La agente fiscal Rosa Noguera imputó por homicidio doloso a jóvenes y pidió la aplicación de la prisión preventiva. El Ministerio Público sospecha que los mismos tendrían vinculación directa con la muerte por golpes a la víctima tras un partido de fútbol.

La fiscala Rosa Noguera imputó por homicidio doloso a cuatro jóvenes que aparecen sindicados como participantes en la agresión del cual resultó víctima un futbolista adolescente, quien falleció debido a los golpes que recibió durante un partido disputado en la cancha del Club Boquerón en el barrio San Pablo de Asunción.

El Ministerio Público imputó a Jesús Daniel Roa González, alias, “Kapeluki”, de 20 años, como también a otros tres chicos, uno de 14 años y dos de 15 por el tipo penal de homicidio doloso.
Noguera, solicitó al juzgado interviniente que ordene la prisión preventiva de los imputados. Dijo la fiscala que los testigos declararon que fue Roa González el que dio un golpe certero a la víctima con su antebrazo, lo que desestabilizó al fallecido. Luego los otros tres imputados siguieron golpeándolo, incluso cuando ya estaba en el suelo.

Roa González se desempeña como aguatero de Boquerón y supuestamente habría actuado en forma premeditada, sin embargo, esta circunstancia está siendo analizada por la fiscala Noguera. «Kapeluki» en su declaración ante la fiscalía negó haber ingresado al terreno de juego, pero varios testigos aseguraron que él participó de la trifulca.
El informe de la autopsia realizada a la víctima determinó que Ismael Domínguez sufrió un golpe en la zona de la nuca que le provocó una “hemorragia masiva y muy importante”.

La cámara de apelación penal revocó la decisión del juez Osmar Legal, quien decretó su prisión preventiva del imputado por presuntamente dilatar su proceso, sin embargo, la cámara entiende que no existe causal para decretar dicha medida.

El acusado por violencia familiar se presentó días pasados en el Departamento Judicial de la Policía para hacer cumplir la orden del juez Legal, que consideraba arbitraria, pero, que de igual forma la iba a cumplir.

Con la decisión de alzada, el hombre recuperará nuevamente su libertad y podrá afrontar su causa estando en libertad. Se encuentra pendiente de realizarse su audiencia preliminar donde se sabrá si irá a juicio oral por este caso.

Juan Villalba fue acusado por el Ministerio Público por violencia familiar, por agredido a su esposa y su cuñada según la fiscalía. Para el Ministerio Público las pruebas colectadas en la etapa investigativa son suficientes para llevar a juicio oral al polémico exdirector de la Policía Municipal de Tránsito.

Las agentes fiscales Fátima Villasboa Maidana y Susana González, formularon acusación en contra de Juan Francisco Villalba Idoyaga, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar. Asimismo, piden la elevación de la causa a juicio oral y público.

Las investigadoras sostienen que colectaron suficientes elementos que prueban que, tanto la esposa como la cuñada de Juan Villalba fueron víctimas de violencia por parte del acusado. Entre los elementos se encuentran: testimoniales, documentales e instrumentales.

Los antecedentes del caso señalan que, el 05 de diciembre del 2023, siendo las 04:00, Juan Villalba Ydoyaga, en el interior del dormitorio matrimonial de un departamento de la ciudad de Asunción, mantuvo una discusión con su esposa. En la ocasión, presuntamente la habría agredido físicamente produciéndole lesiones de consideración, cuyos detalles están en la carpeta de investigación fiscal.

Posteriormente, siendo las 06:23 horas del día 5 de diciembre del 2023, la hermana de la pareja de Villalba tuvo conocimiento del hecho debido a que el hombre la llamó vía WhatsApp desde su número y luego éste llegó hasta la vereda de su casa de la ciudad de Fernando de la Mora, solicitándole que salga frente a la vivienda y pudo observar a su hermana, sentada en la parte de atrás de la camioneta, con la cabeza ensangrentada y otras lesiones, negándose a descender y se retiraron del lugar.

Según los registros, la mujer fue asistida en un sanatorio y también en el Hospital del Trauma y finalmente el supuesto victimario realizó un viaje a Ciudad del Este, el cual habría sido motivo de la discusión.

