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Incautan materiales audiovisuales sobre pornografía infantil

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El Ministerio Público con la Policía especializada en delitos informáticos, lleva adelante varios allanamientos simultáneos en Asunción, Pilar y Ciudad de Este con el fin de desarticular una red de pornografía infantil.

La investigación apunta específicamente a la existencia de descargas de materiales de abuso sexual infantil. Interviene el Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrimen y agentes fiscales, encabezados por la agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, quien dirige el operativo.

En carácter de coadyuvantes en los procedimientos en ejecución están los fiscales Carolina Gadea, en Ciudad del Este, y Víctor Encina, en Pilar, para llevar a cabo las intervenciones simultáneas.

El Ministerio Público habla de unas 600 descargas de materiales pornográficos relativos a niños y adolescentes a través de una aplicación y que al descargar estos materiales ya se comparte con los que integran esta red que consume este este tipo de materiales. En Asunción fue detenida una persona, pero, la intervención sigue en los otros puntos.

La Unidad Especializada en Delitos Informáticos, que participa en el procedimiento, consigna que los materiales incautados incluyen imágenes fotográficas y videos de menores de edad, así como protocolos de Internet IPs, código Hash de los archivos y código GUID, que servirán como evidencias en la investigación que se lleva adelante.

Paraguay será sede de los festejos por los 30 años de conmemoración de los Principios Unidroit

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El doctor José Moreno presidente de CEDEP, destacó la importancia del Congreso a desarrollarse en nuestro país los días lunes 14 y martes 15, de la próxima semana que tendrá a exponentes locales e internacional de alto nivel académico.

Moreno, remarcó la influencia de los Principios Unidroit en el derecho privado mundial y cómo incide positivamente en el derecho contractual que son muy importantes y que han influenciado reformas en un tercio de la población mundial.

Mencionó que las reformas que han implementado Japón, China, Rusia, India, Argentina, todas, se han inspirado en los Principios Unidroit en el derecho contractual, que son instrumentos que han servido para resolver litigios arbitrales y judiciales.

El jurista mencionó que en Paraguay la propia Corte Suprema de Justicia ha emitido en al menos cuatro fallos los Principios en su interpretación, así como cámaras civiles en 30 casos, por ende, los Principios Unidroit ayudan a la interpretación de los derechos nacionales como ocurre en Paraguay.

“Estos Principios están cumpliendo 30 años, hubo un festejo muy importante en Roma donde está su sede y el festejo regional latinoamericano por los 30 años será en Asunción la semana que viene. Realmente es muy relevante que sea aquí. El desafío actual es que estos Principios terminen extendiéndose en otras áreas y es lo que vamos a hablar en este Congreso. Hay un proyecto que está siendo encarado por UNIDROIT con el Instituto de la Cámara de Comercio Interaccional que es un ente muy prestigioso, la idea es que de este proyecto salga un contrato estándar para lo que serían los contratos de inversión porque hoy día las inversiones extranjeras están protegidas muchas veces por tratados, pero, esos tratados son insuficientes son parcos, tienen normas muy abstractos, no se tiene una regulación completa, la idea es que estos contratos si sean completos”, afirmó el doctor José Moreno uno de los anfitriones de este evento.

Agregó que, se espera que estos Principios sigan influyendo no solo en la interpretación judicial, sino en la resolución de arbitrajes.

El Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP, en su constante compromiso con el derecho organiza el Congreso por los 30 años de los Principios de Unidroit a celebrarse en nuestro país el 14 y 15 de octubre de la próxima semana.

Los expertos abordarán disciplinas como: arbitraje, arbitraje y el papel del Estado, derecho contractual y otras disciplinas del derecho privado.

Entre los exponentes citamos al doctor Eugenio Jiménez Rolón ministro de la Corte Suprema de Justicia, Leysser León, Jorge Feliú Rey, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Francisco Segura, Ignacio Tirado, María Chiara Malaguti, Pedro Mendoza, Rodrigo Momberg, entre otros exponentes de mucha altura académica en lo que promete ser un evento jurídico imperdible.

