Hasta marzo de este año se reportan en Paraguay nueve víctimas de feminicidio y al menos ocho causas abiertas por este crimen, de acuerdo con los datos del Ministerio Público de Paraguay dentro de su programa de datos abiertos sobre violencia contra la mujer. En uno de los expedientes se investigan dos muertes, lo que eleva el número total de víctimas.
El informe también señala que existen ocho casos de tentativa de feminicidio. A ello se suman tres procesos investigados inicialmente como tentativa de homicidio, en los que las personas afectadas fueron víctimas colaterales de hechos de violencia, entre ellas un niño.
Durante el periodo analizado, enero concentró la mayor cantidad de hechos con seis casos reportados, mientras que en marzo se registraron tres.
Por departamento, el mayor número de víctimas corresponde al departamento Central, con seis casos. Los demás hechos se distribuyen en Asunción, Concepción y Canindeyú, con un caso cada uno.
Las víctimas tenían entre 12 y 80 años, rango similar al de los presuntos agresores, cuyas edades también oscilan entre 18 y 80 años. Entre las víctimas se encuentra una menor de 12 años.
El impacto de estos crímenes también se refleja en las denominadas víctimas indirectas. Según los registros, 17 hijos e hijas quedaron huérfanos tras los hechos. De las mujeres asesinadas, seis eran madres.
En cuanto a la nacionalidad, todas las víctimas eran paraguayas, y dos de ellas pertenecían a comunidades indígenas.
La mayoría de los feminicidios ocurrió dentro de viviendas. En total, siete casos se registraron en domicilios particulares y dos en la vía pública.
En relación con el tipo de arma utilizada, en cinco hechos se emplearon armas blancas, en dos casos armas de fuego, mientras que una víctima murió por asfixia y otra a causa de traumatismos provocados por golpes.
La violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Este tipo de violencia incluye actos que pueden provocar daño físico, psicológico o sexual, así como amenazas, coerción o privación de la libertad, ya sea en el ámbito público, laboral o en la vida privada.
El Ministerio Público de Paraguay anunció que el Área de Medicina Legal realizará una auditoría de todos los casos en los que intervino el médico forense Juan José Augusto Zaldívar Cáceres, detenido el pasado viernes durante un operativo de entrega vigilada por un presunto hecho de extorsión. La medida busca detectar posibles irregularidades en los informes emitidos y fortalecer la confianza en el trabajo técnico de la institución.
El director de Medicina Legal del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que a partir del lunes 9 de marzo se iniciará la revisión de los expedientes en los que participó Zaldívar, quien hasta su detención se desempeñaba como director interino de la Clínica Forense.
La decisión de auditar los casos se adoptó luego de que la investigación fiscal revelara que el profesional habría exigido 15 millones de guaraníes a un enfermero de menor rango, presuntamente a cambio de no denunciarlo por la presentación de un certificado médico supuestamente falso con el que habría intentado justificar su ausencia laboral.
El procedimiento de entrega vigilada se realizó en el estacionamiento de un centro comercial de la capital y estuvo a cargo del fiscal Federico Delfino, quien dispuso la detención del médico forense por los presuntos hechos punibles de extorsión y cohecho.
La Oficina de Medicina Legal cumple una función técnico-científica fundamental dentro del sistema penal, ya que brinda apoyo especializado a las investigaciones a través de exámenes médicos a víctimas e imputados, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, así como la elaboración de informes periciales que sirven como evidencia en los procesos judiciales.
En ese contexto, Lemir remarcó la importancia de revisar los casos para garantizar la transparencia del trabajo pericial.
“Cuando nosotros los médicos, y más los médicos forenses, traicionamos a la ética, es lógico que se siembren dudas en cuanto a toda nuestra acción”, expresó.
La auditoría buscará determinar si los informes elaborados por el profesional detenido presentan irregularidades que puedan afectar investigaciones penales en curso o ya concluidas.
El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos analizó en conversación con Judiciales Net algunos de los desafíos actuales que enfrentan los profesionales del derecho dentro del sistema penal paraguayo, particularmente en relación con decisiones de tribunales de apelación que, según señaló, están generando debate sobre la seguridad jurídica y el alcance de las facultades de los distintos actores del proceso.
