La recarga laboral del tribunal encargado de juzgar la causa de Gregorio Papo Morales, acusado por el homicidio doloso del joven Robert Fabián Marín, ha generado un impacto negativo en el sistema judicial. Debido a esta situación, el inicio del juicio oral que estaba programado para mañana se ha visto obligado a posponerse.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de revisión de la condena solicitada por el hijo del condenado usurero luqueño Ramón González Daher.
La jueza Cynthia Garcete, rechazó el pedido de permiso que realizó el recluso, Rafael Esquivel, alias Mbururu, para que participe del acto de proclamación como senador.
El abogado constitucionalista Robert Marcial González expresó en una entrevista con ABC TV su preocupación respecto al uso indebido de la inmunidad parlamentaria como un escudo para la impunidad. Sus declaraciones surgieron en relación con el caso del diputado Erico Galeano, quien ha sido imputado por el Ministerio Público de brindar apoyo logístico a una organización criminal.
El juez Julián López ratificó la prisión preventiva de Paraguayo Cubas en la Agrupación Especializada. El magistrado considera que no han desaparecido el peligro de fuga y la obstrucción por ende se confirma su prisión preventiva.
La magistrada Lici Sánchez, del fuero especializado contra el crimen organizado, dijo a nuestro medio, que es necesario contar con cárceles para las personas que sean peligrosas por el tipo de hecho punibles que afrontan, como el lavado de dinero.
El crimen organizado ha revelado la deficiencia del Estado paraguayo al no disponer de un centro penitenciario capaz de mantener en prisión a personas consideradas peligrosas o de alto perfil.
El procesado en la causa A Ultranza Py, se encontraba provisoriamente recluido en la base de la Senad. Pero hoy fue trasladado al penal militar de Viñas Cue donde cumplirá su prisión preventiva por orden de la jueza Rosarito Montanía.
La Coalición por la Legalidad, solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetar la ley que según los entendidos tendría la única finalidad de beneficiar a los procesados por hechos de corrupción.
El juez penal de garantías, José Agustín Delmás, tras la audiencia preliminar le imprimió trámite de oposición al pedido de la fiscal Victoria Acuña quien requirió el sobreseimiento definitivo para todos los procesados.
