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Instan a integrar el control de convencionalidad a las prácticas judiciales cotidianas

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Rosa Pérez de García jueza del Superior Tribunal Electoral de República Dominicana e integrante de la división de igualdad y género, pidió a sus colegas magistradas de Iberoamérica aplicar el control de convencionalidad como una herramienta esencial para alinear las leyes nacionales y normativas internas como mecanismo de protección de derechos de la mujer.

La magistrada formó parte de uno de los paneles durante el Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, bajo el lema «Por una Justicia de Género», que desarrolla hasta hoy en CDE.

Pérez García, encomendó a sus colegas garantizar que las normas internas de un país no quebranten derechos fundamentales de las mujeres, y que eso es posible aplicando el control de convencionalidad que, amplía el espectro de los factores que permite la solución a ciertos problemas concretos y a la vez es un soporte de legitimación a las respuestas judiciales posibles.

“Destacamos que el control de constitucionalidad es un instrumento fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres, su enfoque interseccional debemos tomarlo en cuenta, ya que reconoce que las mujeres experimentamos aún discriminación y violencia de manera diferenciada unas de otras. Existen factores que inciden en cada caso en particular, tales como; el género, la raza, la clase social, la orientación sexual entre otras. En el caso particular de República Dominicana, el control de constitucionalidad se aplica a través de los órganos de justicia y es una facultad que descansa sobre los tribunales del Poder Judicial y e Tribunal Superior Electoral, son quienes podemos aplicarlo de forma difusa. Todos los jueces cuyos países ratificaron la convención americana tiene la obligación de realizar el control de convencionalidad en los casos que les sean planteados aún de oficio para asegurar los derechos de las personas”, aseguró la magistrada durante su intervención.

Agregó que, los magistrados tienen la responsabilidad de realizar una verificación preliminar de si las normas que están establecidas en las leyes nacionales resultan acordes a los estándares establecidos en la convención y en las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Concluye hoy uno de los eventos más importantes que aglutina por primera vez en Paraguay a cientos de magistradas de Iberoamérica para debatir sobre Justicia de Género.

Fiscalía no imputa pese a graves indicios de contaminación en Tablada, afirman

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El abogado Ricardo Merlo cuestionó que el Ministerio Público no actúe con agilidad y la debida diligencia en la denuncia que formularon hace meses en representación de pobladores afectados por la contaminación que generan frigoríficos y curtiembres de Tablada.

Merlo, comentó que hace 20 años ciudadanos de cuatro barrios de Asunción pasan por esta situación y sus condiciones de salud se encuentran afectadas por la forma en que operan impunemente estas empresas que manipulan los restos de animales y la vierten en los barrios afectados.

El profesional cuestionó la lenta actuación del Ministerio Público ante una situación de suma gravedad ya que la operatividad de estas curtiembres y frigoríficos supone un serio riesgo para la vida de los pobladores de Tablada.
“Estos frigoríficos y curtiembres generan olores propios de la industria por el tipo de material que procesan, los restos del proceso de faenamiento se entregan a las empresas que viven de eso en la zona y generan olores horribles el procesamiento de las vísceras, huesos y demás restos cuyos desechos terminan en la calle o, en los causes hídricos de la zona, tenemos una situación que se tornó insoportable. Estamos reclamando que se activen todas las instancias ante esta grave situación, esto es un tema de salud y un tema ambiental. Estas empresas implican un riesgo para vida de la población. Lastimosamente, nos entramos en una situación en la cual el Ministerio Público es mucho más lento que el proceso administrativo, eso nos preocupa, el Ministerio Público es el representante de la sociedad, estamos ante intereses difusos y es su responsabilidad tomar intervención especialmente en estos casos donde existe innegables indicios de contaminación”, acotó el abogado Ricardo Merlo quien representa a los pobladores de cuatro barrios de Asunción que reclaman una vida sin contaminación.

Agregó que ya tomaron intervención los representantes de la Municipalidad de Asunción, que pudo constatar más 20 infracciones en la forma en que operan estas curtiembre y frigoríficos.

Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente, también ya intervino y emitió la suspensión de licencias y lo que no deja de llamar la atención es la muy lenta reacción de la agente fiscal Lorena Ledesma, quien está a cargo de la investigación.

Merlo, reiteró que no se puede esperar una catástrofe o la muerte de los vecinos para cerrar o trasladar estos frigoríficos y curtiembres que generan graves perjuicios a la salud de los pobladores de Tablada.

Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.

Tío Rico seguirá en una cárcel de máxima seguridad

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La jueza especializada Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Miguel Insfrán alias Tío Rico. La magistrada mantiene la prisión del acusado en el penal de máxima seguridad de Minga Guazu, donde seguirá cumpliendo su prisión preventiva.

La jueza señala que no existe hecho nuevo que haga variar la decisión que asumió al concluir la audiencia preliminar, día en que ordenó el traslado del supuesto líder de un esquema criminal.

Según la acusación fiscal, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por el otro, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal”, relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

Según un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el negocio de Insfrán experimentó un crecimiento significativo a partir de 2020. Estableció alianzas con diversas organizaciones criminales, entre ellas, la liderada por el uruguayo Sebastián Marset, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en su país.

Según la fiscalía, Tío Rico utilizó empresas controladas por testaferros y miembros de su familia, así como negocios destinados al lavado de activos.
El Centro Cristiano Mundial de Avivamiento, también fue utilizado para tal fin, colocando a su hermano, el pastor evangélico José Alberto Insfrán, como figura de fachada. Además, la cooperativa San Cristóbal se convirtió en otra herramienta para realizar préstamos y descuentos de cheques a nombre de los miembros de su clan familiar.

La ruta del narcotráfico dirigida por Insfrán estaba cuidadosamente establecida. La cocaína provenía de Bolivia y era transportada en avionetas hasta la región de Alto Paraguay, en el Chaco. Posteriormente, la droga se movilizaba en camiones especialmente acondicionados hasta el Departamento de Presidente Hayes, para luego ser mezclada con cargas legales y finalmente sea enviada en contenedores a través de puertos con destino a Europa, según el relato del Ministerio Público.

Destacan el histórico Congreso de Magistradas que se desarrolla en el país

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Los ministros César Diesel y Carolina Llanes, destacaron el Seminario de Magistradas de Iberoamérica en su XX edición que se desarrolla en Ciudad del Este desde ayer miércoles y concluye mañana viernes.

Seminario, en la que se aborda el control de convencionalidad y derechos de la mujer y como introducir la perspectiva de género en el sistema de justicia para el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Tanto Diesel como Llanes, subrayaron el alto contenido del debate que se desarrolla en Paraguay, que busca sentar posturas para ir mejorando el respeto a los derechos de niñas y mujeres.

Llanes, remarcó que, la justicia paraguaya trata de construir gradualmente, pero, consistente con jurisprudencias para que los jueces ejerzan una mejor interpretación del control de convencionalidad en el derecho de mujeres y niñas.

Con este gran debate de altas magistradas de Iberoamérica se busca mejorar la política de género, el abordaje de la violencia sistemática hacia la mujer, un mayor número de mujeres en lugares de decisión y que sus derechos fundamentales sean respetados.

Por su parte la doctora Roxana Arroyo Vargas, vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica calificó de exitoso el evento que aglutina a cientos de magistradas en Ciudad del Este en la que se aborda la implicancia del derecho internacional y el control de convencionalidad en los países de Iberoamérica para hacer efectivo los derechos de mujeres y niñas.

“La valoración que podemos hacer a este evento es que es un éxito, imagínense lo que implica convocar a todas las magistradas de Iberoamérica. Siempre, luego de concluir el Seminario se emite una declaración donde salen directrices para todos los poderes judiciales y que estas sean aplicadas. Estas valoraciones salen de la puesta en común de días de análisis y profundizando para aplicar los estándares internaciones para mejorar el acceso a la justicia. La justicia es un servicio especializado para la sociedad en donde deben ser beneficiados todas las personas y en este caso, las mujeres, hay una preocupación internacional que, los llamamos brechas de género, las asimetrías que hay en nuestras sociedades y que se pueden medir fácilmente, las mujeres acceden menos a la salud a la educación, es que tienen obstáculos para eso. Creemos que la justicia es un pilar fundamental en cualquier democracia y si la justicia es más eficiente va a dar más confianza a la ciudadanía, creo que el impacto de este encuentro es absolutamente positivo”, acotó Arroyo.

