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Personas privadas de libertad continúan con las jornadas de limpieza en escuelas del Alto Paraná

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Tras el inicio del programa “Servicio que Reconstruye”, anunciado semanas atrás, el Ministerio de Justicia informó que las intervenciones en instituciones educativas del Alto Paraná siguen desarrollándose de manera ininterrumpida, en coordinación con la Gobernación departamental.

En esta nueva etapa, personas privadas de libertad (PPL) volvieron a participar en jornadas de limpieza y acondicionamiento, contribuyendo a mejorar las condiciones de infraestructura y salubridad en centros educativos del este del país.

Las tareas recientes alcanzaron a la Escuela Básica N.º 5444 San José, la Escuela Santa Librada y el Colegio Área 1, donde se realizaron trabajos de limpieza integral y puesta a punto de los espacios, con miras a garantizar entornos más seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

Desde la cartera de Justicia señalaron que estas acciones forman parte de un esquema continuo de apoyo comunitario y reinserción social. Además del impacto directo en las comunidades educativas, el programa apunta a fortalecer en las PPL valores como la responsabilidad, la disciplina y el compromiso con la sociedad.

El Ministerio ratificó que las actividades proseguirán en otras instituciones del departamento, dando continuidad a esta iniciativa que combina trabajo comunitario con oportunidades de reintegración.

Víctimas de la “mafia de pagarés” exigen unificación de causas y ampliación de imputaciones

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Un grupo de víctimas de la denominada causa “mafia de pagarés” se manifestó este jueves frente a la sede del Ministerio Público para exigir avances concretos en la investigación. Durante la movilización, los afectados presentaron dos notas dirigidas al fiscal general del Estado, en las que solicitan la unificación de las causas penales abiertas y la inclusión del tipo penal de asociación criminal en el proceso.

Pedro Coronel, uno de los referentes de la asociación de víctimas, explicó que la presentación formal busca dar mayor impulso a la investigación y evitar la dispersión de expedientes. “Hemos presentado la nota y le vamos a dar seguimiento. El fiscal general debió tomar con seriedad este caso, asignando a fiscalías especializadas para investigar”, expresó.

Coronel remarcó la preocupación de los afectados ante lo que consideran una falta de respuestas contundentes por parte del Ministerio Público. “Queremos que la Fiscalía trabaje y haga su trabajo”, sentenció, al tiempo de insistir en que la unificación de las causas permitiría una investigación más eficaz y coordinada.

Las víctimas adelantaron que continuarán con las acciones públicas y el seguimiento institucional hasta obtener respuestas formales del Ministerio Público respecto a sus pedidos.

Desarticulan red que proveía matrículas a vehículos robados en Brasil

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Un operativo encabezado por el Ministerio Público y la Policía Nacional permitió desbaratar una presunta organización dedicada a la expedición de matrículas y documentos falsificados que eran utilizados para “blanquear” vehículos robados.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Luis Fernando Escobar, el procedimiento se concretó en un inmueble situado en el kilómetro 9 Monday de Ciudad del Este. El lugar, identificado como “N.A. Impresiones”, funcionaba aparentemente como centro de operaciones para la elaboración de chapas apócrifas y otras documentaciones adulteradas.

La investigación se inició tras la recuperación en territorio paraguayo de un automóvil Toyota IST denunciado como robado en Brasil. El rodado circulaba con matrícula paraguaya falsa, lo que permitió a los investigadores seguir la pista hasta el local intervenido.

Durante el registro del dúplex que contaba con un portón negro y operaba como taller gráfico los intervinientes incautaron una importante cantidad de chapas presuntamente falsificadas, cédulas verdes y hojas de seguridad de escribanía, entre otros elementos que serán sometidos a peritaje.

Según el fiscal Escobar, la estructura criminal ofrecía soporte documental a grupos delictivos, facilitando la circulación de automóviles de procedencia ilícita. El representante del Ministerio Público adelantó además que solicitará la apertura de una nueva causa para profundizar la investigación por producción y uso de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y posible asociación criminal.

El operativo contó con el apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones y de la comisaría jurisdiccional. Las evidencias quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para su análisis técnico y prosecución de la causa.

La orden de allanamiento fue emitida por el magistrado Amílcar Antonio Marecos.