Uno de los puntos centrales mencionados por el profesional se refiere a resoluciones de segunda instancia que ordenan la continuidad de investigaciones penales incluso después de que el Ministerio Público haya decidido cerrar el caso.
Según explicó, se trata de un fenómeno que comienza a observarse con mayor frecuencia en los tribunales de apelación.
“Concretamente me refiero a los fallos de los tribunales de apelaciones que están resolviendo que, aunque el fiscal adjunto, en representación del fiscal general del Estado, haya dado por cerrada la investigación penal, las cámaras digan: ‘No, señores, ustedes tienen que seguir investigando, porque esta fundamentación no es suficiente, no es coherente, no es aceptable’”, sostuvo.
El abogado cuestionó particularmente la lógica de algunas resoluciones que consideran insuficiente la fundamentación fiscal cuando se argumenta que determinados hechos no pudieron ser comprobados.
“No es aceptable que el Ministerio Público diga ‘no se pudo probar tal cosa’, porque el encargado de la comprobación y de la investigación es el propio Ministerio Público”, afirmó.
A criterio del penalista, estas decisiones pueden impactar en la previsibilidad del sistema de justicia penal.
“Esos fallos están generando crisis en la forma de resolver las investigaciones penales, que de verdad generan —como dije anteriormente— una inseguridad tremenda para ciertas personas que no tienen respaldo político o no están del lado de la querencia que tiene el investigador de turno”, expresó.
Ante este escenario, Duarte Cacavelos consideró que será necesario que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay intervenga para establecer criterios uniformes que orienten la actuación de los tribunales.
“Son situaciones que se presentan, que son novedosas, y que también van a requerir que la Corte Suprema de Justicia tome las riendas de esta situación y baje línea de cuál es la decisión correcta”, indicó.
Otro punto de análisis del abogado se refiere a interpretaciones recientes vinculadas a la figura de la rebeldía dentro del proceso penal.
En ese sentido, manifestó su discrepancia con algunos fallos recientes, señalando que es necesario diferenciar dos conceptos jurídicos distintos: el auto interlocutorio que declara la rebeldía y el estado de rebeldía en sí mismo.
“Yo creo que hay que distinguir entre lo que es el auto interlocutorio que declara a una persona en estado de rebeldía y el estado de rebeldía como tal”, explicó.
De acuerdo con su interpretación, la legislación establece efectos concretos para la resolución judicial que declara la rebeldía como la interrupción de determinados plazos, pero el estado de rebeldía en sí mismo no depende exclusivamente de una decisión judicial.
“Claramente la ley le atribuye un efecto al auto interlocutorio, que es de interrupción, pero el estado de rebeldía no es algo que pueda resolver el Poder Judicial como tal”, sostuvo.
El penalista explicó que la ejecución de las órdenes vinculadas a la rebeldía —como la localización o captura de una persona— depende en gran medida de la actuación de la policía.
“Eso podría ser una circunstancia objetivamente insuperable, pese a que está en manos de la policía cumplir o no la orden, pero ya no en manos del Poder Judicial”, añadió.
Durante la entrevista, Duarte Cacavelos también se refirió a las condiciones en que se desarrolla la acción penal pública en Paraguay, señalando que el sistema enfrenta serias limitaciones operativas.
Según explicó, uno de los principales problemas es la sobrecarga de trabajo dentro del Ministerio Público, que repercute directamente en la capacidad de los fiscales para investigar adecuadamente los casos.
De acuerdo con el abogado, los agentes fiscales deben atender simultáneamente audiencias, juicios y turnos, lo que dificulta la dedicación necesaria para el seguimiento de cada causa.
Esta situación, indicó, afecta tanto la atención a las víctimas como la recolección oportuna de evidencias clave dentro de las investigaciones.
A ello se suman, según su visión, factores estructurales que inciden en el funcionamiento del sistema.
Entre ellos mencionó la corrupción y la influencia del poder político, elementos que, según afirmó pueden impactar en el ritmo de tramitación de los procesos y en la percepción parcial dentro del sistema de justicia penal.
Las reflexiones del penalista se enmarcan en un debate más amplio sobre la evolución de la jurisprudencia en materia penal y el funcionamiento institucional del sistema judicial paraguayo, particularmente en lo relativo al equilibrio entre las decisiones del Ministerio Público y el control ejercido por los tribunales de apelación.