Las autoridades realizaron la primera evaluación del evento de alta transcendencia que se desarrolla en el este del país y que aglutina a juristas locales y de Iberoamérica para debatir sobre “Justicia de Género”.

Paraguay, es anfitrión del XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, bajo el lema, «Por una Justicia de Género».

Hugo Javier González afrontará otro juicio oral

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El juez Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio oral y público el segundo proceso abierto contra el exgobernador de Central Hugo Javier González acusado de un millonario perjuicio patrimonial durante su gestión.

Luego de varias dilaciones se pudo realizar la audiencia preliminar para el acusado exgobernador y otros acusados. Luego de lo cual el juez del caso elevó el proceso para el debate público.

La acusación fiscal sostiene que, entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de diciembre de 2020, la Gobernación de Central realizó desembolsos indebidos por un total de G. 24.424.032.733 a favor de entidades privadas sin fines de lucro. Estos fondos se destinaron supuestamente a solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante el organismo.

Sin embargo, estos desembolsos generaron un perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005, ya que los desembolsos carecen de respaldo documental, y tampoco se conoce el destino exacto de los fondos.

El Ministerio Público busca debatir en juicio oral, la causa contra Hugo Javier por su presunta participación en una asociación criminal con ONGs. Bajo la fachada de obras, estas Organizaciones No Gubernamentales recibieron fondos, a pesar de no estar relacionadas con el rubro de infraestructura.

Esta no es la primera causa abierta contra el exgobernador quien, en la actualidad, soporta juicio oral y público por lesión de confianza en otro caso.

En este proceso se le imputan hechos punibles como: lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, perpetrados en la Gobernación. Otras personas ya han enfrentado juicio oral por este caso, y algunas de ellas han optado por salidas alternativas al juicio oral.

Unas 300 Magistradas de Iberoamérica debaten “Por Una Justicia de Género”

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En Ciudad del Este se desarrolla el XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, bajo el lema «Por una Justicia de Género», la ministra Carolina Llanes, participó en el panel internacional que abordó las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y su influencia en la creación e interpretación de normas jurídicas tanto internacionales como nacionales.

El evento tuvo lugar este miércoles en horas de la tarde en el Salón Auditorio del Centro de Convenciones del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Paraguay, recibe a 300 magistradas de distintos países de Iberoamérica para hablar sobre el juzgar con perspectiva de género, que tanto ha avanzado la justicia en la inclusión y cómo seguir avanzando en el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres en la justicia.
El primer día se centró en el control de convencionalidad y derechos de las mujeres y su impacto en la creación e interpretación de las normas internacionales y nacionales.

Durante su intervención, la ministra Llanes destacó los instrumentos de derecho internacional ratificados por Paraguay, tanto a nivel universal como interamericano. «Nuestra Constitución Nacional incorpora principios fundamentales, como el respeto a la dignidad de todas las personas, incluidas las mujeres, y garantiza igualdad, libertad y justicia. En virtud del artículo 137 de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico nacional», explicó. Además, subrayó la relevancia del control concentrado de constitucionalidad como herramienta clave para la protección de los derechos humanos en Paraguay.

Entre las principales fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres mencionadas por la doctora Llanes, se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Paraguay en 1982. También destacó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, incorporada en 2008. Asimismo, señaló que, aunque algunos protocolos sobre los derechos de las personas LGTB aún no han sido ratificados, estos siguen siendo parte del debate jurídico y social.

“La promulgación de leyes es el reflejo del consenso social en una sociedad que avanza hacia la inclusión de derechos. A medida que ese consenso se fortalece, se traduce en leyes que promueven la igualdad y justicia para todas las personas”, reflexionó la ministra Llanes.

