El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander Dans, ha asumido un papel protagónico en el seguimiento del caso conocido como la “mafia de pagarés”, destacándose como la figura que ha promovido que la Corte analice con rigor la situación de los abogados implicados. En declaraciones exclusivas a Judiciales Net, el alto magistrado enfatizó la necesidad de abordar cada situación con detenimiento, señalando: “Se tiene que estudiar caso por caso si son acusados”, una frase que refleja su compromiso con un análisis minucioso y con la aplicación de la justicia de manera individualizada.
La intervención del ministro Santander Dans marca un punto clave en la manera en que la Corte Suprema busca abordar los escándalos que afectan la credibilidad de la abogacía en el país. Su propuesta es que no se emitan sanciones generales ni se juzgue de manera colectiva a los abogados involucrados en el esquema irregular; por el contrario, cada situación debe ser evaluada según los antecedentes administrativos y penales específicos de cada profesional. Esta postura busca garantizar que las medidas que adopte la Corte sean justas, proporcionadas y respaldadas por pruebas concretas.
En ese marco, la Corte Suprema de Justicia ya ha requerido a las instancias correspondientes todos los antecedentes administrativos y judiciales de los abogados implicados en la causa de la “mafia de pagarés”. La recopilación de esta información es fundamental para que la máxima instancia pueda adoptar decisiones fundamentadas y precisas sobre posibles sanciones, incluidas la suspensión de matrículas o cualquier otra medida disciplinaria.
Hasta el momento, la primera abogada sobre quien se aplicó una medida concreta fue Zully Ortiz, a quien se le suspendió la matrícula profesional. La acción busca enviar un mensaje claro sobre la seriedad con la que la Corte Suprema enfrenta las irregularidades dentro del ejercicio de la abogacía, estableciendo un precedente que refuerza la ética profesional y la transparencia dentro del sistema judicial paraguayo.
Santander Dans ha insistido en que la intención de la Corte no es solo sancionar, sino también preservar la confianza de la ciudadanía en la función pública y en el ejercicio del derecho. En sus palabras, se trata de una acción que combina la responsabilidad disciplinaria con la necesidad de fortalecer los estándares de conducta profesional: “Se tiene que estudiar caso por caso si son acusados”, reiterando que cada abogado implicado debe ser evaluado de manera individual y objetiva.
En los próximos días la Corte Suprema podría contar con todos los antecedentes necesarios para emitir las resoluciones correspondientes. Esto permitirá definir, con base en información completa y precisa, cuáles abogados continuarán ejerciendo normalmente, cuáles recibirán sanciones y cuáles podrían enfrentar medidas más severas dentro del marco disciplinario.
El ministro Gustavo Santander Dans, es la figura central en esta etapa del proceso, destacando por su insistencia en la justicia individualizada y en la protección de la integridad de la abogacía. Su postura ha sido clave para que la Corte adopte un enfoque sistemático y riguroso, reforzando la percepción pública de que el máximo órgano judicial del país actúa con firmeza ante irregularidades que afectan la credibilidad del sistema legal.
De esta manera, la actuación de Santander Dans no solo resalta la responsabilidad de la Corte frente a los hechos, sino que también refleja un compromiso claro con la ética profesional y con la transparencia en la administración de justicia.