El estudio jurídico Duarte Cacavelos Abogados sumó a su equipo al exjuez penal Juan Pablo Mendoza, en una incorporación que refuerza su práctica en derecho penal y procesal penal con uno de los perfiles más experimentados del sistema judicial paraguayo.
La llegada del exmagistrado se produce tras el cierre de su etapa en el Poder Judicial, donde se desempeñó como juez penal itinerante de la Capital asignado al Juzgado Penal de Sentencia N.º 36, integrando el Tribunal de Sentencia N.º 7.
El director del estudio, Guillermo Duarte Cacavelos, destacó que la incorporación representa un paso importante dentro de la estrategia de consolidación del equipo penal de la firma.
“Para nosotros es un placer poder informar a nuestros clientes y a la comunidad judicial que a partir de hoy contamos con la incorporación al staff del doctor Juan Pablo Mendoza”, expresó en declaraciones a Judiciales.net.
El abogado señaló que Mendoza es un profesional ampliamente reconocido dentro del sistema judicial paraguayo y con una trayectoria vinculada casi exclusivamente al derecho penal.
“Creo que él no necesita ninguna explicación ni presentación. Fue defensor público, ex juez penal de sentencia y es un elemento valiosísimo para poder garantizar el nivel de servicio que desde un comienzo buscamos brindar a nuestros clientes”, afirmó.
Según explicó, la incorporación apunta a fortalecer la práctica penal del estudio con profesionales que cuentan con experiencia directa en el funcionamiento del sistema judicial.
“Tratamos siempre de ofrecer el mejor servicio jurídico penal posible y creemos que el doctor Juan Pablo Mendoza cumple acabadamente con esa calidad para poder garantizar asistencia jurídica en derecho penal y procesal penal a las personas que recurran a nuestras oficinas”, sostuvo.
Por su parte, Mendoza manifestó que asume esta nueva etapa profesional con entusiasmo y valoró la posibilidad de integrarse a un equipo jurídico con alto estándar de calidad en el servicio.
El abogado desarrolló gran parte de su carrera dentro del sistema judicial paraguayo. Antes de asumir como juez penal itinerante, fue defensor penal de juicios orales y ocupó distintos cargos dentro del Poder Judicial desde la década de 1990.
Su formación académica está centrada en el derecho penal. Cuenta con una especialización y una maestría en Derecho Penal por la Universidad del Norte, además de estudios doctorales en la misma casa de estudios. También obtuvo una maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional en el Instituto Superior de Altos Estudios Estratégicos.
A lo largo de su carrera participó en diversos programas de capacitación y seminarios internacionales vinculados al derecho penal y a la investigación de delitos complejos, incluyendo actividades sobre ciberdelincuencia y cooperación internacional en materia de evidencia digital.
Además, desarrolló una extensa trayectoria académica, dictando cátedras de derecho penal, litigación criminal y derecho procesal penal en varias universidades del país, así como en programas de formación de la Escuela Judicial y del Ministerio de la Defensa Pública.
La incorporación de Mendoza se produce en un momento de crecimiento del estudio jurídico, que actualmente opera en varios pisos del complejo World Trade Center de Asunción.
“Estamos realmente contentos de que una persona que dedicó su vida al derecho penal y procesal penal en la República del Paraguay continúe su carrera profesional con nosotros”, expresó Duarte Cacavelos.
El abogado adelantó además que la firma prepara la habilitación de un nuevo espacio dentro de la torre corporativa donde se encuentra instalada.
“Estamos en el piso 14 y en el piso 6, y en poco tiempo más vamos a inaugurar también el piso 10”, indicó.
Con la llegada del exmagistrado, el estudio suma a su estructura a un profesional con más de dos décadas de experiencia dentro del sistema de justicia penal paraguayo.
En el marco de la investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”, autoridades públicas, gremios y representantes de afectados avanzaron en un análisis técnico para establecer criterios claros sobre los descuentos aplicados a los salarios de funcionarios. Uno de los principales consensos apunta a que el límite legal de las deducciones se calcule sobre el salario neto del trabajador y no sobre el monto total presupuestado.