Pavo Real: Suspenden preliminar para acusados

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El juez Osmar Legal a pedido del Ministerio Público suspendió la audiencia preliminar prevista para este jueves para los 24 acusados de ser lavadores del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

La diligencia quedó fijada nuevamente para el próximo 30 de octubre, día en que deben comparecer las partes para la audiencia en la que se debe resolver elevar el caso a juicio oral.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público a 24 integrantes de la estructura de lavado de activos en nuestro país, esquema montado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

Los agentes fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, señalan en la acusación que cuentan con suficientes elementos de prueba para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público contra las 24 personas cómplices de Pavão.

Igualmente, el Ministerio Público requirió el comiso de 60 bienes, entre las cuales se encuentran las estancias; Cielo de Dios, Villa Loma, Cristo Rey, Confinamiento, Salmo 23, María Cristina, Jandira, Ramonita Pavao, Iglesinha, Pindura y Negla Poty, que ya están administradas por la Senabico. El operativo Pavo Real, desmanteló un esquema de lavado de activos producto del tráfico de droga, montado en Paraguay por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, esquema que viene operando desde hace 30 años, es decir, toda la vida delictiva de Pavao.

Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

Entre los 24 acusados están: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte.

Además de; Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Amilcar Battaglin, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira y Olga Reichardt De Souza.

Tribunal de apelación de CDE deja importante precedente en casos de abuso sexual en niños

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La Cámara de Apelación Penal integrada por los magistrados Lilian Lorena Benítez, Efrén Giménez y Miryam Meza, no solo dejó firme el fallo condenatorio, sino también hace referencia que solo un tribunal de sentencia está facultado a realizar una valoración de las pruebas producidas en juicio por la inmediación con los testigos.

Igualmente, alzada realiza un análisis con perspectiva de género teniendo en cuenta que la víctima en este litigio es una niña de solo cinco años a quien no solo hay que proteger en su condición de niña víctima, sino de la revictimización al buscar justicia.

La preopinante en este fallo es la camarista Lilian Lorena Benítez quien responde a cada inquietud de la defensa que buscó la nulidad de la sentencia que condenó a 11 años de prisión a un hombre por el abuso sexual de su nieta de cinco años. La víctima adquirió una enfermedad sexual que posee el autor de este hecho según se probó durante el juicio oral.

Lilian Lorena Benítez, realiza un pormenorizado análisis del fallo recurrido ante esta instancia y deja sentado que solo un tribunal de sentencia está facultado a realizar la valoración de las pruebas ofrecidas y producidas en juicio, no así profesionales psicólogas que realizan un test de credibilidad de la víctima, ya que ese razonamiento es exclusivamente facultad del tribunal que juzga el caso.

“Se debe explicar entonces los fines del test, en primer lugar, que ciertamente se trata de un instrumento utilizado sobre todo para el auxilio jurisdiccional en razón a hechos punibles en donde menores de edad se encuentran en posición de víctima, por lo que la experticia de una persona profesional en el área psicológica pueda determinar factores de credibilidad en razón a su madurez emocional.

Se puede sintetizar entonces que la función del test de credibilidad en este marco busca aportar criterios de conocimiento psicológico especializado, pero claramente no podría sustituir al tribunal en su exclusiva función valorativa, en el marco del respeto a los derechos constitucionalmente protegidos de la presunta víctima. Si es importante resaltar que, el test especializado no puede consistir en evaluar la credibilidad del contenido del testimonio en sí, tampoco pretender reconstruir el hecho o contrastar qué relato es más probable –entre acusado o víctima– para establecer si es o no creíble. Tampoco averiguar y evaluar circunstancias personales o de otra índole que puedan ocurrir en la persona del testigo (resentimiento, interés económico o enemistad) que puedan afectar hipotéticamente la credibilidad de lo que manifieste.