El panel también contó con la participación de la procuradora general de la Nación de Colombia, doctora Margarita Cabello Blanco, quien abordó el rol preventivo y disciplinario de la Procuraduría General en su país, destacando además las normativas que garantizan la igualdad de derechos para las mujeres. De cómo la Procuraduría de su país se encarga de controlar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y que fue fruto de un trabajo interinstitucional basado en el derecho internacional, “Tenemos que proteger y promover los derechos de las mujeres, nosotros en Colombia conscientes de la histórica discriminación social, económica, normativa contra la mujer, y, conocedoras de las reglas internacionales existentes, introducimos en la Constitución aplicar perspectiva de género en nuestro actuar y nuestras decisiones judiciales. A las mujeres hay que empoderarlas para desafiar las estructuras patriarcales que perpetúan la violencia de género”, subrayó la procuradora.

Por su parte, la doctora Juliana Giménez Portillo, presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Ciudad del Este, actuó como flamante moderadora del panel. Al cierre, Giménez destacó: “Las exposiciones y subrayó la importancia de sensibilizar a los magistrados en la aplicación de normas con perspectiva de género, así como el papel fundamental del control social en la prevención de la violencia familiar, que en muchos casos culmina en feminicidios”, haciendo referencia a los puntos tratados por la ministra Llanes y la doctora Cabello Blanco.

La Corte inicia una auditoría de reacción inmediata en el caso de Amado Yuruhan Díaz

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El magistrado suspendido por la Corte Suprema de Justicia pidió además de que la Corte le reponga su salario y también inicien una investigación de reacción inmediata a lo que la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a pedido de magistrado acusado de acoso sexual.

Amado Yuruhan Díaz, pide a la máxima instancia que le repongan su salario básico ya que eso depende su familia. Que, el proceso abierto en su contra fue montado por el ministro César Garay Zuccolillo según menciona en el escrito de reconsideración.

La reposición del salario del magistrado queda a las resultas de la investigación que inicia la CSJ a su expediente para finalmente ratificar lo resuelto o bien rectificarlo, como lo solicita el afectado juez de Filadelfia.

“Considero pertinente que vean por favor el expediente, fundamentalmente la Sala Penal, para que puedan detectar las graves irregularidades que hay, yo estoy sometido a un proceso de manera injusta. Yo sostengo mi inocencia, espero que no me saquen mi salario, ahora tengo la posibilidad que, con la auditoría descubran la injusta imputación que se me ha hecho, no tiene asidero legal porque la conducta no se compadece de la exigencia del tipo penal”, acotó el magistrado Yuruhan.

Agregó que una vez más critica que el Ministerio Público haya iniciado el proceso penal en su contra sin que haya existido la instancia de parte de la víctima. Que, la acción penal fue iniciada por la denuncia del ministro Garay y no de la denunciante.

Reiteró que el inicio de la auditoria en su expediente arrojará resultados que traigan luz a los ministros para tomar una decisión más justa en su caso y no lo despojen de su salario el tiempo que dure su proceso penal.
Recientemente, el Ministerio Público formuló acusación contra el magistrado por presunto acoso sexual donde resultó víctima una limpiadora del Poder Judicial y requirió la elevación de la causa a juicio oral y público.

Fueron realizadas el 59% de las Audiencias programadas para la primera semana de septiembre

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Según el informe de auditoría de gestión jurisdiccional, el informe de la citada semana detalla que se diligenciaron 59% de las audiencias programadas, lo que corresponde a 71 realizadas, en tanto que, 49 fueron suspendidas, representando esto un 41%.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó su informe de seguimiento de audiencias preliminares correspondiente a la semana del 2 al 6 de septiembre de 2024. Los datos provienen de los juzgados penales de garantías, de Delitos Económicos, así como de la Adolescencia y los especializados en Crimen Organizado, todos de la Capital.

De las 71 audiencias preliminares suspendidas, 24 fueron por pedido de suspensión, 21 por incomparecencia, 1 por falta de traslado de penitenciaria, 1 por planteos procesales y 2 por renuncia de la defensa.

El informe contempla las audiencias preliminares programadas por los juzgados penales de Garantías de Capital y de Delitos Económicos, los juzgados Penales de la Adolescencia Primer Turno y Segundo Turno, y los especializados en Crimen Organizado, 1er, 2do y 3er turno.

