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Procesos

Suspensión de matrícula de Zully Ortiz genera esperanza de saneamiento del sistema judicial, aseguran

La suspensión de la matrícula profesional de la abogada Zully Ortiz, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, genera esperanza y alivio entre las víctimas de la denominada mafia de los pagarés, según afirmó la abogada Noelia Núñez, querellante en la causa y representante legal de varias afectadas, entre ellas Ángela Zárate.

Corte aclara que jueces de Paz no requieren protocolo para levantar embargos en juicios ejecutivos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que los jueces de Paz no necesitan ningún protocolo ni reglamentación adicional para proceder al levantamiento de embargos y medidas cautelares en expedientes extraviados o inexistentes, y advirtió que tomará medidas contra aquellos magistrados que incumplan la normativa vigente.

Víctimas de la mafia de pagarés denuncian incumplimiento de la ley de saneamiento

Integrantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés exigen que los jueces cumplan con la reciente ley de saneamiento, que establece el levantamiento de embargos en expedientes desaparecidos.

Juzgado de Sentencia Unipersonal ya opera con trámite electrónico

Uno de los juzgados designados exclusivamente para la tramitación de causas de acción penal privada en Capital, ya opera bajo la modalidad virtual con lo que se da inicio al proyecto de total digitalización en los procesos penales tramitados en estos juzgados.

Padres imputados tras intoxicar con marihuana a su bebé de 9 meses

Una bebé de apenas 9 meses de edad, que había sido internada tras presentar un cuadro de somnolencia, ya se encuentra recuperada y en buen estado de salud, luego de que los estudios médicos confirmaran que había sido intoxicada con marihuana. El hecho ocurrió en la ciudad de Pedro Juan Caballero y derivó en la imputación de ambos padres por violación del deber de cuidado.

A Ultranza: rechazan pedido del pastor José Insfrán Galeano

La jueza de Ejecución María Lidia Wyder rechazó el pedido presentado por la defensa del acusado, quien había solicitado una tutela jurisdiccional por presuntamente soportar tratos inhumanos en su lugar de reclusión, el penal de Emboscada “Martín Mendoza”. No obstante, la magistrada remitió un oficio al director del penal para que se arbitren las medidas necesarias a fin de salvaguardar las condiciones físicas del procesado José Insfrán.

Tribunal continúa con el análisis de pruebas documentales en el juicio contra Erico Galeano

El juicio oral y público contra el senador colorado Erico Galeano prosiguió este lunes con el análisis de pruebas documentales, en el marco de las audiencias que se desarrollan con normalidad durante la feria judicial. En la jornada, el agente fiscal Deny Yoon Pak avanzó con la lectura de documentos admitidos como elementos probatorios en la causa.

Fiscalía acusa y pide juicio oral por usar certificado médico falso para denunciar

El Ministerio Público presentó acusación formal contra una persona por el supuesto hecho punible contra la prueba documental, específicamente por el uso de un certificado médico de contenido falso, el cual habría sido utilizado para formular una denuncia falsa contra otras mujeres.

Defensora pública libera jubilación de docente víctima de la mafia de pagarés

Gracias a una labor sostenida, minuciosa y profundamente comprometida, la defensora pública Leticia Casaccia consiguió levantar la totalidad de los embargos que durante años afectaron la jubilación de una docente del Chaco paraguayo, víctima del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Con esta última resolución favorable, la afectada logró finalmente recuperar el acceso pleno a sus ingresos, tras padecer descuentos abusivos derivados de procesos judiciales irregulares.

Relato fáctico de hechos es determinante para un juicio penal justo, afirman

En una entrevista concedida a Judiciales Net, el juez de sentencia Juan Pablo Mendoza realizó una serie de reflexiones de profundo valor jurídico sobre el rol central que ocupa el relato fáctico de la fiscalía dentro del proceso penal. Sus observaciones, basadas en la experiencia judicial y en principios constitucionales, ponen en evidencia que una imputación deficiente no es un mero error formal, sino una situación que puede colocar a una persona en estado de indefensión, afectando garantías esenciales.

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