El especialista en derecho penal José Fernández Zacur señaló que la organización de espectáculos públicos puede convertirse en un mecanismo utilizado para ocultar o disimular el origen ilícito de dinero, debido a ciertas características propias del funcionamiento económico del sector.
En un análisis jurídico sobre el tema, el experto explicó que el uso de eventos masivos como herramienta para legitimar fondos provenientes de actividades ilegales se encuadra dentro del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 196 del Código Penal paraguayo. Sin embargo, indicó que este fenómeno aún recibe escasa atención en la regulación internacional y nacional.
Fernández Zacur recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que establece estándares globales contra el lavado de dinero, no incluye a la producción de espectáculos dentro de las denominadas Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), contempladas en la recomendación 22 de sus 40 directrices internacionales.
En el caso paraguayo, si bien estas actividades podrían interpretarse dentro de los “actos de comercio en general” previstos en la legislación antilavado, el especialista advirtió que no existe actualmente una reglamentación específica para el sector por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
El penalista explicó que, con el paso del tiempo, las operaciones de lavado de dinero se han desplazado desde el sistema financiero hacia sectores económicos con gran circulación de efectivo y menor trazabilidad de las transacciones, entre los que se encuentra la industria del entretenimiento.
Según detalló, la organización de conciertos y espectáculos de gran escala presenta varias particularidades operativas que podrían ser aprovechadas para introducir capitales de origen ilícito en la economía formal.
Uno de los aspectos señalados es la alta volatilidad en los honorarios de los artistas, conocidos como “caché”. El valor de estas contrataciones puede variar considerablemente dependiendo de factores como la popularidad del artista, el tamaño del evento o las condiciones de una gira. Esa falta de parámetros objetivos verificables —sumada a la confidencialidad de los contratos— puede permitir la inflación artificial de los montos declarados, lo que abre la puerta a justificar ingresos irregulares.
Otro elemento que menciona el entrevistado es la amplia discrecionalidad en la estructura de costos de un espectáculo. La producción de eventos involucra numerosos servicios: iluminación, sonido, logística, seguridad, marketing, controles de acceso, entre otros— lo que puede facilitar la facturación de servicios inexistentes o sobredimensionados, especialmente cuando intervienen empresas vinculadas a los organizadores.
Fernández Zacur también subrayó que los espectáculos masivos continúan generando importantes volúmenes de dinero en efectivo, pese al crecimiento de los sistemas digitales de venta de entradas. La comercialización de boletos, bebidas, alimentos, estacionamientos o artículos promocionales puede dificultar la verificación exacta de los ingresos reales, lo que permitiría manipular cifras de asistencia o ganancias.
El especialista añadió que los patrocinios empresariales constituyen otra posible vía para el ingreso de recursos de origen ilícito. En estos casos, los fondos podrían presentarse como aportes publicitarios que, en la práctica, serían inexistentes o superiores a los montos efectivamente entregados.
Asimismo, la multiplicidad de intermediarios que intervienen en la producción de espectáculos promotores, agentes artísticos, publicistas o empresas de comercialización puede generar circuitos complejos de facturación y transferencias, incluso entre distintas jurisdicciones, lo que dificulta el seguimiento financiero de las operaciones.
En su análisis, el jurista también menciona algunos indicadores que podrían generar sospechas de lavado de dinero en este ámbito. Entre ellos, citó eventos que se declaran repetidamente con entradas agotadas pese a registrar ocupación parcial, empresas recién creadas con grandes movimientos financieros o productoras que provienen de rubros ajenos al entretenimiento.
También pueden levantar alertas señaló estas operaciones financieras desproporcionadas respecto al tamaño del espectáculo, pagos elevados en efectivo a artistas o proveedores, y la participación de varias empresas vinculadas entre sí dentro de una misma producción.
Frente a este escenario, Fernández Zacur planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en el sector. Entre las medidas posibles mencionó la implementación de sistemas informáticos para el control de acceso a eventos, la venta de entradas mediante plataformas auditables, el uso de medios de pago trazables y controles fiscales más estrictos sobre los ingresos declarados.
Asimismo, consideró razonable analizar la inclusión de las productoras de espectáculos como sujetos obligados dentro del sistema de prevención del lavado de activos, lo que implicaría la aplicación de medidas de debida diligencia, registro de operaciones y mayor transparencia en el manejo de los recursos.
En conclusión, el especialista sostiene que el ecosistema económico de los eventos masivos, debido a sus particularidades operativas, puede ofrecer condiciones que faciliten la introducción de capitales de origen ilícito. Por ello, considera necesario avanzar en un debate regulatorio que permita cerrar posibles brechas en los sistemas de control y prevención.
