El abogado Gustavo González Planás cuestionó la actuación del Tribunal de Sentencia en el proceso contra el exministro de la SEN y advirtió sobre una supuesta vulneración del principio de legalidad, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Sostiene que los magistrados recurrieron al denominado «control horizontal» para reabrir una discusión probatoria que ya había sido rechazada judicialmente.
La actuación de los tribunales de sentencia y la aplicación de las reglas del proceso penal fueron objeto de un duro cuestionamiento por parte del abogado Gustavo González Planás, defensor del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, condenado a ocho años de prisión.
El profesional advirtió sobre lo que considera una práctica peligrosa dentro del sistema judicial: la creación de mecanismos procesales que no están contemplados en la legislación y que, a su criterio, terminan otorgando a los magistrados facultades que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
Como ejemplo, señaló lo ocurrido durante el proceso penal contra Roa, donde la Fiscalía promovió incidentes para incorporar nuevos elementos probatorios que, según la defensa, no constituían hechos nuevos y ya estaban disponibles durante el año que duró la etapa preparatoria.
González Planás recordó que esa fase procesal es precisamente el momento destinado a recopilar, examinar y determinar cuáles son las pruebas que respaldarán una eventual acusación. Por tanto, cuestionó que el Ministerio Público pretendiera incorporar posteriormente elementos que pudo y debió ofrecer en la oportunidad correspondiente.
El abogado remarcó que esos planteamientos ya habían sido rechazados durante la audiencia preliminar por el juez competente, mediante una resolución que, según su interpretación, se ajustaba a las disposiciones del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el cuestionamiento central de la defensa apunta a la actuación posterior del Tribunal de Sentencia, que habría recurrido a una vía de revisión denominada «control horizontal» para reabrir la discusión y dejar sin efecto, en los hechos, una decisión jurisdiccional anterior.
«El Tribunal creó un recurso inexistente», sostuvo el abogado, al cuestionar que los magistrados hayan utilizado un mecanismo que no está previsto en el Código Procesal Penal.
Para fundamentar su postura, invocó el artículo 365 del Código Procesal Penal, que establece que las excepciones sustentadas en hechos nuevos pueden plantearse dentro de los cinco días de notificada la convocatoria al juicio. La defensa considera que esta disposición impide reabrir controversias ya resueltas cuando no existen circunstancias nuevas que justifiquen su tratamiento.
A criterio de González Planás, el problema excede una diferencia de interpretación jurídica. Sostiene que un tribunal no puede crear recursos, establecer procedimientos ni modificar las reglas procesales por decisión propia, porque esa atribución corresponde al Poder Legislativo.
El defensor también advirtió sobre las consecuencias de este tipo de actuaciones para el ejercicio de la defensa. Señaló que permitir la reapertura de cuestiones ya debatidas y resueltas mediante mecanismos sin respaldo legal genera inseguridad jurídica y altera las condiciones bajo las cuales las partes deben desarrollar su estrategia procesal.
«Un Tribunal de Sentencia no puede legislar, crear recursos procesales ni establecer mecanismos de impugnación que el legislador no ha previsto», enfatizó.
El abogado considera que la limitación para promover nuevamente incidentes, salvo cuando se funden en hechos nuevos, no constituye una formalidad vacía, sino una garantía destinada a evitar la reiteración de controversias y preservar el orden del procedimiento.
Su crítica también alcanza al funcionamiento general de la justicia penal paraguaya. González Planás sostuvo que la aplicación de las disposiciones procesales se ha vuelto imprevisible y que, en determinados casos, parece quedar supeditada al criterio de los propios magistrados.
«La aplicación del Código Procesal Penal es optativa para algunos magistrados», afirmó, al describir lo que considera un deterioro de las garantías que deben regir cualquier proceso penal.
Roa fue condenado a ocho años de prisión por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y otros hechos investigados durante su gestión al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional.
La controversia planteada por su defensa vuelve a poner en discusión un aspecto central del sistema penal: los límites de la interpretación judicial y la obligación de los magistrados de someter sus decisiones a las reglas procesales vigentes. Para González Planás, cuando un tribunal crea mecanismos que la ley no contempla, no solo compromete el principio de legalidad, sino también la previsibilidad de la justicia y el derecho constitucional a la defensa.
