La dimensión que adquirió el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” comienza a reflejarse con mayor claridad en las estadísticas del Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Hasta julio de 2026, 1.791 causas judiciales fueron registradas en representación de víctimas, correspondientes a unas 493 personas afectadas. El volumen de expedientes crece mes a mes y genera especial preocupación dentro de la Defensa Pública por la concentración de esta carga de trabajo en un grupo reducido de profesionales.
La odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenadas por la muerte de la joven Sol Chávez, ya se encuentran cumpliendo sus respectivas penas de prisión, luego de presentarse ante las autoridades tras la orden de captura dispuesta por el juez Carlos Mendoza.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó que el 40% de las audiencias preliminares programadas entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 fueron suspendidas, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en los juzgados de la Capital.
El criminólogo Juan Martens lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sistema penitenciario paraguayo y sostuvo que las cárceles, lejos de cumplir una función de protección y reinserción, actualmente pueden convertirse en espacios que propician y potencian la criminalidad.
El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel dio inicio al juicio oral y público en la causa conocida como “Tía Chela”, proceso en el que se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con exfuncionarios municipales y representantes de empresas vinculadas a la provisión de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
La Defensa Pública analiza impulsar una nueva acción de tutela colectiva para suspender embargos y medidas cautelares que afectan a miles de personas. Un reciente dictamen de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica considera que existen fundamentos constitucionales y legales para promover la acción, aunque recomienda previamente elaborar un registro de afectados y expedientes. Al cierre de julio, la Defensa Pública ejerce representación en 1.791 casos, de los cuales 78 corresponden a personas en condición de vulnerabilidad.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, instó a los jueces a cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 52 de la Ley 1340 y disponer, en el menor tiempo posible, la destrucción de las sustancias estupefacientes incautadas. Advirtió que mantenerlas durante meses o años en depósitos representa un riesgo ambiental, procesal y de seguridad, debido al alto valor económico que conservan para las redes dedicadas al narcotráfico.
La abogada Noelia Núñez logró la suspensión de la subasta de los inmuebles involucrados en un proceso de rendición de cuentas. La profesional denunció ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia a la jueza Mafalda Cameron, a quien atribuye una serie de presuntas irregularidades procesales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó, por mayoría, el recurso de casación planteado por la defensa de Óscar Ariel Caballero Sahlmann. La Fiscalía había sostenido su acusación con distintas evidencias, entre ellas el testimonio de un hombre que estuvo con el condenado antes y después del crimen.
El fiscal Luis Piñánez afirmó a Judiciales Net que cuentan con documentos, facturas y registros de circuito cerrado que vincularían a una empresa privada con el supuesto uso de recursos de la Municipalidad de Asunción para trabajos de pavimentación. La firma es considerada por los investigadores como una empresa de “maletín”.