La reunión fue organizada por la Comisión Especial de Investigación de carácter temporal que estudia el caso, encabezada por el senador Rafael Filizzola. El encuentro tuvo como objetivo abordar la problemática de los descuentos judiciales y convencionales que afectan a numerosos servidores públicos, especialmente docentes y personal de enfermería.
Participaron representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. También formaron parte de la mesa de trabajo miembros de la Asociación de Jueces de Paz, de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay y de la Coordinadora de Víctimas de este esquema de cobros.
Durante el encuentro se revisaron los criterios que actualmente se utilizan para determinar el porcentaje máximo de descuentos aplicados a los salarios de funcionarios. En ese contexto se destacó una reciente resolución emitida por una jueza de paz de Luque, tras una acción promovida por la defensora pública Leticia Casaccia, que dispuso reducir la cuota de embargo aplicada a un trabajador, caso que fue difundido por nuestro medio.
El fallo establece que el cálculo del límite de los descuentos debe realizarse como lo establece la nueva Ley N.º 7564/2025, promulgada en noviembre de 2025,, y no sobre el salario total presupuestado, criterio que en algunos casos venían aplicando instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
A partir de este antecedente y del análisis del marco normativo vigente, los participantes coincidieron en que el espíritu de la legislación laboral apunta a proteger el ingreso real del trabajador, por lo que el límite de las deducciones debería basarse en el monto efectivamente percibido.
Los presentes señalaron que este acuerdo representa un avance para evitar descuentos excesivos que afectan a numerosos empleados del sector público y garantizar una aplicación más justa de la normativa.
En la reunión también se analizó la situación de los trabajadores del sector privado, donde igualmente se registran casos de descuentos judiciales. En ese ámbito se planteó que el cálculo de las deducciones mensuales se realice tomando como base el salario luego de descontar el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS).
Para consolidar este criterio, se evaluará la necesidad de impulsar medidas administrativas o cambios legislativos que establezcan con claridad el procedimiento.
Desde la comisión indicaron que el trabajo interinstitucional continuará con el objetivo de definir reglas claras, reforzar la seguridad jurídica y proteger los ingresos de los trabajadores afectados por estos mecanismos de cobro.
El Centro Penitenciario de Villarrica cuenta desde ahora con un nuevo pabellón destinado a mujeres privadas de libertad, una obra impulsada por el Ministerio de Justicia con el objetivo de mejorar la infraestructura carcelaria y promover condiciones más adecuadas para los procesos de reinserción social.
La nueva estructura posee aproximadamente 190 metros cuadrados y fue diseñada bajo criterios orientados al respeto de los derechos humanos y a la mejora de las condiciones de alojamiento dentro del sistema penitenciario. Actualmente, 24 mujeres se encuentran recluidas en el establecimiento y podrán utilizar estas instalaciones, que tienen capacidad para albergar hasta 30 internas.
El proyecto fue ejecutado por la Dirección de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia y contempla un edificio de dos niveles. En la planta baja se habilitó un taller de confecciones con espacio para 25 máquinas, pensado para impulsar actividades productivas y brindar oportunidades de capacitación laboral a las internas.
En el segundo nivel se encuentra el área destinada al alojamiento, equipada con camas tipo litera y servicios sanitarios que incluyen tres boxes de baños y duchas, buscando ofrecer condiciones más dignas de habitabilidad.
Durante la inauguración, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, resaltó la importancia de avanzar hacia infraestructuras penitenciarias que consideren las necesidades específicas de las mujeres.
El secretario de Estado recordó que históricamente las cárceles fueron diseñadas principalmente para hombres, por lo que, con el tiempo, muchos espacios debieron adaptarse para albergar a mujeres. En ese sentido, señaló que este nuevo pabellón representa un enfoque más humano y orientado a la transformación social.
Asimismo, expresó su deseo de que el nuevo espacio sea visto como una etapa de transición hacia mejores oportunidades para las personas privadas de libertad.
En la misma jornada también se habilitó una nueva área de Judiciales y Telemática, destinada a fortalecer la gestión administrativa y el trabajo judicial dentro del penal. Este sector dispone de 65 metros cuadrados de oficinas, que junto con el área de guardaobras suman 104 metros cuadrados de infraestructura.
