumar elementos de sospecha respecto a la ocurrencia de hechos que serían punibles, y respecto a la participación de Hugo Carlos Volpe Mazo, Edison Francisco Sánchez Benítez, María Alciris Cabral Jara y Armando Martín Cantero Fassino en los hechos indagados.
El juez Humberto Otazú es el magistrado que debe decidir la elevación de la causa a juicio oral y público.

La Corte Suprema de Justicia, encabezó un taller dirigido a todos los operadores del sistema de justicia para hablar del impacto jurídico y social de los casos de abuso sexual en niños que sigue creciendo de manera preocupante y la mayoría de los casos ocurren en el entorno familiar.

El taller tiene como objetivo primordial que los operadores unifiquen criterios, optimicen el abordaje y realicen una correcta aplicación de la ley que castiga el abuso sexual en niños que ya había elevado la pena máxima a 15 años en el 2017.

La ministra Carolina Llanes, enlace de la Oficina Técnica Penal (OTP), subrayó durante el encuentro que, la idea es escuchar a todos los operadores participes del proceso y así unificar criterios. Llanes explicó que, desde la OTP se ha venido trabajando en el ámbito de la Justicia Penal Especializada, y agregó: «Hoy queremos abordar estos temas para tener una mirada integral del problema desde todas sus perspectivas. Esto nos permitirá, en el caso de los penalistas, ajustar los criterios de interpretación para ser certeros en la administración de justicia en estos casos tan delicados».

El taller fue moderado por la doctora Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, miembro del Tribunal de Apelación Penal del Fuero Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos de la Capital y también es la secretaria ejecutiva de la OTP. Luraghi, destacó que el taller surge ante la inminente modificación del Art. 135 del Código Penal sobre el Abuso Sexual en Niños, donde se pretende nuevamente aumentar las penas.

Además, subrayó la importancia de la colaboración entre las instituciones, especialmente con el Ministerio Público, y la necesidad de tomar en cuenta las posturas de los defensores públicos.

Los expositores de la jornada fueron el juez especializado Rodrigo Estigarribia Benítez, el fiscal Giovanni Grisetti y Eleno Quiñonez Acevedo, defensor público penal de San Lorenzo. Cada uno compartió sus experiencias y puntos de vista sobre la aplicación de la normativa penal en casos de abuso sexual infantil.

El equipo técnico también desempeñó un rol fundamental en este taller, con la participación de psicólogos y psiquiatras especializados en la atención a víctimas de abuso sexual en niños. Estos profesionales aportaron una perspectiva interdisciplinaria clave para el abordaje integral del problema.

El taller tuvo como principal objetivo actualizar a los profesionales del sistema judicial sobre el impacto social y jurídico del abuso sexual en niños, desde la óptica de los derechos humanos y la perspectiva penal. La jornada se basó en los principios de intervención interdisciplinaria y corresponsabilidad para la detección, prevención y correcta aplicación del Art. 135 de la Ley Nº 6002/2017.

La actividad fue organizada con el apoyo del Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, que subrayó la relevancia de este tipo de encuentros para fortalecer la coordinación entre las instituciones y garantizar una respuesta judicial eficaz en la protección de los derechos de los niños.
La jornada, fue realizada en el Palacio de Justicia de Asunción, contó con la asistencia de magistrados, fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales de diversas circunscripciones del país.

El juez Osmar Legal procesó al exdirigente fútbol Diego Benítez imputado por lavar dinero del narcotráfico y cuya extradición a Paraguay se encuentra en proceso.

Igualmente, se admitió la imputación respecto a sus familiares; Karen, Verónica y Gabriela Ortellado, quienes fueron convocadas para el próximo 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas.

Benítez, se encuentra en Emiratos Árabes Unidos aguardando ser entregado a nuestro país para responder cargos por narcotráfico y ahora por lavado de dinero.

Las fiscalas Natalia Silva y Luz Guerrero, presentaron imputación contra Benítez, su esposa y cuñadas por lavado de activos proveniente del narcotráfico.

