En medio del debate por la Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, el juez Carlos Hermosilla fue designado como vocero de los distintos estamentos del sistema de justicia para expresar la posición del sector judicial, que cuestiona haber sido excluido del proceso de discusión inicial del proyecto.

Desde el ámbito judicial señalan que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo avanzó sin otorgar un espacio de participación a jueces, fiscales y defensores públicos, pese al impacto directo que la reforma tendría sobre sus derechos previsionales. En ese contexto, Hermosilla asumió la representación de lo que denominó la “familia judicial”, con el objetivo de visibilizar los reclamos y plantear la necesidad de un debate más profundo y transparente.

“El reclamo central es que se nos expliquen con claridad la situación real de la Caja Fiscal. Se habla de un déficit millonario y queremos saber por qué se llegó a ese escenario”, expresó el magistrado, al tiempo de advertir que el sector no pretende que el problema vuelva a repetirse en el futuro. “No queremos que este tema se vuelva a encarar dentro de unos años”, subrayó.

Hermosilla fue enfático al rechazar soluciones transitorias y planteó la necesidad de encarar una reforma de fondo. “Estamos en contra de las soluciones parche. Queremos entender el problema para aplicar una cirugía mayor; eso es lo que proponemos como familia judicial”, afirmó.

El vocero aclaró que el sector judicial no se opone de manera cerrada a eventuales modificaciones del sistema previsional, siempre que estas sean necesarias y sustentables. Sin embargo, remarcó que cualquier cambio debe construirse con diálogo y participación. “No estamos en contra de la modificación, si necesario fuere, pero necesitamos ser escuchados”, sostuvo.

Mientras el proyecto avanza ahora hacia el Senado, desde el sistema de justicia reiteran su pedido de ser incluidos en el debate, considerando la magnitud del impacto institucional, social y familiar que la reforma de la Caja Fiscal implica para miles de funcionarios judiciales en todo el país.

En ese contexto, solicitaron formalmente al presidente de la cámara alta que se estudie, analice y trate la propuesta modificatoria que acompaña la nota presentada la semana pasada, así como un planteamiento adicional elaborado por la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay.

La Coordinadora Salarial de Magistrados, integrada por gremios del sistema de justicia, remitió una propuesta y una nota al presidente del Congreso Basilio Núñez, solicitando sean escuchados ya que hasta el momento este sector fue excluido del debate.

El pedido fue presentado en nombre de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay (AAFP) y la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEFPP), quienes expresaron su preocupación por el impacto directo que la iniciativa legislativa tendría sobre los derechos previsionales, la estabilidad económica y la independencia funcional de los operadores de justicia.

En la nota remitida al Ejecutivo, los representantes de estos gremios sostienen que una reforma de esta magnitud requiere un debate amplio, técnico y participativo, con la intervención activa de los sectores involucrados. Advirtieron que avanzar sin el debido análisis podría derivar en decisiones apresuradas con efectos irreversibles para el sistema judicial y la seguridad jurídica del país.

Uno de los puntos centrales del planteamiento es la falta de gradualidad prevista en el anteproyecto actual. Según los firmantes, esta situación podría provocar una jubilación masiva y anticipada de magistrados, fiscales, defensores públicos y actuarios judiciales, generando un colapso inédito en el funcionamiento de la justicia.

Las asociaciones señalan que la propuesta de modificación busca precisamente prevenir ese escenario, garantizando la dignidad jubilatoria de los integrantes del sistema de justicia que se encuentran en proceso de consolidación de derechos, sin afectar la continuidad y eficiencia del servicio judicial.

En ese contexto, solicitaron formalmente al presidente de la cámara alta que se estudie, analice y trate la propuesta modificatoria que acompaña la nota, así como un planteamiento adicional elaborado por la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay.

Las diversas asociaciones del ámbito judicial, incluyendo jueces, fiscales y defensores públicos, se concentran en las inmediaciones del Congreso para expresar su rechazo al tratamiento del proyecto de Reforma de la Caja Fiscal.

Los representantes de estos gremios solicitan que el estudio de la iniciativa sea postergado, argumentando que las modificaciones propuestas podrían tener un impacto significativo tanto en sus condiciones laborales como en el bienestar económico de sus familias.

Según señalaron los dirigentes, la intención de las movilizaciones es que los legisladores los escuchen antes de avanzar con la reforma, considerando la importancia y el alcance de las medidas que se discuten. Las organizaciones enfatizan que buscan un diálogo abierto que contemple los derechos y la estabilidad del personal judicial.

La protesta se enmarca en un contexto de debate legislativo intenso sobre el futuro de la Caja Fiscal, y los gremios han anunciado que continuarán con sus acciones de visibilización hasta que se garantice su participación en las instancias de discusión del proyecto.

El juez de Sentencia de la Capital, Juan Pablo Mendoza, presentó formalmente su renuncia al cargo para acogerse al beneficio de la jubilación. La Corte Suprema de Justicia aceptó la dimisión, que se hará efectiva a partir del 1 de marzo del presente año. Asimismo, el máximo tribunal declaró vacante el cargo y comunicó la situación al Consejo de la Magistratura, a fin de que se inicie el proceso de conformación de la terna correspondiente para su reemplazo.

El magistrado Mendoza goza de un amplio reconocimiento tanto entre sus pares como entre los profesionales del derecho que tuvieron la oportunidad de litigar ante el Tribunal de Sentencia que integra en la Capital, destacándose por su solvencia jurídica, equilibrio en sus decisiones y trato respetuoso en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Además de su labor como juez, Juan Pablo Mendoza es docente y un estudioso del sistema penal, vocación que lo llevó a una constante actualización académica a lo largo de su carrera. Su trayectoria en el ámbito judicial se inició en la Defensa Pública y continuó posteriormente en la magistratura, etapa que culmina con una gestión caracterizada por el compromiso, la dedicación y el rigor técnico, retirándose con una valoración altamente positiva de su desempeño.

Durante su carrera en el sistema de justicia, el magistrado desarrolló y dictó cursos de actualización vinculados a problemáticas sustanciales del juicio oral y público, además de disertar en numerosos diplomados impulsados por la Corte Suprema de Justicia y por instituciones vinculadas al ámbito judicial.

En diversas entrevistas concedidas a este medio, el juez Juan Pablo Mendoza se expresó con franqueza sobre la complejidad y la delicadeza de la labor del magistrado de sentencia, una función que según señaló suele ser incomprendida y que se ve agravada por la constante saturación de juicios que deben afrontarse año tras año. En ese contexto, remarcó la responsabilidad de brindar respuestas fundadas y oportunas a cada caso, otorgando a cada proceso la importancia que merece.

Para el magistrado, uno de los pilares fundamentales del ejercicio judicial es la preparación permanente del operador de justicia, subrayando que la lectura y el estudio continuo deben formar parte de la rutina diaria para estar a la altura de los desafíos constantes que implica el ejercicio de una magistratura responsable y de calidad.