Agregando que, igualmente la Sala Penal ha resaltado que únicamente el tribunal de sentencia puede emitir juicios de valor sobre las pruebas, siempre que se ajuste a los principios procesales que rigen la materia, ya que al tener enfrente a las personas que declaran, están más aptos para decidir sobre su credibilidad. Esto no solo se refiere a los dichos de las personas, sino a su manera de hablar, de expresarse, al nerviosismo o la
confianza en la voz de quienes declaran, las miradas o expresiones al responder preguntas.

Todos estos factores son elementos de convicción que llegan a los ojos y oídos de los jueces de primera instancia y por esta razón solamente ellos pueden dar más importancia. Como se ha visto antes, es preciso tener en cuenta que no existe la prueba tasada en nuestro sistema penal, por lo tanto, no deviene imprescindible contar con un análisis específico sea el test de credibilidad o un informe médico. Sino que los hechos en sí fueron considerados como probados por el tribunal de sentencia a través de documentales, testificales y la declaración de la propia víctima en Cámara Gessel”, señala el voto de la camarista preopinante.

La camarista también hace referencia a la condición de la niña víctima de abuso sexual, menciona que encuentran a la víctima en su posición de niña y mujer que habría sufrido actos sexuales por lo que se identifica una situación de especial vulnerabilidad, ante el supuesto autor y también ante el propio sistema de justicia, “estas circunstancias permiten entrever las asimetrías de poder de los hechos en este caso. Circunstancias, que deben tomarse en cuenta para orientar un análisis que garantice el acceso a la justicia a las partes, adoptando una interpretación jurídica con perspectiva de género. Entonces, sumado a estas circunstancias, el tribunal de sentencia no encontró contradicciones en la declaración de la víctima sumado a que también efectuó un análisis en correspondencia con una administración de justicia bajo perspectiva de género, cuidando evitar la revictimización. Por todo lo cual, no se encuentra configurado agravio alguno sobre el desarrollo lógico de la sentencia o posibilidad de que haya prevalecido la duda a favor del condenado”, señala en otra parte de su voto la magistrada en un extenso fallo que sienta un procedente en los casos de abuso sexual en niños que somete gravemente a los niños de CDE por la inmensa cantidad de casos que ocurren por día.

Se adhirieron al voto de la camarista sus colegas; Efrén Giménez y Miryam Meza de López.

Por su parte la abogada querellante, Noelia Núñez celebró la decisión de la cámara de apelaciones ya que según dijo marca un hito en los casos de abuso sexual en niños e incluye la perspectiva de género en el fallo.

“La cámara de apelaciones de Ciudad del Este, habla del test de credibilidad de la víctima donde profesionales psicólogas evalúan otra vez el testimonio de la víctima y contrastan con otros testimonios y dicen que no tiene credibilidad, la cámara menciona que esa valoración solo lo puede realizar un tribunal de sentencia porque tienen inmediación con los testigos y pueden advertir cualquier otro elemento que configure el hecho punible, no así profesionales psicólogas que a más de estar pagadas por el que ofrece la prueba están dando datos que se alejan de la realidad y de la teoría de la prueba. También es un fallo con perspectiva de género porque habla de la doble vulnerabilidad de la niña como mujer y como niña víctima del abuso”, acotó la abogada querellante.

Querellado en juicio de lengua de señas absuelto por duda

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La jueza Mesalina Fernández explicó que, las pruebas arrimadas en el juicio como la captura de pantalla por la cual se habría cometido el delito motivo del debate es insuficiente para dictar una sentencia condenatoria al querellado Marcelo Dos Santos.

Explicó que, el querellado escribió en su estado de WhatsApp palabras denigrantes hacia el fallecido Emilio Pineda, estado que dura solo 24 horas y las personas afectadas son sordas por lo que tienen una limitación mayor para acceder a estos elementos de prueba con más facilidad por lo que el fallo debía ser la absolución por duda.

