El Ministerio Público presentó acusación y solicitó la apertura de juicio oral y público contra el abogado Óscar Tuma, Alexandre Rodrígues Gómes y las escribanas Blanca Rossana Ozuna y María Luisa Verón, en el marco de una investigación por presuntas maniobras destinadas a transferir bienes pese a una medida cautelar de inhibición para enajenar y gravar que pesaba sobre Rodrígues Gómes.
La acusación fue presentada por los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes sostienen que Alexandre Rodrigues Gómes impulsó la transferencia de cuatro inmuebles y ocho vehículos de su propiedad, a pesar de tener pleno conocimiento de que se encontraba inhibido judicialmente para disponer de esos bienes.
Según el requerimiento conclusivo, al momento de los hechos Rodrigues Gómes se encontraba privado de su libertad, circunstancia que, lejos de impedir las operaciones, habría motivado la planificación de un mecanismo para concretar las transferencias con la participación de terceros.
«Considerando que Alexandre Rodrigues Gómes se encontraba privado de su libertad y sin poder acudir a la escribanía para formalizar las escrituras, planificó las irregularidades cometidas contando para el efecto con la participación de Roberto Cubilla y las escribanas intervinientes, valiéndose de ellas para la finalización de las transferencias de todos los bienes mencionados», sostienen los fiscales en la acusación.
El Ministerio Público afirma además que la maniobra se ejecutó mediante la alteración de datos en el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos.
De acuerdo con la acusación, la modificación fue realizada utilizando el usuario correspondiente a la funcionaria Alicia Celeste Rodríguez Flores, lo que habría permitido eliminar del sistema la inscripción de la medida cautelar de inhibición que pesaba sobre los inmuebles, posibilitando así la formalización de las transferencias.
Para los representantes del Ministerio Público, la supresión de esa restricción registral fue un elemento determinante para concretar la disposición de los bienes, pese a la prohibición judicial vigente.
Con la presentación de la acusación, la Fiscalía considera reunidos los elementos suficientes para que Alexandre Rodrígues Gómes, el abogado Óscar Tuma y las escribanas Blanca Rossana Ozuna y María Luisa Verón sean sometidos a juicio oral y público, instancia en la que se debatirá la responsabilidad penal de los procesados por las presuntas irregularidades detectadas en la transferencia de los inmuebles y vehículos.
