La jueza especializada Lici Sánchez, resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenó la remisión del exhorto de detención con fines de extradición contra Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias “Ganadero”, sindicado como socio principal de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

Sánchez, admitió el requerimiento presentado por la agente fiscal Lorena Ledesma, disponiendo que el exhorto sea librado en carácter de urgente a las autoridades competentes de Colombia, a fin de que el detenido sea entregado a nuestro país para afrontar cargos por narcotrpafico.

De acuerdo con la resolución judicial, se solicita la detención de Ramírez Lozano, de nacionalidad colombiana, nacido el 1 de setiembre de 1980 en Prado, Tolima, con el objetivo de concretar su extradición a Paraguay, en el marco de las investigaciones por hechos vinculados al tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional.

El exhorto se sustenta en lo dispuesto por el Código Procesal Penal paraguayo, las reglas de reciprocidad internacional y el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como en el Tratado Internacional de Medellín entre Paraguay y Colombia, vigente conforme a la Ley N.° 7001/22.

Asimismo, la resolución judicial dispone la remisión de las documentaciones, equipos informáticos y aparatos celulares incautados durante el allanamiento realizado el 8 de enero de 2026 en el domicilio del imputado, elementos considerados relevantes para el avance de la causa.

Ramírez Lozano fue capturado en el departamento de Tolima, Colombia, en el marco del Operativo Alfa Transnacional, una acción coordinada entre autoridades paraguayas y colombianas contra estructuras del narcotráfico que operan a nivel regional. Según los investigadores, el detenido cumple un rol clave dentro de la organización criminal liderada por “Cucho” Cabaña, actualmente procesado por narcotráfico y lavado de dinero.

Con esta resolución, la Justicia paraguaya avanza en el proceso para lograr la comparecencia de uno de los principales presuntos integrantes de la red criminal ante los tribunales del país.

La Cámara de Apelación Penal de Feria ratificó la legalidad de la resolución de la jueza especializada Rosarito Montanía, quien fundamentó de manera acabada su decisión de mantener en prisión a Gianina García Troche, procesada y esposa del narcotraficante Sebastián Marset, recluida en la cárcel militar de Viñas Cué.

El tribunal de alzada rechazó la apelación presentada por la defensa de la imputada, a cargo del abogado Hugo Núñez, por considerarla improcedente y, en consecuencia, ratificó los alcances de la medida decretada por la magistrada respecto a la indiciada.

Según el Ministerio Público, Gianina García Troche es una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos vinculada al Operativo A Ultranza Py.

Conforme a la investigación fiscal, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, entre los años 2020 y 2021 la procesada habría participado activamente en el esquema económico de la organización criminal liderada por su esposo, Sebastián Marset, y Miguel Ángel Insfrán Galeano, estructura que habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína al exterior, principalmente con destino a Europa y África.

El expediente detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada de Marset, quien había recuperado su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Posteriormente, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta establecerse de manera permanente en territorio paraguayo en octubre de 2019.

A partir de entonces, la Fiscalía sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con el apoyo de colaboradores de los sectores financiero y empresarial. Según las pesquisas, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas y habría realizado operaciones destinadas a introducir esos fondos en el sistema económico nacional.

El 23 de marzo de 2021, la investigada abrió una cuenta en el Banco Visión, a través de la cual efectuó diversas operaciones financieras. Entre ellas, se registran transferencias por G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año. Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, en el que figuraba como propietaria de un camión Volvo, matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación comprobó que el vehículo no estaba a su nombre y que la documentación carecía de sustento real.

El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021 García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, provenía de ganancias del tráfico de cocaína.

El Ministerio Público sostiene que la firma fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal encabezada por Marset e Insfrán.

El caso de Gianina García Troche revela la dimensión financiera y logística del esquema criminal que operaba desde Paraguay hacia distintos continentes. Mientras su esposo continúa prófugo de la justicia, las autoridades nacionales avanzan con el proceso judicial contra los integrantes de la red, en el cual García Troche figura como una pieza central en el lavado de dinero y la reinserción de capitales del narcotráfico en el sistema financiero local.

El juez de sentencia Juan Pablo Mendoza realizó un balance sobre las condiciones en que los tribunales de sentencia desarrollaron sus labores durante 2025, describiendo un año “bastante duro y extenuante” debido a la alta carga de juicios orales y la complejidad de los casos.

En una entrevista con nuestro medio, Mendoza destacó la importancia de visibilizar la labor de los jueces, muchas veces poco comprendida por la ciudadanía. “La comunidad muchas veces mira con cierto reojo la actividad de los tribunales, metidos todo el día en las salas, sin muchas posibilidades de comunicar los resultados y el proceso que llevamos adelante”, explicó, al tiempo que valoró el papel de los comunicadores como “nexos y formadores de opinión”.

El magistrado resaltó que, para poder mejorar la gestión judicial, es fundamental contar con indicadores que permitan evaluar y rectificar los rumbos del trabajo jurisdiccional. “Hemos quedado un poco rezagados en cuanto al establecimiento de indicadores de gestión, que son importantes para medir la productividad de cada órgano jurisdiccional. No todos los tribunales producimos lo mismo ni nos dedicamos a lo mismo, por eso es necesario diferenciar, corregir rumbos y reconocer la labor de aquellos órganos sobresalientes”, afirmó.

Entre los indicadores señalados por Mendoza se incluyen aspectos cuantitativos, como la cantidad de audiencias realizadas, juicios orales, audiencias de revisión de medidas y procesos de amparo. También destacó la relevancia de los indicadores cualitativos, entre ellos el nivel de litigiosidad de los juicios, la complejidad de los casos, la cantidad de partes involucradas y el manejo de pruebas, que pueden ir desde documentos extensos hasta pericias técnicas especializadas.

“El año pasado tuvimos muchos juicios extremadamente litigiosos, con recusaciones y otros recursos que traban el desarrollo de las audiencias. La Corte ha trabajado en protocolos para mejorar la dinámica de los juicios y sancionar conductas que van en contra del correcto desarrollo de las audiencias, lo que nos ha servido de mucho”, señaló.

Mendoza también enfatizó la complejidad que implica garantizar la igualdad de las partes y la adecuada valoración de pruebas, incluyendo la interpretación de pericias científicas, respetando los estándares metodológicos de cada disciplina y asegurando la defensa material de todos los involucrados. “Nos enfrentamos a conflictos humanos que afectan bienes jurídicos y garantías constitucionales, y nosotros como seres humanos también nos vemos impactados por estas realidades”, concluyó.

El magistrado también destacó su labor con sus colegas del Tribunal de Sentencia Permanente Número Dos de la Capital, resaltando la dedicación y el compromiso de los jueces Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Vicente Fretes, con quienes trabaja diariamente en un contexto de alta exigencia profesional.