Por su parte, más allá del fallo, la abogada querellante Alejandra Peralta destacó la importancia de este juicio por ser la primera en la historia de la justicia paraguaya que se desarrolló netamente en lengua de señas, permitiendo a personas de esta comunidad acceder a la justicia para peticionar.

Comentó que, se deja sentado gracias a este juicio, señas que no existían en la lengua de señas como el juicio oral que a partir de este juicio si se sabrá como llamar a las partes al juez y la sentencia.

Agregó que, el caso es sumamente relevante para el sistema de justicia por lo que representa el juicio ya que es la primera vez que personas sordas llegan a la etapa de juicio.

Por otro lado, dijo que aún no conversó con su cliente para analizar si apelarán o no el fallo, pero, que en principio la viuda confía en la justicia divina.

Ministro destaca cómo la digitalización de la justicia permitió el ahorro en insumos

El ministro encargado de la implementación del Expediente Judicial Electrónico Alberto Martínez Simón, dio a conocer los alcances positivos del uso de la herramienta digital en la justicia permitiendo una reducción considerable en el uso de algunos insumos.

La implementación de las herramientas digitales significa hoy la reducción en el uso de papel, tinta, toner y otros insumos en el Poder Judicial, según un informe anual comparativo del Departamento de Suministro y Control de Bienes de la Corte Suprema de Justicia, que abarca desde el 2019 hasta el primer semestre de 2024, que fue dado a conocer por el ministro Martínez Simón.

Este cambio no solo implica un considerable ahorro financiero, sino que también refleja el compromiso de la institución con la sostenibilidad ambiental. Los datos, extraídos del sistema SIGAF “Módulo remisiones”, revelan que el consumo de papel (resmas/ hojas con membrete) en las dependencias administrativas y jurisdiccionales (que cuentan con herramientas electrónicas) se redujo del 25% del presupuesto en 2019 al 7% en el primer semestre de 2024. En los fueros Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, Civil y Comercial, así como en los Tribunales y Juzgados de Paz, el consumo se redujo al 6%.

En cuanto al uso de cintas, tintas y tóner, el informe señala que en 2019 estas compras representaban el 32% del presupuesto, mientras que en 2024 han disminuido al 3% en las dependencias administrativas y jurisdiccionales (que cuentan con el trámite electrónico). En los mismos fueros mencionados anteriormente, el consumo pasó del 33% al 2%, luego de la implementación de servicios de impresión tercerizados.

Estos resultados son parte de la política de despapelización y ahorro de recursos impulsada por la Corte Suprema de Justicia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, 13 y 15, relacionados con la producción y consumo responsable, la acción por el clima y la protección de ecosistemas terrestres. Esta política se enmarca también en la Acordada N° 783/12, que establece el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial, donde en su Artículo 36 se compromete a promover prácticas orientadas hacia la sostenibilidad ambiental.

“Este informe revela que el uso de la herramienta digital, he permitido al Poder Judicial una significativa en el uso de papel y otros insumos. Son resultados muy importantes en la política tanto de despapelización que encara el Poder Judicial e implica un ahorro presupuestario en la racionalización de recursos”, subrayo Martínez Simón durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia.

Condenada a 18 años de cárcel por mantener relaciones sexuales frente a sus pequeñas hijas

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Una madre fue condenada a 18 años de pena privativa de libertad por abuso sexual en niños, por haber mantenido relaciones sexuales con su pareja delante delas niñas, quienes también fueron vulneradas por el padrastro.

El Ministerio Público, representado por los agentes fiscales Olga Melgarejo y Carlos Almada, obtuvo una condena de 18 años de pena privativa de libertad para una mujer que fue hallada culpable por abuso sexual en niños.

Resultaron víctimas sus dos hijas menores, de 6 y 13 años, respectivamente. El juicio oral y público se llevó a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Según los antecedentes del caso, la hoy condenada mantuvo en reiteradas ocasiones relaciones sexuales con su pareja frente a las niñas, tanto en la vivienda familiar ubicada en CDE donde vivían y en la cabina de un camión durante los viajes que realizaban.

