La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la extinción de la acción penal en relación con el incidente ocurrido en 2015 en el Colegio Nacional de Lambaré, donde la caída del techo de un aula dejó varios estudiantes y docentes heridos. Con esta resolución, queda firme el sobreseimiento de los tres procesados, incluido el exintendente Roberto Cárdenas, lo que implica que la causa no seguirá adelante.

En los juicios previos, Roberto Cárdenas había sido condenado a cuatro años de prisión, mientras que Guido Fernández Saucedo y Vicente Acosta Gibbons recibieron dos años cada uno en el segundo juicio oral, luego de que el primer proceso fuera anulado.

Posteriormente, la Segunda Sala de Apelación de Central declaró la extinción de la causa por haberse superado el plazo máximo de duración del proceso, determinando el sobreseimiento definitivo de los acusados.

Los fiscales Luis Said y Carina Sánchez presentaron un recurso extraordinario de casación contra el fallo del 22 de agosto de 2024, intentando revertir la decisión de los camaristas de Central. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó que la causa había expirado, dejando sin efecto cualquier posibilidad de reanudación del proceso.

Este desenlace genera un cierre definitivo para una causa que había generado gran repercusión social y mediática, dejando el caso sin sanción penal para los responsables.

El juez Humberto Otazú decretó este martes el sobreseimiento provisional de los imputados en el conocido caso de la “mafia de pagarés”, una decisión adoptada a pedido de la fiscalía general y la querella, con ello, deja abierta la posibilidad de que la causa sea reabierta si se producen nuevas diligencias investigativas.

Durante la audiencia preliminar comparecieron Gustavo Díaz, Gustavo Cartes y Belén Cartes, representantes de las firmas Serfin S.A. y Presto S.A., dos de las financieras investigadas por su presunta participación en el esquema que habría afectado a numerosos funcionarios públicos, entre ellos trabajadores del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

En una primera oportunidad, la fiscalía inferior había solicitado la desvinculación definitiva de los procesados. Sin embargo, la querella logró evitar ese desenlace, lo que derivó finalmente en el sobreseimiento provisional. Con esta resolución, el Ministerio Público queda obligado a realizar diligencias pendientes y a presentar un nuevo requerimiento en un plazo máximo de un año.

Pese a los reiterados reclamos de las víctimas, la fiscal del caso, Karina Caballero, solicitó el sobreseimiento definitivo para todos los investigados. La agente fiscal sostuvo que no existen elementos suficientes para formular una acusación formal, postura que generó profundo malestar entre los denunciantes, quienes cuestionan el alcance de la investigación.

Las víctimas sostienen que el Ministerio Público no profundizó en la posible participación de funcionarios públicos ni en la dimensión real del esquema, que habría operado mediante el uso irregular de pagarés y descuentos compulsivos, afectando los salarios de trabajadores del sector público.

El abogado de las víctimas, Esteban Chávez, quien representa a funcionarios del SNPP, confirmó la resolución judicial y destacó que el sobreseimiento provisional mantiene viva la causa. “Esto da la posibilidad de reabrir el proceso. Existen 12 diligencias pendientes por realizar y que son ordenadas por el juez. Nosotros volveremos a acusar, no vamos a permitir que esto quede impune”, afirmó.

La decisión judicial, si bien no implica una absolución definitiva, vuelve a poner bajo la lupa el rol del Ministerio Público en la investigación de un caso que ha generado fuerte impacto social y cuestionamientos sobre la protección efectiva de las víctimas frente a presuntos esquemas financieros irregulares dentro del sistema de justicia.

El fallo reconoce la inexistencia de la injuria laboral, dispone el pago de salarios caídos y sienta un precedente relevante para mujeres periodistas que denuncian situaciones de maltrato en el ámbito laboral.

La Justicia Laboral falló a favor de la periodista Angie Prieto, quien logró una victoria judicial en todas las instancias luego de haber sido despedida por la empresa Televisión Cerro Corá S.A. sin causa justificada. La sentencia ordena su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales desde la fecha de la suspensión ilegal del contrato.

Según se desprende de la resolución judicial, quedó acreditado en el expediente que el Tribunal Penal interviniente absolvió a la trabajadora en la querella promovida por el gerente de la firma empleadora, Marcelo Ariel Fleitas Portaluppi, al declarar no probado el supuesto hecho de injuria que se le imputaba. En consecuencia, la Justicia determinó que no existió causal válida de despido, rechazando así la demanda de justificación de despido promovida por la empresa, conforme al inciso “c” del artículo 81 del Código del Trabajo.

Ante este escenario, el Juzgado resolvió hacer lugar a la demanda presentada por la periodista, ordenando su reintegro al empleo habitual, en cumplimiento del artículo 96 del Código del Trabajo, y disponiendo la liquidación de los salarios caídos, aguinaldo y demás beneficios laborales que correspondan, computados desde el 5 de octubre de 2022, fecha en que se produjo la suspensión ilegal, hasta su efectivo reintegro. Asimismo, una vez practicada la liquidación, se aplicará el 20% de indemnización compensatoria, conforme a lo establecido en el artículo 233 del Código Procesal del Trabajo.

Otro de los puntos analizados por la Justicia fue la antigüedad laboral de la trabajadora, aspecto que había sido controvertido por las partes. Mientras la periodista sostuvo haber ingresado a la empresa en julio de 2009, la empleadora afirmó que la relación laboral comenzó el 2 de julio de 2010. Para sustentar su postura, la firma presentó un Contrato Individual de Trabajo, fechado el 1 de enero de 2011, cuya cláusula cuarta fija como inicio de la relación laboral el 2 de julio de 2010, documento cuya firma fue atribuida a la trabajadora y valorada por el Juzgado conforme a la jurisprudencia laboral vigente.

La causa se inició en el año 2022, luego de que Angie Prieto, joven madre y periodista acompañara una denuncia masiva por presuntos malos tratos, acoso y otras irregularidades dentro de su lugar de trabajo. En ese contexto, el fallo no solo representa una reparación individual, sino que también establece un precedente relevante para el ámbito periodístico y laboral, especialmente para mujeres jóvenes que deciden denunciar situaciones de violencia o abuso en sus espacios de trabajo.

Con esta resolución, la Justicia reafirma el principio de protección al trabajador y envía un mensaje claro contra los despidos sin causa, fortaleciendo las garantías legales frente a represalias laborales derivadas de denuncias internas.