La jueza de Ejecución María Lidia Wyder rechazó el pedido presentado por la defensa del acusado, quien había solicitado una tutela jurisdiccional por presuntamente soportar tratos inhumanos en su lugar de reclusión, el penal de Emboscada “Martín Mendoza”. No obstante, la magistrada remitió un oficio al director del penal para que se arbitren las medidas necesarias a fin de salvaguardar las condiciones físicas del procesado José Insfrán.

Cabe recordar que José Insfrán, al igual que su hermano Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, afrontará juicio oral y público como líder local del grupo criminal encabezado por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

José Insfrán enfrenta cargos por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de activos, y logró permanecer prófugo de la justicia por más de un año.

El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al exterior y al lavado de dinero a gran escala.

La estructura criminal fue desbaratada mediante el operativo A Ultranza Py, que contó con la colaboración de la DEA, Europol y la Policía de Uruguay. Se trata del primer operativo de esta magnitud que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, iglesias y empresas utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El procedimiento arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares, consistentes en inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y helicópteros. Asimismo, fueron incautados documentos y aparatos celulares utilizados como elementos de investigación. Los bienes decomisados se encuentran actualmente bajo administración de la Senabico.

El juicio oral y público contra el senador colorado Erico Galeano prosiguió este lunes con el análisis de pruebas documentales, en el marco de las audiencias que se desarrollan con normalidad durante la feria judicial. En la jornada, el agente fiscal Deny Yoon Pak avanzó con la lectura de documentos admitidos como elementos probatorios en la causa.

Entre los documentos examinados se encuentran el acta de allanamiento realizado por el Ministerio Público en el Club Deportivo Capiatá en el año 2022, así como los detalles de las condiciones contractuales vinculadas al futbolista Sebastián Marset con la citada institución deportiva.

Galeano enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, por su presunta colaboración con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De acuerdo con la acusación fiscal, el legislador habría facilitado su aeronave a los líderes de la organización para desplazamientos dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos a cambio de dicha colaboración. Asimismo, se lo señala por la supuesta simulación de la venta de su vivienda ubicada en el complejo Aqua Village por un monto de USD 1 millón, a favor de Insfrán.

“El acusado no solo estuvo vinculado con la organización criminal mediante el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes, entre ellos Sebastián Enrique Marset Cabrera, un medio de transporte de su propiedad para movilizarse dentro del país”, sostiene parte del escrito de acusación leído durante la audiencia.

Según el Ministerio Público, la participación de Galeano habría sido sostenida en el tiempo y no un hecho aislado, en el marco de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos.

La causa se desprende del operativo A Ultranza PY, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, desarrollado con la cooperación de organismos internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Este operativo permitió desarticular una estructura criminal con ramificaciones internacionales y derivó en la incautación de bienes por más de USD 150 millones, actualmente administrados por la Senabico.

El Tribunal de Sentencia está integrado por el magistrado Pablino Barreto, en carácter de presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros. Las partes fueron convocadas para reanudar la audiencia el próximo 29 de enero, a las 9:00 horas.

El Ministerio Público presentó acusación formal contra una persona por el supuesto hecho punible contra la prueba documental, específicamente por el uso de un certificado médico de contenido falso, el cual habría sido utilizado para formular una denuncia falsa contra otras mujeres.

La agente fiscal Hermenegilda Cubilla impulsó la acusación luego de culminar el plazo de investigación, solicitando la elevación de la causa a juicio oral, pedido que fue presentado en tiempo y forma y admitido por el Juzgado competente.

Según la investigación, el 8 de julio de 2024, la acusada había presentado una denuncia por un presunto hecho de violencia contra la mujer, señalando como responsables a otras mujeres. Como principal medio probatorio, adjuntó un certificado médico que supuestamente acreditaba lesiones sufridas.

El documento indicaba haber sido expedido el 6 de julio de 2024 por la doctora María Cecilia Oviedo, del Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad. No obstante, desde la dirección del hospital se informó que la mencionada médica no forma parte del plantel profesional, ni realizó reemplazos en esa fecha.

Asimismo, al requerirse informes sobre el legajo médico del denunciante, no se encontraron registros ni constancias de que haya acudido al hospital en la fecha señalada, lo que refuerza la conclusión fiscal de que el certificado médico carece de autenticidad.

Con estos elementos, la Fiscalía sostiene que la acusada fabricó o utilizó un documento falso con el fin de respaldar una denuncia inexistente, configurándose así el delito contra la prueba documental.

Gracias a una labor sostenida, minuciosa y profundamente comprometida, la defensora pública Leticia Casaccia consiguió levantar la totalidad de los embargos que durante años afectaron la jubilación de una docente del Chaco paraguayo, víctima del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Con esta última resolución favorable, la afectada logró finalmente recuperar el acceso pleno a sus ingresos, tras padecer descuentos abusivos derivados de procesos judiciales irregulares.

La beneficiaria es la profesora jubilada María Teresita Sánchez, residente en Filadelfia, quien, al igual que numerosos compatriotas, fue arrastrada a juicios ejecutivos promovidos por empresas que reclamaban supuestas deudas sin que se le garantizara el derecho a la defensa. En su caso, fueron diez los procesos en los que la defensora pública logró intervenir exitosamente, hasta eliminar por completo los embargos que pesaban sobre su jubilación.

Durante aproximadamente 15 años, Sánchez sufrió descuentos mensuales que, en varios casos, superaron ampliamente el valor real de los bienes adquiridos. Ella misma relató haber llegado a pagar cerca de 50 millones de guaraníes por una motocicleta cuyo valor comercial no alcanzaba ni una fracción de esa suma, evidenciando el carácter abusivo del esquema.

Sin recursos suficientes y ante la desesperante situación, la docente decidió viajar a Asunción, donde recibió orientación de la Comisión Especial del Senado que investiga la “mafia de los pagarés”. Posteriormente acudió al Ministerio de la Defensa Pública, donde encontró en Leticia Casaccia y su equipo no solo una defensa jurídica eficaz, sino también un acompañamiento constante y humano. Ese trabajo sostenido permitió obtener resultados favorables en los diez expedientes que afectaban su jubilación.

En una publicación anterior de Judiciales Net, la propia Sánchez destacó que la defensora pública dedicó jornadas completas a acompañarla personalmente en los trámites ante el juzgado de Paz de Luque, donde se encontraban los expedientes. Esa presencia permanente y la revisión exhaustiva de cada causa fueron claves para lograr el levantamiento de los embargos, todos ellos promovidos por firmas como Rentable S.A. y EDA y Asociados, vinculadas a demandas basadas en pagarés firmados bajo condiciones poco claras.

La defensora pública Leticia Casaccia explicó que la docente soportaba inicialmente diez embargos salariales: seis fueron suspendidos y cuatro levantados de manera definitiva. En el último de los casos, a pedido de la defensora, la jueza interina de Luque, Cynthia Usher Granado, dispuso la suspensión del embargo ejecutivo ordenado en diciembre de 2023 contra María Teresita Sánchez, por un monto de G. 18.680.000.

Con esta resolución, Casaccia logró eliminar por completo todos los embargos que afectaban la jubilación de la docente, quien expresó su profundo agradecimiento no solo por la labor jurídica realizada, sino también por el trato cercano, humano y perseverante brindado durante meses de gestión.

Los procesos ejecutivos contra Sánchez se iniciaron, en su mayoría, a partir de notificaciones que nunca llegaron a su conocimiento. En varios expedientes se intentó justificar su ausencia alegando que familiares se negaron a recibir las notificaciones o que no había nadie en el domicilio. Incluso se consignó una supuesta notificación en la ciudad de Fernando de la Mora, lugar donde la docente jamás residió. Estas prácticas, conocidas como “notificaciones voladoras”, buscan eludir el derecho a la defensa para avanzar directamente con los embargos.

En una entrevista concedida a Judiciales Net, el juez de sentencia Juan Pablo Mendoza realizó una serie de reflexiones de profundo valor jurídico sobre el rol central que ocupa el relato fáctico de la fiscalía dentro del proceso penal. Sus observaciones, basadas en la experiencia judicial y en principios constitucionales, ponen en evidencia que una imputación deficiente no es un mero error formal, sino una situación que puede colocar a una persona en estado de indefensión, afectando garantías esenciales.

