La defensa del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, aguarda que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso de casación presentado contra la condena de ocho años de prisión que pesa sobre su cliente. El abogado Rodrigo González Planas sostiene que tanto el Tribunal de Sentencia como la Cámara de Apelaciones omitieron analizar una hipótesis alternativa planteada por la defensa y respaldada, según afirma, por pruebas incorporadas durante el juicio oral.
La jueza penal de garantías Diana Carvallo resolvió otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva al diputado Mauricio Fabián Espínola Núñez, imputado por homicidio culposo en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en Asunción y que derivó en la muerte de un motociclista.
La Corte Suprema de Justicia inició el proceso de elaboración de un informe requerido por la Cámara de Senadores sobre la aplicación de la Ley 5.777/2016, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia.
La abogada Alejandra Peralta Merlo presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra resoluciones judiciales dictadas en el marco de la querella promovida por el empresario Christian Chena contra el portal digital “Despierta Paraguay”, al considerar que las decisiones impugnadas vulneran garantías constitucionales y limitan el ejercicio efectivo del derecho de acción.
El Registro Nacional de Agresores Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes (R.A.S.) contabiliza actualmente 1.416 personas con condenas firmes y ejecutoriadas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Del total de registrado, 30 son mujeres y 1.386 son hombres.
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como “Detergentes de Oro”, que tiene como uno de los procesados al exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres. La decisión fue adoptada tras concluir la audiencia preliminar desarrollada este martes, aunque el magistrado determinó que el proceso avance únicamente por el supuesto hecho punible de lesión de confianza y no por asociación criminal.
El Tribunal de Sentencia que condenó a la exfiscal Ana Elizabeth Girala a siete años y tres meses de prisión por prevaricato, cohecho pasivo agravado y otros hechos punibles, fundamentó que la exagente del Ministerio Público fue considerada autora de los ilícitos debido a que mantenía el control absoluto sobre las decisiones fiscales que eran objeto de negociación dentro de su unidad.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer un nuevo reporte elaborado tras el monitoreo y auditoría de las audiencias preliminares desarrolladas durante la última semana analizada en los juzgados de la Capital.
El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Morel, Karina Cáceres y Ana Rodríguez condenó este lunes a la exagente fiscal Ana Elizabeth Girala y a varios de sus colaboradores tras concluir que montaron un esquema mediante el cual obtenían beneficios económicos y otros bienes a cambio de actuaciones propias del Ministerio Público.
