La defensa del periodista Carlos Granada, representada por el abogado Álvaro Arias, interpuso un recurso de apelación contra la resolución que mantenía su prisión preventiva a su cliente. El Tribunal de Apelación analizó los argumentos expuestos, centrados principalmente en dos aspectos: el cumplimiento del plazo mínimo de la pena y el presunto peligro de fuga invocado por la instancia inferior.

Los magistrados José Waldir Servín, María Belén Agüero Cabrera y Agustín Lovera Cañete concluyeron que la resolución recurrida carecía de una fundamentación clara y suficiente, lo que vulneraba garantías constitucionales básicas. En particular, señalaron que el fallo se apoyaba en expresiones genéricas, sin demostrar de manera concreta la existencia de un riesgo procesal real.

En consecuencia, la Cámara resolvió declarar la nulidad de la decisión y dispuso la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva que no impliquen el encierro del procesado.

El fallo subraya la vigencia del principio de proporcionalidad y el carácter excepcional de la privación de libertad durante el proceso penal. Los jueces recordaron que la Constitución Nacional, en su artículo 19, establece que “la prisión preventiva solo podrá decretarse cuando sea indispensable para las diligencias del juicio y en ningún caso podrá prolongarse por un tiempo mayor al de la pena mínima prevista para el delito imputado”.

Asimismo, se citaron disposiciones del Código Procesal Penal (CPP), entre ellas el artículo 252, que permite la revocación de la medida cautelar cuando desaparecen los motivos que la justificaron, cuando se cumple el plazo correspondiente a la pena mínima o cuando se superan los límites temporales establecidos por la ley.

El tribunal también destacó el carácter reformable de las medidas cautelares (artículo 248 del CPP) y la obligación de disponer la libertad inmediata cuando no concurran todos los presupuestos legales para mantener la privación de libertad (artículo 250 del CPP). En cuanto al cómputo de la privación de libertad, regulado por el artículo 69 del Código Penal, se recordó que este incluye tanto el tiempo cumplido en establecimientos penitenciarios como otras medidas restrictivas, entre ellas el arresto domiciliario.

Finalmente, los magistrados remarcaron la obligación de fundar las resoluciones judiciales, establecida en el artículo 125 del CPP, así como el deber de realizar un control de convencionalidad conforme al Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias y a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Con esta decisión, la Cámara reafirmó que la prisión preventiva constituye una medida de carácter excepcional y que su aplicación sin una justificación debidamente fundada implica una vulneración de derechos fundamentales.

Carlos Granada fue sentenciado a cumplir 10 años de cárcel que será ejecutado una vez firme el fallo.

La Cámara de Senadores trataría este miércoles el pedido de permiso sin goce de dieta presentado por el senador Erico Galeano Segovia, quien solicitó apartarse temporalmente de sus funciones legislativas mientras queda firme la sentencia de 13 años de cárcel dictada en su contra por la justicia.

La solicitud fue dirigida al presidente del Senado, Basilio Núñez, mediante una nota fechada el 9 de marzo de 2026. En el documento, el legislador invoca el artículo 30 del Reglamento de la Cámara Alta y fundamenta su pedido en el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución Nacional.

En su presentación, Galeano solicita el permiso sin goce de dieta hasta que exista una sentencia definitiva y ejecutoriada en el proceso judicial que enfrenta. Asimismo, menciona antecedentes doctrinarios y disposiciones constitucionales relacionadas con las prerrogativas de los legisladores y los permisos que pueden ser otorgados por el Congreso en determinadas circunstancias.

La solicitud se produce luego de que un tribunal lo condenara a 13 años de prisión por su vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. La estructura es atribuida al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al paraguayo Miguel Insfrán.

De acuerdo con el calendario judicial, también este miércoles se prevé la entrega de la sentencia íntegra a las partes involucradas en el proceso. El documento contendrá los fundamentos completos de la condena dictada contra el parlamentario, tiempo desde el cual le correrá a las partes los diez para presentar apelación.

Según el fallo, el entonces diputado adquirió un inmueble en el complejo Aqua Village por USD 210.599, operación que no fue consignada en su declaración jurada de bienes. Posteriormente, el inmueble fue vendido por USD 1.000.000 en efectivo a Hugo González Ramos, en una transacción que, de acuerdo con el Tribunal, buscó ocultar al verdadero comprador, Miguel Ángel Insfrán, vinculado a actividades de narcotráfico. Más adelante, Galeano presentó una rectificación de su declaración patrimonial en 2022, consignando un valor del inmueble de 4.200 millones de guaraníes, cifra superior a la originalmente declarada.