Por San Valentín, promueven regalos elaborados por personas privadas de libertad

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En el marco del Día de los Enamorados, el Ministerio de Justicia promueve la compra de productos elaborados por personas privadas de libertad como una opción de regalo con impacto social. La iniciativa forma parte del emprendimiento de reinserción denominado “Aromas Vivos”, desarrollado por internos de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

El proyecto está encabezado por cuatro personas privadas de libertad que, tras capacitarse con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), elaboran de manera artesanal jabones y shampoo con ingredientes naturales como vainilla, lavanda, canela, manzanilla, romero, cúrcuma, glicerina y pétalos de rosa.

Con motivo de la fecha especial, “Aromas Vivos” lanzó presentaciones desde G. 10.000 y cajas especiales a G. 35.000, pensadas como obsequios que combinan frescura, creatividad y un mensaje de esperanza. Todos los productos son elaborados bajo un proceso 100% artesanal.

Las personas privadas de libertad que participan del emprendimiento accedieron previamente a cursos gratuitos brindados por el SNPP en convenio con la cartera de Justicia. Las capacitaciones incluyeron técnicas de formulación, perfumado y nociones para la creación de microemprendimientos, con el objetivo de facilitar su futura inserción laboral.

Desde el Ministerio destacaron que esta iniciativa se enmarca en las políticas de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, en coordinación con la dirección del penal, buscando generar oportunidades reales de capacitación, trabajo digno y desarrollo personal.

Los pedidos pueden realizarse a los contactos habilitados por el proyecto: Mary (0973 889 458) y Olga (0984 581 434). La propuesta apunta a que, además de celebrar el amor, la ciudadanía apoye procesos de reinserción social y segundas oportunidades.

Gremios judiciales piden reunión con Economía y anuncian paro escalonado

Representantes de los gremios del sistema de justicia solicitaron formalmente una reunión con el ministro de Economía, Carlos Valdovinos, con el objetivo de exponer sus inquietudes respecto a la propuesta de reforma de la Caja Fiscal.

Los trabajadores del sector cuestionan la falta de diálogo en torno a un tema que califican como “altamente sensible” y que, según afirman, ya generó preocupación interna al punto de que varios integrantes optaron por presentar su renuncia y acogerse de manera anticipada a la jubilación ante la incertidumbre.

En ese contexto, los gremios convocaron a una asamblea general para el próximo martes 17 de febrero, ocasión en la que prevén ratificar un paro integral que se implementará de manera escalonada a partir del 18 de febrero en todo el sector justicia.

Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay AJP, señaló que el aplazamiento del estudio de senadores les permitirá fundamentar técnicamente su postura, especialmente en lo relacionado con la supuesta condición deficitaria de la Caja de Jubilaciones de Magistrados. Indicaron que contratarán a especialistas en la materia para elaborar un documento con argumentos técnicos que respalden su posición y que pueda servir de base para una mesa de negociación.

“La carrera judicial fue eliminada con la propuesta aprobada en diputados, son esas y otras cuestiones las que queremos debatir con tranquilidad y argumentos”, expresó, al tiempo de insistir en la necesidad de abrir un canal de diálogo antes de avanzar con cualquier modificación que pueda impactar en el sector judicial.

Los trabajadores judiciales esperan que el Ministerio de Economía acceda al encuentro solicitado, a fin de analizar la propuesta y buscar consensos que eviten la profundización del conflicto.

Intervención de defensora pública evita desalojo de agricultor

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Gracias a la intervención de la defensora pública en lo Civil y Comercial de Caaguazú, Zoraida Cañiza Ayala, se logró una sentencia favorable que evitó el desalojo de un humilde agricultor, quien recurrió al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) por no contar con recursos económicos para costear asistencia jurídica.

El agricultor, identificado con las iniciales R. A., residente en la Colonia Guyraungua, fue demandado por desalojo por su esposa, de quien está separado hace aproximadamente siete años. La notificación de la demanda fue recibida por una de sus hijas, quien no pudo comunicar a su padre sobre el inicio del juicio, lo que provocó el vencimiento del plazo para contestar el traslado.

Una vecina del agricultor, al enterarse de la situación, lo instó a solicitar auxilio judicial. A pesar del plazo vencido, la defensora pública Cañiza Ayala logró presentar varias excepciones que finalmente fueron determinantes en el fallo.

