La investigación versa sobre hechos de corrupción dentro de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), que habría provocado un grave perjuicio patrimonial al Estado, estimado preliminarmente en alrededor de G. 1.500 millones, según el avance de las diligencias fiscales.

El caso es llevado adelante por agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes imputaron a tres funcionarios del ente estatal por su presunta participación en un mecanismo fraudulento destinado a desviar fondos públicos hacia cuentas personales, mediante la manipulación de sistemas informáticos y registros contables.

De acuerdo con la investigación, el esquema habría consistido en simular pagos a la Municipalidad de Asunción, utilizando accesos indebidos a los sistemas financieros de Copaco. Los egresos eran registrados como supuestas obligaciones municipales, pero el dinero terminaba siendo transferido a cuentas particulares de funcionarios y terceros, distorsionando por completo el destino real de los recursos.

Entre los imputados figura, Osmar Cañete Roa gerente administrativo financiero, señalado como principal responsable, imputado por los hechos punibles de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos. También fue imputado y Roque Valdez el jefe del Departamento de Tesorería, en carácter de presunto cómplice, y un funcionario del área de informática, acusado de alterar datos relevantes en los sistemas contables de la institución.

Las irregularidades salieron a la luz a inicios de enero de 2026, cuando se detectaron facturas supuestamente emitidas por la Municipalidad de Asunción con montos muy superiores a los habituales. Al profundizar las verificaciones, se constató que varios registros habían sido eliminados o modificados, aunque las pistas de auditoría del sistema permitieron reconstruir parte de las operaciones.

Asimismo, se identificaron documentos inconsistentes, con diferencias en montos, numeración y cantidad respecto a los registros originales, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de un esquema sistemático de manipulación contable.

Ante la gravedad de los hallazgos, la máxima autoridad de Copaco ordenó una auditoría interna, que permitió detectar transferencias realizadas entre 2023 y 2025 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, inicialmente cuantificadas en más de G. 1.100 millones, aunque los investigadores no descartan que el monto total del perjuicio ascienda a unos G. 1.500 millones, a medida que avance el análisis de las operaciones.

La imputación fue presentada por un equipo fiscal designado por el fiscal general del Estado, integrado por las agentes Belinda Bobadilla y Laura Giacummo, quienes además solicitaron la aplicación de medidas cautelares, considerando la magnitud del daño ocasionado y los elementos de sospecha reunidos.

La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y establecer el alcance total del presunto desvío de fondos, que representa uno de los golpes más severos al patrimonio de una empresa pública en los últimos años.

El ciudadano peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, fue entregado a las autoridades de Perú una vez que la decisión judicial que ordena su extradición quedó firme. Moreno Hernández enfrenta múltiples causas penales en su país de origen y es señalado como líder del grupo criminal “Los Injertos del Cono Norte.

Hasta su entrega, “El Monstruo” permanecía recluido en la penitenciaría de máxima seguridad de Emboscada, Martín Mendoza, mientras aguardaba que la sentencia de extradición se confirme oficialmente.

Moreno Hernández, considerado de alta peligrosidad y con un extenso historial delictivo, se había establecido en Paraguay por más de dos años, aparentemente para evitar a sus enemigos y mantenerse fuera del radar de las fuerzas de seguridad. Fue localizado en San Lorenzo y capturado el pasado 24 de septiembre durante un operativo realizado gracias a la información aportada por un informante, quien ahora reclama la recompensa ofrecida por el gobierno del Perú.

Pese a las graves acusaciones que enfrenta en Perú, que incluyen secuestro y otros delitos vinculados al crimen organizado, Moreno Hernández aseguró que nunca cometió ilícitos en Paraguay y que su estadía en el país buscaba tranquilidad. Sin embargo, las autoridades paraguayas confirmaron que su presencia en el país formaba parte de intentos de expandir sus redes delictivas dentro del tráfico internacional de drogas.

La entrega de “El Monstruo” marca un paso significativo en la cooperación judicial entre Paraguay y Perú en la lucha contra el crimen organizado transnacional, y refuerza los mecanismos de extradición para ciudadanos que buscan evadir la justicia cruzando fronteras.

El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, presentó ante la Cámara de Apelaciones su contestación al recurso interpuesto por Arnaldo Giuzzio, quien busca revocar el sobreseimiento definitivo de Cartes en una causa por presunto contrabando, lavado de dinero y otros delitos.

En su escrito, Ovelar recuerda que ejerce la defensa técnica de Cartes desde la apertura formal del caso, el 7 de febrero de 2022. El abogado adjuntó a su presentación la Carta Poder otorgada por Cartes y el escrito de asunción de mandato con cargo del Ministerio Público, fechado el 11 de febrero de 2022.

Ovelar señala que, al enterarse a través de medios periodísticos de que Giuzzio interpuso un recurso general de apelación contra la Resolución AI N°283 del 17 de octubre de 2025 dictada por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decidió ejercer los derechos constitucionales y procesales que garantizan la defensa de su cliente.

En su contestación, el abogado solicita que el recurso de Giuzzio sea declarado inadmisible y que se confirme la resolución que desestimó la denuncia contra Cartes. “Hago uso de los derechos constitucionales y procesales que garantizan el derecho a la defensa, y contesto el recurso interpuesto, solicitando que el mismo sea declarado inadmisible y, por tanto, se confirme la resolución de desestimación de la denuncia”, afirmó Ovelar en el escrito presentado ante la Cámara.

El defensor también remarcó la importancia del derecho a la defensa, señalando que el Código Procesal Penal, en su artículo 74, establece que se considera imputado “a la persona a quien se le señale como autor o partícipe”, subrayando así la protección jurídica que ampara a su cliente durante todo el proceso.

La apelación de Giuzzio busca revertir la decisión del juez Estigarribia que, el pasado octubre, resolvió hacer lugar al requerimiento de desestimación, presentado el 6 de junio de 2025, que había cerrado el caso en favor de Cartes. Con la presentación de Ovelar, el proceso ante la Cámara de Apelaciones entrará en una nueva etapa, donde se definirá la procedencia del recurso interpuesto.

En octubre del año pasado, el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió archivar la denuncia presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes. La decisión se adoptó a solicitud del Ministerio Público, que concluyó que los hechos denunciados carecen de relevancia penal conforme al análisis jurídico y probatorio realizado en el marco de la investigación.

La resolución judicial se fundamenta en el dictamen presentado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, quienes integraron el equipo encargado de conducir las diligencias. Los agentes del Ministerio Público argumentaron que, tras un exhaustivo proceso técnico de análisis jurídico y probatorio, no se hallaron elementos que configuren un hecho punible conforme a lo establecido en el Código Penal.

Los fiscales indicaron que el proceso de subsunción jurídica resultó negativo, es decir, los hechos investigados no encuadran dentro de las figuras penales invocadas en la denuncia. En particular, se analizó la supuesta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito, señalando que dicho tipo penal exige más que un simple aumento patrimonial: requiere la existencia de actos concretos de adquisición u obtención de bienes, o de cancelación de obligaciones, que no se correspondan con las legítimas posibilidades económicas del funcionario, y que hayan ocurrido luego de su ingreso a la función pública.

“En el presente caso, la denuncia realizada hace mención a un incremento patrimonial injustificado, sin detallar hechos concretos que den cuenta de adquisiciones, pagos u otras operaciones que permitan configurar un comportamiento típicamente penalizable”, sostuvo parte del dictamen fiscal.