El juez Humberto Otazú, a pedido fiscal volvió a suspender el inicio de la audiencia preliminar para el acusado exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona y otros acusados.

La agente fiscal María Estefanía González, pidió que se suspenda la audiencia que debía iniciar este lunes, por ser designada fiscal adjunta y jura en el cargo este miércoles por lo que ya no podría participar como fiscal de esta causa.

El juez Humberto Otazú, hizo lugar al pedido y ofició a la fiscalía general a que designe un nuevo agente fiscal ante esta situación. Una vez que se tenga el nuevo fiscal en la causa se fijará la fecha nuevamente para intentar desarrollar la diligencia en la que se decidirá si el caso por el fallido Metrobús va a juicio oral.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

El Ministerio Público, menciona en su acusación que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

El Ministerio de Justicia realizó una requisa en el pabellón denominado Rancho Alta de la penitenciaría nacional de Tacumbú de donde se incautó un fusil semiautomático.

La intervención se realizó, en prosecución de operaciones de búsqueda de armas y como resultado de trabajos de inteligencia, cuya información sirvió para llegar hasta donde se encontraba el arma.

En este operativo fue hallado un fusil AR15, modelo M4, con municiones, el arma tiene una capacidad de disparo de 700 a 900 disparos por minuto y tiene un alcance positivo de 500 metros.

Los resultados de la intervención fueron informados a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que inicien la investigación sobre la posesión del arma de fuego dentro del sistema penitenciario.

Las facciones criminales siguen reagrupándose en las penitenciarías del país para reorganizar sus estructuras tras el operativo Veneratio que movió al líder del Clan Rotela de Tacumbú, pero, los grupos criminales que operan dentro del sistema carcelario son varios.

Con la habilitación de las cárceles de máxima seguridad, que contempla la se permanencia individual de los procesados considerados de alto perfil, se espera restar fuerza a las organizaciones criminales que buscan otros mecanismos para su reorganización valiéndose de los funcionarios corruptos para mantener sus imperios delictivos intramuros.

El Ministerio Público logró probar que un hombre hirió en varias partes del cuerpo a su esposa estando ebrio y además la llegó a quemar con leña, lo que le produjo lesiones de gravedad, según reza el historial médico forense.

La agente fiscal María Unger, representó al Ministerio Público en el juicio oral, que derivó en la condena de Carlos Damián González Caballero, a 5 años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de violencia familiar. El hombre fue hallado culpable de agredir física y psicológicamente a su pareja, por lo que la interviniente requirió su inmediata remisión a la penitenciaría.

En la etapa preparatoria, el Ministerio Público obtuvo elementos de convicción para el enjuiciamiento del hombre, entre ellos: la denuncia formulada, los informes médicos y psicológicos de la víctima, el dictamen forense, entre otros.

Los antecedentes de la investigación señalan que, el ahora condenado llegó a su casa en estado etílico y comenzó a propinar golpes de puño en el rostro a la víctima. A raíz de ello, la mujer salió de su habitación con sus hijos pequeños, momento en que González Caballero, agarró un cuchillo rasgando la espalda de la mujer.
Durante la agresión también la hirió en el muslo izquierdo, además, le provocó una lesión profunda en el pecho, y posteriormente, agarró leña con fuego causándole quemaduras de consideración en varias partes del cuerpo.

La jueza de sentencia Yolanda Portillo se refirió a la recarga de trabajo de los tribunales de sentencia de Capital desde hace años, comentó que, una de las razones es que casi todas las causas son elevadas para el debate oral incluso aquellas causas abiertas por hechos de poca relevancia penal.

Señaló que, que son varios los casos bagatelarios que deberían concluir en la etapa preliminar del proceso, sin embargo, estas son elevadas para análisis de un tribunal de sentencia.

Agregó que, otro de los problemas que afecta el buen desarrollo de los juicios orales es la etapa incidental donde se vuelven a plantear los mismos incidentes ya planteados y resueltos en la audiencia preliminar lo que resta tiempo al colegiado que de por sí, lleva tres a cuatro juicios o más simultaneamiente.

Dijo que, desarrollan juicios de mañana y tarde para evitar que los casos se afecten por los 10 días tiempo máximo en el un juicio puede dejar de seguir. Reconoció que llevar adelante más de tres juicios orales al día, afecta la concentración de los jueces que desarrolla juicios por distintos hechos punibles y una variedad de complejidad.