El inmueble en cuestión pertenece al suegro del agricultor y durante el matrimonio, la pareja construyó una vivienda, introdujo cultivos de mandioca, maíz y poroto, y mantuvo vacas lecheras cuya venta les permitió sostener a sus cinco hijos. Tras el fallecimiento del suegro, la esposa heredó la propiedad de 7 hectáreas, pero el agricultor continuó trabajando el lote de acuerdo con un acuerdo previo entre ambos.

El agricultor se sorprendió al recibir la demanda de desalojo. Aunque fue declarado en rebeldía por no contestar la notificación, su presentación junto a la defensora permitió impugnar la nulidad de la notificación y presentar acciones legales que culminaron en la Sentencia Definitiva (SD) N° 2 del 2 de febrero de 2026.

El Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral del Tercer Turno de Caaguazú, a cargo de Francisco Luis Astigarraga Feltes, no hizo lugar a la demanda de desalojo. El magistrado argumentó que la demanda carecía de requisitos formales esenciales, no integraba a todas las partes afectadas, no presentó pruebas sobre los hechos alegados y no acreditó la titularidad del inmueble, ya que el juicio sucesorio aún no concluía.

Asimismo, el juez destacó que el agricultor ocupaba la tierra con autorización de su antiguo dueño, había realizado mejoras en la propiedad y que, pese a la separación, la distribución de los bienes debía realizarse mediante la disolución de la sociedad conyugal, proceso que nunca se llevó a cabo.

La acción de la defensora pública fue clave para proteger los derechos del agricultor y garantizar su permanencia en la tierra que trabaja desde hace años, reafirmando el papel del MDP en la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Alta productividad en Cordillera durante la feria judicial

La Circunscripción Judicial de Cordillera destacó por su elevada producción de resoluciones durante la feria judicial del pasado mes de enero, según se informó durante la sesión plenaria la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el informe de gestión presentado por el doctor Aníbal Cabriza, la circunscripción superó la meta establecida al dictar 1.113 resoluciones, frente a un objetivo de 1.014. Este desempeño refleja un cumplimiento del 109% de la meta prevista, evidenciando la eficiencia del sistema judicial local durante el período de feria.

El informe fue dado a conocer por el ministro Alberto Martínez Simón durante la sesión plenaria de la Corte Suprema, como parte del seguimiento a los indicadores de productividad en las distintas circunscripciones del país.

El elevado número de resoluciones destaca la capacidad de los tribunales de Cordillera para mantener la atención y el despacho de casos incluso durante los períodos tradicionales de receso judicial, contribuyendo a la agilidad y eficiencia del servicio judicial para los ciudadanos.

Suman renuncias de operadores del sistema judicial ante avance de la reforma de caja fiscal

La Corte Suprema de Justicia aceptó este miércoles las renuncias de varios magistrados, fiscales y de la defensora pública, en un contexto marcado por el avance de la reforma de la caja fiscal.

Durante la sesión plenaria, la máxima instancia aceptó las dimisiones y comunicó las vacancias al Consejo de la Magistratura. Entre los renunciantes se encuentran los magistrados Elver Noguera, Jorge Vera y Laura María Benítez; las fiscales Elva Cáceres y Claudia Penayo; y la defensora pública Silvia Zárate.

Estas renuncias se suman a un patrón creciente de dimisiones de operadores del sistema, lo que refleja la tensión generada por la iniciativa de reforma de la caja fiscal, que afecta directamente a la estructura y beneficios del personal judicial.

La Corte Suprema no ha emitido declaraciones adicionales sobre las motivaciones individuales de cada renunciante, pero la comunicación formal al Consejo de la Magistratura marca el inicio del proceso para cubrir estas vacancias.

El avance de la reforma y las recientes renuncias para cogerse a la jubilación, generan un escenario de incertidumbre en el funcionamiento del sistema judicial, mientras autoridades y observadores aguardan los próximos pasos del Poder Ejecutivo y del Legislativo en torno a los cambios en la caja fiscal que ha quedado en pausa hasta marzo.

Imponen medidas a exjueza que presuntamente actuó bajo órdenes de Lalo Gómes

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Se trata de Ana Graciela Aguirre Núñez, a quien el juzgado resolvió imponer medidas cautelares a pedido del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar su sometimiento al proceso.

