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Capturan en Luque a presunto operador clave del narcotráfico

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En un operativo conjunto desarrollado este viernes en la ciudad de Luque, fue detenido el ciudadano brasileño Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites, conocido con los alias de “Polaco” o “Flamengo”, quien era buscado por la justicia de Paraguay y Brasil.

El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Andrés Arriola, con apoyo de agentes de la Secretaría de Inteligencia Urbana (SIU), la Policía Nacional y la Senad. La intervención se realizó en una vivienda de alto nivel ubicada en el Cuarto Barrio de Luque, sobre las calles Felipe González y Teniente Eduardo Ramírez, inmueble que, según los investigadores, era utilizado como refugio para evitar su localización por parte de las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido es considerado un operador criminal de alto perfil, con capacidad para coordinar estructuras vinculadas al narcotráfico. Sobre él pesaban órdenes de captura en ambos países, en el marco de una causa relacionada con el fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes.

«Cooperamos con SIU de la Policía Nacional en la detención de Thiago Alessandro de Oliveira, alias “Flamengo”, objetivo de alto valor del crimen organizado transnacional», señalaron desde la Senad.

Las investigaciones también lo señalan como presunto socio de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exparlamentario. Además, autoridades brasileñas lo vinculan a una pesquisa en la que es considerado el principal responsable de un cargamento de 2,9 toneladas de cocaína incautado en el pasado. Por este caso, fue condenado Cristian Turrini, exdirector de la TV Pública.

La detención de alias “Flamengo” representa un nuevo avance en las investigaciones sobre redes de narcotráfico con conexiones internacionales, y refuerza la cooperación entre organismos de seguridad de Paraguay y Brasil.

Corte impulsa innovador curso para mejorar la comunicación judicial con enfoque de género

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La Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría de Género del Poder Judicial, puso en marcha un innovador curso de capacitación dirigido a magistrados y funcionarios, enfocado en la comunicación con perspectiva de género y el acceso efectivo a la justicia.

El programa formativo se basa en una consultoría especializada en comunicación con enfoque de género, incorporando no solo fundamentos legales, sino también materiales de consulta y contenidos audiovisuales elaborados por expertos en la materia.

Uno de los aspectos más destacados del curso es su carácter dinámico, técnico y altamente participativo. A diferencia de las capacitaciones tradicionales, esta propuesta apuesta por una metodología innovadora que fomenta la interacción constante entre los participantes y la docente a cargo, Lorena Segovia, quien cuenta con una amplia trayectoria de trabajo con personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo central es que tanto jueces como funcionarios logren comunicar con mayor claridad y sencillez, facilitando así la comprensión de las decisiones judiciales y garantizando un acceso más efectivo a la justicia.

“Es un paso importante que da la Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría de Género, al articular la capacitación con perspectiva de género sobre los principios de igualdad y no discriminación, de modo a llevar todo lo teórico a la práctica diaria y hacerlo parte de la realidad jurisdiccional al momento de resolver los casos concretos”, expresó Segovia.

La especialista añadió que esta formación también debe impactar en el ámbito administrativo, contribuyendo a una gestión más eficiente. “Esto también debe impactar en el ámbito administrativo, teniendo en cuenta el contexto; colaborará a una gestión más eficiente”, afirmó.

Segovia resaltó además la importancia de fortalecer el vínculo entre la Secretaría de Género y el CIEJ, incorporando un elemento clave acorde a los desafíos actuales: la forma en que se comunica la justicia.

“Sumamos un nuevo ingrediente, que es cómo comunicamos: cómo comunica el juez o la sentencia, para que la persona receptora entienda por qué se le otorgó el derecho o se le niega. Pensar con ese enfoque es hacer justicia”, sostuvo.

El curso, que ya se encuentra en desarrollo, busca generar un impacto directo en la labor diaria de los operadores de justicia, promoviendo la debida diligencia como una práctica constante en los tribunales del país. Asimismo, apunta a que los participantes adquieran herramientas concretas para juzgar con perspectiva de derechos, en beneficio de las personas que acuden al sistema judicial en busca de la restitución de sus derechos.