Los hechos se produjeron desde mayo de 2019 y en fechas posteriores, pese a que la más grande le pedía a su mamá que dejaran de mantener los encuentros sexuales en presencia de ellas, la pareja seguía realizando estos actos, que evidentemente eran dirigidos a las menores, su novio había manoseado varias veces a las menores.

Al tener conocimiento de estas agresiones, el padre de las pequeñas radicó inmediatamente la denuncia contra su expareja y el novio. Luego, los dos involucrados fueron procesados.

Primeramente, fue juzgado el hombre y condenado a 20 años de pena privativa de libertad en un juicio oral anterior. Mientras que, ahora, la madre fue sentenciada a 18 años de pena carcelaria por un tribunal de sentencia conformado por los jueces: Óscar Gabriel Genes, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo.

Fiscalía acusa a Miguel Prieto de crear un esquema para manipular “a su antojo” licitaciones

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Los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zaya y María Verónica Valdez, presentaron acusación en contra de Miguel Prieto, intendente municipal de Ciudad del Este y de otras 10 personas, en el marco de la causa sobre lesión de confianza.

Tanto al intendente Prieto como a los demás procesados, se los sindica de formar parte de un esquema de corrupción pública que manipulaba las licitaciones y adjudicaciones en detrimento de la comuna.

Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, son acusados por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos en calidad de coautores, y de asociación criminal, en calidad de autor para Miguel Prieto y para Francisco Arrúa, en calidad de coautor.

En el caso de los demás procesados identificados como: Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo, por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos tipos penales en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

Conforme a las investigaciones, se concluye que, Prieto, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, supuestamente encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución administrada por Prieto, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna.

Presuntamente, este grupo estaba compuesto por varios funcionarios que ocupaban cargos de confianza designados por el propio intendente en uso de sus atribuciones conferidas, en puestos claves decisorios y directivos que le “permitirían promover, convocar, manipular las adjudicaciones a su antojo y pagar las licitaciones a las empresas del su entorno”, freza parte de la acusación fiscal.

Estos funcionarios designados por el jefe comunal, que a su vez ocupaban una posición jerárquica dentro de la Municipalidad, poseían facultades de mando, coordinación y cierto poder de autodecisión, es decir, podían tomar decisiones de dirección y de control sobre todo en lo concerniente al procedimiento administrativo de las licitaciones y compras públicas promovidas por la intendencia municipal, por ende, tenían la posibilidad de tomar determinaciones que inciden positivamente en favor de una correcta administración de los recursos y aun así no lo hicieron, conforme a lo planificado por los mismos.

En tal sentido, existía una relación de interdependencia entre el intendente municipal y estos funcionarios de confianza designados por su persona, por lo que para lograr el cumplimiento de la finalidad común establecida la cuál era la de ocasionar un perjuicio económico a la comuna, necesariamente debían estar de acuerdo entre sí, y eso fue posible determinar gracias a la concatenación de actos de una u otra dependencia ocupada por diferentes funcionarios las cuales denotan abiertamente que se encontraban dirigidos a la adjudicación y facilitación de la contratación de una empresa de preferencia del Intendente Municipal. Por ello, es que estas personas que, si bien tenían funciones propias con cierta autonomía decisoria dentro del municipio, ejercieron roles determinados los cuales consisten en cumplir con el propósito delineado, aunque ello signifique dictar determinaciones o realizar actos que atenten contra los mismos intereses municipales, a pesar de sus obligaciones y deberes como funcionarios de cualquier administración pública, afirma otra parte del escrito de acusación del Ministerio Público.

Imponen medidas a supuestos cómplices de Nenecho Rodríguez

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El juez Rodrigo Estigarribia, concedió medidas alternativas a la prisión a pedido del Ministerio Público para los demás procesados con Óscar Rodríguez por la compra de insumos en pandemia, compras presuntamente sobrefacturadas.