El acto contó con la presencia de varias autoridades nacionales, entre ellas el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; la ministra de la Mujer, Alicia Pomata; el defensor general, Javier Esquivel; y la ministra coordinadora general de la OPD, Antonella Albertini.
También participaron el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña; la coordinadora general de establecimientos penitenciarios de mujeres, Daisy Michelón; y el director del penal de Villarrica, Darío Cristaldo.
Un total de 1.416 kilos de papel y cartón en desuso fueron retirados de los juzgados del fuero laboral como parte de un proceso de depuración documental y reciclaje impulsado por la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa apunta a optimizar espacios de trabajo, reducir residuos y promover prácticas institucionales más sostenibles.
La verificación y recolección de los materiales se realizó en los seis juzgados laborales y sus doce secretarías, con la participación de representantes del gabinete del presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, y de la Dirección de Derecho Ambiental, encabezada por el abogado Gerardo Morales Melgarejo.
El procedimiento consistió en identificar y retirar documentos y materiales que ya no tienen utilidad administrativa, entre ellos papeles, cartones y archivadores, para su posterior reciclaje. Con esta medida se busca liberar espacios en las oficinas judiciales, mejorar las condiciones laborales y disminuir el impacto ambiental generado por la acumulación de residuos.
Morales explicó que el acompañamiento técnico de la Dirección de Derecho Ambiental permitió clasificar los materiales reciclables y coordinar su traslado para su tratamiento adecuado. Indicó que el proceso se lleva adelante a solicitud de los propios juzgados laborales, que buscan implementar mecanismos de gestión más eficientes de sus archivos.
“El trabajo consiste primero en identificar los materiales que pueden reutilizarse y luego retirarlos para que sean triturados y reciclados”, detalló.
Esta acción se enmarca en la política de sostenibilidad ambiental del Poder Judicial, que promueve el uso responsable de los recursos y la correcta gestión de residuos dentro de la institución. El compromiso está contemplado en el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial, aprobado por la Acordada N.º 783/12, que establece lineamientos para fomentar prácticas ambientales responsables.
En ese sentido, la Dirección de Derecho Ambiental impulsa programas de reciclaje en distintas dependencias judiciales, orientados a recuperar materiales valorizables como papel, plásticos y cartuchos de tóner.
Desde la institución señalaron que este tipo de iniciativas también busca generar mayor conciencia entre los funcionarios judiciales sobre el uso responsable del papel y contribuir a la reducción del impacto ambiental.
El retiro de los materiales se realizó en coordinación con la empresa Torres Recycles, conforme a la autorización otorgada por el Consejo de Superintendencia mediante el Acta N.º 14 del 23 de abril de 2024.
Con esta intervención, que permitió recuperar más de 1,4 toneladas de papel y cartón, la Corte Suprema reafirma su compromiso con una política de sostenibilidad institucional orientada a minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades del Poder Judicial.
El juez penal de garantías Matías Garcete resolvió elevar a juicio oral la causa contra un exalumno del American School of Asunción (ASA), identificado con las iniciales T.R.G.A., quien se encuentra procesado por presunto abuso sexual.
La decisión fue tomada luego de la audiencia preliminar, en la que el magistrado rechazó cuatro incidentes planteados durante la diligencia. Entre ellos, el pedido de aplicación de medidas socioeducativas como sanción penal, la solicitud de sobreseimiento provisional, así como la acumulación de causas.
Asimismo, el juez también rechazó el pedido de realizar una reconstrucción de los hechos con presencia de la víctima, al considerar que dicha diligencia podría implicar un proceso de revictimización.
Tras resolver los incidentes presentados, el magistrado dispuso la elevación del caso a juicio oral y público, instancia en la que se analizarán las evidencias y se determinará la responsabilidad penal del acusado.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el joven enfrenta además otros procesos por hechos similares. Las denuncias señalan que los presuntos abusos habrían ocurrido luego de fiestas y en viviendas particulares, donde el acusado presuntamente se habría propasado con alumnas de su excolegio.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido aprovechándose del estado de indefensión de las víctimas. Ahora, el caso será debatido en un Tribunal de Sentencia, que deberá determinar la eventual culpabilidad o inocencia del procesado.
Jueces especializados en Crimen Organizado y Delitos Económicos, participaron recientemente en un seminario sobre criptoactivos, en el marco de una iniciativa dirigida por el Servicio Secreto de los Estados Unidos para fortalecer la investigación de delitos financieros relacionados con activos virtuales.