Magistrados con alta capacidad técnica y funcionarios participan de este curso que los converte en agentes multiplicadores.

Abogados de Central exigen mayor control sobre jueces

El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, encabezó un encuentro con representantes de los gremios de abogados del departamento Central, en el que se abordaron los desafíos y necesidades del ejercicio profesional dentro del sistema judicial. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias del noveno piso del Palacio de Justicia en Asunción, en un espacio de diálogo que buscó escuchar directamente las inquietudes de los abogados y explorar vías de mejora para la administración de justicia.

Durante el encuentro, los dirigentes gremiales destacaron varias prioridades para fortalecer la labor judicial. Entre ellas, la necesidad de capacitación continua para funcionarios de tribunales y juzgados, la implementación de mecanismos de control más efectivos sobre el desempeño de los magistrados y la creación de canales seguros y confiables para la presentación de reclamos. Los abogados subrayaron que el departamento de Central presenta características particulares que requieren una atención específica, y manifestaron su interés en mantener un trabajo coordinado y constante con la Corte Suprema para optimizar los procesos y mejorar la atención a la ciudadanía.

“Valoramos este tipo de encuentros, porque permiten canalizar propuestas concretas que buscan mejorar la infraestructura y el funcionamiento del sistema judicial”, señalaron los representantes de los gremios.

Por su parte, el ministro Jiménez Rolón reconoció la complejidad del ejercicio de la abogacía y la justicia en general, y explicó que muchos retrasos o dificultades en los procesos pueden derivar de limitaciones operativas o del desconocimiento de procedimientos por parte de algunos funcionarios. En ese marco, anunció que ha propuesto al pleno de la Corte la realización de cursos de capacitación dirigidos a distintos perfiles de funcionarios judiciales, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de juzgados y tribunales en toda la circunscripción.

El magistrado enfatizó la importancia de identificar con precisión los obstáculos existentes para poder implementar soluciones efectivas. “Nuestro objetivo es agilizar el ejercicio de la profesión, asegurando que tanto abogados como jueces y funcionarios cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera eficiente y transparente”, indicó.

Finalmente, Jiménez Rolón reafirmó que el diálogo constante entre la Corte y los abogados es clave para fortalecer la justicia, mantener canales de comunicación abiertos y asegurar que las mejoras propuestas se traduzcan en acciones concretas que beneficien a los ciudadanos.

Analia Cibils culpa a funcionarios durante su declaración

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La jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils, procesada en el marco del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, prestó declaración por primera vez durante su audiencia preliminar, en la causa penal abierta en su contra.

La magistrada, actualmente suspendida en sus funciones, negó haber tenido conocimiento de irregularidades en los juicios ejecutivos tramitados en su despacho y sostuvo que la responsabilidad por la falta de notificación recae en ujieres y oficiales de justicia.

Durante su intervención, Cibils argumentó que estos funcionarios son los encargados formales de dar fe a estas diligencias, por lo que atribuyó a ellos cualquier eventual incumplimiento en los procesos de notificación. En ese sentido, afirmó que desconocía que algunos expedientes no estaban siendo debidamente comunicadas a las partes.

La causa en su contra es por presunto prevaricato, en calidad de autora, y como cómplice en la producción de documentos no auténticos. Según la acusación del Ministerio Público, la jueza habría tenido un rol activo dentro de un esquema que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraban expedientes de ejecuciones basadas en pagarés presuntamente falsificados o manipulados.

El equipo fiscal, integrado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, sostiene que la estructura funcionaba con la participación de funcionarios judiciales, mediante resoluciones y notificaciones irregulares que permitían ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.

Cibils se convierte en la segunda jueza que podría enfrentar un juicio oral, en caso de que el juez de la causa, Rodrigo Estigarribia, resuelva elevar el proceso a esa etapa, tal como lo solicitó la Fiscalía.

El avance de este proceso es considerado clave dentro de la investigación sobre presuntas redes de corrupción en el sistema judicial vinculadas a ejecuciones fraudulentas.