El magistrado impuso una fianza de G 500 millones para los imputados; Edwin López Cattebeke, actual director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, Enrique Antonio Chávez Benítez, quien firmaba los contratos durante la pandemia como jefe del Departamento Financiero.

Igualmente, ya cuentan con medidas los imputados: Ernesto Javier Armoa Ramírez, quien firmaba documentos en pandemia como jefe del Departamento Administrativo, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, fue jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) durante la pandemia y Jorge Alberto Ruiz Díaz, jefe del Departamento Financiero de la Dirección Administrativa dependiente de la DGRRD.

Los mismos están sindicados con el intendente Óscar Nenecho Rodríguez, de haber integrado un esquema para defraudar a la Municipalidad de Asunción, lo que ocasionó un perjuicio de G 1.830.493.000 a través de procesos de contratación realizados en el marco de la emergencia por COVID-19 con empresas particulares que proveyeron insumos sobrefacturados a la Comuna según la imputación fiscal.

Óscar Rodríguez, también ya cuenta con medidas en esta causa y se le impuso la misma fianza que los demás coprocesados. Adelantó que iban a plantear algunas diligencias para aclarar su situación en esta causa.

En Paraguay se desarrolla el primer histórico juicio en lengua de señas

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La jueza Mesalina Fernández lleva adelante el primer juicio exclusivamente en lengua señas, en el marco de una querella de acción penal privada por la denigración de la memoria de un muerto.

El juicio sin precedentes marca un hito en el acceso a la justicia de personas con sordera. La justicia realiza la diligencia netamente en lengua de señas con el acompañamiento de una intérprete especializada y el veredicto podría dictarse mañana.

La magistrada Mesalina Fernández, remarcó la importancia de que los querellantes y testigos hayan podido prestar su testimonio ante el tribunal unipersonal que juzga el caso y que puedan comprender todo lo que se produce en esta diligencia y que la incapacidad auditiva no haya sido un impedimento.

La abogada querellante Alejandra Peralta, resaltó la vida anterior de Emilio Pineda, cuya memoria fue denigrada dijo que, “era una persona muy renombrada en la comunidad sorda. Adquirió la sordera a los siete años a consecuencia de un accidente. Toda su vida trabajó por los derechos de las personas sordas. Fue declarado hijo dilecto de Asunción y Villeta, su ciudad natal”, recordó la abogada quien representa a la familia de la víctima de esta situación.

El querellado Dilmar Marcelo Dos Santos es oyente y según la familia el hombre buscó manchar la imagen del muerto y por ello buscan limpiar nuevamente el legado de Pineda a quien tanto trabajo le costó construir a lo largo de su vida por lo que recurrieron al tribunal en busca de justicia.

El inédito juicio se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción, y en el primer día de la audiencia se desarrollaron todos los elementos de prueba ofrecidos por las partes y la misma se retoma mañana miércoles con alegatos finales de las partes y luego se daría a conocer la sentencia por parte de la jueza Mesalina Fernández.

La jueza Mesalina Fernández y el Poder Judicial, marcan un histórico momento para el Poder Judicial acercando la justicia a esta comunidad relegada por la imposibilidad de un acceso real a la justicia para reclamar sus derechos.

Este juicio deja sentado que la justicia tiene las herramientas necesarias para no excluir a las personas de su derecho a peticionar más allá de las limitaciones que pueda tener.

La intérprete asignada por la Corte Suprema de Justicia fue la licenciada Laura del Carmen Riveros, quien facilitó la comunicación a lo largo de todo el litigio y así permitir la clara comprensión de los presentes de lo plateado en el juicio.

La jueza Mesalina Fernández afirmó que: “Este es un paso muy importante para la justicia. Hemos demostrado a la sociedad que la inclusión y el acceso a la justicia son posibles, incluso para personas con discapacidad. Cuando estas personas busquen justicia, encontrarán quién atienda sus demandas”.

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