Durante una reunión con miembros de la Comisión Permanente del Congreso, la ministra Carolina Llanes explicó detalladamente las acciones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia ante el esquema conocido como la mafia de los pagarés, subrayando la complejidad y el nivel de ocupación que la máxima instancia del Poder Judicial ha asumido frente a los casos.

“Ante este tipo de situación, hay diversos caminos que de manera simultánea en algunos casos y de manera supeditada en otros tenemos que tomar. Lo primero que hacemos cuando tenemos evidencia de irregularidades es hacer auditorías. Si no tenemos evidencia grosera de irregularidades, como se trata de procesos en trámite, que tampoco nosotros podemos paralizar con ninguna otra medida, entonces lo que hacemos es distribuir a los juzgados, como por ejemplo expedientes que no estaban en los respectivos juzgados y que fueron siendo puestos a disposición de los mismos por las casas que estaban tramitando esos expedientes, fueron redistribuidos a los juzgados competentes y esos procesos están en curso”, explicó Llanes.

La ministra detalló que se realizó un inventario completo de los expedientes y que el seguimiento de los procesos se realiza con estricta observancia de los plazos legales. “No se trata de que hay simplemente una lentitud o que dejamos que fluyan los procesos a su tiempo, de ninguna manera. Todos los días hay una actividad relacionada a la mafia de los pagarés que está siendo impulsada por el Consejo de Superintendencia de la Corte, en este momento estamos hasta el cambio de autoridad, y por la Corte en pleno. La Corte en pleno acompaña todas las iniciativas”, aseguró.

Sobre los sumarios y procesos penales relacionados, Llanes aclaró que los procedimientos administrativos quedan supeditados a los avances de la acción penal: “Resulta que cuando el objeto es el mismo, los sumarios administrativos, lo que quiere decir el motivo del procesamiento, quedan supeditados a la resultas del proceso penal. Entonces nosotros avanzamos hasta determinado punto esperando al titular de la acción penal pública, que es el Ministerio Público, a dar los pasos legales necesarios para que pudiéramos avanzar, por ejemplo, en la toma de decisiones medias cautelares. Somos muy cautos en esos temas, porque sin fundamentos tampoco podemos hacerlo”.

La ministra también enfatizó la necesidad de respetar la jurisdicción y la competencia de los magistrados: “Es todo muy delicado, pero es importante entender cómo funciona el sistema jurisdiccional y de competencia también de los magistrados. La jurisdicción es improrrogable, la competencia material solamente en situaciones específicas establecidas en la ley, entonces necesariamente debemos someternos al curso de los procesos. Esa no es una elección nuestra, esa es una imposición del orden normativo constitucional y legal”.

Finalmente, Llanes recordó que el proceso de depuración de magistrados ya se encuentra en marcha: “Ya se iniciaron los procesos de depuración con los jueces interinos de los juzgados cuyas magistraturas fueron suspendidas. Algunos renunciaron, otros están en curso”, concluyó.

Con estas declaraciones, la ministra Llanes evidenció la preocupación de la Corte Suprema de Justicia y el intenso seguimiento que se realiza sobre los expedientes vinculados a la mafia de los pagarés, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial.

Además de Llanes, participaron de la reunión los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Luis
María Benítez Riera.

Una vez más quedó suspendida la audiencia preliminar en una de las causas vinculadas a la denominada mafia de los pagarés, que tiene como principal acusado al exjuez Víctor Nilo Rodríguez. La diligencia no pudo desarrollarse debido a una nueva recusación presentada contra el juez Rodrigo Estigarribia, quien entiende el expediente, lo que obligó a frenar el trámite hasta tanto se resuelva su competencia.

La recusación fue planteada por la acusada Gloria Morínigo, quien solicitó el apartamiento del magistrado al considerar que este inició la audiencia preliminar sin resolver previamente incidentes de suspensión pendientes. Ante esta situación, el juzgado dispuso la suspensión de la audiencia hasta que la instancia correspondiente defina si Estigarribia continuará al frente del proceso.

Víctor Nilo Rodríguez enfrenta dos procesos penales dentro del esquema investigado por el Ministerio Público, que apunta a una presunta estafa sistemática contra funcionarios públicos y jubilados, mediante el uso irregular de juicios ejecutivos basados en pagarés. El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a exmagistrados, funcionarios judiciales y particulares.

En la causa actualmente a cargo del juez Estigarribia, la Fiscalía sostiene que el exjuez habría dictado resoluciones judiciales favoreciendo de manera indebida a las partes demandantes, torciendo el derecho. Según la acusación, se habrían falseado hechos fundamentales del proceso, especialmente en lo referente a supuestas notificaciones a los demandados, quienes, en los expedientes, figuraban como debidamente notificados y ausentes a la audiencia de reconocimiento de firmas, cuando en realidad dichas notificaciones nunca fueron realizadas.