Agentes fiscales se capacitan sobre protección de la voluntad popular

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En el marco de la preparación para las próximas elecciones, el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP) organizó un taller titulado “Desafíos del Ministerio Público en la protección de la voluntad popular”, dirigido a fiscales y funcionarios de la institución.

La actividad contó con la destacada participación de la jueza electoral Rosa Fabiana Martín Ferreira, especialista en derecho electoral y actual magistrada del Primer Turno de la Capital. Durante su disertación, Martín Ferreira ofreció un análisis profundo sobre la labor del Ministerio Público en el ámbito electoral, enfatizando la importancia de garantizar la integridad del voto y la correcta aplicación de la normativa vigente.

La capacitación fue organizada en coordinación con el Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral (IPEL), dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el propósito de fortalecer la formación especializada de los agentes fiscales y asegurar la coordinación efectiva entre el Ministerio Público y la Justicia Electoral.

El evento, que se desarrolló de manera presencial en el salón Marcelo Daniel Pecci del ISEMP, contó con la presencia de autoridades del instituto, de la fiscal adjunta Gilda Villalba Tottil, así como de fiscales electorales y funcionarios del Ministerio Público.

La jornada permitió un intercambio técnico centrado en la unificación de criterios institucionales, buscando prevenir conflictos de competencia, errores procesales y posibles nulidades, y asegurando que el proceso electoral se desarrolle de manera transparente y confiable.

Presidente de la Corte revisa las condiciones de juzgados de garantías

Las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia continúan con el proceso de verificación directa del funcionamiento de las distintas dependencias del sistema judicial, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la gestión institucional.

En ese contexto, el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, acompañado del ministro Gustavo Santander Dans y Luis María Benítez Riera, realizó un recorrido por los juzgados de garantías ubicados en el tercer piso del Palacio de Justicia.

La actividad forma parte de una serie de visitas de verificación que vienen desarrollando las nuevas autoridades, con el objetivo de constatar in situ el funcionamiento de las dependencias jurisdiccionales, identificar necesidades y evaluar las condiciones en las que se presta el servicio de justicia.

Este tipo de recorridos es impulsado por la mesa directiva de la Corte como una herramienta de gestión directa, orientada no solo a mejorar las condiciones laborales de funcionarios y magistrados, sino también a optimizar la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.

La iniciativa apunta a generar diagnósticos más precisos desde el terreno, permitiendo a las autoridades adoptar medidas concretas que contribuyan a un sistema judicial más eficiente, accesible y acorde a las demandas actuales.

Advierten baja ejecución de fondos para pruebas de ADN

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La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, advirtió sobre la baja ejecución del presupuesto destinado a pruebas de ADN en el fuero de la Niñez, una situación que, según explicó, no responde a falta de recursos, sino a problemas en la tramitación de los casos.

Durante su intervención ante el pleno, Llanes señaló que cada año se asigna un presupuesto específico para la realización gratuita de estas pruebas, fundamentales en procesos como los de filiación. Sin embargo, pese a que los jueces ordenan su realización en tiempo y forma, muchas de estas diligencias no llegan a concretarse.

“La prueba termina sin materializarse o realizarse y, al cabo del ejercicio, hay una baja ejecución presupuestaria del rubro que nos ha sido asignado”, explicó.

La ministra atribuyó esta situación, en gran medida, a la falta de impulso procesal de las partes involucradas. Recordó que en el ámbito civil rige el principio dispositivo, lo que implica que son los propios interesados quienes deben promover el avance de los procesos.

En ese sentido, indicó que la incomparecencia a audiencias para la toma de muestras impide la concreción de las pruebas científicas. Informes de la Dirección General de Administración y Finanzas, a cargo del abogado Mirko Duré, refieren de manera recurrente la ausencia de la parte actora como uno de los principales obstáculos.

Ante este escenario, Llanes planteó una serie de medidas para mejorar el control y la ejecución de estos recursos. Entre ellas, propuso que todos los juzgados del país informen de manera obligatoria y trimestral, a través del Formulario de Recopilación de Información Estadística (FRIE), el estado de las pruebas de ADN solicitadas.

