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Tribunal condena a 13 años de prisión al senador Erico Galeano

El Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Pablino Barreto, e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, resolvió condenar al legislador colorado Erico Galeano a 13 años de pena privativa de libertad, al hallarlo culpable de colaborar con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Durante la lectura de la sentencia, el presidente del colegiado realizó una exposición detallada sobre la construcción jurídica de la conducta atribuida al acusado. El Tribunal consideró probado que Galeano mantuvo vínculos con la organización encabezada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, señalados como líderes de un esquema transnacional de tráfico de cocaína.

Según el fallo, el entonces diputado adquirió un inmueble en el complejo Aqua Village por USD 210.599, operación que no fue consignada en su declaración jurada de bienes. Posteriormente, el inmueble fue vendido por USD 1.000.000 en efectivo a Hugo González Ramos, en una transacción que, de acuerdo con el Tribunal, buscó ocultar al verdadero comprador, Miguel Ángel Insfrán, vinculado a actividades de narcotráfico. Más adelante, Galeano presentó una rectificación de su declaración patrimonial en 2022, consignando un valor del inmueble de 4.200 millones de guaraníes, cifra superior a la originalmente declarada.

El colegiado también tuvo por acreditado que el condenado facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros integrantes de la estructura criminal dentro del territorio nacional. La aeronave, conforme a lo expuesto en juicio, habría sido utilizada por la organización en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

En otro tramo de la sentencia, Barreto explicó que se comprobó la recepción de importantes sumas de dinero por parte de Galeano en el contexto de su relación con miembros de la organización. Esos fondos, según el Tribunal, fueron posteriormente invertidos en el Club Deportivo Capiatá. El magistrado sostuvo que esta operación constituyó un mecanismo para introducir activos de origen ilícito en una actividad económica formal, otorgándoles apariencia de legalidad mediante su registro contable como créditos o cuentas a cobrar.

“El dinero ilícito, su introducción en el club deportivo y su posterior registro contable son indicativos de una simulación del origen de los fondos”, señaló el presidente del Tribunal, al describir el esquema que, a criterio del colegiado, permitió blanquear recursos provenientes del tráfico internacional de drogas.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Deny Yoon Pak, sostuvo durante el proceso que el acusado no solo participó en la operación de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que además proporcionó apoyo logístico a los líderes de la organización criminal, entre ellos Marset, mediante la cesión de su aeronave y la recepción de pagos a cambio de esa colaboración.

La sentencia concluye que, entre 2020 y 2021, Galeano colaboró con la estructura criminal y obtuvo beneficios económicos derivados de esa relación, configurándose así los elementos del tipo penal vinculado al comercio ilícito de drogas y a la introducción de activos de origen ilegal en el sistema económico formal por lo que fue condenado por asociación criminal y lavado de activos.

Con esta resolución, el Tribunal de Sentencia dio por acreditados los hechos atribuidos por el Ministerio Público y dispuso la condena de 13 años de prisión para el legislador, en una causa que se enmarca en una de las investigaciones más relevantes sobre crimen organizado y narcotráfico en el país.

El Tribunal de Sentencia mantuvo las medidas impuestas al legislador quien cumplirá su condena recién cundo el fallo quede firme.

Corte Suprema devuelve «ternas» con un solo candidato

El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió devolver al Consejo de la Magistratura dos ternas propuestas para cubrir los cargos de fiscales itinerantes, luego de detectar que ambas listas contaban con un único candidato, lo que no se ajusta a los parámetros legales establecidos, al no ser titulares del cargo, se resolvió devolver la propuesta.

Durante la sesión, el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó que la ley que modifica la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura es aplicable únicamente a magistrados, fiscales, defensores y síndicos. Citando textualmente el segundo párrafo del artículo 4º, Martínez Simón recordó que, “si una vez cumplidos íntegramente los trámites correspondientes al llamado a concurso no se presentaran otros postulantes distintos al titular, el Consejo de la Magistratura remitirá a la Corte Suprema de Justicia un informe circunstanciado acerca del cumplimiento de las condiciones establecidas para el cargo por parte del único candidato a los efectos de su confirmación; en caso de que el candidato no reúna los requisitos pertinentes, se declarará vacante el cargo y se llamará a un nuevo concurso”.

