La Defensoría Pública Leticia Casaccia obtuvo un nuevo fallo favorable en un proceso impulsado por la firma Vanessa y Asociados S.A., luego de que el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso declarara la nulidad de actuaciones procesales, levantara un embargo ejecutivo y ordenara la devolución de G. 7.585.656 a favor de la ciudadana Ninfa Elizabeth Ramírez Romero.
La resolución judicial constituye uno de los cuatro embargos que recientemente fueron levantados mediante intervenciones encabezadas por la defensora pública Casaccia, quien viene impulsando acciones de revisión de procesos ejecutivos en los que se detectaron presuntas irregularidades en las notificaciones y actuaciones posteriores.
En el caso específico de Ninfa Elizabeth Ramírez Romero, el juzgado concluyó que las notificaciones practicadas durante el proceso presentaban vicios graves que afectaron el derecho a la defensa de la demandada. Según el análisis, algunas diligencias atribuidas al entonces ujier actuante resultaban materialmente imposibles de cumplir en las condiciones consignadas en el expediente, mientras que una de las notificaciones fue realizada en una institución educativa donde no se encontraba persona alguna para recibirla.
La resolución destaca que dicha circunstancia impidió que la afectada tuviera conocimiento efectivo del juicio promovido en su contra, generando una situación de indefensión.
Como consecuencia de estas irregularidades, el juzgado declaró la nulidad de la notificación practicada el 15 de febrero de 2022 y de todas las actuaciones posteriores derivadas de ella, incluyendo el embargo ejecutivo y la Sentencia Definitiva N.º 6014, dictada el 19 de octubre de 2022.
Asimismo, el magistrado ordenó retrotraer el proceso hasta la providencia de fecha 4 de octubre de 2021 y disponer una nueva notificación conforme a las formalidades legales establecidas en el Código Procesal Civil.
La decisión judicial también dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares vigentes y ordenó que, una vez firme la resolución, se expida la correspondiente orden de pago a favor de Ninfa Elizabeth Ramírez Romero para retirar la totalidad de los fondos depositados en la cuenta judicial habilitada para el expediente.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el monto a ser restituido asciende a 7.585.656 guaraníes.
La sentencia además impuso las costas procesales a la parte actora, Vanessa y Asociados S.A., conforme a las reglas generales previstas en la legislación procesal.
El fallo se suma a otros casos similares en los que la defensora pública logró revertir medidas ejecutivas mediante la promoción de incidentes de nulidad basados en supuestas deficiencias en los procedimientos de notificación.
La resolución refuerza la importancia de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa en los juicios ejecutivos, principios que fueron considerados vulnerados en este caso por el propio órgano jurisdiccional al momento de analizar la validez de las actuaciones.
