Una Cámara de Apelación Penal, confirmó la condena de ocho años de prisión para Joaquín Roa y Alberto Koube Ayala a seis años de penitenciaría.

Alzada confirma íntegramente la sentencia a Joaquín Roa Burgos, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a ocho años de cárcel tras comprobarse que direccionó licitaciones para su beneficio personal y el de terceros.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso el comiso de un yate perteneciente al condenado y la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años. La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme.

En la misma causa fue condenado Alberto Koube Ayala, amigo del exministro, a seis años de prisión, condena que también queda ratificada.

Roa Burgos fue hallado culpable de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. En tanto, Koube Ayala fue condenado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice y lavado de dinero.

Según el fallo, ambos causaron un perjuicio patrimonial a la SEN cercano a G. 16.000 millones, principalmente a través de contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.

La acusación fiscal relata que, entre 2018 y 2021, Roa Burgos quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube Ayala por un monto superior a G. 16.000 millones, con el objetivo de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando una asociación criminal.

Las adjudicaciones se canalizaron a través de empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros. Para el tribunal, el propósito fue desviar recursos de la SEN para beneficios indebidos, incluyendo la adquisición de una embarcación AZ 42 valuada en USD 450.000 y la percepción de diversas sumas de dinero.

La jueza penal de garantías de Capital, Clara Ruiz Díaz admitió la imputación presentada contra la exagente fiscal Stella Mary Cano y la convocó a una audiencia de imposición de medidas prevista para el 20 de marzo.

La imputación fue formulada por la fiscala de Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, quien sostiene que Cano habría intervenido de manera irregular en un proceso que involucró al estilista italiano Ciro Panniello.

De acuerdo con los antecedentes del caso, mientras Panniello se encontraba detenido, la entonces fiscal habría presuntamente presionado para que firmara un “acuerdo conciliatorio”. Mediante ese documento, el afectado debía transferir los bienes de su peluquería Diva Divini 2 a su socia, situación que posteriormente fue denunciada como un posible caso de persecución de inocentes.

La investigación apunta a determinar si existió un uso indebido de la función pública para impulsar un procedimiento que habría perjudicado al denunciante. En ese contexto, el proceso busca esclarecer si se vulneraron garantías legales durante la actuación fiscal.

El caso ha generado atención debido al perfil de la imputada y a la naturaleza de los hechos investigados, que podrían implicar un abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

Actualmente, Cano ya no forma parte del plantel activo del Ministerio Público de Paraguay, ya que presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. La audiencia fijada permitirá analizar las medidas que podrían aplicarse mientras avanza el proceso penal.

El prófugo de la justicia paraguaya Sebastián Marset fue detenido en Bolivia, según confirmaron autoridades de ese país. El uruguayo es señalado como el principal líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y es uno de los principales investigados en el marco del operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con datos del Ministerio Público de Paraguay, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal que Marset habría encabezado junto a Miguel Ángel Insfrán Galeano logró exportar más de 17 toneladas de cocaína al exterior, específicamente unos 17.340 kilogramos, con destino principal a mercados de Europa y África.

Las investigaciones fiscales también detallan aspectos del entorno cercano del presunto narcotraficante. Según el expediente, Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada de Marset, quien en ese momento acababa de recuperar su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Posteriormente, la pareja realizó varios viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta que en octubre de 2019 se estableció de manera permanente en territorio paraguayo.

A partir de ese periodo, el Ministerio Público sostiene que Marset y su entorno habrían consolidado una red dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos, contando presuntamente con la colaboración de personas vinculadas a los ámbitos financiero y empresarial.

De acuerdo con la investigación, García Troche habría sido beneficiaria directa de las ganancias obtenidas por la estructura criminal y habría realizado operaciones destinadas a introducir dichos fondos en el sistema económico nacional. Actualmente, la mujer se encuentra en Paraguay afrontando cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021 García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, en sociedad con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La firma fue registrada con un capital inicial de 1.000 millones de guaraníes, monto que, según la Fiscalía, tendría origen en las ganancias generadas por el tráfico de cocaína.

Para el Ministerio Público, la creación de esta empresa habría tenido como finalidad dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, canalizando dinero proveniente de la organización criminal presuntamente liderada por Marset e Insfrán.

La captura del narcotraficante uruguayo fue confirmada este viernes por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, quien en declaraciones a Radio Monumental 1080 AM informó que la detención se produjo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Marset es considerado por las autoridades como el principal articulador internacional de la red criminal, cuyas operaciones quedaron expuestas tras el operativo A Ultranza Py, uno de los mayores procedimientos contra el narcotráfico y el lavado de dinero realizados en Paraguay.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, resolvió por mayoría hacer lugar a una medida cautelar y suspender provisoriamente la aplicación de la Ley N.º 7445/2025 y la Ley N.º 6834/2021, lo que permite a un grupo de militares jubilados continuar percibiendo tanto sus haberes jubilatorios como sus salarios en la función pública de manera simultánea.