El presidente añadió que la normativa establece que la disposición se aplica claramente a los titulares de cargos, no así a quienes se postulan para cubrir un cargo. Por esta razón, señaló, las ternas con un solo candidato no cumplen con los requisitos legales y deben ser revisadas antes de su eventual aprobación.

En este contexto, el pleno acordó la devolución de las siguientes ternas:

Para el cargo de agente fiscal itinerante, con la propuesta de Rolando Edilberto Román Trinidad.

Para el cargo de agente fiscal itinerante, con la propuesta de la abogada Diandra Enciso Agüero.

Martínez Simón precisó que la medida busca garantizar que las ternas cumplan con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 5.336 y subrayó que la devolución no implica un rechazo definitivo de los candidatos, sino una revisión formal para asegurar que se cumplan los requisitos y procedimientos legales.

Paraguay registra cerca de 360 víctimas de feminicidio en menos de una década

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Un total de 357 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Paraguay desde la entrada en vigencia de la Ley 5777/2016 hasta el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio Público. El relevamiento abarca el periodo comprendido entre 2017 y fines de 2025 y se basa en registros del sistema de denuncias y estadísticas institucionales, contrastados con la Plataforma de Datos Abiertos en los casos caratulados como feminicidio.

La cifra acumulada en estos casi nueve años refleja una persistencia del fenómeno a nivel nacional, con un promedio cercano a 40 casos por año. El análisis mensual de los datos evidencia una distribución sostenida a lo largo del calendario, aunque con variaciones que marcan picos en determinados meses.

En enero se registraron 36 víctimas, en febrero 26, en marzo 29 y en abril 20. En mayo se contabilizaron 24 casos y en junio 27. Julio y agosto volvieron a mostrar cifras elevadas, con 36 víctimas cada uno, mientras que septiembre sumó 30 casos. En octubre se reportaron 24, en noviembre 28 y diciembre cerró con el número más alto del periodo mensualizado: 41 víctimas.

Los meses de enero, julio, agosto y diciembre concentran los mayores registros dentro del lapso analizado, lo que, según el informe, plantea la necesidad de profundizar en los factores sociales, culturales y estructurales que podrían incidir en la mayor ocurrencia de hechos durante esas etapas del año.

En cuanto a la distribución geográfica, los 357 casos se registraron en todos los departamentos del país, aunque con marcada concentración en algunas zonas. El departamento Central encabeza la lista con 95 víctimas, más del doble que Alto Paraná, que ocupa el segundo lugar con 52 casos.

Amambay reporta 24 víctimas, Caaguazú 22 y San Pedro 20. En Asunción, Canindeyú e Itapúa se registraron 18 casos cada uno. Cordillera suma 16 y Concepción 15. En tanto, Paraguarí contabiliza 9, Caazapá 8 y Guairá 7. Ñeembucú registra 6 víctimas, mientras que Misiones, Alto Paraguay y Boquerón reportan 5 casos cada uno. Presidente Hayes presenta la cifra más baja del periodo, con 2 víctimas.

El informe señala que los departamentos con mayor densidad poblacional como Central, Alto Paraná y Asunción, también presentan los números más elevados, lo que sugiere una posible correlación entre población y cantidad de casos. No obstante, la presencia de feminicidios en la totalidad del territorio nacional evidencia que se trata de un fenómeno extendido, con mayor concentración en áreas urbanas y fronterizas, pero no limitado exclusivamente a ellas.

A casi una década de la implementación de la Ley 5777/2016, los 357 casos acumulados muestran que el feminicidio continúa representando un desafío estructural para el país, tanto en materia de prevención como de persecución penal y protección efectiva de las mujeres.