La sospecha se funda en la creación de empresas de pintura, compra de bienes y vehículos que según el Ministerio Público sirvió para inyectar fondos en el sistema financiero local, dinero que tiene como origen el narcotráfico.
Diego Benítez sería el líder del esquema criminal que enviaba grandes cantidades de cocaína a Europa afirma el Ministerio Público.

El abogado Secundino Méndez defensor de Osvaldo Vera, acusado por el Ministerio Público por hechos de presunta tortura concluyó este martes sus alegatos finales y refirió que su cliente no puede ser condenado en base de mentiras y contradicciones de denunciantes y testigos.

Señaló que, no existe prueba científica ni médica que prueben que tanto Alfredo Cáceres como Jorge Luis López hayan sido torturados, ya que los médicos que realizaron la inspección médica dijeron que no tenían escoriaciones ni moretones al momento de ser revisados.

Méndez, desacreditó el informe victimológico presentado como prueba importante por el Ministerio Público ya que los dichos en este informe no tienen respaldo que prueban tanto la depresión como otras afectaciones que les produjo a las víctimas las torturas que dijeron haber sufrido.

“No tenemos evidencia científica, no tenemos nada que pueda determinar que las víctimas hayan sufrido graves y severos sufrimientos físicos. Me asombra como pueden venir panchamente a mentir, jamás va a ser borrado todo lo que esta gente vino a decir, existen constancias gráficas, técnicas y documentológicas donde se prueba la mentira, ustedes como juzgadores tienen que emitir una sentencia acorde a la sana crítica, acá no tenemos una licencia para mentir, no podemos decir en una ocasión una cosa y después otra. Las mentiras empiezan de las dos personas que fungen como víctimas de este debate y siguen las mentiras todo el elenco de testigos que vinieron a deponer sobre un mal libreto, o mejor dicho se olvidaron del libreto cuando vinieron a deponer ante el tribunal, las mentiras de Jorge López cayeron y fueron demostradas, mentiras que fueron contrastados con otros medios de prueba que van más allá de la lógica. El estado de una persona no se destruye en base a mentiras falaces, Osvaldo Vera esta estigmatizado hace 24 años sindicado como torturador, esa es la condena que él ya recibió”, acotó el abogado defensor.

Subrayó que su cliente vino inocente y permanece inocente ya que el Ministerio Público y la querella no pudieron romper su estado de inocencia a lo largo del juicio.

Los alegatos del doctor Méndez duró por varias horas y al concluir solicitó que su cliente sea absuelto de este juicio ya que no se probó su participación en el hecho denunciado.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces: Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo.
La diligencia proseguirá el próximo jueves 3 de octubre por decisión del tribunal con alegatos de la defensa dos.

Este martes Kattya González, presentó su tercer urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La afectada recurre a este mecanismo a fin de apurar la resolución de la justicia sobre su expulsión del senado.

La expulsada senadora Kattya González, busca que la máxima instancia le devuelva su curul declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.

El 14 de febrero pasado la senadora Kattya González fue arrebatada de su investidura de parlamentaria por supuestas irregularidades, pero, estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.

El Ministerio Público ya dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora ya que se violaron preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La fiscal adjunta Artemisa Marchuk, fue quien emitió el dictamen en representación de la fiscalía general del Estado en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la resolución 431 del 14 de febrero de este año por la cual se resolvió la pérdida de su investidura.

Para la fiscalía general queda claro que se han vulnerado preceptos constitucionales, al no respetar la cámara su propio reglamento que claramente establece los siete días hábiles que se le debe conceder a la persona afectada en este caso Kattya González, para presentar su defensa por escrito y tampoco la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

En el dictamen, Marchuk, también señala que todo acto que no está amparada en la ley es invalido y que la cámara de senadores no puede apartarse de cumplir lo establecido en su propio reglamento como lo fue en este caso por lo que recomienda a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se haga lugar al pedido de Kattya González y declare inconstitucional la resolución recurrida.