La decisión beneficia a doce militares, entre ellos el actual ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el jefe de seguridad presidencial, Freide Amarilla Alarcón.

En el análisis de la medida cautelar, los ministros César Diesel y Víctor Ríos votaron a favor de admitir la solicitud presentada por los militares retirados, argumentando que correspondía suspender temporalmente la aplicación de las normas cuestionadas mientras se estudia el fondo del caso.

Por su parte, el ministro Gustavo Santander se pronunció en contra, al considerar que no se cumplían los requisitos legales necesarios para conceder la medida cautelar solicitada.

Con esta resolución provisoria, además de González y Amarilla Alarcón, también podrán percibir salario y jubilación de forma simultánea Antonio Orué Gamarra, Lilio Cardozo Samaniego, Osvaldo Almirón Riveros, Hugo César Espínola, Bernardino Antonio González, Olivero Almeida Villagra, Juan Carlos Ovelar, Sixto Giménez Alegre, Adalberto Pérez Mareco y Aurelio Larrea Bareiro.

La medida adoptada por el máximo tribunal no resuelve aún el fondo de la acción de inconstitucionalidad, sino que suspende temporalmente la aplicación de las leyes cuestionadas mientras se analiza el caso en profundidad.

No obstante, esta decisión preliminar podría marcar un precedente relevante, ya que abre el debate sobre la posibilidad de que funcionarios jubilados continúen prestando servicios en el Estado y percibiendo al mismo tiempo sus ingresos jubilatorios, especialmente en casos donde sus funciones son consideradas necesarias dentro de la administración pública.

Ante el juez Miguel Palacios continúa la audiencia preliminar en el marco del proceso abierto por presuntos hechos de narcotráfico y lavado de activos que involucra a Reinaldo Javier Cabaña Santacruz y a otros acusados.

Tras decretarse la prisión preventiva de los principales procesados, el juzgado dio inicio a esta etapa procesal en la que se determinará si la causa es elevada a juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público.

En total, 24 personas se encuentran actualmente procesadas y deben comparecer ante la Justicia dentro de este expediente.

La investigación se originó a partir del Operativo Berilo, llevado a cabo en septiembre de 2018 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en conjunto con el Ministerio Público. El procedimiento incluyó intervenciones simultáneas en varias localidades del departamento de Alto Paraná.

Durante el operativo se realizaron alrededor de 20 allanamientos, que derivaron en la incautación de 21 kilos de cocaína, 23 vehículos de alta gama y importantes sumas de dinero en efectivo.

En aquella ocasión, más de 30 personas fueron detenidas, aunque con el avance de la investigación algunos de los implicados fueron desvinculados del caso, reduciéndose el número de procesados a los 24 actuales.

El Ministerio Público sostiene la acusación contra “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes. En el mismo proceso también está acusado el exdiputado Ulises Quintana, quien enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.

La audiencia preliminar continuará con la presentación de los argumentos de las partes, tras lo cual el juez deberá resolver si la causa reúne los elementos suficientes para avanzar a la siguiente etapa judicial.

El Ministerio Público formuló acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público el proceso penal abierto contra los directivos de la firma Vicentín Paraguay S.A., José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, a quienes se atribuye la comisión del hecho punible de estafa en perjuicio del banco Continental.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público de Paraguay, que concluyó que existen suficientes elementos de convicción para sostener que ambos directivos habrían engañado a la entidad financiera Continental para obtener un préstamo millonario.

De acuerdo con la acusación fiscal, la firma Vicentín Paraguay S.A. realizó varias solicitudes de crédito en 2019 ante el Banco Continental SAECA. En ese momento, la empresa presentaba una situación patrimonial favorable basada principalmente en la tenencia del 16,67 % de las acciones de la empresa Renova S.A., participación que estaba valuada en más de 319.000 millones de guaraníes.

Sin embargo, la investigación fiscal sostiene que en noviembre de 2019 la firma transfirió la totalidad de esas acciones a Vicentin SAIC, a través de su sucursal en Uruguay. Esta operación habría modificado sustancialmente el patrimonio de la empresa, pero —según la acusación— dicha situación no fue comunicada al banco, pese a que los contratos de crédito obligaban a informar cualquier cambio relevante en un plazo de diez días.

A pesar de esa situación, en septiembre de 2020 la empresa volvió a acceder a un nuevo préstamo por 5 millones de dólares, otorgado por el Banco Continental y otras entidades financieras. El contrato fue suscrito por Gianneschi en representación de Vicentin Paraguay.

Para el Ministerio Público, la operación se concretó sobre la base de información patrimonial que ya no reflejaba la realidad de la empresa. La fiscalía sostiene que el banco desconocía que Vicentin Paraguay ya no contaba con las acciones de Renova y que tampoco había recibido contraprestación alguna por su transferencia.

El préstamo establecía un sistema de amortización en seis cuotas semestrales. Sin embargo, según la acusación, la firma solo pagó dos cuotas de intereses y no abonó ningún monto del capital, que asciende a USD 5.000.000.

