Los fiscales Patricia Sánchez y Christian Benítez, presentaron sus alegatos finales en el juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas. El Ministerio Público sostiene que consignó en varias oportunidades una condición de abogado que no podía acreditar y afirma que utilizó documentación académica cuyo contenido era falso. La defensa presentará sus alegatos el próximo 24 de septiembre.
La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para el exsenador Hernán Rivas, al considerar que las pruebas producidas durante el juicio oral y público demostraron que el acusado consignó en numerosas oportunidades su condición de abogado sin contar, según la acusación, con una trayectoria académica que respaldara dicha calidad profesional.
El pedido fue formulado por la agente fiscal Patricia Sánchez y Christian Benítez, durante la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, en una de las etapas centrales del juicio que enfrenta el exintegrante del Senado.
La representante fiscal sostuvo que el debate oral permitió contrastar los documentos presentados por Rivas con su supuesta trayectoria universitaria y que, a criterio de la acusación, existe una falta de correspondencia entre ambos elementos.
“Las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar estos documentos que certifican una calidad de abogado”, sostuvo Sánchez durante su alegato.
La fiscal afirmó que el análisis realizado durante el juicio llevó al Ministerio Público a una conclusión que calificó de inequívoca: la trayectoria universitaria consignada en los documentos atribuidos al acusado no tendría correspondencia con una historia académica “real, coherente y verificable”.
Según la tesis fiscal, esa supuesta falsedad académica habría derivado posteriormente en la producción y utilización de documentos públicos que dejaron constancia oficial de una condición profesional que, de acuerdo con la acusación, no existía.
Fiscalía habla de una conducta dolosa
Durante sus alegatos, la fiscalía sostuvo que Rivas actuó con dolo y que mantuvo una conducta que, según la valoración del Ministerio Público, reviste carácter criminal.
La Fiscalía también puso énfasis en las consecuencias institucionales que atribuye a la conducta del acusado. Sostuvo que el hecho habría expuesto a la administración de Justicia a un perjuicio reputacional y afectado la confianza en sus operadores.
Para la acusación, la gravedad adquiere una dimensión particular debido a que Rivas llegó a integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de juzgar la conducta de magistrados y otros operadores del sistema judicial.
En ese contexto, la fiscal Sánchez sostuvo que la supuesta falta de acreditación de su condición profesional implicó que Rivas ejerciera funciones de relevancia institucional mientras, según la tesis fiscal, no reunía los requisitos para ostentar la calidad de abogado.
Los representantes del Ministerio Público refirieron además que la situación habría generado un perjuicio reputacional al sistema de Justicia, al exponer a operadores judiciales a ser juzgados por una persona que, de acuerdo con la acusación, no contaba con la condición profesional invocada.
Piden investigar a testigos
En otro tramo de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó que los antecedentes de varios testigos sean remitidos a la Fiscalía, debido a que, según la acusación, durante el juicio surgieron elementos que generan sospechas sobre la posible falsedad de sus declaraciones o documentos.
El planteamiento deberá ser analizado conforme a las competencias de las autoridades correspondientes y no implica, por sí mismo, que los testigos señalados hayan sido declarados responsables de un hecho punible.
La defensa alegará el 24 de septiembre
Tras la presentación de los argumentos finales de la Fiscalía, el proceso continuará con la exposición de la defensa de Hernán Rivas, prevista para el 24 de septiembre.
Será entonces cuando sus representantes legales tendrán la oportunidad de responder a los argumentos planteados por el Ministerio Público y presentar su propia valoración de las pruebas producidas durante el juicio.
El pedido de 12 años de prisión constituye, por el momento, la pretensión punitiva de la Fiscalía. La decisión sobre la responsabilidad penal de Rivas y, eventualmente, la pena que corresponda será adoptada por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Maria Fernanda García, una vez concluidas las alegaciones de las partes y la deliberación correspondiente.
El juicio se encuentra, de esta manera, en su tramo final, con posiciones contrapuestas entre la acusación, que sostiene que Rivas utilizó una condición profesional que no podía acreditar y actuó dolosamente, y la defensa, que tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que el tribunal emita su decisión.
