La abogada Alejandra Peralta Merlo lanzó duras críticas contra las autoridades ambientales y municipales por los permisos otorgados al proyecto inmobiliario Areguá Forest, al sostener que se incurrió en claras violaciones a las normas de ordenamiento territorial y a la legislación ambiental vigente.

“MADES otorgó la licencia en contra de la ordenanza municipal y la Municipalidad de Areguá concedió la habilitación sin licencia ambiental, pese a que la ley dice que es un requisito ineludible”, afirmó la profesional, al referirse a los actos administrativos que autorizaron el emprendimiento en la Compañía Isla Valle.

Peralta Merlo explicó que la zona donde se desarrolla el proyecto está clasificada como Sub-Zona de Interés Ambiental, lo que implica fuertes restricciones al uso del suelo para preservar los bosques nativos y la cuenca del Lago Ypacaraí. En ese sentido, remarcó que la normativa municipal prohíbe loteamientos de pequeña dimensión y construcciones de gran porte, condiciones que según indicó no fueron respetadas.

Otro punto que la abogada destacó es la deforestación de aproximadamente seis hectáreas de bosque nativo, que se habría realizado sin autorización del Instituto Forestal Nacional. Señaló que esta situación contraviene la ley que limita la transformación de áreas boscosas en la Región Oriental y recordó que informes oficiales ya constataron la inexistencia de planes de manejo forestal.

Asimismo, advirtió que el avance del proyecto no solo genera un impacto ambiental significativo, sino que también afecta actividades productivas que operan con licencias ambientales vigentes en la zona, alterando el equilibrio ecológico del área protegida.

Finalmente, Peralta Merlo alertó sobre los posibles riesgos para terceros, especialmente para eventuales compradores de lotes, quienes podrían verse involucrados en un emprendimiento cuestionado por presuntas irregularidades legales y ambientales.

Como antecedente, recordó que fue presentado un amparo constitucional con el objetivo de frenar el avance de la iniciativa inmobiliaria, mientras se analizan las responsabilidades administrativas y legales derivadas del caso.

Un amparo constitucional fue presentado ante un juzgado de Primera Instancia de la Capital con el objetivo de detener el proyecto inmobiliario “Areguá Forest”, un barrio cerrado que se desarrolla en una zona considerada de alto valor ambiental en el distrito de Areguá. La acción judicial busca el cese inmediato de la oferta, comercialización y venta de lotes del emprendimiento, al que se atribuyen graves irregularidades legales y ambientales y de poner en riesgo para la cuenca del Lago Ypacaraí.

La presentación fue realizada por la abogada especializada en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo y el abogado ambientalista Ricardo Merlo Faella, en representación de Cabaña La Libertad S.A. (CLLSA), propietaria de una granja avícola ubicada en la zona de influencia directa del proyecto. El amparo está dirigido contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Municipalidad de Areguá y la empresa Grupo F27 S.A., responsable del desarrollo inmobiliario.

Según los accionantes, el proyecto instalado en la Compañía Isla Valle, es un área clasificada como “Sub-Zona de Interés Ambiental” por la Ordenanza Municipal N° 22/2003. Esta normativa establece severas restricciones al uso del suelo, entre ellas la prohibición de loteamientos menores a 10.000 metros cuadrados, construcciones de gran porte, industrias y comercios de gran escala, con el fin de proteger los bosques nativos y la cuenca del Lago Ypacaraí.

No obstante, el MADES otorgó en noviembre de 2024 una licencia ambiental al proyecto (Resolución DGCCARN N° 2215/2024), mientras que la Municipalidad de Areguá aprobó los planos de urbanización en abril del mismo año (Resolución N° 27/2024). Ambos actos administrativos son calificados en el amparo como “manifiestamente ilegítimos”, por contradecir abiertamente las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la deforestación de aproximadamente seis hectáreas de bosque nativo, realizada sin autorización del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Esta acción vulneraría la Ley N° 6676/2020, que prohíbe la transformación de superficies boscosas mayores a dos hectáreas para asentamientos humanos en la Región Oriental. Informes oficiales del INFONA, como el Monitoreo Satelital N° 10/2025 y el Acta de Intervención N° 3722/2025, confirman la inexistencia de planes de manejo forestal y motivaron una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público.

Desde Cabaña La Libertad S.A. sostienen que el avance del emprendimiento inmobiliario afecta directamente su actividad productiva, desarrollada con licencias ambientales vigentes, además de alterar el equilibrio ecológico del área. En el escrito se invoca la violación de derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente saludable (artículo 7 de la Constitución Nacional), la obligación de protección ambiental (artículo 8) y la defensa de intereses difusos (artículo 38).

La empresa también señala haber agotado previamente las vías administrativas, mediante pedidos formales de información y acciones legales por acceso a datos públicos, sin obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades competentes.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la conservación ambiental en zonas sensibles del país. Además del impacto ecológico, los accionantes advierten sobre el riesgo para potenciales compradores de lotes, que podrían verse involucrados en un proyecto cuestionado judicialmente y con eventuales consecuencias legales.

