Procesos

La defensora pública Laticia Casaccia consiguió nuevamente medidas favorables para María Estela Ozuna, una docente indígena que enfrenta diez juicios ejecutivos promovidos por Víctor Rotela y Carlos Barúa. La defensa ya había logrado la nulidad de uno de los procesos por irregularidades y ahora obtuvo el levantamiento de siete embargos que afectaban directamente el salario de la docente.

La absolución no significa ausencia de justicia. Para la jueza de Sentencia Lourdes Garcete, cuando las pruebas reunidas durante un proceso penal no permiten alcanzar el grado de certeza necesario para condenar, los magistrados tienen la obligación de absolver, aun cuando esa decisión pueda resultar impopular ante la sociedad.

La Fiscalía logró nuevamente dejar sin efecto un intento de trasladar a Erico Galeano Segovia a la prisión Militar de Viñas Cué. El dictamen de la agente fiscal de Ejecución Penal especializada en Crimen Organizado, Delitos Económicos y Anticorrupción, Dominica Zayas Acevedo, fue determinante para que el Tribunal de Apelación Penal especializado revocara la decisión judicial que había autorizado el cambio de lugar de reclusión.

El exministro del Interior Rafael Filizzola y actual senador, deberá volver a enfrentar una audiencia preliminar en el proceso que soporta por una supuesta lesión de confianza vinculada con la construcción y reparación de comisarías durante su gestión.

La saturación de los Tribunales de Sentencia de Capital lleva a los propios magistrados a plantear la necesidad de revisar la legislación penal vigente, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan que solo determinados hechos punibles que realmente requieran un debate público sean elevados a la etapa de juicio oral.

Un total de 52 audiencias preliminares fueron suspendidas entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026, según el informe de seguimiento elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La agenda de los tribunales de sentencia de Asunción vuelve a mostrar el nivel de presión que soporta la etapa de juicio oral. En una sola jornada fueron fijados 35 juicios, una cifra que evidencia la magnitud del cúmulo de causas que llega a esta instancia y la necesidad de que los colegiados distribuyan sus jornadas entre múltiples procesos.

El juicio oral y público a Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, y otros diez acusados por lesión de confianza avanzó este martes con la producción de pruebas documentales. El fiscal Silvio Corbeta detalló facturas vinculadas a las empresas que, según la acusación, debían abastecer los alimentos destinados a los kits distribuidos durante la pandemia.

El abogado José Fernández Zacur, defensor del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Magno Brítez, analizó el A.I. N.º 471, dictado el 5 de junio de 1997 por el entonces juez de Primera Instancia en lo Criminal del Duodécimo Turno, Emiliano Rolón Fernández, actual Fiscal General del Estado. Para la defensa, aquel pronunciamiento constituye un antecedente relevante para examinar cuándo una decisión administrativa puede derivar en responsabilidad penal.

La condena de Hernán Rivas trasciende su responsabilidad penal y plantea interrogantes sobre las decisiones adoptadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el periodo en que integró el órgano. Un análisis jurídico advierte que el escenario no habilita a declarar nulidades de manera automática, sino que exige revisar cada resolución y determinar el peso que tuvo su participación.