“Son distintos tipos penales los que llegan a un tribunal de sentencia, que requieren distintos tipos de concentración, exige una concentración que a veces supera nuestras propias capacidades humanas, hacemos lo que podemos, hacemos una pausa, tomamos un café y seguimos. Particularmente yo, anoto todo lo que considero que mi memoria no podría recordar en un tiempo, grabo si el juicio está bajo mi presidencia y de esa forma tratamos de seguir el hilo, nos vamos hasta donde nuestras capacidades dan y hasta donde nuestros recursos nos permitan, tenemos funcionarios que muchas veces se quedan a la tarde, ellos no tiene almuerzo, tampoco horas extras, se quedan a pulmón a trabajar para las causas no caigan por el plazo de diez días y podamos culminar”, acotó la doctora Yolanda Portillo.
La saturación es tal en esta etapa del proceso que la magistrada ya tiene fecha de juicio agendo hasta abril del 2026, subrayó que, tratan de evitar perder la principal característica que debe tener un magistrado que es la templanza, no solo para mantener una concentración en los casos sino para emitir un fallo justo en todos los procesos.

Dijo que, los tribunales de sentencia requieren de más funcionarios que se dediquen a la parte operativa del trabajo del colegiado, en la desgrabación, transcripción de los incidentes y de la declaración de los testigos.
Por último, la magistrada sugirió que los tribunales tengan un máximo de hora por día que puede ir de seis a ocho horas de juicio oral, distribuidas por día, cree que podría hacerse una vez que se incorporen los nuevos jueces de sentencia.

La jueza Cynthia Lovera, elevó a juicio y público el proceso respecto al exministro del MUVH Dany Durand y otras siete personas acusadas de estafar a clientes de Mocipar a través de contratos leoninos.

Tras varios días de audiencia preliminar, la magistrada elevó la causa a la siguiente etapa para debatir las pruebas que ofrece el Ministerio Público y la querella contra los acusados.

Se le acusa a Dany Durand, por estafa, asociación criminal, conducente a la quiebra, lesión de confianza, desvío de aportes de seguro social, lavado de dinero y estafa en grado de tentativa.

Igualmente van a juicio los acusados: Fernando Román Fernández y Fabio Arturo Britos, Marcela Adriana Durand, Luz Marina González, Diana Teresita Britos, Myriam Elizabeth Teme, María Cristina Coeffier, acusados en calidad de autor y cómplice de los hechos punibles acusados a Durand.

La Fiscalía relata en su acusación que, a través de la firma Mocipar Hogar, Mocipar Propiedades y Mocipar Automotores, empresas que desde el 2006 al 2020, ofrecía a sus clientes, vehículos, propiedades y electrodomésticos, que se realizaba mediante la firma de un contrato en la que el cliente quedaba obligado a retirar el producto una terminado el pago de lo que adquiría y aquellos que estaban al día en sus cuotas entraban al sorteo dominical en el programa “domingo en familia” conducido por el acusado Dany Durand.

Para el Ministerio Público el contrato era leonino, ya que si el cliente se atrasaba en dos cuotas sean estas las últimas que le permitirían acceder a bien que adquirió de Mocipar perdía el derecho y la firma podía rescindir el contrato de pleno derecho.

“El grupo Mocipar, captó a numerosos clientes, con quienes contrataron diversos planes de adquisición de vehículos, casa propia, terrenos y electrodomésticos, la mayoría de estos contratos sujetos a pagos en 26 cuotas en 36 meses en algunos casos y otros en 60 cuotas pagaderos en 60 meses, cuando se dio el pago total de las cuotas por parte de los clientes, las empresas del grupo Mocipar, omitieron cumplir con su obligación. Dado este incumplimiento los directivos idearon una maniobra de engaños a dichos clientes, prometiendo de manera verbal la celebración de un nuevo contrato para entregarles un bien de más valor. Con lo que los acusados obtuvieron beneficios patrimoniales indebidos con esta mecánica de estafa”, reza la acusación de la fiscal Alba Delvalle.

La defensa de Emma González Ramos exabogada de Ramón González Daher, apeló la decisión del juez Rolando Duarte que elevó a juicio oral su proceso por denuncia falsa por haber patrocinado 155 denuncias a pedido de González Daher.

Los abogados piden a la cámara que la decisión del magistrado sea anulada por contener vicios absolutos al no hacer lugar a la anulación de la acusación solicitada por la defensa, ya que la misma es nula por falta de declaración indagatoria de la acusada.

