Un Tribunal de Sentencia de Amambay dictó severas penas de hasta 27 años de prisión contra cinco acusados, tras un juicio oral y público que se desarrolló completamente en idioma guaraní, marcando un hecho relevante en el acceso a la justicia.
La intervención de la defensora pública en lo Civil del Primer Turno de la Capital, Leyla Centurión, permitió revertir la situación judicial de dos docentes que enfrentaban múltiples demandas por cobro de dinero en el marco de los conocidos casos de irregularidades de la mafia de pagarés.
El juez especializado en delitos económicos Rodrigo Estigarribia resolvió mantener la prisión preventiva de Alex Silva Báez, un joven de 18 años imputado por estafa mediante sistemas informáticos y otros hechos punibles, en el marco de una investigación por un esquema de ciberfraude de gran magnitud.
La agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes de Alto Paraná, logró una condena elevada de 23 años de pena privativa de libertad a un hombre hallado culpable por abuso sexual en niños, donde han resultado víctimas sus sobrinas menores de edad.
En el marco del proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM contra el juez de Paz Gustavo Villalba, suspendido actualmente en sus funciones, la fiscal acusadora Cinthia Vera solicitó su remoción definitiva al sostener que existen elementos suficientes que evidencian un supuesto mal desempeño en el ejercicio del cargo. El caso se desarrolla dentro de la investigación conocida públicamente como el esquema de la “mafia de pagarés”.
El juez Fidelino Cáceres resolvió declarar la nulidad de actuaciones en un proceso ejecutivo promovido por la firma Vanessa y Asociados, tras constatar inconsistencias en las notificaciones realizadas durante el trámite. La decisión se da en el marco de una causa vinculada a denuncias sobre presuntas irregularidades en juicios de cobro de pagarés.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, órgano dependiente de la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer su reporte de monitoreo sobre audiencias preliminares, correspondiente a la semana del 13 al 17 de abril de 2026.
El Ministerio Público, a través de la agente fiscal Julia González Medina, formuló imputación contra dos mujeres madre e hija, de 54 y 27 años respectivamente en el marco de una investigación abierta por un supuesto hecho punible contra la propiedad, específicamente apropiación.
El Ministerio Público se encuentra investigando un presunto caso de filtración de información en el marco de una causa vinculada a narcotráfico, hecho que habría sido protagonizado por una funcionaria de la institución. La pesquisa está a cargo de la agente fiscal Verónica Valdez, quien impulsa diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.