El Ministerio Público señala que, en al menos 28 expedientes, Nilo Rodríguez dictó 26 resoluciones judiciales los días 17 y 20 de enero de 2023, dando por reconocidas las firmas y ordenando la prosecución de juicios ejecutivos. Estas resoluciones habrían sido respaldadas con informes presuntamente falsos elaborados por la ujier Ingrid Prette, quien en 28 ocasiones informó como realizadas notificaciones en distintas ciudades del país.

Según la investigación fiscal, dichas notificaciones supuestamente se llevaron a cabo en Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte, Ciudad del Este, Limpio y Areguá, todas en un lapso de apenas cuatro horas, lo que refuerza la sospecha de irregularidades y falsedad documental.

Mientras se aguarda la resolución de la recusación, el proceso vuelve a quedar en suspenso, sumando un nuevo retraso en una de las causas más sensibles que investiga el esquema de estafas judiciales conocido como la mafia de los pagarés.

El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó medidas alternativas a la prisión para la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, imputada por un presunto pedido de coima de G. 30.000.000 a uno de los procesados por el crimen de la joven María Fernanda, quien fue asesinada y posteriormente quemada en un baldío.

A pedido del Ministerio Público, el magistrado impuso reglas de conducta a la procesada, con el fin de garantizar su sometimiento al proceso penal abierto en su contra por la supuesta concesión de un beneficio indebido a un imputado en la causa.

El relato fiscal señala que el abogado Juan Carlos Bedoya, también imputado en el caso, habría sido el encargado de solicitar el dinero por instrucción de la fiscal Gloria Rojas Cañete, con el objetivo de otorgar un beneficio procesal a uno de los imputados en la causa María Fernanda.

De acuerdo con la denuncia presentada, el 19 de noviembre de 2025 el denunciante relató que fue contactado por un conocido para transmitirle un supuesto pedido de dinero realizado por un funcionario del Ministerio Público, con la intermediación del abogado ahora imputado. Según esta versión, el pago tenía como finalidad asegurar una salida procesal menos gravosa en la causa penal en la que se encontraba imputado y actualmente acusado.

Inicialmente, se le habría comunicado que debía entregar G. 25.000.000, más G. 1.000.000 en concepto de “donación”. Sin embargo, al día siguiente, el 20 de noviembre de 2025, el abogado informó que el monto exigido se incrementaba en G. 5.000.000, totalizando G. 30.000.000, además del millón de guaraníes destinado a la supuesta donación.

El caso cobra especial relevancia por tratarse de uno de los hechos de feminicidio más crueles registrados en 2025 y porque, según la investigación, integrantes del Ministerio Público habrían buscado un beneficio económico en lugar de garantizar justicia por la muerte de la joven María Fernanda.

El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para investigar el caso y presentar un requerimiento conclusivo contra su actual colega.

El agente anticorrupción Silvio Corbeta solicitó al Tribunal de Apelaciones que se confirme la sentencia definitiva que condena a ocho años de prisión al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, en el marco de la investigación por lesión de confianza y otros delitos relacionados.

El Ministerio Público también requirió que se ratifique la condena de seis años de cárcel para el empresario Alberto Koube Ayala, hallado culpable en el mismo juicio oral. Durante el proceso se comprobó que Roa había direccionado varias licitaciones del ente a favor de las empresas de Koube, generando un perjuicio económico al Estado paraguayo de G. 805.000.000.

En su presentación ante el Tribunal de Alzada, el fiscal argumentó que la sentencia condenatoria cumple con todos los requisitos legales y carece de errores o inobservancias, estando plenamente sustentada en hechos comprobados y pruebas contundentes presentadas durante el juicio oral.

La investigación reveló que entre 2018 y 2021, Roa favoreció a distintas empresas de Koube Ayala en licitaciones por un total de G. 16.080.000.000, recibiendo como sobornos una embarcación Azimut AZ 42 importada por el Grupo Tapyracuai S.A. el 16 de agosto de 2018, así como el pago de un tour por Europa.

Roa fue condenado por lesión de confianza, cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, administración en provecho propio y lavado de activos, mientras que Koube Ayala recibió condenas por lesión de confianza, soborno agravado, administración en provecho propio y lavado de dinero, en calidad de instigador en varios de los delitos.

Con esta petición, la Fiscalía busca que las penas impuestas se mantengan sean ratificadas por alzada en una causa abierta por corrupción pública y un perjuicio patrimonial elevado.