La Justicia deberá ahora expedirse sobre la medida, mientras crece la atención de organizaciones ambientales y de la comunidad local ante un conflicto que podría sentar precedentes en materia de protección ambiental y ordenamiento territorial en Paraguay.

Te dejamos parte del petitorio del amparo:

La Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua dio un paso clave en el proceso de transformación del sistema penitenciario con la puesta en funcionamiento de una moderna Unidad de Salud Integral y un centro tecnológico de monitoreo y videovigilancia, como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia.

En el sector recuperado del penal, se habilitaron espacios orientados a mejorar la seguridad, la atención sanitaria y las condiciones generales de reclusión, incorporando tecnología de control permanente que opera bajo supervisión judicial, garantizando transparencia y resguardo de derechos.

En ese contexto, la jueza de Ejecución de la Capital, Sandra Kirchhofer González, realizó una visita de verificación acompañada por el director del establecimiento, Víctor Aliente. Durante el recorrido, la magistrada constató el estado de las instalaciones y el funcionamiento de los nuevos servicios, además de interiorizarse sobre los avances en áreas como educación, alimentación, infraestructura y programas de reinserción social.

Asimismo, fueron atendidas 12 personas privadas de libertad que se encuentran bajo su jurisdicción y se inspeccionaron distintos sectores productivos y operativos del penal, entre ellos la panadería, talleres laborales, pabellones y dependencias administrativas, además de las áreas recientemente incorporadas.

La nueva área sanitaria fue diseñada para brindar atención médica integral dentro del establecimiento, reduciendo traslados externos y fortaleciendo la atención primaria. El espacio cuenta con consultorios médicos y odontológicos completamente equipados, sector de observación clínica, farmacia interna, área de enfermería y espacios acondicionados para procedimientos básicos, todo bajo estándares de higiene, climatización y señalización preventiva.

Esta infraestructura no solo mejora la calidad de vida de las personas privadas de libertad, sino que también optimiza las condiciones laborales del personal de salud que presta servicios en el penal.

Por su parte, la sala de monitoreo incorpora un sistema de videovigilancia de última generación que permite el control permanente de pabellones, áreas comunes y perímetros, las 24 horas del día. El sistema cuenta con registros digitales y físicos, y es operado por personal capacitado, fortaleciendo la prevención de incidentes y el orden interno.

La implementación de esta tecnología, bajo control judicial, refuerza el compromiso con un sistema penitenciario más seguro, moderno y respetuoso de los derechos humanos.

La Secretaría de Género del Poder Judicial iniciará un plan piloto de descentralización con el objetivo de fortalecer la promoción de la igualdad y mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género en distintas zonas del país. La iniciativa forma parte del proyecto “Promoción de la Igualdad de Género en el Poder Judicial de la República del Paraguay”, impulsado por la Corte Suprema de Justicia con el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y en coordinación con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

El proyecto fue presentado durante una reunión realizada el miércoles 28 de enero, en la que representantes de las instituciones involucradas dieron a conocer los alcances de esta experiencia inicial, que contempla la desconcentración de la Secretaría de Género en cuatro circunscripciones judiciales: Central, Paraguarí, Alto Paraná e Itapúa.

Como parte del plan, se desarrollará un ciclo de talleres entre los meses de febrero y marzo, que se llevará a cabo en Capital, Central, Paraguarí, Alto Paraná e Itapúa. Las jornadas estarán orientadas al fortalecimiento de capacidades institucionales y al uso de herramientas específicas para incorporar la perspectiva de género en la labor judicial.

Entre los ejes previstos se encuentra la aplicación de la Guía del sistema de indicadores de género del Poder Judicial, que será abordada por la doctora Lilian Soto, del Centro de Documentación y Estudios (CDE). Asimismo, se realizará una consultoría sobre la difusión de las políticas contra el acoso y el hostigamiento sexual dentro del Poder Judicial y sus circunscripciones, a cargo de la abogada Selva Etcheverry.

La directora de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, doctora Silvia López Safi, explicó que la selección de las circunscripciones responde a los altos índices de violencia registrados en dichas zonas. Indicó además que la decisión de avanzar con este plan piloto fue adoptada por la Corte Suprema en diciembre de 2025, en un contexto marcado por cifras preocupantes: solo en la primera quincena de enero de este año se registraron seis casos de feminicidio, mientras que en enero de 2023 se alcanzó el pico más alto, con 23 casos en todo el mes.

López Safi destacó que la descentralización permitirá una presencia institucional más cercana, no solo para capacitar al funcionariado y brindar asesoramiento a magistrados y consejos de administración, sino también para ofrecer atención técnica a la ciudadanía, recoger inquietudes y recepcionar situaciones de vulneración de derechos.

Finalmente, subrayó el rol clave de la Aecid en el financiamiento y acompañamiento del proyecto, así como el apoyo del Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema y de las consultoras que participan en su ejecución.

Del encuentro también formaron parte representantes de la Dirección General de Planificación y Desarrollo, la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección General de Talento Humano y la Dirección de Transporte, quienes trabajaron en la coordinación y verificación de los aspectos logísticos necesarios para el desarrollo de los talleres programados.