Agregan que, Emma González Ramos no tuvo la oportunidad suficiente de ejercer su defensa material por falta de todas las copias de las 155 causas que son el sustento de la acusación fiscal.

“Respetuosamente solicitamos que por solución directa se declare el sobreseimiento definitivo de nuestra representada. El Señor juez de Primera Instancia, no examino caso por caso, no pudo cotejar con las copias de cada una de las causas, porque que no se encontraban en su totalidad las 155 y concretamente es una fundamentación aparente general y global”, señala parte de la apelación general presentada por la defensa de la exabogada de RGD.
La defensa también cuestiona que el magistrado no haya admitido las pruebas requeridas por la defensa de la acusada para conocer los antecedentes de uno de los querellantes en el caso.

En su momento, el magistrado Rolando Duarte elevó a juicio oral y público el proceso por denuncia falsa contra la profesional.

La defensa cuestiona varios aspectos de la resolución que eleva el caso para el debate público. La cámara de apelación penal será la que defina finalmente si la decisión del juez de la causa está ajustada a derecho.

El abogado Erich Ratzlaff ejerce la defensa de la acusada de manera conjunta con Raquel Talavera, ambos también ejercer la defensa de Ramón González Daher.

Raquel Talavera quien ejerce la representación legal del usurero luqueño Ramón González Daher, sostiene que el Estado a través de la justicia especializada se convirtió en un ladrón que confisca bienes de manera universal aplicando retroactivamente la ley que está prohibida por la Constitución Nacional.

Talavera, reiteró que dejan documentada y asentada todas las arbitrariedades en el proceso de comiso de bienes de su cliente, porque hay inmuebles que fueron adquiridas en el año 70 y que de igual forma fueron comisadas retroactivamente.

Comentó que, el Poder Judicial se convirtió en un mecanismo de recaudación para los políticos de turno quienes hacen vito de la plata y vehículos de particulares. Que jamás la plata va a llegar a las víctimas como se dice ya que no existe control alguno sobre la plata y tampoco sobre los vehículos incautados que van a parar en manos de políticos inescrupulosos.

Dijo que, el comiso que la justicia realiza respecto a su cliente es inconstitucional, que no se puede inventar las fecha de inscripción de estos inmuebles que fueron inscriptas en los 70, 80, sin embargo, fueron comisadas.

“Los inmuebles se están confiscando de manera retroactiva, el Estado quiere lucrar y recaudar para los políticos de turno. Pese a la prohibición de irretroactividad de la ley se realizan estas confiscaciones universales, a futuro inclusive, solo podemos reclamar y asentar estas arbitrariedades. Prácticamente, esto es un robo del Estado, yo no entiendo como decretan un embargo de 400 millones de dólares contra la señora Delcia Karjallo si el Estado según la sentencia y según lo que dispone la jueza de ejecución en base a la sentencia 515, dispone el comiso universal de los bienes del matrimonio”, refirió la abogada de Ramón González Daher.

Agregó que, esperan que a futuro el Estado deje de ser un ladrón ya que va a tener que reparar todas las arbitrariedades que comete al solo efecto de recaudar para que los políticos de turno se repartan el dinero y las camionetas como ocurrió en el senado.

Dijo que todos los actos que violentan la Constitución Nacional son actos nulos, por ende, en algún momento deberán ser declarados como tal. Que, estaba feliz porque los nietos de Ramón González Daher sean chicos de lo contrario ya estarían imputados.

El juzgado de ejecución penal entregó este jueves otro paquete de inmuebles comisados al usurero Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo condenados por usura y lavado de dinero a 15 y 5 años respectivamente.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (Senabico), este jueves recibió los títulos de propiedad de 31 inmuebles, en otra tanda que suma a la fecha 53 inmuebles del total de 141 bienes que están comisados en la sentencia condenatoria emitida en su momento por un tribunal.

De los 31 inmuebles entregados este jueves, tres serán subastados la semana que viene por la Senabico, los fondos producto de la subasta deben ser repartidas a todas la entidades que combaten el crimen organizado.
Ramón González Daher, fue condenado por usura y lavado de dinero a 15 años de encierro y se ordenó el comiso de sus bienes por 47 millones de dólares, sentencia que se encuentra en plena etapa de ejecución.

Hasta el momento lo que no se hecho es el comiso de los Certificado de Depósito de Ahorro, porque no están los títulos o cartones que entregan los bancos a los titulares de las CDA, es lo que han respondido incluso los bancos al juzgado y por ello no se han hecho las transferencias a nombre del Estado y se encuentran pendientes.