Un amparo constitucional fue presentado ante un juzgado de Primera Instancia de la Capital con el objetivo de detener el proyecto inmobiliario “Areguá Forest”, un barrio cerrado que se desarrolla en una zona considerada de alto valor ambiental en el distrito de Areguá. La acción judicial busca el cese inmediato de la oferta, comercialización y venta de lotes del emprendimiento, al que se atribuyen graves irregularidades legales y ambientales y de poner en riesgo para la cuenca del Lago Ypacaraí.
La presentación fue realizada por la abogada especializada en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo y el abogado ambientalista Ricardo Merlo Faella, en representación de Cabaña La Libertad S.A. (CLLSA), propietaria de una granja avícola ubicada en la zona de influencia directa del proyecto. El amparo está dirigido contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Municipalidad de Areguá y la empresa Grupo F27 S.A., responsable del desarrollo inmobiliario.
Según los accionantes, el proyecto instalado en la Compañía Isla Valle, es un área clasificada como “Sub-Zona de Interés Ambiental” por la Ordenanza Municipal N° 22/2003. Esta normativa establece severas restricciones al uso del suelo, entre ellas la prohibición de loteamientos menores a 10.000 metros cuadrados, construcciones de gran porte, industrias y comercios de gran escala, con el fin de proteger los bosques nativos y la cuenca del Lago Ypacaraí.
No obstante, el MADES otorgó en noviembre de 2024 una licencia ambiental al proyecto (Resolución DGCCARN N° 2215/2024), mientras que la Municipalidad de Areguá aprobó los planos de urbanización en abril del mismo año (Resolución N° 27/2024). Ambos actos administrativos son calificados en el amparo como “manifiestamente ilegítimos”, por contradecir abiertamente las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la deforestación de aproximadamente seis hectáreas de bosque nativo, realizada sin autorización del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Esta acción vulneraría la Ley N° 6676/2020, que prohíbe la transformación de superficies boscosas mayores a dos hectáreas para asentamientos humanos en la Región Oriental. Informes oficiales del INFONA, como el Monitoreo Satelital N° 10/2025 y el Acta de Intervención N° 3722/2025, confirman la inexistencia de planes de manejo forestal y motivaron una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público.
Desde Cabaña La Libertad S.A. sostienen que el avance del emprendimiento inmobiliario afecta directamente su actividad productiva, desarrollada con licencias ambientales vigentes, además de alterar el equilibrio ecológico del área. En el escrito se invoca la violación de derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente saludable (artículo 7 de la Constitución Nacional), la obligación de protección ambiental (artículo 8) y la defensa de intereses difusos (artículo 38).
La empresa también señala haber agotado previamente las vías administrativas, mediante pedidos formales de información y acciones legales por acceso a datos públicos, sin obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades competentes.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la conservación ambiental en zonas sensibles del país. Además del impacto ecológico, los accionantes advierten sobre el riesgo para potenciales compradores de lotes, que podrían verse involucrados en un proyecto cuestionado judicialmente y con eventuales consecuencias legales.
La Justicia deberá ahora expedirse sobre la medida, mientras crece la atención de organizaciones ambientales y de la comunidad local ante un conflicto que podría sentar precedentes en materia de protección ambiental y ordenamiento territorial en Paraguay.
Te dejamos parte del petitorio del amparo:
