Cecilia Pérez Rivas, abogada de una de las víctimas de la mafia de los pagarés, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la remisión de los antecedentes de la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, quien se encuentra acusada por estafa en el mismo expediente que involucra a la jueza Analía Cibils, así como en otros procesos.

De acuerdo con la presentación, mediante un auto interlocutorio dictado en setiembre de 2025 se impusieron a la imputada medidas cautelares que suspendieron la prisión preventiva. No obstante, se destaca que la profesional ya se encuentra acusada en una segunda causa penal, vinculada a hechos de prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso, actualmente en trámite ante un Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, encontrándose pendiente la audiencia preliminar.

En el escrito, la representante legal recuerda que la Acordada N° 1597/2021 establece el deber de comunicar al Consejo de Superintendencia aquellas situaciones en las que abogados u otros auxiliares de justicia se hallen imputados en procesos penales, especialmente cuando los hechos puedan comprometer el ejercicio profesional o la ética de la abogacía.

Asimismo, se menciona que la Corte Suprema de Justicia ha requerido información relacionada con abogados y auxiliares de justicia imputados en el esquema conocido como “mafia de los pagarés”, a fin de que el Consejo de Superintendencia intervenga en su carácter de autoridad disciplinaria. Sin embargo, conforme a lo verificado en el expediente electrónico, no constaría hasta la fecha la remisión de los antecedentes del caso.

Ante esta situación, la querellante solicita que se ordene formalmente la remisión de los antecedentes al Consejo de Superintendencia, para que dicho órgano tome conocimiento de los hechos y evalúe la eventual adopción de medidas disciplinarias, en resguardo del correcto ejercicio profesional y del sistema judicial.

Lourdes Rocío Aranda, abogada y exasesora jurídica de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), está imputada por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una investigación por presunta estafa dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

La causa se originó a partir de la denuncia de Luciana Bernadet Torres, enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, quien en 2018 fue notificada de una supuesta deuda de G. 3.721.000 con Amuclin. Según su testimonio, canceló dicho monto y recibió el comprobante correspondiente.

Sin embargo, en 2023 descubrió que desde su cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) se le estaban realizando descuentos mensuales, por orden judicial, en concepto de una deuda que actualmente asciende a G. 41 millones. La demanda fue promovida por Julia Mabel Acosta Rojas, quien alega ser la titular del derecho de cobro de la ya disuelta mutual.

Bernadet asegura no haber firmado nunca un pagaré ni tener relación alguna con esa deuda millonaria. Desde diciembre de 2024, sufre descuentos mensuales de G. 1.456.253, lo que afecta directamente sus ingresos jubilatorios.

Para el Ministerio Público, detrás de esta maniobra estaría Lourdes Rocío Aranda, quien habría tenido un rol clave facilitando documentos y procedimientos presuntamente irregulares durante su paso por la asesoría jurídica de Amuclin. La Fiscalía sostiene que se trata de un caso más vinculado a una estructura de estafa basada en el uso de pagarés falsificados o inexistentes, y que la mutual nunca funcionó como entidad crediticia, sino que ofrecía asistencia al personal mediante servicios como la compra de víveres o ropa a crédito.

Juristas, magistrados y especialistas de distintos países, entre ellos Paraguay, participaron del Congreso Internacional sobre Evidencia Digital e Inteligencia Artificial para la Prevención e Investigación del Lavado de Dinero, desarrollado del 12 al 16 de enero de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

El encuentro reunió a representantes de la abogacía y del Poder Judicial provenientes de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Perú, Bolivia y Brasil, consolidándose como un espacio clave de formación y actualización frente a los desafíos que plantea la criminalidad económica transnacional.

La apertura institucional estuvo a cargo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, José Manuel Almudi Cid, quien resaltó el impacto positivo de este tipo de encuentros internacionales en la capacitación permanente de los operadores jurídicos. El acto inaugural contó además con la presencia de autoridades regionales, entre ellas el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el juez Marcelo Gallo Table, y el presidente del Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (FLADE), el fiscal Rafael Berruezo, junto a otros representantes de dicha entidad, reforzando el carácter latinoamericano del congreso.

La dirección académica estuvo a cargo de Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, y de Gustavo Meirovich, magistrado argentino y juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8, quienes subrayaron la necesidad de generar espacios de diálogo transnacional para abordar fenómenos como el lavado de activos, los criptoactivos y la preservación de la prueba digital.

Durante la semana se desarrollaron 25 horas de talleres intensivos, en los que se analizaron herramientas jurídicas, técnicas de investigación y mecanismos de detección del lavado de dinero y otros delitos vinculados a la criminalidad organizada y económica, cada vez más sofisticada, descentralizada y con fuerte componente tecnológico.

El programa abordó ejes centrales como inteligencia artificial, evidencia digital, criptoactivos, cooperación internacional y nuevas técnicas de investigación, con exposiciones a cargo de reconocidos catedráticos y especialistas de España, Alemania y América Latina. Entre los disertantes destacados se encontraron Juan Carlos Ferré Olivé, María Eugenia Escobar Bravo, Eloy Velasco Núñez, Isabel Payo Alcázar, Nicolás González-Cuéllar Serrano, Marcelo Peluzzi, Elvira Tejada de la Fuente, Cristina Guisasola Lerma, Ricardo Elías Puelles, Fernando Navarro Cardoso y José Luis González Cussac, entre otros referentes académicos y judiciales.