Fiscales se ratifican en los términos de la imputación contra Wiens

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Los agentes fiscales a cargo de la investigación contra el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, se ratificaron en los términos de la imputación presentada contra el exfuncionario. La presentación fue realizada ante el juzgado del magistrado Humberto Otazú.

Recordemos que, en su momento, el juez Osmar Legal devolvió la imputación formulada contra el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens en el marco del caso Metrobus, al considerar que los hechos expuestos por el Ministerio Público no estaban correctamente encuadrados dentro de los tipos penales señalados.

El magistrado dio trámite al artículo 314 del Código Procesal Penal, mecanismo que obliga al fiscal interviniente a ratificarse o rectificarse respecto de la imputación formulada. La decisión no implica el archivo de la causa, pero sí exige una revisión técnica de la calificación jurídica atribuida al exsecretario de Estado.

Según la resolución, existen inconsistencias en la adecuación de los hechos a las figuras penales invocadas, lo que podría generar cuestionamientos posteriores en el proceso si no se corrigen a tiempo. Con esta medida, el juez busca evitar eventuales nulidades o vicios procesales que puedan afectar la solidez de la investigación.

El recurso aplicado es poco usual en la práctica judicial; sin embargo, está contemplado en la normativa como un filtro de legalidad. De hecho, la propia Corte emitió una acordada que orienta a los jueces a no admitir los casos que no cuenten con un relato adecuado. Su finalidad es garantizar que la imputación cumpla con los requisitos formales y sustanciales antes de que el proceso avance a etapas posteriores.

Ahora, el Ministerio Público, representado por los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle, se ratifica en los términos originales de la imputación.

De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido alcanza G. 14.955 millones. El monto incluye pagos realizados para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), que posteriormente fueron demolidas, así como desembolsos vinculados a trabajos acordados con la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción S.A.

La causa Metrobus, uno de los casos más emblemáticos vinculados a la fallida ejecución del proyecto de transporte, continúa así en una etapa de revisión clave que podría marcar el rumbo del proceso, que se encuentra a cargo del juez especializado Humberto Otazú, quien debe analizar de vuelta si la imputación será admitida.

La Corte apunta a una gestión eficiente, acorde a las expectativas ciudadanas

La Corte Suprema de Justicia definió las líneas de acción que orientarán la gestión institucional durante el periodo 2026-2030, con el objetivo de consolidar un servicio de justicia más eficiente, transparente y alineado a las demandas de la ciudadanía.

El nuevo Plan Estratégico Institucional fue diseñado a partir de un proceso participativo que reunió a 318 referentes de distintos puntos del país, entre magistrados, funcionarios, representantes del sistema de justicia y miembros de la sociedad civil. A través de mesas de trabajo y espacios de análisis, se establecieron prioridades, metas concretas e indicadores que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos trazados.

Durante la presentación, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, destacó que la planificación responde a la necesidad de proyectar el desarrollo del Poder Judicial con una visión de mediano plazo. Señaló que la misión constitucional de la institución aplicar la ley y resolver conflictos para contribuir a la paz social guía cada uno de los ejes definidos para el próximo quinquenio.

El titular del máximo tribunal sostuvo que el inicio de un nuevo ciclo estratégico representa una oportunidad para fortalecer el modelo de gestión y avanzar hacia estándares de desempeño más exigentes. En ese sentido, subrayó que uno de los principales retos es recuperar y consolidar la confianza pública en el sistema de justicia.

En el acto también se expusieron los resultados obtenidos durante el periodo estratégico anterior, haciendo énfasis en la importancia de contar con herramientas de evaluación que permitan verificar avances y detectar áreas de mejora. “La planificación debe traducirse en acciones concretas y medibles”, enfatizó Martínez Simón al instar a las distintas dependencias a trabajar con enfoque en resultados.

El proceso de formulación del plan contó con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde la Dirección General de Planificación y Desarrollo se explicó que los nuevos lineamientos incorporan criterios de gestión pública moderna y mecanismos de seguimiento permanente. Asimismo, se recordó que el plan anterior fue ejecutado en un contexto marcado por la pandemia, lo que implicó desafíos excepcionales para la administración judicial.

El documento estratégico establece como ejes transversales la promoción de una justicia abierta, la innovación institucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos, pilares que orientarán las políticas y proyectos del Poder Judicial hasta el año 2030.

Serafina Dávalos ingresa a la Galería de Heroínas y Héroes de las Américas de la OEA

En un nuevo reconocimiento a su legado histórico y social, el retrato de la doctora Serafina Dávalos fue incorporado a la Galería de Heroínas y Héroes de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, por iniciativa de la Misión de Paraguay ante la OEA.

El espacio continental rinde homenaje a figuras que marcaron el desarrollo político, social y cultural de las Américas, y con esta incorporación la primera jurista paraguaya, docente y referente en la defensa de los derechos femeninos pasa a integrar un grupo de trece mujeres cuyas trayectorias dejaron una huella trascendental en la región.

El reconocimiento adquiere especial significado al coincidir con la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, fecha en la que Dávalos continúa haciendo historia al ser declarada heroína latinoamericana, reafirmando la vigencia de su pensamiento y su lucha por la igualdad.

Nacida en 1883, Serafina Dávalos desafió las limitaciones impuestas a las mujeres de su tiempo al convertirse en la primera abogada del Paraguay, abriendo camino en ámbitos académicos y jurídicos tradicionalmente reservados a los hombres. Su labor estuvo orientada a promover la educación, la participación social y el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres.

El retrato de Serafina Dávalos, fue realizada por la artista paraguaya Laura Medina.

Especialistas destacan que su aporte sentó bases fundamentales para los avances en materia de igualdad en el país, en un contexto histórico marcado por profundas brechas de género. Más de un siglo después, su figura continúa siendo símbolo de transformación social y referente para nuevas generaciones.

La incorporación de su retrato en la galería impulsada por la OEA representa no solo un reconocimiento individual, sino también una valoración del aporte de las mujeres paraguayas a la construcción democrática del continente. El homenaje cobra especial relevancia para Paraguay, una sociedad que aún enfrenta desafíos vinculados a la equidad y la superación de patrones culturales asociados al machismo.

De esta manera, Serafina Dávalos trasciende el tiempo y las fronteras, consolidándose como una de las pioneras del feminismo en América Latina y una figura histórica cuyo legado sigue inspirando la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva.

Defensor público logra anular embargos y recuperar dinero a víctimas de la mafia de pagarés

El defensor público abogado Mario Delvalle, de la ciudad de Villa Hayes, obtuvo resoluciones judiciales favorables que permitieron el levantamiento de embargos y la devolución de montos descontados a dos personas afectadas por el esquema denominado “mafia de pagarés”.

Las decisiones judiciales posibilitaron la restitución de cerca de cuatro millones de guaraníes para cada uno de los afectados, tras declararse la nulidad de los procesos debido a irregularidades en las notificaciones judiciales.

Los levantamientos de embargo beneficiaron a Diana Stella Colmán Ruiz Díaz, residente en la ciudad de Capiatá, quien recuperó la suma de G. 3.758.772 en el marco del expediente N.º 84/2022.

Asimismo, Carlos Rubén Valiente Brítez, oriundo de la ciudad de Yuty, recibió la devolución del mismo monto, G. 3.758.772— correspondiente al expediente N.º 564/2022.

Ambos casos forman parte de procesos iniciados en 2022 bajo la carátula “Vanessa y Asociados S.A. s/ reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes”, mediante los cuales se reclamaba judicialmente el pago aproximado de G. 6 millones a cada demandado.

El Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, a cargo del juez Gregorio Ignacio León, hizo lugar a los incidentes de nulidad promovidos por la defensa pública al constatarse que las notificaciones judiciales no fueron realizadas en el domicilio real de los demandados.