El objetivo es contar con datos precisos sobre cuántas pruebas se realizan, cuántas no, y las razones de su incumplimiento, lo que permitirá identificar responsabilidades y corregir fallas en el sistema.

Además, la ministra sugirió la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, orientada a ajustar los procedimientos y garantizar que las pruebas puedan concretarse de manera efectiva.

Llanes enfatizó que se trata de un servicio gratuito para las partes y de una herramienta clave para la materialización de derechos en el ámbito civil, por lo que su no utilización representa una pérdida tanto para los beneficiarios como para el Estado.

La propuesta será incluida en el orden del día de la próxima sesión de la Corte Suprema, donde podría ser analizada y eventualmente aprobada.

El magistrado y líder gremial Delio Vera Navarro deja la magistratura

Tras más de 35 años de trayectoria en la magistratura nacional, el camarista Delio Vera Navarro presentó su renuncia al Poder Judicial para acogerse al beneficio de la jubilación. Su salida, que será efectiva a partir del 1 de abril, fue recibida con elogios tanto por su carrera judicial como por su activo rol gremial en la defensa de los derechos de los jueces.

Vera Navarro se desempeñó durante décadas en distintos cargos de relevancia dentro del sistema judicial paraguayo, consolidándose como una figura de referencia por su compromiso con la independencia judicial y la promoción de buenas prácticas en la magistratura. Su nombre es ampliamente reconocido entre sus pares no solo por su conocimiento técnico y experiencia en tribunales, sino también por su capacidad de liderazgo y de fomentar un clima de colaboración entre colegas.

Además de su labor como juez, Vera Navarro presidió la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), donde se destacó por su firme defensa de la magistratura frente a desafíos institucionales y sociales. Durante su gestión, promovió políticas de fortalecimiento del Poder Judicial, impulso a la formación continua de jueces y juezas, y la creación de espacios para el debate y la representación gremial efectiva. Su labor gremial consolidó la importancia de la AJP como interlocutor clave ante organismos estatales y la sociedad, defendiendo siempre la autonomía y los derechos de quienes integran la magistratura.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, rindió homenaje al magistrado y expresó:

«Decía que nobleza obliga a reconocer la gran trayectoria del doctor Delio Vera Navarro, una persona que realmente hizo una carrera brillante dentro de la magistratura, ocupó cargos de gran relevancia y principalmente se ganó el afecto y el respeto de todos los que trabajamos con él en distintos ámbitos, no solamente en la magistratura sino también en ámbitos gremiales y va a dejar realmente un vacío muy grande en todos nosotros que somos sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, las felicitaciones al doctor Delio Vera Navarro por esta merecida jubilación y su espíritu siempre inquieto le va a llevar a nuevos rumbos, a nuevas actividades y vayan desde la Corte Suprema de Justicia el gran abrazo fraterno a la distancia.»

Su retiro marca un hito significativo en la magistratura paraguaya. Compañeros de trabajo y colegas gremiales destacan no solo su experiencia jurídica, sino también su capacidad de motivar y guiar a nuevas generaciones de jueces y juezas. Durante su carrera, promovió la igualdad de oportunidades dentro del Poder Judicial y defendió la voz de los magistrados ante situaciones que amenazaban la independencia y la transparencia del sistema judicial.

Con su partida, el sistema judicial pierde a un referente tanto en el ejercicio de la justicia como en la defensa gremial de quienes integran la magistratura, dejando un legado de compromiso, ética y liderazgo que servirá como ejemplo para futuras generaciones.

La jueza de Paz Analía Cibils enfrenta su primer día de audiencia preliminar

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El juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia, dio inicio a la audiencia preliminar para la exjueza de Paz del distrito de La Encarnación y otros acusados de integrar el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

La magistrada está sospechada de formar parte de un esquema de fraude mediante embargos salariales aplicados a funcionarios públicos activos y jubilados, en el marco de juicios ejecutivos tramitados sin la debida notificación a las partes afectadas. Junto a ella, otros procesados también comparecen en esta etapa, al término de la cual se definirá si la causa es elevada a juicio oral y público.

