La jueza Sandra Kirchhofer envió de vuelta a prisión por 48 horas a Diego José Cubas Jordán, quien cumple la totalidad de su condena mañana viernes 27 de septiembre.
La jueza quiso imponerle reglas de conducta hasta el 2026, situación que no fue aceptada por el condenado ni por la defensa, por lo que la jueza lo volvió a enviar a prisión para cumplir los dos días que le faltan para purgar la totalidad de su condena.
Miguel Tadeo Fernández abogado defensor del Cubas Jordán, lamentó que la magistrada tome una decisión tan arbitraria contra su cliente ya que bien podía allanarse el camino para su reinserción a la sociedad, sin embargo, le negaron esto hasta el último momento con el agregado que ahora tuvo que volver a prisión para cumplir los dos días que le falta para cumplir la totalidad de la pena.
Comentó que su cliente le pidió que ya no recurra la decisión que consideran arbitraria ya que lo que único que desea es recuperar su libertad y su vida.
Cubas Jordán, fue condenado a dos años y seis meses de cárcel en la causa A Ultranza por su participación en los hechos investigados por el Ministerio Público y cumple con su condena mañana.
En su momento, la cámara de apelaciones revocó la decisión de la jueza Sandra Kirchhofer que, había negado la libertad condicional al condenado y lo dejó a las resultas de un estudio psicológico de tres meses que según la misma cámara resulta inapropiado a los fines de la medida por lo que resolvieron por unanimidad revocar la decisión de la jueza quien quiso imponer reglas de conducta hasta septiembre del 2026 a una persona que le faltaba solo 48 horas para cumplir la totalidad de su pena, situación que no fue aceptada por el procesado y por ello la jueza lo vuelve a enviarlo a prisión para cumplir lo que le falta de condena.
La causa A Ultranza, es una de las mayores intervenciones del Estado contra la criminalidad organizada y tuvo como resultado la incautación de bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo entre otros activos producto del lavado de dinero del narcotráfico.
Este caso tuvo el acompañamiento de la DEA, la Europol, la policía de Uruguay y la Senad con lo que el Ministerio Público pudo cerrar el caso.