Según la resolución, dicha omisión impidió que los afectados tomaran conocimiento oportuno del inicio de los juicios, vulnerando su derecho a la defensa. El magistrado sostuvo que las diligencias practicadas no cumplieron con la finalidad prevista por la ley procesal, configurándose una situación de indefensión conforme a lo establecido en el artículo 215 inciso b) del Código Procesal Civil.

El juez señaló además que la irregularidad constituye un vicio procesal insubsanable, motivo por el cual correspondía declarar la nulidad de las actuaciones desde la providencia inicial del proceso.

En consecuencia, el juzgado dispuso retrotraer los expedientes al 16 de agosto de 2022, dejando sin efecto las medidas ejecutadas posteriormente, entre ellas los embargos que afectaban a los demandados.

De acuerdo con lo informado, el defensor público Mario Delvalle ha promovido incidentes similares en otros expedientes vinculados al mismo esquema de cobros judiciales, conocidos públicamente como “mafia de pagarés”, cuyos casos continúan en análisis ante los órganos jurisdiccionales y a la espera de resultados similares.

Juezas impulsan acciones de formación y reinserción social en Hogar de Adolescentes Infractoras

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, las juezas de Ejecución de la Capital, Luz Rosanna Bogarín, Cynthia Sostoa y Sandra Kirchhofer, llevaron a cabo una jornada de trabajo y acción social en el Hogar de Adolescentes Infractoras “Virgen de Fátima”, institución que actualmente alberga a cinco jóvenes.

Durante la visita, las magistradas realizaron donaciones a través de causas de reparación social, entregando una máquina de coser overlock, varios metros de telas y retazos, kits de costura, diez rompecabezas para actividades de esparcimiento, kits de aseo personal y artículos de limpieza. Además, se proporcionó un juego completo de peluquería, que incluye sillón, espejo, lavacabeza, planchitas, secadores de cabello, bata y toallas.

Estas acciones buscan fomentar la formación en oficios como costura y peluquería, proporcionando herramientas que faciliten el aprendizaje y promuevan la reinserción social de las adolescentes.

Durante la jornada, las juezas también realizaron una inspección extraordinaria de las instalaciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El informe resultante será elevado al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al ministro de Justicia, como parte del seguimiento institucional y la supervisión de la calidad de los programas de reinserción.

Con esta iniciativa, las magistradas demuestran un compromiso activo con la formación, el desarrollo y la inclusión social de jóvenes privadas de libertad, un paso significativo para fortalecer políticas de reparación social y acompañamiento educativo dentro del sistema penal juvenil.

Experta llama a desnaturalizar la violencia contra las mujeres

En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, la reconocida especialista en derechos de la mujer, María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), habló en exclusiva con Judiciales Net sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres en la región.

Invitada como panelista de un conversatorio en Paraguay, Ramos Ponce subrayó la importancia de visibilizar y nombrar las diferentes formas de violencia de género, pero también destacó que este reconocimiento no ha sido suficiente para erradicarlas. «Ahora nombrados los tipos de violencia, el feminicidio, las violencias sexuales, la violencia obstétrica, la violencia política, etc. Hemos aprendido a lo largo de los años a nombrarlos, lo que no hemos aprendido es erradicarlas a que exista una sanción social también, dejar de legitimar socialmente esa violencia: la violencia machista, misógina, todavía se normaliza ciertas violencias responsabilizando a las mujeres por como viven, como se visten con quién se juntan, con quien andan, cuando hablo de legitimación social, hablo de eso, tenemos que cambiar eso, desnaturalizarlo y realizar transformaciones profundas».

La especialista reconoció los avances legislativos en Paraguay, pero advirtió que las leyes por sí solas no resuelven el problema: «En las normas y las leyes no está el problema, hemos avanzado positivamente, estuve hace diez años en Paraguay, donde no había leyes, veo con mucha alegría encontrar esos cambios y esas transformaciones positivas. Pero, no todo es la ley, nos hemos conformado con que ya tenemos la ley del feminicidio y otras normas, pero el gran problema de fondo es la impunidad».