De acuerdo con la acusación fiscal, Cibils habría tenido una participación activa en un entramado que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraba la mayoría de los expedientes de ejecuciones basadas en pagarés presuntamente falsos o manipulados.

El equipo fiscal está integrado por los agentes Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes sostienen que el esquema funcionaba con la colaboración de funcionarios judiciales, mediante el uso de resoluciones y notificaciones irregulares para ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.

Por su parte, la defensa de Cibils, representada por el abogado Rodrigo Yódice, cuestiona la solidez de la acusación del Ministerio Público. El profesional argumenta que el relato fiscal carece de precisión jurídica, ya que se atribuyen resoluciones sin especificar su naturaleza, estado procesal ni fundamento legal, además de no identificar con claridad a los presuntos beneficiarios o afectados.

Cibils enfrenta cargos por prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles vinculados a su presunta participación en este esquema.

Durante la apertura de la audiencia, el juez Estigarribia informó que instancias superiores ratificaron la fecha de la diligencia, reafirmando la continuidad del proceso. No obstante, se presentó una recusación que derivó en la suspensión momentánea de la audiencia.

El caso, ampliamente conocido en la opinión pública como la “mafia de los pagarés”, generó una fuerte conmoción institucional por la magnitud del esquema y la presunta implicancia de funcionarios judiciales en maniobras fraudulentas que habrían operado durante años.

A raíz del escándalo, la Corte Suprema de Justicia adoptó medidas administrativas y promovió propuestas legislativas orientadas a prevenir la repetición de hechos similares en el fuero de Paz.

Las investigaciones fiscales continúan y abarcan múltiples procesos derivados de la causa principal. El Ministerio Público ha obtenido testimonios clave que permitieron avanzar en la identificación de los responsables. Algunos implicados optaron por salidas procesales abreviadas a cambio de colaborar con la investigación.

Según estos testimonios, los jueces involucrados no solo habrían tenido conocimiento de las maniobras, sino que incluso exigían pagos mensuales por las notificaciones fraudulentas, configurando así un esquema de corrupción estructurada dentro del sistema.

Operativo preventivo en penal de Minga Guazú detecta objetos prohibidos

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Un operativo preventivo realizado en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú permitió la detección y retiro de varios elementos prohibidos, en el marco de acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia para fortalecer la seguridad dentro del sistema penitenciario.

De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención en los módulos convencionales fueron hallados un teléfono celular, dos cables eléctricos con conexiones irregulares, una pequeña cantidad de bebida alcohólica de elaboración casera —conocida como chicha— y objetos punzantes. Todos estos elementos fueron inmediatamente incautados por las autoridades.

Como parte de las medidas adoptadas tras el procedimiento, tres personas privadas de libertad fueron trasladadas al pabellón de máxima seguridad, mientras que se dispuso la apertura de sumarios administrativos en dos celdas, a fin de determinar responsabilidades por las irregularidades detectadas.

El operativo se caracterizó por su alcance integral, ya que abarcó el 100% del establecimiento penitenciario. En total, fueron inspeccionados los ocho módulos y la totalidad de las celdas, lo que permitió no solo detectar elementos prohibidos, sino también verificar el cumplimiento de las normas de reclusión y reforzar los mecanismos de control interno.

La intervención se extendió por casi cuatro horas de trabajo continuo y concluyó alrededor de la 01:20 de la madrugada. En el despliegue participaron más de 120 agentes penitenciarios, con apoyo de personal especializado, bajo estrictos protocolos de seguridad.

El procedimiento fue coordinado de manera conjunta por el Viceministerio de Política Criminal, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, en una acción orientada a prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la supervisión dentro del penal.

Desde la cartera de Justicia señalaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose de forma aleatoria en distintos centros del país, como parte de una estrategia sostenida para consolidar un sistema penitenciario más seguro, ordenado y eficiente, sin perder de vista el objetivo de la reinserción social de las personas privadas de libertad.

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