Por decisión de la jueza Yolanda Morel, el juicio oral y público para la exagente fiscal Ana Girala acusada por supuestamente montar un esquema de fraude en su propia unidad fiscal de San Lorenzo será juzgada recién en febrero de 2025.

La presidenta del tribunal de sentencia que juzgará su caso alega tener agendado otros juicios orales que le impidieron arrancar el juicio el día de hoy por ello, pospuso el inicio de este juicio para los días 10, 11 y 12 de febrero de año que viene.

Según el Ministerio Público la acusada supuestamente lideraba un esquema para pedir dinero a cambio de salidas alternativas al juicio oral o bien formular imputaciones.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, donde supuestamente estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según la fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp y, no se limitaron a un solo caso en la que negociaron salidas procesales. Señala la acusación.

Se trata de Emma González Ramos, quien llegó a patrocinar 155 denuncias falsas a instancias de Ramón González Daher contra sus víctimas de usura, la diligencia se frustró en varias oportunidades.

El magistrado Rolando Duarte elevó a juicio oral y público el proceso por denuncia falsa contra la profesional del derecho. La preliminar concluyó este martes con la elevación de la causa a la siguiente etapa.

La abogada había patrocinado en total de 155 denuncias por estafa y apropiación promovidas por Ramón González Daher, todas falsas, según el Ministerio Público.

La abogada usó presuntamente al Ministerio Público como mecanismo de amedrentamiento para cobrar sumas de dinero producto de los prestamos usurarios realizados por RGD que, en muchos casos ya se habían cobrado en su totalidad, según la fiscalía.

El hecho se registró entre el 2013 y el 2020. El Ministerio Público sostuvo tener la certeza de contar con suficientes elementos que fundamentan la responsabilidad de la abogada en la denuncia falsa, por lo que desean debatir la causa en juicio oral y público.

Con la condena de 15 años de cárcel que recibió Ramón González Daher por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en diciembre del 2021, se probó que las denuncias no correspondían.

Ante la jueza Cynthia Lovera se inició la audiencia preliminar para Dany Durand acusado por el Ministerio Público por siete hechos punibles por haber engañado a sus clientes a través de contratos fraudulentos, según la fiscalía.

La agente fiscal que lleva adelante el proceso penal contra Durand y otros acusados es Alba Delvalle quien requiere que la causa sea elevada a juicio oral y público para Dany Durand, por cometer siete hechos punibles como directivo de la firma Mocipar, engañó a sus clientes y con ello los estafó sostiene la fiscalía.

Se le acusa a Dany Durand, por estafa, asociación criminal, conducente a la quiebra, lesión de confianza, desvío de aportes de seguro social, lavado de dinero y estafa en grado de tentativa.

Igualmente fueron acusados: Fernando Román Fernández y Fabio Arturo Britos, Marcela Adriana Durand, Luz Marina González, Diana Teresita Britos, Myriam Elizabeth Teme, María Cristina Coeffier, acusados en calidad de autor y cómplice de los hechos punibles acusados a Durand.

La Fiscalía relata en su acusación que, a través de la firma Mocipar Hogar, Mocipar Propiedades y Mocipar Automotores, empresas que desde el 2006 al 2020, ofrecía a sus clientes, vehículos, propiedades y electrodomésticos, que se realizaba mediante la firma de un contrato en la que el cliente quedaba obligado a retirar el producto una terminado el pago de lo que adquiría y aquellos que estaban al día en sus cuotas entraban al sorteo dominical en el programa “domingo en familia” conducido por el acusado Dany Durand.

Para el Ministerio Público el contrato era leonino, ya que si el cliente se atrasaba en dos cuotas sean estas las últimas que le permitirían acceder a bien que adquirió de Mocipar perdía el derecho y la firma podía rescindir el contrato de pleno derecho.

“El grupo Mocipar, captó a numerosos clientes, con quienes contrataron diversos planes de adquisición de vehículos, casa propia, terrenos y electrodomésticos, la mayoría de estos contratos sujetos a pagos en 26 cuotas en 36 meses en algunos casos y otros en 60 cuotas pagaderos en 60 meses, cuando se dio el pago total de las cuotas por parte de los clientes, las empresas del grupo Mocipar, omitieron cumplir con su obligación. Dado este incumplimiento los directivos idearon una maniobra de engaños a dichos clientes, prometiendo de manera verbal la celebración de un nuevo contrato para entregarles un bien de más valor. Con lo que los acusados obtuvieron beneficios patrimoniales indebidos con esta mecánica de estafa”, reza la acusación fiscal.

