Fiscalía imputa al director jurídico del BCP y solicita su prisión

El Ministerio Público imputó a Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. La investigación apunta a su presunta participación en la modificación de un informe técnico de la banca matriz que fue remitido a la Cámara de Senadores y que contenía advertencias sobre operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank.

La imputación fue presentada por un equipo integrado por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González, conforme al acta fiscal del 16 de noviembre de 2026.

Según la hipótesis del Ministerio Público, entre septiembre y noviembre de este año, Rodríguez González habría intervenido directamente en la elaboración, reformulación, modificación sustancial, tramitación administrativa y posterior defensa de un informe oficial del BCP enviado al Congreso Nacional.

El documento original, elaborado por la Superintendencia de Bancos, contenía observaciones técnicas sobre indicios de financiación indirecta relacionados con la adquisición de una cartera crediticia por parte de Vinanzas S. A., por un monto aproximado de USD 74,4 millones. También incluía otras advertencias sobre las operaciones financieras que forman parte de la investigación.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el contenido del informe habría sido alterado durante su tramitación institucional. Entre los cambios detectados, menciona la supresión de fundamentos técnicos que figuraban en la versión original y la incorporación de información que no estaba contemplada en el documento elaborado por la Superintendencia de Bancos.

La investigación también ubica al director jurídico en reuniones desarrolladas en la Presidencia del BCP y en intercambios de correos electrónicos vinculados con las sucesivas versiones del informe. Otro episodio señalado por los fiscales ocurrió el 9 de octubre de 2026, cuando el funcionario habría participado, junto con otras autoridades de la banca matriz, en la presentación y defensa del documento ante la Cámara de Senadores.

Para la representación fiscal, la modificación del informe y su posterior exposición ante el Parlamento habrían obstaculizado el ejercicio oportuno del control legislativo sobre la situación de Ueno Bank. Según esta hipótesis, esa circunstancia habría permitido que la entidad continuara desarrollando operaciones financieras durante el periodo investigado.

El Ministerio Público sostiene, además, que las conductas investigadas habrían generado consecuencias sobre el Fondo de Garantía de Depósitos y comprometido recursos públicos y previsionales depositados en la entidad bancaria. La eventual dimensión del perjuicio patrimonial todavía debe ser determinada en el curso de la investigación.

Prisión preventiva y medidas sobre el patrimonio

Además de formular imputación, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de Rodríguez González. También requirieron medidas cautelares de carácter real para asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales.

Entre las medidas solicitadas figuran la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación e inmovilización preventiva de cuentas bancarias y activos financieros, así como la localización de otros bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre del funcionario.

La audiencia de imposición de medidas para el procesado será este martes.

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