Un abogado fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de utilizar un poder falso para intentar vender unas 6.000 hectáreas de tierras que pertenecían a otra persona, en una maniobra que buscó aparentar una representación legal que nunca le fue otorgada.
La abogada Noelia Núñez presentó una denuncia disciplinaria contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Colegiado de Presidente Hayes, órgano que debía llevar adelante el primer juicio oral relacionado con la denominada “mafia de los pagarés”.
El Ministerio Público avanza en la investigación de un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS), causa en la que están imputados dos expresidentes de la institución por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Una resolución del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso hizo lugar al incidente de nulidad planteado por la defensora pública Leticia Casaccia y dispuso dejar sin efecto un embargo ejecutivo, además de retrotraer el proceso a una etapa anterior. La decisión beneficia a una mujer que también fue víctima del esquema conocido como la “mafia de pagarés”.
El abogado Gustavo González Planás cuestionó que el proceso contra el exministro Joaquín Roa haya quedado asociado públicamente a A Ultranza Py, pese a que, según sostiene, la acusación contra su cliente se refiere a presuntas inconductas en la administración pública y no a hechos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero. El defensor advierte que esa asociación pudo influir en la percepción del caso y denuncia vulneraciones de garantías procesales.
En Paraguay, seis de cada diez personas privadas de libertad aún no tienen una condena. Un estudio impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) identifica obstáculos que van más allá de las normas procesales: falta de información confiable sobre el arraigo de los procesados y ausencia de una estructura institucional capaz de supervisar las medidas alternativas. Para María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, el problema exige revisar cómo funcionan las instituciones que sostienen al sistema de justicia.
Un Tribunal de Sentencia declaró, por unanimidad, penalmente responsable a un exalumno del Colegio Americano de Asunción (ASA), quien fue acusado por un hecho de abuso sexual contra personas indefensas. El joven era menor de edad al momento de los hechos, por lo que el proceso se desarrolla bajo las restricciones legales destinadas a proteger la identidad y privacidad de las personas involucradas.
La abogada Alba Zaracho, defensora de Hernán Rivas, sostuvo que los documentos vinculados al título de abogado de su cliente coinciden con los que fueron presentados durante el proceso y señaló que el exsenador responderá ante el Tribunal de Sentencia cuando llegue el momento de prestar declaración.
El juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán Rivas se reanudó este jueves con la declaración de la exsenadora Kattya González y del diputado Raúl Benítez, quienes expusieron ante el Tribunal de Sentencia distintos elementos vinculados a las investigaciones sobre el título presuntamente falso de abogado atribuido al acusado.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes invitó a magistrados, abogados y operadores del sistema de justicia a participar de la jornada “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, que se realizará el próximo 20 de agosto en Asunción. El encuentro pondrá bajo la lupa el uso de la prisión preventiva, la crisis penitenciaria y el avance de las estructuras criminales dentro de las cárceles.
