La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que los jueces de Paz no necesitan ningún protocolo ni reglamentación adicional para proceder al levantamiento de embargos y medidas cautelares en expedientes extraviados o inexistentes, y advirtió que tomará medidas contra aquellos magistrados que incumplan la normativa vigente.

A iniciativa del ministro Alberto Martínez Simón, la máxima instancia judicial emitió un comunicado dirigido tanto a los jueces de Paz como a las víctimas del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, instándolas a denunciar a los magistrados que no estén adoptando las acciones necesarias para levantar embargos en juicios ejecutivos sin respaldo documental.

Mencionan que la máxima instancia tomará medidas disciplinarias y remitirá los casos a otras instancias de ser necesario en los casos donde se constate que los jueces no apliquen la referida ley que busca liberar de descuentos salariales o jubilatorios a las cientos de víctimas de esquema.

La Corte recordó que la Ley N.º 7.614/25 de saneamiento es clara en su alcance y no condiciona su aplicación a la aprobación de reglamentos o protocolos específicos. Según se indica, la normativa atribuye directamente a los juzgados la facultad de actuar, mediante procedimientos expresamente establecidos, una vez que el actuario informe sobre la inexistencia o extravío de los expedientes.

Al respecto, el ministro Martínez Simón enfatizó que la ley ordena la ejecución inmediata del informe del actuario para disponer el levantamiento de embargos. “Instamos a los jueces que tengan a su cargo expedientes extraviados o que no se encuentren en la secretaría de los juzgados a dar cumplimiento estricto e inmediato a la normativa y a proceder al levantamiento de embargos y medidas cautelares”, señaló.

El pronunciamiento de la Corte se produjo tras diversas publicaciones periodísticas que alertaron sobre la falta de aplicación de la ley en algunos juzgados. Ante esta situación, la CSJ reiteró que los jueces están obligados a actuar sin dilaciones en los casos de juicios ejecutivos cuyos expedientes no existan o no puedan ser localizados en los tribunales.

Integrantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés exigen que los jueces cumplan con la reciente ley de saneamiento, que establece el levantamiento de embargos en expedientes desaparecidos.

Según mencionaron, los magistrados alegan la falta de un protocolo de actuaciones que debe ser emitido por la Corte Suprema estaría dificultando la aplicación efectiva de la norma.

Las víctimas denunciaron que, de manera reiterada, los jueces no han ordenado el levantamiento de los embargos, lo que mantiene bloqueados los bienes de personas afectadas y prolonga el perjuicio económico que sufren desde hace años.

Asimismo, los integrantes de la coordinadora insistieron en que se debería iniciar un juicio político contra los ministros de la Corte Suprema, a quienes acusan de proteger a los responsables de los daños, impidiendo que se haga justicia y afectando directamente sus finanzas.

La situación pone nuevamente en el centro del debate la eficacia del sistema judicial y la necesidad de garantizar que las leyes se apliquen de manera inmediata y efectiva, especialmente en casos que afectan directamente la economía y la vida de los ciudadanos.

Este caso, sigue afectando gravemente la imagen del Poder Judicial, más aún teniendo en cuenta que los jueces quienes deberían actuar con diligencia, siguen postergando tomar decisiones que pueden poner fin a una larga injusticia.

Una bebé de apenas 9 meses de edad, que había sido internada tras presentar un cuadro de somnolencia, ya se encuentra recuperada y en buen estado de salud, luego de que los estudios médicos confirmaran que había sido intoxicada con marihuana. El hecho ocurrió en la ciudad de Pedro Juan Caballero y derivó en la imputación de ambos padres por violación del deber de cuidado.

La grave negligencia detectada en el entorno familiar motivó la intervención de la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia. La defensora pública, abogada Carolina Medina, dispuso como medida de protección que la bebé quede bajo el cuidado de sus abuelos paternos, decisión que fue ratificada por un juez durante una audiencia realizada este lunes 18 de enero.

La defensora Carolina Medina informó que en la fecha mencionada los padres de la bebé comparecieron ante el juzgado de la Niñez y la Adolescencia. El objetivo principal de la audiencia fue formalizar y ratificar la designación de los abuelos paternos como responsables del cuidado de la niña, garantizando así un entorno seguro y adecuado para su desarrollo.

Medina explicó que esta medida busca resguardar no solo a la bebé, sino también a sus hermanos, priorizando el interés superior del niño y la protección de sus derechos fundamentales.

Desde el Ministerio Público se informó que la fiscala de turno a cargo de la agente fiscal Katia Uemura, imputó a ambos progenitores por el delito de violación del deber de cuidado. La imputación se da tras confirmarse que la intoxicación de la menor se produjo en un contexto de consumo de sustancias por parte de los adultos responsables.

El pasado 9 de enero, la bebé fue ingresada al Hospital Regional luego de que presentara un estado de somnolencia que alertó al personal médico. Tras realizarle estudios toxicológicos, los resultados arrojaron positivo a marihuana.

En el marco del procedimiento, también se practicaron análisis a los padres: el padre, de 25 años, y la madre, de 21 años, dieron positivo a marihuana; en el caso de la mujer, además, se detectó consumo de cocaína.

Ante esta situación, y priorizando el bienestar de la niña, la defensora pública ya había ordenado de manera preventiva que la bebé quedara bajo el cuidado de sus abuelos paternos. En el mismo domicilio también fueron resguardados otros dos niños de 4 y 2 años de edad, quienes convivían en el mismo entorno familiar.