El magistrado Humberto René Otazú resolvió apartarse del expediente que investiga una presunta trama financiera vinculada a Ueno Bank, luego de que el Ministerio Público ampliara la imputación contra el exsuperintendente de Bancos y otros exdirectivos del Banco Central. Alegó motivos de índole familiar y remitió los antecedentes al Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno.
La causa penal que involucra al expresidente de la República, Santiago Peña, y a otras exautoridades del sistema financiero suma un nuevo movimiento en el ámbito judicial. El juez Humberto René Otazú Fernández resolvió inhibirse de seguir entendiendo en el expediente, luego de la imputación formulada contra Marco Aurelio González, exintegrante del Banco Central del Paraguay (BCP).
En una resolución fechada el 16 de noviembre de 2026, el magistrado fundamentó su decisión en motivos de índole familiar de público conocimiento, que, según expresó, constituyen una causal que lo obliga a apartarse del proceso.
«Teniendo en consideración la imputación formulada al señor Marco Aurelio González y encontrándome en causales que obligan mi separación en la presente causa por motivos de índole familiar de público conocimiento», señala el documento judicial.
Otazú Fernández invocó el artículo 50, inciso 11, del Código Procesal Penal y dispuso la remisión de los antecedentes al Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno. También dejó constancia de que las circunstancias invocadas podrán ser demostradas ante el superior, en caso de ser requeridas.
Marco Aurelio González, entre los nuevos imputados
En el marco de esta misma investigación, otros tres exdirectores del Banco Central también fueron imputados por asociación criminal y lesión de confianza. Entre ellos se encuentra Marco Aurelio González, cuya imputación aparece expresamente mencionada en la resolución mediante la cual Otazú Fernández decidió apartarse del expediente.
Mientras tanto, la investigación sobre las presuntas maniobras financieras relacionadas con Ueno Bank continúa ampliando su alcance y compromete a exautoridades políticas, reguladores y directivos del sistema financiero.
Santiago Peña principal investigado
La investigación fiscal dio un nuevo salto con la ampliación de la imputación contra el expresidente Santiago Peña, el expresidente del BCP y el superintendente de Bancos, a quienes se atribuye el supuesto hecho punible de asociación criminal.
La nueva calificación penal se suma a las imputaciones que ya pesaban sobre los investigados y apunta, según la hipótesis del Ministerio Público, a la posible existencia de una estructura organizada que habría operado para favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez y Ueno Bank.
Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González sostienen que las actuaciones y omisiones de las autoridades investigadas no habrían sido episodios aislados, sino parte de un esquema coordinado, con distribución de funciones y participación de funcionarios de distintos niveles del Estado.
La hipótesis fiscal plantea que esta presunta estructura criminal habría buscado beneficiar intereses particulares en detrimento de los mecanismos de regulación y supervisión del sistema financiero.