Villalba, también llegó a enviar mensajes amenazantes a su cuñada quien llegó hasta una escribanía para certificar esta situación además hizo capturas de pantalla de sus mensajes para dejar constancia de estas amenazas por parte del acusado, quien está a la espera de su preliminar.
El juez Raul Florentín es quien debe decidir elevar el caso a juicio oral y público o concluir el proceso en esta etapa.

El juez Miguel Palacios confirmó la prisión preventiva de Marcelo Ricardo Cabaña. El procesado buscó levantar su prisión preventiva por un arresto domiciliario.

El magistrado considera que no existen elementos para variar la medida aplicada al procesado hermano de Reinaldo Cucho Cabaña considerado en principal acusado en la causa por narcotráfico y lavado de dinero.

Marcelo Cabaña se encuentra privado de su libertad hace más de seis años y la defensa sostiene que la prisión preventiva del indiciado ya es un abuso de la preventiva y que existen numerosas razones para la aplicación del arresto domiciliario para el acusado.

El Ministerio Público alega en su acusación contra Marcelo Cabaña que, tanto él como sus hermanos Rubén y Yamil, serían los que se encargaban de la seguridad de la organización criminal liderada por Cucho, y serían quienes recibían las cargas de cocaína, además realizarían los traslados y el acompañamiento de las cargas de cocaína hasta la República Federativa del Brasil.

En esta causa también están acusados Reinaldo «Cucho» Cabaña, quien fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvo a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas sujetas a proceso.

Familiares de una víctima de abuso sexual en niños, se encuentran preocupados ante rumores de que la persona imputada sea beneficiada con un arresto domiciliario.

La jueza Cynthia Lovera decretó días pasados la prisión preventiva de un hombre que habría abusado de una niña aprovechándose de la relación de amistad con la familia. La juez estableció que el procesado cumpla su prisión preventiva por un periodo en una dependencia policial, que se cumple mañana viernes luego de cuál debería ser traslado a un penal.

Los familiares manejan la información que el hombre busca reemplazar su prisión por una domiciliaria y creen que el imputado al ser el hermano de la jueza de Paz Gloria Machuca, incline la balanza a su favor, a la hora de estudiarse una medida menos gravosa para el imputado.

El padre de la víctima señaló a Judiciales Net que sería lamentable volver a ver por la calle tranquilamente al sospechado de haber agredido sexualmente a su hija.

Subrayó que, la familia no descansará hasta que se haga justicia, ya que no buscan venganza, sino que se haga la justicia. El padre señaló que es necesario que la justicia actúe con firmeza en los casos de abuso sexual en niños ya que es muy injusto lo que su hija atraviesa.

Agregó que la familia se encuentra aún conmocionada e intentando blindar a la víctima de esta situación que los hizo entrar en shock al enterarse de lo que había ocurrido.

Mencionó que existe otra denuncia más contra el imputado lo que hace ser peligroso para sociedad por no tratarse de un solo caso el que está afrontando ante la justicia.

Esperan que este caso no quede impune, señaló que tuvieron que contratar un abogado para ejercer la querella porque el caso no avanzaba y que tenían mucha esperanza en la jueza que entiende en la causa.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el pedido de Habeas Corpus Genérico presentado por la defensa de Gianina García. Para la máxima instancia la mujer puede litigar siempre que se presente a cumplir con los mandatos de la justicia.

La Corte señala en su decisión que la procesada cuenta con una orden de captura vigente en la justicia paraguaya por lo que mal se le puede permitir litigar estando rebelde.

Según el fallo, el Habeas Corpus pretendido por la defensa de la imputada no reúne los requisitos para su procedencia ya que no existe ninguna circunstancia que está restringiendo inmediatamente la libertad de la procesada.

“Sobre la misma pesa una orden de captura vigente que no fue efectivizada. La imputada debe ponerse a disposición de la autoridad que la requiere, a fin de que se extinga su estado de rebeldía, continuándose con el procedimiento, así tendrá derecho a peticionar lo que legalmente corresponda”, señala parte del voto del ministro Manuel Ramírez Candia a cuyo parecer se adhirieron los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

La defensa buscó por esta vía, levantar la orden de rebeldía que pesa contra la procesada Gianina García Troche y con ello puedan realizar algunas presentaciones ante la jueza Rosarito Montanía, quien ya les negó la pretensión debido a la orden de captura y rebeldía que pesa contra la imputada.