El magistrado parte de una premisa fundamental: la Constitución Nacional consagra, desde su preámbulo, el principio de realización de la justicia. Este mandato no es abstracto ni decorativo, sino que impone a los jueces la obligación permanente de preguntarse si aquello que están decidiendo es justo. Se trata de un aspecto axiológico central del sistema judicial, vinculado a una aspiración humana y profesional que da sentido al ejercicio de la función jurisdiccional.

Sin embargo, al trasladar este ideal al plano concreto del proceso penal, el juez Mendoza subraya la existencia de un valor rector que orienta la actividad de las partes y de los tribunales: el valor verdad. A diferencia del concepto de justicia más complejo de definir y positivizar, la verdad ha sido históricamente entendida, desde Aristóteles, como la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Esta definición clásica permite al legislador exigir su búsqueda como un imperativo de actuación, especialmente para la fiscalía y los órganos jurisdiccionales.

En ese contexto, el juez explicó a Judiciales Net que el juicio penal gira, esencialmente, en torno a un relato de hechos que presenta la fiscalía. Ese relato no es una narración libre ni una simple historia: constituye el eje de toda la discusión probatoria. Por ello, su correcta formulación resulta determinante. Tal como lo ha señalado la Corte en acordadas vinculadas al contenido de la imputación, el relato fáctico debe cumplir con requisitos precisos: cronología clara, horarios, desarrollo de los hechos, circunstancias de tiempo y lugar, identificación de las personas involucradas, conductas atribuidas, efectos, resultados, perjuicios e incluso aspectos psicológicos relevantes.

La importancia de esta exigencia radica en la metodología misma de juzgamiento. Los tribunales detalló el magistrado descomponen ese relato en una serie de afirmaciones concretas que luego son contrastadas con la prueba producida en el juicio. Cada testimonio, informe o pericia tiene como finalidad verificar o refutar esas afirmaciones. Si la prueba no confirma alguno de esos extremos, el hecho correspondiente no puede tenerse por acreditado.

Este mecanismo demuestra que lo único que se debate en el juicio es la veracidad del relato fáctico fiscal. Cuando dicho relato es impreciso, incompleto o carece de los requisitos legales, no solo se dificulta la tarea del tribunal, sino que se vulnera el derecho de defensa del acusado, quien no puede conocer con claridad de qué hechos debe defenderse. En ese escenario, el proceso corre el riesgo de transformarse en un ejercicio injusto, incompatible con el modelo constitucional.

Por el contrario, cuando el relato es claro, detallado y debidamente probado mediante evidencia idónea, pertinente y no contaminada, el tribunal puede afirmar que se ha cumplido con la exigencia del valor verdad. «Solo entonces y, tras una valoración conforme a la sana crítica es posible sostener que la presunción de inocencia ha sido desvirtuada más allá de toda duda razonable, que es el estándar que rige en materia penal», sostuvo.

Las reflexiones compartidas por el juez Juan Pablo Mendoza en diálogo con Judiciales Net constituyen, así, una advertencia y a la vez una guía: el respeto por las garantías procesales comienza con una imputación bien construida. «El relato fáctico no es un trámite, sino la base sobre la cual se edifica la justicia del caso concreto. Su correcta elaboración no solo fortalece la labor judicial, sino que protege derechos fundamentales y asegura un proceso penal verdaderamente justo», concluyó el entrevistado.

Desde el pasado 14 de enero está vigente el Registro Unificado Nacional (RUN), un sistema que fusiona catastro y registros públicos y redefine cómo se compran, venden y aseguran los inmuebles en Paraguay.

Durante décadas, comprar una propiedad en Paraguay implicó recorrer oficinas, cruzar datos que no siempre coincidían y asumir un riesgo silencioso: que el terreno tuviera más de un título, un error catastral o una mensura incompatible.

Ese esquema empezó a cambiar el 14 de enero de 2026, cuando entró oficialmente en funcionamiento el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y su órgano operativo, el Registro Unificado Nacional (RUN).

El nuevo sistema concentra en una sola estructura funciones que antes estaban fragmentadas entre la Dirección de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y áreas técnicas del MOPC. El objetivo es simple en el papel, pero ambicioso en la práctica: que cada inmueble tenga una sola identidad jurídica y física, y que el Estado deje de producir títulos que se superponen.

