El abogado Javier Sosa, fue condenado a tres años de cárcel por violencia psicológica decidió ir a huelga de hambre ante la mora en el tratamiento de su pedido de revisión de la condena.

Sosa, se encuentra recluido en el penal de Emboscada donde desde hoy realiza una huelga de hambre como medida de protesta ante la falta de resolución de la Sala Penal de Corte que a la fecha no ha estudiado la revisión.

El abogado fue condenado a tres años de cárcel por violencia psicológica, su abogada Alejandra Peralta informó que su cliente tomó la decisión de ir a huelga de hambre ya que su pedido de revisión está hace más de un año pendiente en la Corte.

“Javier Sosa es un abogado, trabajador y padre de familia. Condenado injustamente por violencia psicológica a tres años de cárcel. Ayer, tomó la decisión de iniciar una huelga de hambre. Porque desde agosto del 2023 es decir hace más de un año, la Sala Penal de la Corte, no resuelve un recurso de revisión”, comentó la abogada Alejandra Peralta.

Peralta, lamentó que la máxima instancia no haya resuelto aún la revisión planteada por el condenado, sumando un expediente más que cae en mora judicial perjudicando al justiciable.

Subrayó que la condena a Sosa es de tres años y el recurso está pendiente en la Sala Penal hace más de un año con lo que la mora judicial, mata la esperanza, la justicia, la salud y hasta pone en riesgo la vida de las personas en algunos casos.

La abogada señaló que la situación ya fue comunicada a la Sala Penal el día de ayer.

La Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay AALP, emitió un pronunciamiento para denunciar la irregular intervención de la Procuraduría General de la República en juicios laborales contra COPACO, sostienen que esta intervención del procurador es ilegal e inconstitucional.

Los laboralistas sostienen que la intervención en estos juicios de la Procuraduría es ilegítima y que no se les debe permitir litigar como representante del Estado en estos juicios ya que la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A, es una persona jurídica de derecho privado.

“Las atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República están establecidas en el artículo 246 de la Constitución Nacional y la ley 6037/2021, según el artículo 18 de esta ley, la PGR tendrá la representación e intervención necesaria del Estado y de los organismos y entidades que carecen de personería jurídica. Por lo tanto, la Asociación de Abogados laboralistas sostiene que la intervención de la Procuraduría en juicios laborales contra COPACO es inconstitucional e ilegal”, señala parte del comunicado firmado por el gremio.

Eduardo Pérez Avid, explicó que la intervención del abogado del Estado en los juicios de COPACO, es una arbitrariedad judicial y constituye una falta de seguridad jurídica para los trabajadores cuyos derechos son vulnerados.

Comentó que, también recibieron denuncias que la Procuraduría tomó intervención en los procesos laborales de la ESSAP, dijo que no se puede utilizar todo el aparato estatal para perjudicar los intereses de los más vulnerables en los procesos laborales.

“Acá hay muchas presiones y no es solo la intervención de la Procuraduría, acá intervienen todas las instituciones extra poder a fines al gobierno como el Jurado de Enjuiciamiento, entonces eso genera una distorsión en el tratamiento de los juicios laborales. Genera una falta de seguridad jurídica para los trabajadores en el reclamo de sus reivindicaciones. Que sean justas o no, eso ya va a decidir el juez que lleva la causa. Pero, lo que es inconcebible es que no le ampara la ley, sin embargo la Procuraduría sigue interviniendo en este tipo de juicios y consiguiendo incluso la legitimación cuando no la tienen. No solo eso, también que se les da curso a sus pedidos en cuando al levantamiento de medidas cautelares, invocando un supuesto patrimonio estatal de una persona jurídica que se rige por el Código Civil”, comentó Eduardo Pérez Avid, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay.

Reiteró que, desde el gremio reclaman que se cumpla la ley y que aquellos trabajadores que tengan derecho a reclamar lo hagan bajo el amparo de la justicia, sin que sea coaccionada para que se dicten resoluciones en uno u otro sentido.

El gremio entiende que es necesario limitar la intervención de la Procuraduría en estos casos ya que no tiene legitimidad para la representación del Estado en estos juicios.

Es también un llamado de atención para los jueces que permiten la intervención del abogado del Estado en estos juicios laborales.

El juez Humberto Otazú volvió a establecer una fecha para el inicio de la audiencia preliminar, esta vez, citó para el 7 y 8 de octubre al acusado exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, acusado por lesión de confianza por al fallido Metrobús.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

La agente fiscal María Estefanía González, menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

La jueza de garantías de Capital Alicia Pedrozo, rechazó el pedido de permiso solicitado por el imputado empresario para ir a trabajar. La magistrada ratificó las condiciones de su arresto domiciliario.

El imputado, pidió permiso a la jueza para que se le levante su arresto domiciliario por unas horas para poder trabajar, sin embargo, la jueza no rechazó el pedido de la defensa procesado por supuesta lesión del derecho a la comunicación y la imagen.

Según la imputación, Montanaro Bedoya habría compartido sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

El Ministerio Público encabezó un operativo conjunto con la policía en la que allanó un edificio en Asunción y detuvo a Montanaro Bedoya en el marco de una investigación por acceso indebido a sistemas informáticos.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso y cuyo análisis de datos fueron autorizados recientemente.

La jueza Sandra Kirchhofer impuso reglas de conducta por dos años más a Diego José Cubas Jordán, quien cumple la totalidad de su condena este domingo. Fue condenado a dos años y seis meses de cárcel en la causa A Ultranza.

La cámara de apelaciones revocó la decisión de la jueza Sandra Kirchhofer que había negado la libertad condicional al condenado y lo dejó a las resultas de un estudio psicológico de tres meses que según la misma cámara resulta inocuo a los fines de la medida por lo que resolvieron por unanimidad revocar la decisión de la jueza quien hoy hace lugar a la libertad condicional, pero, le impone reglas de conducta hasta septiembre del 2026 a una persona que compurga su condena en dos días.

La inédita resolución no deja de llamar la atención ya que permanentemente se instala mesas de trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para propiciar la reinserción social, sin embargo, en este caso se impone una nueva regla conducta a una persona que debe gozar de libertad plena en dos días.

El abogado Miguel Tadeo Fernández quien ejerce la defensa Cubas Jordán, manifestó su impotencia ante la decisión judicial que según dijo es arbitraria e inconstitucional y que es inexplicable como una magistrada del fuero especializado pueda imponer una medida a su cliente fuera del plazo en la que compurga su pena.

Cuestionó que en un caso tan complejo como este, se adopte este tipo de decisiones con absoluto desprecio a lo que reza la Constitución y la ley.

Fernández, señaló que desistirán del pedido de libertad condicional y aguardará que su cliente cumpla este domingo con la totalidad de la condena que le impuso la justicia y que esperaba que recupere su libertad el próximo lunes.
La jueza en la misma resolución le impuso una fianza de G 100 millones abogado defensor.