Este seguimiento fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia con el fin de tener control sobre los motivos de suspensiones y conocer a profundidad las razones por las que se frustran las audiencias en las que se debe decidir si las mismas van a juicio oral y público o tienen una salida diferente.

La Corte insta a usuarios del fuero de la Niñez denunciar cobros indebidos

La máxima instancia recuerda a todos los operadores del sistema judicial que los servicios en el fuero de la Niñez y Adolescencia son absolutamente gratuitos y que en caso de que las personas sean víctimas de esta situación instó a que lo denuncien.


En reiteradas sesiones de la Corte Suprema de Justicia se ha resuelto reiterar la gratuidad del servicio en el fuero especializado de a Niñez y que aquellas personas que realicen los cobros indebidos tendrán que afrontar las consecuencias.

De acuerdo con el Acta N° 49 del 3 de septiembre del Consejo de Superintendencia, la Dirección General de Recursos Humanos de la máxima instancia judicial, a través de sus organismos competentes, deberá reforzar los mecanismos de control pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

Si no se cumple con este requisito, se debe iniciar el proceso de denuncias en caso de cobros indebidos, para que la CSJ inicie la investigación interna y las medidas respectivas para corregir estos actos irregulares.

Por tal motivo, se insta a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes a través de los canales pertinentes para que la máxima instancia pueda revertir esta práctica ilegal.

Los servicios gratuitos son: la filiación, al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad sobre los hijos, la designación o remoción de los tutores de las reclamaciones de ayuda prenatal y protección a la maternidad, los pedidos de fijación de cuota alimentaria, los casos de guarda, abrigo y convivencia familiar, las demandas por incumplimiento de las disposiciones relativas a salud, educación y trabajo de niños y adolescentes.

Así como los juicios de los casos derivados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI); los casos de maltrato de niños o adolescentes que no constituyan hechos punibles, las venias judiciales, la adopción de niños o adolescentes, las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente y las demás medidas establecidas por este Código.

Fuente: Ley 1680/01.- Código de la Niñez y la Adolescencia.

Adopción: “Queremos verlos siempre sanos y alegres”, reza la resolución judicial

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El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, a cargo de la jueza Mónica Soledad Duarte, firmó una resolución en la que concede la adopción a una familia de gran corazón que decidió criar a dos hermanos.

La familia adoptiva, soportó varios años de papeleos y régimen de relacionamiento que se inició desde el 2017, para finalmente también al igual que los niños puedan decir hoy que tienen una familia completa.

La magistrada escribió su resolución en términos sencillos y con un fuerte mensaje de humanidad a los niños que hoy tienen la posibilidad de ser adoptados por una amorosa familia, en la que crecerán con cariño y la seguridad que merecen todos los niños.

En la resolución, la magistrada les comenta a los niños que a partir de esta resolución serán los hijos legales de este matrimonio que perseveró para tenerlos en su hogar y que esta resolución judicial no es solo la habilitación a la adopción es una decisión que tendrá implicancia en sus vidas y en su historia de por vida y que se ha hecho con mucho amor por parte de todas las instituciones que forman parte para de este proceso de buscar y encontrar a las familias más aptas para los niños.


Los niños adoptados viven con la familia desde el 2017 y se encontraban bajo el régimen prioritario de adopción, con lo que los trámites también fueron simplificados.

“Hoy es un día de gran satisfacción al otorgar el juzgado a cargo de esta servidora la resolución de adopción a favor de dos hermanitos luego de un proceso largo, a una familia de gran corazón y la sonrisa de alegría de ellos hace que tengamos esperanza de un mundo mejor. Estos niños amorosos, educados, a 500 kilómetros encontraron una nueva historia y por designios de Dios reciben la protección y el amor de unas personas maravillosas, que son mamá y papá”, acotó la magistrada Mónica Soledad Duarte.

Agregó que esperaba que existan más familias de buen corazón dispuestas a adoptar y más colaboradores con actitud positiva ayuden a obtener la felicidad y protección a más niños que hace años esperan contar con una familia que les brinde mucho amor y protección.

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