El mismo criterio es hoy ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el pedido de los abogados Hugo Núñez y Pedro Florentín, quienes ejercen en Paraguay la defensa de Gianina García quien se encuentra detenida en España a la espera de su extradición, requerida en nuestro país en la causa A Ultraza Py.

Gianina García, al igual que su esposo cuenta con una orden de captura desde hace más de dos años emanada de la jueza competente en el caso Rosarito Montanía.

La justicia paraguaya considera a su marido Sebastián Marset, es uno de los líderes principales del esquema internacional de tráfico de droga y lavado de activos.

Marset, quien sigue prófugo de la justicia se encuentra imputado por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal.

Por su parte Gianina García Troche, se negó a la extradición simplificada con lo que posterga su venida a Paraguay donde es requerida en una de las mayores causas abiertas contra el crimen organizado en nuestro país.

Según el informe estadístico del Ministerio Público llevan abierto 21 casos de feminicidio en lo que va del año y además indagan otros 36 casos de tentativa feminicidio.

La violencia y violencia extrema hacia las mujeres sigue alarmantemente aumentando. Las campañas de concienciación han sido insuficientes hasta la fecha, así como los mecanismos para la protección de las denunciantes quienes terminan asesinadas por sus agresores pese a que estos tenían la prohibición de acercarse a ellas.

El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, informó que, a la fecha, registran 21 víctimas de feminicidio en Paraguay y un total de 20 causas abiertas. Así también, en una de las causas también se investiga el caso de una joven que murió al intentar defender a su madre. En otra de las causas, además, se investiga un hecho de tentativa de feminicidio, atendiendo a que el supuesto autor quiso matar a su expareja y disparó contra la madre, quién falleció. En un caso a determinar, caratulado Homicidio/Feminicidio.

Igualmente, es preocupante es reporte sobre los casos de tentativa de feminicidio, donde resultaron victimas un total de 36 mujeres según el reporte oficial del Ministerio Público.

Los números se desglosan de la siguiente manera por mes; en enero se reportaron 5 casos, en el mes de febrero 1, en marzo 5 casos, abril 2, mayo 1, junio 2, en julio 2 víctimas, agosto 1, setiembre 2.

En dicho lapso y de acuerdo con los datos registrados por departamento a nivel país, Central reporta 9 casos, Amambay 2 caso, Alto Paraguay 1, Asunción 1, Caaguazú 1 caso, Guairá 1 caso, Canindeyú 2, y Paraguarí 1, San Pedro 1, Alto Paraná 2.

Se destaca que la edad promedio de las víctimas es de entre 14 a 75 años, mientras que la edad promedio de los agresores es de entre 18 a 73 años.

El flagelo del feminicidio trae también consigo las consideradas víctimas indirectas como los hijos de las asesinadas que a la fecha llegan a 45. Esta grave situación expone a estos niños, niñas y adolescentes a diferentes situaciones como el crecer con extraños, abandono de la escuela y hasta situaciones de vulneraciones graves de su derecho a crecer en un ambiente sano.

Urge una mejor respuesta estatal interinstitucional para tratar de bajar estos números para nos seguir lamentando víctimas fatales de esta preocupante situación que viven las mujeres de Paraguay.

De estos 21 casos que investiga el Ministerio Público, se encuentran procesados 16 responsables, 4 se quitaron la vida luego de perpetrar el hecho.

El juez Humberto Otazú otorgó la libertad ambulatoria a Gabriela Vasso Mosquiera, la mujer se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario y desde la fecha goza de libertad ambulatoria con algunas reglas de conducta.

La procesada tiene prohibido cambiar de domicilio, debe comparecer ante el juzgado para firmar una vez al mes, tiene prohibido cambiar su número de teléfono y tiene también prohibido salir del país.

La oficial ayudante imputada por no haber informado a sus superiores todos los informes que llegaron de Lyon Francia respecto al levantamiento de código rojo que pesaba sobre la esposa del presunto narco Sebastián Marset.

Según la imputación, la mujer no comunicó todos los pormenores del levantamiento de Código Rojo que pesaba sobre Gianina García Troche y la de José Fernando Estigarribia, teniendo la obligación de hacerlo.

Vasso Mosqueira, fue imputada por frustración de la persecución y ejecución penal, así como realización del hecho por funcionarios.

Además de la oficial ayudante Gabriela Vasos Mosqueira, están imputados en el caso, el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas, y el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria.