El juez penal de garantías Miguel Palacios resolvió mantener la prisión preventiva del exdiputado Ulises Quintana y del presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, ambos procesados en el marco del denominado caso Berilo, una de las investigaciones más emblemáticas sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y la política en Paraguay.

Según explica la decisión, la medida cautelar continúa vigente debido a que no se ha superado el plazo máximo legal de prisión preventiva en el caso de Cabaña. En cuanto al exlegislador, el juez argumentó que la decisión responde a su actitud considerada renuente a someterse plenamente a lo mandatos de la justicia.

La resolución busca además destrabar la realización de la audiencia preliminar, etapa procesal que permanece pendiente desde hace varios años y cuya concreción resulta clave para definir si la causa será elevada o no a juicio oral y público.

El expediente judicial acumula ya ocho años sin contar con una sentencia definitiva, situación que ha generado reiterados cuestionamientos sobre la dilación del proceso. De acuerdo con el juzgado, la permanencia de la medida preventiva pretende garantizar la continuidad del procedimiento y evitar nuevas postergaciones.

El caso Berilo investiga un presunto esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el que el Ministerio Público sostiene que existieron conexiones entre estructuras criminales y actores políticos.

En el marco de esta causa, la Fiscalía acusa a “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.

La defensora pública Leticia Casaccia marcó un precedente judicial al lograr la primera aplicación efectiva de la Ley N.º 7564/2025, normativa promulgada en noviembre del año pasado para frenar los abusos derivados del esquema conocido como la “mafia de pagarés”, que durante años afectó a trabajadores y jubilados mediante embargos y descuentos desproporcionados.

El nuevo fallo favorable constituye una victoria jurídica significativa en beneficio de una asistida del Ministerio de la Defensa Pública, consolidando el trabajo técnico y el compromiso institucional desplegado por la defensora en la protección de sectores vulnerables.

La citada legislación regula los descuentos y embargos sobre salarios y haberes de funcionarios públicos, estableciendo que la totalidad de las retenciones no puede superar el 50% de los ingresos del trabajador. Asimismo, introduce una protección expresa al sustento familiar al prohibir el embargo de aguinaldos, subsidios y beneficios sociales.

Gracias a la intervención de Casaccia, su representada se convirtió en la primera persona en beneficiarse judicialmente con la aplicación de esta nueva normativa, sentando un precedente para futuros casos similares en todo el país.

Cabe recordar que Leticia Casaccia ya había alcanzado anteriormente un fallo histórico al conseguir el levantamiento total de los embargos que durante años afectaron la jubilación de la docente María Teresita Sánchez, también víctima del esquema de la denominada “mafia de pagarés”.

La reciente aplicación de la Ley N.º 7564/2025 reafirma no solo la importancia de la nueva herramienta legal, sino también la capacidad técnica, la estrategia jurídica y la vocación de servicio público demostradas por la defensora, cuyo trabajo permitió transformar una normativa reciente en una solución concreta para una ciudadana afectada.

De esta manera, el fallo sienta un precedente relevante en la lucha contra prácticas abusivas en materia de cobros compulsivos, fortaleciendo el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos económicos de trabajadores y jubilados del país.

En una decisión considerada inédita dentro del sistema judicial paraguayo, el juzgado de Paz de Luque dictó la primera resolución que aplica los alcances de la denominada ley contra la “mafia de pagarés”, estableciendo límites concretos a los descuentos salariales derivados de embargos ejecutivos.

La resolución fue firmada por la jueza de Paz de Ypacaraí, interina en Luque, Cinthya Usher Granado, quien hizo lugar al incidente de reducción promovido por una trabajadora afectada por descuentos simultáneos derivados de obligaciones crediticias, al constatar que las retenciones superaban el límite permitido por la legislación vigente.

El fallo ordena reducir el descuento salarial aplicado mediante embargo ejecutivo, fijándolo en la suma de G. 1.346.281, tras verificarse que el monto retenido mensualmente excedía los parámetros legales establecidos para la protección del salario.

La decisión cobra especial relevancia al convertirse en la primera aplicación judicial de la Ley N.º 7564/2025, promulgada en noviembre de 2025, normativa impulsada para frenar los abusos vinculados a embargos masivos y descuentos desproporcionados conocidos públicamente como el esquema de la “mafia de pagarés”.

La citada ley regula los descuentos y embargos sobre salarios de funcionarios públicos en Paraguay y establece que la suma total de retenciones no puede superar el 50% del ingreso del trabajador. Asimismo, la normativa protege el sustento familiar al prohibir expresamente el embargo de aguinaldos, subsidios y beneficios sociales.

En su análisis, el juzgado determinó que los descuentos practicados sobre el salario de la afectada vulneraban los límites legales, por lo que correspondía ajustar el embargo conforme a las nuevas disposiciones de protección salarial.

El fallo, marca un precedente relevante, ya que abre el camino para la revisión de numerosos casos similares en los que trabajadores públicos fueron sometidos durante años a descuentos que comprometían gravemente sus ingresos mensuales.

El pedido fue realizado por la defensora pública Leticia Casaccia, quien suma una victoria judicial más contra el perjudicial esquema.

La decisión judicial se inscribe dentro del nuevo marco legal que busca restablecer el equilibrio entre el derecho de cobro de acreedores y la garantía constitucional de un salario digno, en medio de investigaciones y denuncias sobre estructuras que habrían utilizado pagarés para promover embargos excesivos contra funcionarios públicos.

Con este fallo, el Poder Judicial comienza a materializar la aplicación práctica de la nueva legislación, enviando una señal clara sobre la vigencia de los límites legales en materia de embargos y la protección efectiva de los ingresos laborales.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de la empresaria Cristina Kress, denunció la existencia de una supuesta asociación criminal integrada por abogados y terceros que, según afirma buscaría despojarla de sus derechos hereditarios y del patrimonio familiar vinculado al Grupo Kress.

A través de comunicado la defensa sostiene que Cristina Kress es la única hija, heredera y socia de la empresaria Beate Holtker Vda. de Kress, con quien habría construido durante años las empresas que actualmente conforman el conglomerado empresarial familiar.

Según el documento, la situación se habría agravado en los últimos meses debido al progresivo alejamiento entre madre e hija, tras la intervención de personas ajenas al entorno familiar que habrían tomado influencia en decisiones relacionadas con la salud y el patrimonio de Holtker.

El comunicado señala que la empresaria fue internada en tres ocasiones durante enero de 2026 y que, en una de ellas, su estado de salud le habría impedido firmar por sí misma el consentimiento para una intervención quirúrgica o responder adecuadamente a preguntas médicas básicas. Asimismo, se informó que recientemente volvió a ser hospitalizada debido a un nuevo deterioro en su condición.

En ese contexto, la defensa legal cuestiona que terceros sin vínculo familiar directo sean quienes actualmente intervengan en decisiones sensibles, situación que, según Duarte Cacavelos evidenciaría un intento organizado de apropiación del patrimonio de la familia Kress Holtker.

“El caso no constituye una disputa económica, sino la intención de una hija de acompañar y proteger a su madre en un momento de vulnerabilidad”, sostiene el pronunciamiento, que además remarca la necesidad de garantizar que cualquier determinación respete la voluntad y el bienestar de la empresaria.

El abogado indicó que Cristina Kress busca ejercer su derecho a brindar contención y participar en las decisiones relacionadas con la salud y la administración patrimonial de su madre, ante lo que consideran un escenario de aislamiento familiar.

Esta situación ha escalado a tal punto que, ya se han abiertos dos causas penales tras la denuncia de la señora Cristina Kress. En ese sentido se ha imputado a las siguientes por el tipo penal de coacción A Silvio Vargas, Roque Benítez Insfrán. Natalia Holman Lange y José León Chávez, según la denuncia estas personas irrumpieron en la casa de la madre de Kress sin tener autorización y además dieron instrucciones a los guardias de seguridad quienes tampoco ya tenían autorización ni legitimidad para estar en el lugar ya que se les había cancelado en contrato.

A esto se suma otra imputación fiscal, sobre la misma situación pero esta vez en el lugar donde la señora se encuentra internada donde también le impusieron un custodio a Beate Holtker Vda. de Kress.

El abogado Guillermo Duarte, recordó que su cliente Cristina Kress, fue designada curadora provisional, tendiendo la potestad no solo gestionar los bienes sino velar por la protección de la salud de su madre. Esta decisión judicial se adoptó este mismo mes.