La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución judicial que aplica la prisión preventiva y amplía los hechos punibles atribuidos al exCEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, suma figuras penales que habían sido objeto de cuestionamientos por su ausencia en la investigación fiscal.
La imputación fiscal describe presuntas actuaciones del entonces mandatario para favorecer al grupo empresarial vinculado a la entidad bancaria. El escrito también menciona reuniones reservadas con Miguel Vázquez, titular del conglomerado.
Miguel Vázquez, exCEO de la entidad, y otros dos exdirectivos deberán designar nuevos representantes legales tras la renuncia de los profesionales que habían asumido recientemente sus defensas. La causa investiga un presunto esquema de operaciones crediticias que habría comprometido activos del banco y recursos de terceros.
Las fiscales Laura Giacummo y Elena Fiore encabezaron el procedimiento en la vivienda del exmandatario, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La diligencia se suma a otros allanamientos realizados en empresas vinculadas al Grupo Vázquez, en busca de documentos y elementos materiales que permitan profundizar la investigación.
La Fiscalía realizó un procedimiento en la sede de la ex Credicentro, ubicada en el centro de Asunción, en busca de documentos y bienes que podrían aportar a la investigación sobre el caso Ueno Bank. Los investigadores incautaron cédulas verdes de vehículos, llaves de rodados y numerosos documentos.
La defensa del exCEO del Grupo Vázquez apeló la prisión preventiva y solicitó su sustitución por arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Alegó que la resolución judicial carece de fundamentación suficiente y que no concurren los presupuestos legales para mantenerlo privado de libertad.
El procedimiento fiscal se realizó este domingo en el inmueble ubicado en Ciervo Cuá. La propiedad habría sido construida con préstamos simultáneos por G. 3.548 millones otorgados por Ueno Bank. La diligencia busca incorporar nuevas evidencias a la investigación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Tras permanecer seis años prófuga de la Justicia por el caso de los documentos presuntamente falsos entregados a Ronaldinho Gaúcho, la empresaria Dalia López fue condenada a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena. Como reparación social del daño, deberá donar USD 110.000 a 11 entidades benéficas, además de G. 200 millones al INCAN y al Hospital Materno Infantil.
La imputación fiscal contra Santiago Peña expone una trama que va más allá de la permanencia de fondos públicos en Ueno Bank. El Ministerio Público también le atribuye haber recibido dos préstamos por G. 3.548 millones para construir su vivienda en San Bernardino, con cuotas que equivalían a seis veces su salario presidencial, y haber respaldado públicamente a la entidad mientras los organismos de control advertían sobre su delicada situación financiera.
El magistrado Humberto Otazú consideró que existe peligro de fuga y argumentos de seguridad vinculados al cargo que ocupó el exmandatario y a la información que manejaría sobre crimen organizado. La defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el pedido no prosperó.