La acusación a cargo de las fiscalas Laura Giacummo y Nathalia Silva, concluye que la falta de comunicación sobre la modificación patrimonial, sumada al posterior incumplimiento de las obligaciones financieras, evidencia que los directivos de la empresa no habrían tenido la intención de cumplir con el compromiso asumido, configurándose así el supuesto hecho punible de estafa.

Denunciante:

El abogado penalista José Fernández Zacur, es quien denunció el hecho como representante legal de la entidad bancaria afectada. El profesional ha destacado el trabajo técnico del Ministerio Público en la que han coadyuvante para llegar a esta instancia y evitar que el caso quede impune tras un primer sobreseimiento provisional a los hoy acusados.

Con la acusación presentada, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público, instancia en la que se determinará la responsabilidad penal de los acusados por la presunta estafa millonaria. Los mismos se exponen hasta a cinco años de cárcel.

El juez Humberto Otazú resolvió enviar a juicio oral y público a otro grupo de procesados dentro del expediente conocido como “mafia de pagarés”, tras la audiencia preliminar que concluyó este miércoles.

Entre los acusados que deberán enfrentar juicio se encuentran los abogados Carlos Neffa, representante de la firma Gestiones y Cobranzas SA; Juan Alberto Bogado, ligado a la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA); y el oficial de Justicia Lucio Sosa, todos vinculados a la investigación de casos del juzgado de Paz de La Catedral.

La determinación se dio luego de que el magistrado rechazara varios planteamientos incidentales presentados por las defensas de los imputados durante la diligencia.

Asimismo, el juzgado también desestimó incidentes promovidos por los fiscales Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, quienes pretendían incorporar nuevos testigos y documentos al proceso. El juez consideró que esas pruebas no fueron ofrecidas junto con la acusación inicial del Ministerio Público, por lo que no correspondía su inclusión ya en esta etapa.

Durante la audiencia, los representantes legales de Neffa y Bogado solicitaron el sobreseimiento definitivo o, alternativamente, el sobreseimiento provisional de sus defendidos, el pedido también fue rechazado por el juez, quien dispuso que el caso avance a la etapa de juicio con la admisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Este es el segundo grupo que va a juicio oral y público en el marco de la estafa serial a compatriotas mediante maniobras judiciales en expedientes ejecutivos donde la mayoría de las víctimas ni fueron notificadas de sus causas y las mismas avanzaron unilateralmente.

El Tribunal de Sentencia que juzgó a Erico Galeano entregará a las 13:00 de este miércoles a las partes la sentencia íntegra que lo condena a 13 años de prisión por hechos vinculados al lavado de dinero y apoyo logístico a una estructura de crimen organizado vinculada al narcotráfico.

El fallo detalla una serie de operaciones financieras y logísticas que, según el colegiado, permitieron introducir fondos de origen ilícito en el sistema económico formal y facilitar movimientos de integrantes de la organización criminal.

Entre los elementos analizados durante el juicio, el tribunal examinó la adquisición de un inmueble en el complejo residencial Aqua Village, comprado por Galeano por 210.599 dólares. De acuerdo con la sentencia, esta operación no fue consignada en su declaración jurada de bienes.

Posteriormente, el inmueble fue vendido por un millón de dólares en efectivo a Hugo González Ramos. Según el tribunal, la transacción habría sido realizada con el objetivo de ocultar al verdadero comprador, identificado en la investigación como Miguel Ángel Insfrán, señalado por las autoridades como integrante de una estructura dedicada al narcotráfico.

El fallo también menciona que en 2022 Galeano presentó una rectificación de su declaración patrimonial, en la que consignó el valor del inmueble en 4.200 millones de guaraníes, monto superior al inicialmente declarado.

Otro punto abordado en la sentencia es la utilización de una aeronave propiedad del exlegislador, que según el tribunal fue facilitada para el traslado dentro del país de miembros de la organización criminal.

Entre las personas mencionadas se encuentran Sebastián Marset y el propio Insfrán, además de otros integrantes del grupo. Conforme a lo expuesto durante el juicio, la aeronave habría sido utilizada en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

En otro apartado del fallo, el presidente del tribunal, Pablino Barreto, explicó que se acreditó la recepción de importantes sumas de dinero por parte de Galeano en el contexto de su relación con miembros de la organización criminal.

Según el colegiado, esos recursos fueron posteriormente invertidos en el Club Deportivo Capiatá, mecanismo que habría servido para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico.

El magistrado señaló que el dinero fue introducido en la institución deportiva y posteriormente registrado contablemente como créditos o cuentas por cobrar, lo que a criterio del tribunal formó parte de un esquema de blanqueo de capitales.

“El dinero ilícito, su introducción en el club deportivo y su posterior registro contable son indicativos de una simulación del origen de los fondos”, sostuvo Barreto al describir el mecanismo identificado durante el proceso judicial.

Con la entrega de la sentencia completa a las partes, se abre ahora la etapa en la que las defensas y la fiscalía podrán analizar el fallo y eventualmente presentar recursos ante instancias superiores.