Tribunal de Cuentas anuló una multa impuesta a un funcionario judicial por llegadas tardías al concluir que el sumario administrativo y la resolución sancionatoria incumplieron los plazos reglamentarios. La decisión, adoptada por mayoría, podría sentar un precedente para otros procedimientos disciplinarios con demoras similares. La Corte Suprema deberá afrontar las costas del juicio, salvo que la decisión sea modificada en una eventual apelación.
Un total de 52 audiencias preliminares fueron suspendidas entre el 12 y el 16 de octubre, según el reporte semanal de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. La incomparecencia y los pedidos de suspensión figuran entre los principales motivos.
El fiscal Silvio Corbeta resaltó datos sobre el RUC y las declaraciones juradas de las firmas Tía Chela y Danielito, vinculadas a la provisión de kits de alimentos durante la pandemia. La defensa pidió incorporar publicaciones de páginas oficiales y aguarda una solución técnica para reproducir pruebas comunes en el juicio oral.
Resoluciones del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso dejaron sin efecto tres causas ejecutivas por irregularidades procesales y dispusieron la devolución de dinero a un funcionario de Salud Pública y dos docentes. La defensa pública invocó la Ley N.º 7614/25 y cuestionó notificaciones defectuosas y expedientes que no figuraban registrados.
La defensa del exsenador Hernán Rivas, a cargo de la abogada Alba Zaracho, recurrió ante la Cámara de Apelaciones la condena de ocho años de prisión que recibió por el uso de un título falso de abogado para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La representación legal sostiene que la causa prescribió y solicita la absolución de su cliente.
José Fernández Zacur, defensor del expresidente del IPS Jorge Brítez, cuestionó las consecuencias sociales y patrimoniales que afrontan las personas sometidas a un proceso penal. Señaló que su cliente está inhibido de disponer de sus bienes registrables y calificó la situación como una “muerte civil”.
El colegiado concluyó que el acusado reaccionó ante una agresión inminente, luego de ser perseguido en un vehículo y confrontado por dos hombres. Los jueces sostuvieron que no estaba obligado a huir ni a esperar que lo golpearan para defenderse.
El exgobernador de Central cumple arresto domiciliario por 90 días tras recibir el alta médica. Su abogado, Guillermo Gayoso, afirma que su estado de salud todavía le impide prestar declaración ante el Ministerio Público, que investiga las lesiones que sufrió mientras se encontraba privado de libertad.
El juez penal especializado Rodrigo Estigarribia defendió la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral como una herramienta necesaria para evitar la saturación del sistema judicial y garantizar que los recursos del Estado se concentren en la persecución de los hechos punibles que lo ameriten.
El juez Rodrigo Estigarribia suspendió la diligencia prevista para este jueves tras un pedido de la defensa, que presentó un certificado de reposo médico. Deberá fijarse una nueva fecha para estudiar si la causa se envía a juicio oral y público.