Una vez concluida la audiencia la jueza Cynthia Lovera debe decidir si eleva el caso a juicio oral y público.

El Ministerio Público presentó este lunes sus alegatos finales en la causa abierta contra el exministro del Interior Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera acusados por supuestos hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y Jorge Luis López.

La agente fiscal Sonia Sanguinez pidió que se declare reprochable las conductas asumidas por los acusados el 19 de mayo del 2000, luego del intento de golpe de Estado.

La fiscalía sostiene que tanto Merardo Palacios como Osvaldo Vera torturaron a las víctimas sometiéndolos a apremios físicos, coacción y todo tipo de maltratos en la Comisaría 11 y en el Comando del Ejército. Torturas que, según el relato fiscal se hizo en presencia del ministro del Interior Walter Bower quien tenía una posición de garante y pudo evitar estos actos de tortura, sin embargo, las presenció por lo que conducta también es punible y reprochable.

Para la agente fiscal Sanguinez, los elementos de prueba más relevantes son: además de la declaración de las víctimas, las documentales como el libro de novedades del Comando de Infantería donde se plasma el ingreso de Walter Bower y los demás acusados quien supuestamente iban hasta el lugar para hacer un careo, sin embargo, era para someter a tortura a Cáceres y López para que confieses quien estaba detrás del intento de golpe.

Además de los informes que demuestran la afectación psicológica que les produjo a las víctimas las torturas que sufrieron por parte de los acusados, que los afectó patrimonial, laboral y psicológicamente los tratos crueles e indignos a los que fueron sometidos Cáceres y López para declarar contra sí mismos o contra terceros.

“Les vendaron los ojos y les ataron las manos hacia atrás. Fueron agredidos por 45 minutos por integrantes de la misma institución a la cual servían, bajo el permiso o la actitud pasiva del ministro del Interior Walter Bower. Esto nunca debió pasar, se le debió dejar al Ministerio Público investigar el hecho”, sostuvo en parte de sus alegatos finales la fiscal Sonia Sanguinez.

Los años de pena carcelaria se requerirán más adelante en el juicio una vez que las defensas concluyan sus alegatos sobre la reprochabilidad, por tratarse de un juicio que fue dividido por el tribunal se sentencia.

Además de la fiscalía y las querellas, pudo alegar uno el abogado Secundino Méndez, quien ejerce la defensa de Osvaldo Vera, señaló que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en este juicio no pudieron romper el estado de inocencia de su cliente.

“Podemos decir con absoluta certeza que, si las probanzas no acreditan los hechos y si no encaja dentro del tipo penal acusado, deben absolver a Osvaldo Javier Vera. Tenemos una buena historia, pero ¿fueron realmente de la manera como lo pintan la representación pública como los querellantes?”, manifestó el doctor Secundino Méndez, quien continuará sus alegaciones finales el próximo martes 1 de octubre.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por: Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampos.

El juez Ubaldo Matías Garcete no hizo lugar a un Habeas Data promovido por una persona particular que buscó por esta vía obligar al Diario ABC Color eliminar o borrar dos informaciones de su página web, donde la mencionan.

Milagritos Carmen Yopla Carbajal, bajo patrocinio del abogado Kevin Edwards Becker presentó un recurso de Habeas Data alegando que dichas publicaciones vulneran sus derechos y hasta le perjudica en el ámbito laboral.

Agrega que recurren a la justicia debido a que en reiteradas oportunidades requirieron al medio de comunicación que lo borren, pero, que no han tenido respuesta por lo que optó por presentar este recurso para lograr su propósito de eliminar estas informaciones.

El magistrado hace un relato pormenorizado para aclarar a la recurrente que, la publicación periodística no es errada, falsa o incompleta y que en la misma publicación se menciona que la misma fue sobreseída de un proceso, por lo que no se desvirtúa lo manifestado por la accionante.

Igualmente, el magistrado agrega en su fallo que, el agravio o afectación a la moral que alega la recurrente, incluso la afectación laboral que padece no fue corroborada durante este juicio. No se probó que a raíz de la publicación ella haya sido rechazada laboralmente.

“Ha quedado corroborado que la información proporcionada por el medio de comunicación no es errada, falsa o incompleta, además que en la misma nota se ha expuesto de forma concreta que la misma ha sido sobreseída, por lo que no se observa que el requisito constitucional progrese para reflejar la intención que la accionante ha expuesto”, señala el fallo favorable a la prensa.

Esta decisión es sumamente importante para el ejercicio del periodismo y prensa ya que en lo últimos tiempos se utiliza al sistema de justicia para amenazar, amedrentar o poner en peligro el trabajo de la prensa en nuestro país.