El colegiado también tuvo por acreditado que el condenado facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Marset, Insfrán y otros integrantes de la estructura criminal dentro del territorio nacional. La aeronave, conforme a lo expuesto en juicio, habría sido utilizada por la organización en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

En otro tramo de la sentencia, Pablino Barreto, presidente del Tribunal de Sentencia, explicó que se comprobó la recepción de importantes sumas de dinero por parte de Galeano en el contexto de su relación con miembros de la organización. Esos fondos, según el Tribunal, fueron posteriormente invertidos en el Club Deportivo Capiatá. El magistrado sostuvo que esta operación constituyó un mecanismo para introducir activos de origen ilícito en una actividad económica formal, otorgándoles apariencia de legalidad mediante su registro contable como créditos o cuentas a cobrar.

“El dinero ilícito, su introducción en el club deportivo y su posterior registro contable son indicativos de una simulación del origen de los fondos”, señaló el presidente del Tribunal, al describir el esquema que, a criterio del colegiado, permitió blanquear recursos provenientes del tráfico internacional de drogas.

La abogada defensora Noelia Núñez cuestionó la actuación del juez penal de garantías de Caacupé, Augusto Acuña, en el marco de la causa conocida públicamente como el caso de criptomonedas, y sostuvo que determinadas decisiones adoptadas en el proceso responden a una interpretación que considera alejada de las disposiciones legales.

Según el recurso de apelación presentado por la defensa, el magistrado habría invocado la Acordada N.º 1.292/18 para sostener su competencia dentro del expediente, pese a que anteriormente había sido recusado e incluso había manifestado su inhibición en la causa. Núñez argumenta que, conforme al artículo 346 del Código Procesal Penal, un juez en esas condiciones solo puede intervenir en situaciones excepcionales y urgentes, limitadas a medidas cautelares o actuaciones que no admitan demora.

En ese contexto, la defensa sostiene que la resolución que declaró la rebeldía de su cliente Marco González carecería de validez, al haber sido dictada según su interpretación por una autoridad que previamente había reconocido dificultades para mantener la imparcialidad en el caso.

De acuerdo con la exposición realizada por la abogada, en octubre de 2025 el juez Acuña habría elevado un informe en el que manifestó su inhibición tras una recusación planteada por la defensa, señalando la existencia de una situación de animadversión que, a su criterio, podía afectar la objetividad en el proceso.

Posteriormente, en febrero de 2026, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado dispuso el arresto domiciliario del imputado, decisión que luego fue revocada por un tribunal de apelación. Meses después, según el planteamiento de la defensa, el juez retomó actuaciones dentro del expediente y dictó la resolución de rebeldía, lo que motivó nuevas objeciones por parte de la representación legal de González.

Noelia Núñez también señaló que el proceso se originó con una imputación presentada por el entonces fiscal Elizaur, quien posteriormente fue imputado por un presunto pedido de coima. Para la defensa, este antecedente genera dudas sobre la transparencia del inicio de la investigación penal.

La abogada afirmó además que algunas resoluciones adoptadas por instancias judiciales de la Circunscripción de Cordillera reflejarían, a su criterio, una actuación corporativa que perjudica a su defendido. Entre los puntos mencionados se encuentra la revocación del arresto domiciliario, medida que actualmente es objeto de una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia.

Otro de los aspectos cuestionados por la defensa es la solicitud presentada por la querella adhesiva para ejecutar la caución real ofrecida como garantía en el proceso. Según Núñez, el inmueble comprometido corresponde a la vivienda de la abuela del imputado, una mujer de edad avanzada que enfrenta una enfermedad grave.

La abogada sostiene que el pedido tendría consecuencias patrimoniales y sociales significativas para la familia del acusado, por lo que considera que la medida resulta desproporcionada mientras continúan las impugnaciones judiciales planteadas en el caso.

Finalmente, la defensa espera que, alzada declare la nulidad absoluta de la resolución recurrida por vicios insubsanables y falta de competencia funcional del magistrado.

La Fiscalía logró la condena de ocho años de pena para adolescente infractor por el tipo penal de abuso sexual en niños. El sentenciado abusó por tres años de la víctima, según se ha probado en juicio.

El agente fiscal Diego Campuzano, de la Fiscalía Regional de Boquerón, representó al Ministerio Público en el juicio oral que afrontó un adolescente infractor, hallado culpable y condenado a 8 años de pena privativa de libertad por el hecho punible de abuso sexual en niños. La pena impuesta al infractor es la máxima pena prevista en la legislación penal juvenil.

El Ministerio Público demostró con pruebas fehacientes la autoría directa del adolescente en el abuso sexual de un niño.

El suceso ocurrió en una vivienda en la localidad de Mariscal Estigarribia donde un niño fue abusado por el ahora condenado por el lapso de 3 años.

Los casos de abuso sexual en niños son alarmantes. De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a julio de 2025 fueron atendidas 1 959 víctimas de casos de abuso sexual en niños, es decir, 9 víctimas por día, esta cifra diaria se mantiene según un reciente reporte.

El 90% de los casos se registra en el entorno familiar. La sociedad está obligada a la protección de los más vulnerables de la sociedad.