La capacitación, realizada en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, contó con el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense, a través de su Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT), y del Departamento de Estado, mediante su Programa de Contraterrorismo (CT).
Durante la jornada, los magistrados recibieron formación sobre los fundamentos de las criptomonedas, los criptoactivos y las principales modalidades de delitos financieros que pueden involucrarlos. También se presentaron herramientas prácticas para mejorar la cooperación interinstitucional y fortalecer las investigaciones en un entorno digital cada vez más complejo.
La actividad reunió a representantes de diversas instituciones nacionales, como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público, la SEPRELAD, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, generando un espacio de intercambio de experiencias entre expertos internacionales y autoridades locales.
Entre los jueces que participaron se encontraban Claudia Criscioni, Natalia Cacavelos, Silvana Luraghi, Sandra Kirchhofer, Bibiana Benítez, Silvana Otazú y Matías Garcete.
Este tipo de entrenamiento, es clave para quienes administran justicia, quienes se actualizan para anticiparse a las nuevas formas de delitos financieros y fortalecer la prevención y persecución de actividades ilícitas vinculadas a tecnologías emergentes.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Pablino Barreto, sostuvo que existe “certeza” sobre la utilización de la aeronave del senador Erico Galeano por parte de personas vinculadas al narcotráfico, al fundamentar la condena a 13 años de prisión dictada contra el legislador.
Durante la lectura de la sentencia, Barreto afirmó que “es irrefutable que Insfrán y Marset volaron en la aeronave de Erico Galeano”. Según explicó, esta conclusión se sustenta en testimonios de pilotos y en informes oficiales remitidos por las instituciones competentes en materia de control y navegación aérea.
El magistrado hizo referencia específica a los vuelos en los que habrían participado Miguel Insfrán y Sebastián Marset, señalando que ambos utilizaron la aeronave identificada con matrícula ZP-BHQ, propiedad del ahora condenado senador.
Barreto abordó también los principales argumentos expuestos por la defensa. En ese sentido, reconoció que podrían existir inconsistencias en los registros de horarios de vuelo, pero aclaró que “una inconsistencia registral no destruye necesariamente el hecho, no elimina el patrón conductual”.
El presidente del Tribunal señaló que eventuales diferencias en horarios podrían responder a errores formales o de transcripción, pero remarcó que ello no desvirtúa la existencia de los vuelos. “El hecho irrefutable es que sí existieron esos vuelos y que los señores Insfrán y Marset si volaron en la aeronave propiedad de Alpina S.A., propiedad del acusado”, enfatizó.
Otro de los puntos cuestionados por la defensa fue que la coordinación de los viajes recaía exclusivamente en el piloto. Sin embargo, el magistrado indicó que el propietario de la aeronave es quien autoriza su disponibilidad. Añadió que el uso reiterado del avión genera, al menos, un conocimiento indirecto, ya que según la sentencia el dueño era informado sobre quiénes eran los pasajeros y cuáles eran los trayectos realizados.
“El volumen de uso puede permitir inferencia y el patrón reiterado puede excluir lo que conocemos como casualidad”, sostuvo Barreto, descartando que la reiteración de vuelos pueda considerarse un hecho aislado o fortuito
En su argumentación, el titular del Tribunal explicó que la participación por soporte logístico puede configurarse aunque el aporte no sea exclusivo ni total, siempre que resulte funcional y relevante para la continuidad operativa de la actividad ilícita. Según afirmó, esa condición se verifica en este caso dentro del contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos.
El juez también rechazó la postura defensiva que intentó relativizar la importancia de cuatro vuelos específicos dentro de un total de 960 operaciones registradas. “El impacto no se mide solo en porcentaje, sino por el rol estratégico del traslado y, sobre todo, por el perfil de los pasajeros trasladados”, puntualizó.
Con estos fundamentos, el Tribunal concluyó que la cesión de la aeronave constituyó un aporte logístico relevante, lo que derivó en la condena a 13 años de pena privativa de libertad para el senador Erico Galeano por hechos de lavado de activos y asociación criminal.
La sentencia íntegra será entregada a las partes el próximo 11 de marzo a las 13:00 horas.