“En primer término se ha constatado que, surge que no se le ha otorgado a la exsenadora el plazo de siete días hábiles para presentar su defensa por escrito, tampoco se dio la convocatoria dentro de los diez días hábiles, a fin de que se exponga la acusación, realice el descargo, impugne y alegue sobre el mérito de las pruebas. En segundo término, teniendo en cuenta que la pérdida de investidura de la senadora Kattya González con 23 votos, también resulta un ostensible alejamiento de la mayoría requerida de 30 votos con lo que se ha apartado de lo dictado por su propio reglamento. En suma, esta representación fiscal recomienda a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Kattya González”, señala el dictamen bien argumentado por la doctora Artemisa Marchuk.
Pasaron 230 días de la expulsión de González del senado y, busca que la CSJ estudie lo antes posible su caso para que su expediente no caiga en mora como otros tantos en la Sala Constitucional donde se resuelven cuestiones planteadas de hasta 20 años atrás.

La Sala Constitucional la preside el ministro Gustavo Santander y los demás miembros son Víctor Ríos y César Diesel, quienes son los ministros que deben estudiar la causa con una sala ampliada al pleno.

La jueza especializada en delitos económicos y anticorrupción Elsa María García, aseguró que los tribunales deberían tener máximo hasta tres juicios abiertos de manera simultanea para no comprometer la concentración del magistrado.

García, señaló que lo ideal es que los tribunales especializados y ordinarios lleven tres audiencias orales al mismo tiempo ya que fuera de esa cantidad puede peligrar la concentración de los jueces que llevan adelante dichas diligencias.

Dijo que, es inhumano la forma en que trabajan sus colegas del fuero ordinario que desarrollan hasta siete juicios orales de manera simultánea. Señaló que si bien se buscan mecanismos para soportar esta inmensa carga laboral en esta etapa del proceso es necesario buscar algún mecanismo para revertir la situación que atraviesan los tribunales de sentencia.

“El principio de concentración es uno de los pilares del proceso acusatorio que nos rige, no podemos estar ocupándonos de más de causas por día, pero, en la práctica no se da. Mis compañeros de los tribunales ordinarios también están pasando momentos difíciles donde en un mismo día están llevando adelante hasta seis juicios orales, eso es absolutamente inhumano, puesto que, yo considero que la mente de un juez puede sostener la atención en tres juicios diferentes, pero no más de eso en un mismo día”, subrayó la jueza Elsa García.

Agregó que los casos particularmente en delitos económicos son sumamente complejos que requieren de una atención personalizada del juez para ahondar en los casos que de por sí son muy técnicos.

Mencionó que, la criminalidad ha avanzado en la modalidad en la que se perpetra, lo que obliga al juez estar actualizado permanentemente realizando capacitaciones a nivel local e internacional para abordar estos casos muy complejos.

Agregó que, hoy en día estos hechos punibles dejan sus rastros en asientos contables y sistemas informáticos que requieren necesariamente que el magistrado esté preparado para analizar estos casos, ya que son expedientes complicados por el cúmulo probatorio por el tipo de prueba que se le acerca al tribunal.

La saturación de juicios orales es un problema que la Oficina Técnica Penal OTP, viene abordando desde hace tiempo proponiendo la aplicación de salidas al juicio oral a los procesos considerados bagatelarios, pero, esto no refleja ningún resultado en los tribunales que se encuentran sumamente saturados de juicios.

Se trata de Liciane Santos Dos Santos quien fue imputada por Ministerio Público por haber agredido y herido gravemente a su expareja tras una discusión en la casa compartían juntos.

El agente fiscal de Santa Rita Alberto Torres Flores, imputó a la mujer por el supuesto hecho punible de violencia familiar y solicitó la aplicación de la prisión preventiva.

La víctima del incidente es su expareja, quien resultó herido con un hacha tras una discusión en la residencia que compartían en su momento con Liciane.

El hecho ocurrió el 26 de setiembre, Santos Dos Santos habría tomado un hacha y atacado a la víctima, causándole una herida en la cabeza. Como elemento probatorio se cuenta con el diagnóstico médico de la víctima, que confirma la gravedad de la lesión.

El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la indiciada, alegando el peligro de fuga.