El juez especializado, docente e investigador Ubaldo Matías Garcete lanzó su reciente obra, “Nemo Tenetur – Un análisis de la delación premiada desde una perspectiva trialista”, que pretende ser una fuente de consulta para los penalistas que deseen profundizar en la materia.

El autor hace un análisis profundo de la delación premiada y propone un proyecto de ley para cubrir un vacío legal en nuestra legislación sobre esta figura considerada de mucha utilidad para combatir la criminalidad compleja.
El escritor plasma en esta obra la importancia de la delación premiada en los procesos penales complejos y cómo esta figura ayuda a su persecución eficaz.

Este libro es una obra fundamental para quienes buscan indagar en los aspectos más intrincados del derecho penal y procesal, especialmente en un contexto donde la delación premiada se presenta como una herramienta útil, aunque polémica, en la persecución de la criminalidad organizada. El investigador aborda el tema desde una perspectiva única y enriquecedora, utilizando el enfoque “trialista” del derecho, lo que le permite ofrecer un análisis que trasciende lo meramente normativo y se adentra en las dimensiones axiológicas y sociológicas de la delación premiada.

El autor espera que este libro sea una contribución para el estudio del derecho penal en Paraguay y en toda la región. En un momento en que la delación premiada se está convirtiendo en un tema de creciente importancia, la obra ofrece una guía esencial para juristas, académicos y estudiantes que buscan comprender y analizar esta figura desde una perspectiva crítica y bien fundamentada. Finalmente, se puede destacar el proyecto de ley respecto a una disposición especial sobre la delación, que el autor propone ante el Congreso.

En otros países la delación premiada es una figura penal asentada, con la que se le permite al procesado colaborar con la justicia con información valiosa y a cambio de ello, mejorar su situación procesal o bien lograr su desvinculación del caso.

Los interesados en adquirir los ejemplares se pueden acercar a la sede de la Asociación de Magistrados Judiciales, cito en De la Conquista 1.415, Sajonia.

Para el tribunal de sentencia presidido por la jueza Yolanda Portillo, fue determinante la declaración de las niñas, los informes médicos que reportan los daños físicos que sufrieron, la declaración de otros testigos, y otras pruebas para aplicar la condena ejemplar de 26 años de encierro a este hombre.

Las pequeñas mellizas fueron abusadas por su padre cuando tenían 13 años de edad y en reiteradas oportunidades, dejándoles secuelas psiquiátricas profundas que a la fecha las siguen sometiendo a tratamientos especializados para evitar que atenten contra sus vidas.

Ambas víctimas intentaron varias veces quitarse la vida a raíz de los daños que sufrieron por parte de su padre biológico quien abuso de ellas cuando la mamá de ambas se encontraba en el Hospital con su hermanita más pequeña.

Las mellizas tuvieron que padecer, además de los severos tratamientos psiquiátricos y psicológicos, abandono escolar entre otras vulneraciones producto del daño que sufrieron al haber sido abusadas sexualmente llegando al coito, en ambas víctimas.

El hoy condenado usaba la fuerza y la amenaza para perpetrar los reiterados abusos, que pudo ser descubierto gracias a que una de las niñas comentó lo sucedido a un amiguito, cuya familia alertó a la madre de las niñas y el hombre puso ser detenido y hoy soporta varios años de cárcel por abuso sexual agravado.

“En este caso existió concurso real de hechos por parte del acusado, debido a que estamos hablando de dos víctimas, sus dos hijas biológicas, por lo que el marco penal de acuerdo a las previsiones del artículo 70 del Código Penal puede agravarse hasta la mitad del límite legal máximo. En este caso por la gravedad del reproche resuelve dejar establecido el marco penal en 15 a 30 años de pena privativa de libertad.

En las víctimas se encontraron daños psicológicos compatibles con el hecho denunciado consecuencias a nivel emocional como tristeza, preocupación, tensión, desvalorización, inseguridad ansiedad. Además, de ello quedó probado que las niñas ya no querían seguir viviendo, queriendo incluso quitarse la vida y en varias ocasiones lo intentaron. Por lo que para el tribunal la pena justa a ser aplicado al acusado es la de 26 años de cárcel”, reza parte del fallo emitido por el tribunal que juzgó este terrible y violento caso de abuso sexual en niños.

La ejemplar condena la aplicó el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Yolanda Portillo y sus colegas Héctor Caputto y Juan Carlos Zárate.

La agente fiscal que intervino en esta causa es Laura Finestra, quien pudo acercar los numerosos elementos de prueba para que el tribunal pueda valorar y reconstruir las circunstancias de este lamentable caso.