Ramos Ponce también reflexionó sobre la desigualdad histórica que afecta a mujeres y niñas en toda América Latina y el Caribe, enfatizando que la violencia y la discriminación muchas veces pasan desapercibidas incluso para quienes la sufren. «La desigualdad histórica que vivimos, y que nos toca vivir en carne propia, la desigualdad y la violencia, creo que cualquier niña o mujer en América Latina y el Caribe, tan normalizada, incluso para muchas mujeres pasa desapercibida, nos obliga a repensar a buscar un mundo sin violencia y creo que todas las activistas y defensoras de las mujeres nos han motivado y querer una sociedad más inclusiva, menos violenta».

Finalmente, la coordinadora de CLADEM destacó que la pandemia profundizó brechas existentes y señaló que varios desafíos siguen pendientes en la región, especialmente en relación con el cuidado y la igualdad de oportunidades: «Son varios los desafíos pendientes en América Latina, por ejemplo el cuidado, la pandemia hizo que las brechas de desigualdad sea más marcada, además eso ocurría con o sin pandemia».

Con estas palabras, María Guadalupe Ramos Ponce invitó a la sociedad paraguaya y latinoamericana a no conformarse solo con avances legislativos, sino a impulsar cambios culturales y sociales que deslegitimen la violencia de género y construyan entornos más seguros e inclusivos para las mujeres.

Ramos Ponce, fue invitada por la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, que, en la actualidad impulsa numerosas iniciativas con miras a transformar en realidad plena el acceso a la justicia de todas las personas sin distinciones.

Derecho UNA cesa y suspende a docentes vinculados a la “mafia de pagarés”

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El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió cesar en sus funciones docentes y suspender a profesores implicados en la causa conocida públicamente como la “mafia de pagarés”, en una decisión que busca contener el impacto institucional generado por uno de los mayores escándalos que salpican al sistema judicial paraguayo.

La medida afecta a los encargados de cátedra Heber Hernán Cardozo, Mariam Ortiz Aquino, Líder Benegas Cristaldo y Pablo Cabrera, quienes se encuentran acusados dentro del esquema investigado por el Ministerio Público. Asimismo, el Consejo dispuso la suspensión de la exjueza Nathalia Garcete, docente escalafonada de esta casa de estudios, también vinculada al proceso penal y con fecha de juicio oral.

De acuerdo con la resolución adoptada por el órgano directivo, la determinación responde a la necesidad de resguardar la imagen y credibilidad institucional de la Facultad de Derecho, severamente afectada tras la exposición pública del presunto entramado que habría operado mediante el uso irregular de pagarés para impulsar demandas judiciales masivas.

El caso tomó notoriedad nacional luego de que el abogado Jorge Rolón Luna denunciara públicamente la existencia de un esquema que, según sostuvo, funcionaba desde juzgados de Paz de la Capital y otras circunscripciones del país. La estructura habría permitido la promoción sistemática de acciones judiciales basadas en documentos presuntamente utilizados de forma irregular, generando embargos y procesos ejecutivos contra ciudadanos.

La decisión del Consejo Directivo constituye una de las primeras respuestas institucionales dentro del ámbito académico frente al escándalo, considerando que varios de los investigados ejercían funciones de formación jurídica en una de las principales facultades de Derecho del país.

Fuentes académicas señalaron que la permanencia de docentes procesados por hechos que comprometen la administración de justicia podía profundizar el deterioro de la confianza pública hacia la institución, especialmente atendiendo al rol de la Facultad en la formación de futuros operadores del sistema judicial.

El órgano universitario enfatizó que las medidas adoptadas no implican un adelantamiento de condena, sino acciones administrativas preventivas orientadas a evitar mayores daños reputacionales mientras avanzan las investigaciones penales.

El escándalo de la denominada “mafia de pagarés” continúa generando derivaciones tanto en el ámbito judicial como académico, en medio de crecientes reclamos ciudadanos por sanciones y reformas que impidan la reiteración de esquemas que comprometan la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema de justicia.

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