La querella adhesiva en la causa que investiga al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich Mojoli, y a su esposa María Rosa Araujo Gubetich, por presunta estafa y lavado de dinero, instó a la Corte Suprema de Justicia a destrabar el expediente resolviendo cuestiones incidentales que permanecen pendientes desde febrero de 2025.
El Ministerio Público presentó acusación y solicitó la apertura de juicio oral y público contra el abogado Óscar Tuma, Alexandre Rodrigues Gómes y las escribanas Blanca Rossana Ozuna y María Luisa Verón, en el marco de una investigación por presuntas maniobras destinadas a transferir bienes pese a una medida cautelar de inhibición para enajenar y gravar que pesaba sobre Rodrígues Gómes.
La representación del Ministerio Público confirmó su requerimiento a favor de Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera. Ahora, el juez de garantías Rodrigo Estigarribia deberá resolver la salida procesal requerida por la fiscal inferior hoy ratificada.
El Gabinete del presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ministro Gustavo Santander Dans, presentó su informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, con los principales resultados de la labor jurisdiccional desarrollada entre el 2 de febrero y el 29 de junio del presente año.
Una denuncia realizada a través del servicio Fono Ayuda 147, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, fue el primer paso para poner en marcha una investigación que terminó con la condena de 25 años de prisión para un hombre hallado responsable del abuso sexual de sus dos hijas menores de edad.
La Justicia resolvió unificar las condenas que pesan sobre el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y dispuso el inicio del proceso de reinserción social previsto en el régimen de ejecución penal, como paso previo a una eventual concesión de salidas transitorias y, posteriormente, de la libertad condicional.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, alertó sobre el creciente impacto que tienen las acciones de amparo contra el Ministerio de Salud Pública, al señalar que la institución recibe entre 2.000 y 3.000 recursos judiciales por mes, una situación que, según afirmó, compromete la planificación y el uso eficiente de los recursos destinados a la atención sanitaria.
La exponencial acumulación de causas penales volvió a quedar en evidencia este miércoles con una cifra que refleja la presión que soporta el sistema de justicia penal: un total de 27 juicios orales fueron programados para una sola jornada en Capital. La situación no solo pone a prueba la capacidad operativa de los tribunales de sentencia especializados y ordinarios, sino que también comprime las agendas de fiscales, defensores públicos y abogados particulares, obligados en muchos casos a atender varias audiencias simultáneamente.
El juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas fue suspendido este lunes tras la incorporación de una nueva defensa técnica, que solicitó tiempo para interiorizarse del expediente y ejercer plenamente la representación del acusado durante el proceso.
La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún enfrentará juicio oral y público por presunto prevaricato a partir de este 22 de julio, en una causa que su defensa considera jurídicamente infundada y que, según sostiene, representa un peligroso precedente para la independencia de los magistrados y el funcionamiento del Poder Judicial.
