El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel dio inicio al juicio oral y público en la causa conocida como “Tía Chela”, proceso en el que se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con exfuncionarios municipales y representantes de empresas vinculadas a la provisión de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
La Defensa Pública analiza impulsar una nueva acción de tutela colectiva para suspender embargos y medidas cautelares que afectan a miles de personas. Un reciente dictamen de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica considera que existen fundamentos constitucionales y legales para promover la acción, aunque recomienda previamente elaborar un registro de afectados y expedientes. Al cierre de julio, la Defensa Pública ejerce representación en 1.791 casos, de los cuales 78 corresponden a personas en condición de vulnerabilidad.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, instó a los jueces a cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 52 de la Ley 1340 y disponer, en el menor tiempo posible, la destrucción de las sustancias estupefacientes incautadas. Advirtió que mantenerlas durante meses o años en depósitos representa un riesgo ambiental, procesal y de seguridad, debido al alto valor económico que conservan para las redes dedicadas al narcotráfico.
La abogada Noelia Núñez logró la suspensión de la subasta de los inmuebles involucrados en un proceso de rendición de cuentas. La profesional denunció ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia a la jueza Mafalda Cameron, a quien atribuye una serie de presuntas irregularidades procesales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó, por mayoría, el recurso de casación planteado por la defensa de Óscar Ariel Caballero Sahlmann. La Fiscalía había sostenido su acusación con distintas evidencias, entre ellas el testimonio de un hombre que estuvo con el condenado antes y después del crimen.
El fiscal Luis Piñánez afirmó a Judiciales Net que cuentan con documentos, facturas y registros de circuito cerrado que vincularían a una empresa privada con el supuesto uso de recursos de la Municipalidad de Asunción para trabajos de pavimentación. La firma es considerada por los investigadores como una empresa de “maletín”.
El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza dio cumplimiento al comiso autónomo de bienes vinculados al empresario brasileño Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, cuyo valor supera los USD 150 millones, según lo establecido en la resolución judicial.
La ministra integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, volvió a poner la lupa sobre una de las prácticas que, a su criterio, contribuyen directamente a la mora judicial: la falta de una adecuada depuración de las pruebas durante la etapa intermedia de los procesos penales.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme condenó a cinco personas procesadas en la causa abierta por el crimen de la joven María Fernanda, ocurrido el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo.
Una declaración considerada relevante se produjo durante el juicio oral al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La testigo Andrea Estigarribia afirmó ante el Tribunal de Sentencia que una “orden superior” habría acelerado el trámite para la expedición del título de abogado del exlegislador.