La dimensión internacional del congreso se fortaleció con la participación de expertos y autoridades académicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. En ese marco, se destacó la presencia de Manuel Guanes Nicoli, director de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, así como de Alexis Couto Brito, especialista en Derecho Penal de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, entre otros representantes de instituciones de primer nivel.

Con el apoyo de la Policía Nacional española, los participantes pudieron conocer de primera mano el trabajo de la policía científica y los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, se compartieron experiencias y buenas prácticas de fiscalías y juzgados de los países representados, evidenciando la necesidad de una formación continua, estructurada y con pensamiento crítico, sin descuidar las garantías constitucionales.

La actividad, reunió a actores clave del sistema de justicia iberoamericano, convirtiéndose en un foro estratégico para el diseño de respuestas coordinadas frente al lavado de activos, el uso criminal de las criptomonedas y los desafíos que plantea la prueba digital en la era de la inteligencia artificial.

A pedido del ministro Gustavo Santander Dans, la Corte Suprema de Justicia resolvió solicitar el legajo de los 25 abogados y funcionarios investigados en el mayor esquema de corrupción judicial denominado mafia de pagarés, con el fin de analizar si correrán la misma suerte que la abogada Zully Ortiz, a quien ya se le suspendió la matrícula.

La máxima instancia, tras estallar el escándalo, había iniciado un sumario administrativo contra estos 25 abogados y funcionarios, pero no había adoptado ninguna medida preventiva, como la suspensión de la matrícula, para evitar que los mismos continuaran interviniendo en juicios similares.

Tras lo ocurrido con Zully Ortiz, quien además de estar imputada por estafa por su presunta participación en el esquema, también soporta la sospecha de haber atentado contra las labores de un periodista.

La Corte Suprema de Justicia solicitó informes al Ministerio Público y al Consejo de Superintendencia sobre las imputaciones realizadas y los sumarios administrativos instruidos, respectivamente, en contra de funcionarios y auxiliares de justicia investigados en el marco de la ejecución de títulos de crédito en diversos juzgados de paz de la República, a fin de adoptar medidas respecto de estos profesionales.

El Ministerio Público ha acusado a varios abogados en el marco de la investigación penal abierta, entre ellos: Carlos Neffa, José Olmedo Lansac, Juan Bogado, Ángel Cino, Gabriela Vespa, José Fuster y Gabriel Ojeda, entre otros.

La máxima instancia deberá tomar medidas respecto de los profesionales del derecho que, según el Ministerio Público, formaron parte del esquema de despojo de haberes salariales o jubilatorios de cientos de compatriotas, víctimas del esquema.

Tras la última imputación a la abogada Zully Ortiz, por amenaza y coacción, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la matrícula de la profesional del derecho quien ya cuenta con una imputación anterior por estafa dentro del esquema conocido como la mafia de pagarés. Igualmente la CSJ, abrió un sumario administrativo a la letrada.

El Ministerio Público amplió la lista de personas imputadas en una causa vinculada a amenazas y hechos de coacción contra un periodista.

La causa está a cargo de la fiscala Ruth Karina Benítez, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, quien impulsa la investigación tras una denuncia presentada por Carlos Benítez director de El Observador. El comunicador señaló haber sido blanco de persecución sistemática a través de redes sociales, con el objetivo de frenar o condicionar la labor periodística sobre hechos de interés público.

Según los elementos reunidos por la Fiscalía, las amenazas habrían sido realizadas mediante perfiles falsos y cuentas anónimas, utilizadas de manera reiterada para generar presión psicológica y amedrentar tanto al denunciante como a integrantes de su equipo de trabajo.

Durante los procedimientos realizados, los investigadores incautaron una importante cantidad de pagarés en blanco, varios de ellos firmados y con montos ya establecidos, además de numerosos documentos con firmas coincidentes, lo que refuerza la hipótesis de un esquema organizado de extorsión.

La fiscala Benítez resaltó que una de las nuevas imputadas ya contaba con antecedentes dentro de la misma causa, incluyendo imputaciones previas y una acusación en curso, lo que evidencia según el Ministerio Público la persistencia de la conducta investigada.

En el transcurso del operativo, una de las implicadas habría intentado entorpecer el trabajo fiscal, motivo por el cual se remitieron los antecedentes al juzgado competente ante una posible desobediencia a la autoridad.

Atendiendo a la gravedad de los hechos, los antecedentes procesales y el riesgo de obstrucción, la Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva para las imputadas, que ya fue resuelto por el juez del caso José Agustín Delmás. La investigación continúa abierta y el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para presentar su requerimiento conclusivo. Situación que ha motivado a la Corte a tomar la medida de suspender la matrícula de la abogada sospechada y traer a la vista los demás legajos de abogados para adoptar la misma medida.