La ley que crea el RUN establece que el registro de inmuebles y el catastro pasan a funcionar bajo un mismo criterio técnico, con una base de datos integrada que cruza ubicación, mensura, titularidad y antecedentes. En términos prácticos, esto apunta a reducir uno de los problemas históricos del mercado inmobiliario paraguayo: que una propiedad pueda ser vendida, heredada o hipotecada con información incompleta o contradictoria.

Para los ciudadanos, el cambio más visible es la concentración de trámites. Donde antes era necesario peregrinar entre instituciones, ahora el proceso se canaliza en una única plataforma administrativa, con la promesa de plazos más cortos y mayor previsibilidad. Para quienes compran una casa o un terreno, el RUN incorpora un principio clave: la publicidad de las superposiciones existentes, de modo que el riesgo sea visible antes de firmar.

El impacto también es relevante para las empresas, desarrolladores e inversores. La unificación de datos catastrales y registrales busca reducir la incertidumbre jurídica que encarece proyectos, retrasa financiamientos y frena operaciones inmobiliarias. En el diseño del sistema subyace una idea central: sin seguridad registral, no hay inversión sostenible.

La implementación, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. En las semanas previas a su puesta en marcha oficial, se registraron demoras en la fiscalización electrónica de escrituras públicas, especialmente por la adaptación al nuevo esquema digital. El propio RUN reconoció que algunos trámites llegaron a retrasarse hasta diez días, una situación agravada por feriados y asuetos de enero.

Ese cuello de botella obligó a realizar ajustes. La Corte Suprema y representantes del Colegio de Escribanos acordaron un mecanismo de fiscalización simplificada mediante declaraciones juradas, que reduce drásticamente los tiempos de revisión. El objetivo es que el sistema no solo sea más seguro, sino también más ágil que el modelo anterior.

Más allá de la coyuntura, el RUN introduce un cambio de fondo: la registración deja de ser un trámite meramente formal y pasa a ser una instancia de control integral. El Estado asume que cada inscripción debe transmitir confianza, tanto al paraguayo que compra un terreno como al inversor que evalúa radicar capital en el país.

En ese sentido, el nuevo registro no se limita a ordenar las escrituras. Apunta a convertirse en un repositorio de información estratégica sobre la propiedad, con impacto directo en políticas tributarias, planificación territorial y desarrollo urbano. La trazabilidad de los inmuebles deja de ser un problema técnico y se vuelve una herramienta de gestión pública.

El RUN todavía está en fase de ajuste. Persisten desafíos operativos y resistencias propias de cualquier reforma estructural. Pero el cambio ya está en marcha: por primera vez, catastro y registro hablan el mismo idioma.

Si el sistema logra consolidarse, el efecto será profundo. Menos conflictos por la tierra, menos juicios interminables, menos títulos dudosos. Y, sobre todo, un mercado inmobiliario donde el riesgo deje de ser una regla tácita y pase a ser una excepción visible.

La feria judicial no representa un periodo de inactividad para los tribunales especializados ni para las demás partes que deben comparecer para las audiencias. Este viernes, el Tribunal de Sentencia conformado por las juezas María Luz Martínez y Dina Marchuk, junto al juez Federico Rojas, llevará adelante ocho juicios orales y públicos en una sola jornada, en pleno receso judicial.

En un mismo día, los magistrados mantienen activas ocho causas de alta complejidad, entre ellas el proceso correspondiente al mayor operativo contra el crimen organizado del país, conocido como A Ultranza Py, en el que se encuentra acusado Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

Todas las causas en trámite están vinculadas a hechos de criminalidad organizada, lo que implica un nivel de exigencia adicional para los tribunales especializados. Esta situación evidencia que la sobrecarga laboral no afecta únicamente a los juzgados ordinarios, sino también a los órganos creados específicamente para atender este tipo de procesos.

La complejidad de estos casos incrementa la responsabilidad de los jueces que integran los tribunales de sentencia, quienes deben administrar audiencias extensas y técnicamente exigentes. Para estos magistrados, el mes de enero, tradicionalmente asociado al receso judicial, se convierte en un periodo de intensa actividad sin interrupciones.

El sistema penal atraviesa actualmente una etapa crítica, marcada por el elevado número de juicios orales que alcanzan esta fase procesal y la limitada cantidad de tribunales disponibles para absorber la demanda. En particular, la mayoría de las causas de criminalidad compleja son elevadas a juicio oral, lo que profundiza el desafío operativo para el Poder Judicial.