La captura del uruguayo Sebastián Marset, el pasado viernes 13 de marzo en territorio boliviano, expuso la magnitud de un imperio criminal que operaba con amplia libertad en la región.
La familia de un joven asesinado expresó su preocupación ante la posibilidad de que los implicados en el crimen reciban condenas leves o incluso queden fuera del proceso judicial. Victoria Ledesma, familiar de la víctima, manifestó que el temor principal radica en cómo podrían resolverse las responsabilidades de los acusados durante el juicio oral y público.
Un incidente promovido por la defensora pública Leticia Casaccia derivó en una resolución judicial que ordena retrotraer un proceso ejecutivo ante la falta de presentación del pagaré original utilizado como base para reclamar una deuda.
El Ministerio de Justicia continúa avanzando en la consolidación de un registro preciso y confiable sobre la población penitenciaria del país. En ese marco, a través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, se desarrolló una jornada de entrevistas diagnósticas estructuradas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
La jueza penal de garantías de Capital, Clara Ruiz Díaz admitió la imputación presentada contra la exagente fiscal Stella Mary Cano y la convocó a una audiencia de imposición de medidas prevista para el 20 de marzo.
El prófugo de la justicia paraguaya Sebastián Marset fue detenido en Bolivia, según confirmaron autoridades de ese país. El uruguayo es señalado como el principal líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y es uno de los principales investigados en el marco del operativo A Ultranza Py.
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, resolvió por mayoría hacer lugar a una medida cautelar y suspender provisoriamente la aplicación de la Ley N.º 7445/2025 y la Ley N.º 6834/2021, lo que permite a un grupo de militares jubilados continuar percibiendo tanto sus haberes jubilatorios como sus salarios en la función pública de manera simultánea.
Ante el juez Miguel Palacios continúa la audiencia preliminar en el marco del proceso abierto por presuntos hechos de narcotráfico y lavado de activos que involucra a Reinaldo Javier Cabaña Santacruz y a otros acusados.
El Ministerio Público formuló acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público el proceso penal abierto contra los directivos de la firma Vicentín Paraguay S.A., José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, a quienes se atribuye la comisión del hecho punible de estafa en perjuicio del banco Continental.