Entre las disposiciones establecidas figura la obligación de comparecer de manera trimestral ante el juzgado, entre los días 1 y 5 del mes correspondiente, para firmar el libro de asistencia. Asimismo, deberá darse por notificada de todas las audiencias o citaciones fijadas en la causa, bajo apercibimiento de que las medidas puedan ser revocadas en caso de incumplimiento.

Igualmente, se le impuso una fianza de 200.000.000 de guaraníes que será ejecutada en caso que la misma se fugue.

Aguirre integró el Tribunal de Sentencia que absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, quien estaba procesado por el asesinato del periodista brasileño Leo Veras, ocurrido en 2020 en Pedro Juan Caballero.

Según la hipótesis del Ministerio Público, este caso y otras resoluciones judiciales habrían sido adoptadas bajo directivas de Lalo Gómes, con la finalidad de beneficiar a miembros de estructuras criminales. Estas sospechas forman parte del eje central de la investigación en curso.

La pesquisa se inició tras una denuncia presentada por el juez Osmar Legal. A partir de esa presentación, la Fiscalía desarrolló durante aproximadamente diez meses una investigación que culminó con la imputación de cuatro personas señaladas como presuntos involucrados en el esquema investigado.

Además de Aguirre, en esta causa está imputada su colega Carmen Silva, a quien también se le impuso medidas similares. En este caso también están bajo sospecha, Orlando Arévalo expresidente del JEM y Guido Díaz Frutos, señalado como supuesto intermediario en los hechos investigados.

El proceso continúa en etapa investigativa, a cargo de los fiscales Luis Píñanez, Verónica Valdez y Francisco Cabrera.

Celebran la postergación de la reforma de Caja Fiscal y resaltan la prudencia institucional

Tras la suspensión del tratamiento del proyecto de Reforma de la Ley de Caja Fiscal en la Cámara de Senadores, el camarista Camilo Cantero valoró la decisión como una señal positiva de mesura y responsabilidad en el ámbito legislativo.

“Primó la prudencia. Y eso, en una República, siempre es una buena noticia”, afirmó Cantero, quien destacó que el otorgamiento de un plazo para consensuar modificaciones al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados permite abordar la reforma con mayor diálogo y reflexión.

El magistrado, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Jueces, celebró la postergación y señaló que “cuando están en juego derechos adquiridos, carreras institucionales y el equilibrio entre los Poderes del Estado, la mesura no es demora; es responsabilidad”.

Cantero aseguró que durante este período de reflexión insistirán, con “argumentos y serenidad”, en seis puntos centrales observados por los gremios del sistema judicial:

Preservación del artículo 4 del Decreto Ley N.º 23/1954, que reconoce la carrera judicial y fiscal, permitiendo el cómputo del tiempo de servicio previo en la Administración Pública bajo el régimen histórico de 2×1.

Rechazo a la derogación abrupta de reglas previsionales históricas, que desnaturalizan la carrera judicial y afectan principios de justicia y equidad, especialmente considerando que el acceso a la magistratura se produce a una edad madura.

Aplicación gradual de cualquier reforma, protegiendo a quienes se encuentran próximos a cumplir los requisitos jubilatorios y respetando la confianza legítima depositada en el Estado.

Escasa incidencia del sector de magistrados en el déficit de la Caja Fiscal, que representa poco más del 1 %, lo que impide un tratamiento uniforme con sectores de realidades estructuralmente distintas.

Riesgo institucional de provocar jubilaciones masivas, con vacancias prolongadas que afectarían directamente el servicio de justicia y el normal funcionamiento del Poder Judicial.

Revisión de la tasa de sustitución fijada de manera uniforme, atendiendo a la proporcionalidad y al impacto real de cada sector, evitando soluciones generales que resultan injustas en contextos desiguales.

Enfatizando la importancia del diálogo y la responsabilidad institucional, Cantero subrayó que “las reformas estructurales no se imponen: se construyen con diálogo, datos y responsabilidad institucional. En una República, la prudencia fortalece; la improvisación debilita”.

Finalmente, expresó su confianza en que la Cámara de Senadores honrará este tiempo de reflexión, introduciendo los ajustes necesarios para una reforma equilibrada, justa y respetuosa del sistema republicano.

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